IU no descarta pedir la disolución del Ayuntamiento de Estepona como ya reclama el PP

ABC. Martes 1 de julio de 2008

IU no descarta pedir la disolución del Ayuntamiento de Estepona como ya reclama el PP

El futuro del Ayuntamiento de Estepona no está claro y el PSOE podría quedarse solo en su negativa a pedir la disolución del mismo si IU se decide a apoyar la petición del PP para que el Parlamento andaluz inste al Gobierno nacional a disolver la corporación y convocar nuevas elecciones.
El coordinador general de IU-CA, Diego Valderas, defendió ayer en declaraciones a Europa Press la creación de «un gobierno de unidad de todas las fuerzas políticas y de manos limpias en Estepona para «recuperar la dignidad del pueblo y el Ayuntamiento» y, si no hay capacidad para hacerlo, anunció que la formación política está «dispuesta» a solicitar la disolución de la Corporación municipal.
Valderas aseguró que «hay que cerrar la página de la corrupción de Estepona para abrir una página de gobierno de manos limpias» sustituyendo a «todos los concejales que estén contaminados, sean de la fuerza política que sean». Si esto no fuese posible, IU estaría dispuesta a instar a la Junta de Andalucía a que reclamase al Gobierno central la disolución. Asimismo, Valderas defendió la necesidad de «investigar a fondo las condiciones de financiación ilegal de los partidos políticos en Estepona y en otros casos» y acusó al PP de «no querer hacerlo».
Por su parte, el PP criticó ayer a Chaves por «intentar cerrar en falso » la crisis de Estepona y anunció que han pedido la convocatoria de la Diputación Permanente del Parlamento para poder proceder a votar sobre la petición de disolución.
Precisamente ayer también ñaplataforma de asociaciones de Vecinos de Estepona, que han convocado una manifestación para el 18 de julio, pidieron la celebración de nuevas elecciones en el municipio.
Sin embargo, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, dijo ayer
que la situación del Ayuntamiento de Estepona no se puede comparar con la de Marbella y con la Operación Malaya, ya que en este caso casi todos los concejales estaban imputados o procesados
mientras que en el caso de Estepona los concejales imputados son una mínima parte

Retrasan las declaraciones ante la jueza de los imputados en el 'caso Astapa'

Diario Sur. Martes 1 de julio de 2008

Retrasan las declaraciones ante la jueza de los imputados en el 'caso Astapa'

Las comparecencias de los últimos 15 imputados en la 'operación Astapa' se retrasan. Los concejales, funcionarios, abogados y empresarios que la semana pasada prestaron declaración ante los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no serán interrogadas en esta semana por la titular del juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Estepona, Isabel Conejo, según fuentes judiciales, que no supieron precisar cuándo se retomarán las declaraciones.
Un total de 15 personas comparecieron desde el miércoles de la semana pasada en la Comisaría de la Policía Nacional por su supuesta vinculación con el 'caso Astapa'.
Entre ellos se encuentra el alcalde accidental, Rafael Montesinos; el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte; los coordinadores de este área, Patricia Rojo y Juan Manuel Ramos, así como el secretario municipal, Gustavo Rubio.
La jueza que instruye la presunta trama de corrupción urbanística tendrá que determinar tras tomarles declaración si mantiene su imputación. Un total de 26 arrestados declararon hace dos semanas ante la magistrada. Cinco de ellos siguen en prisión.

12 imputados del 'caso Estepona' ya han vuelto a trabajar en el consistorio

El País. Martes 1 de julio de 2008

12 imputados del 'caso Estepona' ya han vuelto a trabajar en el consistorio

El riesgo de destrucción de pruebas abre una batalla en el gobierno local

La vuelta a la normalidad en el Ayuntamiento de Estepona no está siendo fácil. Al menos 12 de los imputados en la trama de corrupción siguen en sus puestos de trabajo dos semanas después de que la policía pusiera patas arriba las dependencias municipales y la juez enviara a prisión a su alcalde, Antonio Barrientos, expulsado del PSOE. Los cuatro concejales del equipo de gobierno detenidos volvieron a sus puestos de trabajo casi directamente de los calabozos. Lo mismo ocurrió con los técnicos de Urbanismo implicados.
Pero la situación no se ha calmado. A finales de la semana pasada, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, al que los investigadores han tomado declaración como imputado, alertó de un posible riesgo de destrucción o eliminación de pruebas por la continuidad de cinco técnicos implicados en el caso Astapa.
El edil remitió una nota interna al concejal de Hacienda y Personal, Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros, pidiéndole que los apartase para evitar que se manipulen informes técnicos. La carta ha provocado un pulso entre Zamorano, expulsado del PSOE por su imputación, y Duarte, al que el partido no ha retirado su confianza y postula como posible alcalde de la ciudad.
Zamorano contestó a Duarte ayer asegurando que no existe ningún auto que limite el acceso a dependencias municipales a los implicados. La respuesta llegó en forma de escrito, difundido previamente por los medios de comunicación.En la carta, Zamorano rehúsa adoptar cualquier medida. "Cada concejal ostenta la máxima responsabilidad (...), por lo que deberá ser usted quien eleve
tanto ésta como cualquier decisión oportuna", recoge la nota. El concejal adjunta un informe jurídico en el que le explica cómo actuar en cada caso. Con los empleados de libre designación debe abrir un expediente, motivar la decisión y elevarlo a alcaldía, mientras que con los funcionarios se debe abrir un procedimiento sancionador.
El edil de Hacienda, del que dependen las contrataciones, ha sido el primero en hacer despidos tras su imputación en el caso Astapa. Así, notificó el cese a Juan Carlos Gurrea, consejero delegado de la sociedad municipal Desarrollos Municipales Estepona, alegando que había desaparecido la confianza que depositó en él cuando fue contratado en 2003. Tres días antes, Gurrea había declarado como testigo ante los investigadores.
Los técnicos de Urbanismo implicados y cuya permanencia en sus puestos de trabajo podría hacer peligrar posibles pruebas son el ingeniero Héctor Ruiz, director técnico de la Empresa Municipal de la Vivienda, y los arquitectos Tomás Álvarez y Arturo Cebrián.
Este último aparecía en el sumario del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales. También continúan en su puesto el responsable de los servicios jurídicos, Andrés Flores, y el jefe de servicios técnicos, Ignacio de la Hoz, a quien trabajadores municipales supuestamente sorprendieron a finales de la semana pasada manipulando el ordenador del responsable de las tasaciones, Javier Wittmeur, en prisión preventiva.
De la Hoz, en libertad bajo fianza de 50.000 euros está acusado de fraude y malversación. Flores quedó en libertad con cargos de cohecho y blanqueo tras una larga declaración. El edil de Urbanismo entiende que ninguno de lo dos puede seguir en sus puestos como cargos de libre designación.
Dentro del área de Urbanismo también están implicados el gerente Juan Manuel Ramos y la coordinadora Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo. Para ellos no se ha pedido ninguna medida de separación. Según fuentes municipales, sus cargos tienen un carácter "eminentemente político".
El viernes pasado el concejal de Seguridad Antonio Sánchez (PSOE) envió una patrulla de Policía Local a la delegación de Urbanismo para evitar que cualquier persona ajena al edificio accediera a las oficinas sin un motivo justificado. Según fuentes municipales, el día anterior, el abogado Juan Simón, en libertad bajo fianza de 300.000 euros, acudió a las instalaciones municipales y amedrentó a varios de los empleados de Urbanismo diciéndoles que ellos también resultarían acusados de irregularidades. Ante esta peculiar visita, Rafael Duarte dio instrucciones al servicio de seguridad para que no se permitiera el acceso al abogado sin su consentimiento previo. Hasta el inicio de la operación, Simón entraba y salía a placer del edificio, en el que también se encuentra la delegación de Personal.
El concejal de Seguridad Ciudadana ha ordenado a la empresa que vigila el edificio Puerto Sol de que impida el acceso a cualquier persona que no tenga autorización expresa y ha pedido a las patrullas de la Policía Local cercanas que estén alerta y puedan acudir ante cualquier incidencia. Las concejalas Asunción López (Cultura), Mariví López (Educación) y Marisa Rodríguez (Playas) son los otros cargos políticos que siguen en sus puestos, al igual que Zamorano.

Prohíben la entrada a empleados de Urbanismo fuera del horario laboral

Diario Sur. Martes 1 de julio de 2008

Prohíben la entrada a empleados de Urbanismo fuera del horario laboral

Los trabajadores sólo podrán acceder al interior de las dependencias municipales de Puertosol con la autorización del concejal del área. Zamorano sostiene que ningún auto limita las funciones de los imputados

Los empleados del Ayuntamiento no podrán entrar en las dependencias de Puertosol -donde se encuentra la delegación de Urbanismo- fuera del horario laboral sin tener una autorización expresa del concejal de este área, Rafael Duarte. Así lo decidió ayer el edil de Seguridad Ciudadana, Antonio Sánchez, después de que el responsable de Urbanismo remitiera un escrito al edil de Régimen Interior, Francisco Zamorano, en el que pedía medidas de control en el acceso a estas dependencias, sobre todo, fuera del horario de atención al público. En la actualidad, un agente de la Policía Local se encarga por la mañana de la vigilancia de estas instalaciones. Por la tarde, una empresa de seguridad contratada por el Ayuntamiento tiene encomendada esta función.
El edil de Urbanismo se refirió también en su escrito a la necesidad de evitar la sustracción o manipulación de documentos de su delegación. Esta petición se produjo después de que accedieran a documentación municipal imputados en la 'operación Astapa', como el jefe del departamento de Urbanismo, Ignacio de la Hoz, o el jefe de servicio de esta área, Andrés Flores. Duarte consideró que ambos no pueden seguir como cargos de libre designación.
Así las cosas, Zamorano respondió en otro escrito que esta última proposición tiene que estar motivada por el edil de Urbanismo y que no existe constancia de que haya un auto que limite el acceso a las dependencias de los afectados por la instrucción del 'caso Astapa'.

Los Rojo: Otra telaraña andaluza

http://www.libertaddigital.com/noticias/kw/astapa/estepona/pedro_de_tena/tena/kw/noticia_1276333784.html

PP solicitará la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento para pedir disolver el Consistorio

Europa Press. Domingo 29 de junio de 2008

PP solicitará la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento para pedir disolver el Consistorio

MÁLAGA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP-A va a solicitar que se reúna la Diputación Permanente del Parlamento andaluz para que el Ejecutivo autonómica pida al Gobierno central la disolución de la Corporación municipal de Estepona (Málaga), donde se desarrolla la operación 'Astapa', contra la corrupción urbanística, de modo que se celebren elecciones anticipadas.
Así lo anunció hoy el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, que dijo estar "escandalizado" con todo lo que está pasando en Estepona y consideró que ocurre "algo parecido" a lo que sucedió en el municipio malagueño de Marbella, con la operación 'Malaya'.
Por ello, opinó que "la única forma de regenerar la vida política en Estepona es a través de la celebración de elecciones, dando la palabra a los ciudadanos y que vuelvan a votar para tener un Gobierno decente".
Según el dirigente popular, que participó en Málaga en una recogida de firmas para reclamar el tercer hospital para la capital, Estepona "necesita un Gobierno como el de Marbella, que ha conseguido que no haya ni un asunto complejo en la ciudad y que está regenerando la vida política local y la social".
Asimismo, la portavoz del grupo parlamentario popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ya informó ayer de que el PP pedirá en el Congreso de los Diputados la disolución del Ayuntamiento esteponero porque los vecinos de este municipio tienen derecho a un Gobierno local "honrado", que se dedique a trabajar para ellos y para su bienestar.
Sáenz de Santamaría destacó que se debe expulsar del sistema "a los corruptos" que, en su opinión, son todos aquellos que se aprovechan del servicio público "para enriquecerse". En este sentido, dijo que los vecinos de Estepona deben tener un Gobierno local "que no esté allí para llenarse los bolsillos y financiar lo infinanciable".
DECLARACIONES.
Por otra parte, la jueza que instruye el caso 'Astapa', Isabel Conejo, reanudará esta semana los interrogatorios, pasando por las dependencias judiciales todos los que en los últimos días prestaron declaración ante la Policía Nacional, entre los que está el alcalde accidental, Rafael Montesinos (PA).
También se encuentran entre éstos, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE), o la directora del Área de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo.
La operación policial, desarrollada desde el pasado día 17, se saldó con 26 detenidos, de los que ingresaron en prisión el ex alcalde, Antonio Barrientos; su jefe de gabinete, José Flores; los concejales del Partido Estepona (PES) José Ignacio Crespo y Manuel Reina, y el técnico del Área de Urbanismo Javier Wittmeur. Del resto, 18 quedaron en libertad provisional con fianza y tres, con cargos pero sin fianza.

Cortijo Casareño en Estepona, una promoción en manos de la judicatura

Extraconfidencial. Domingo 29 de junio de 2008

Cortijo Casareño en Estepona, una promoción en manos de la judicatura

El Ayuntamiento de Estepona se benefició de una subasta judicial, que los propietarios de los terrenos no percibieron
La plusvalía de los terrenos dejó al Consistorio que presidía Antonio Barrientos, 278 millones de pesetas, y 4.000 millones para la inmobiliaria que se los adjudicó

Año 1994, muere el propietario dejando impagada una hipoteca sobre noventa mil metros en el denominado Cortijo Casareño de Estepona, colindante con el termino municipal de Marbella. El total de la hipoteca a favor del Banco Español de Crédito es con gastos, morosidad, etc. es de catorce millones de pesetas. Visitas de los herederos para pagar la deuda por los juzgadores, recursos, y demás zarandajas jurídicas desembocan en la subasta de la finca y su adjudicación por valor de 95.000 pesetas a la mercantil M.L. Investment S.L. Catorce años más tarde los herederos no han recuperado ni la propiedad, ni el remanente de la subasta judicial. En cambio, el propio Ayuntamiento de Estepona consiguió en declarado la cantidad de 1,67 millones de euros por adjudicar directamente las parcelas propiedad del ayuntamiento obtenidas por aprovechamiento de la misma finca y vendidas al Grupo Lábaro Inmobiliario S.L., en 2006. Para desarrollar una promoción de doscientas viviendas, el mencionado grupo inmobiliario ha obtenido un crédito de veintiséis millones de euros (cuatro mil cuatrocientos millones de pesetas). El planeamiento urbanístico era inexistente para la construcción de viviendas. Estaba catalogada la finca como de labores agrícolas y de pastos. La intervención del alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, ha dejado una plusvalía súper millonaria para las arcas municipales (278 millones de pesetas) y más de 4.000 millones de pesetas para los inversores. ¿O quizás no tanto? Es de suponer que en esta operación no iban a salir con las manos vacías los integrantes de la trama. Nadie hace algo por nada y con ese pensamiento trabaja ahora el Cuerpo Nacional de Policia y los fiscales del sumario ASTAPA. Es una de las veinte promociones investigadas en la actualidad por la Justicia. El resultado, en breves días.

Ladrillos en primera línea

Diario Málaga Hoy. Domingo 29 de junio de 2008

Ladrillos en primera línea

Un informe denuncia que el 90% del litoral de Estepona ya está ocupado por las urbanizaciones · Los recursos naturales y culturales están sepultados

Ladrillos en primera línea. Eso es lo que se puede encontrar a lo largo del 90 por ciento del litoral de Estepona según denuncian Ecologistas en Acción-Sierra Bermeja a través de un informe en el que analizan la situación urbanística del municipio a raíz de la puesta en marcha de la operación Astapa contra la presunta trama de corrupción municipal destapada en el Ayuntamiento de Estepona.
Según explican, el 90 por ciento del litoral oriental "está ocupado por urbanizaciones que llegan a asentarse en dominio público marítimo-terrestre e incluso por debajo del nivel de pleamar en algunos casos". Desde el citado colectivo señalan que solo resisten en este tramo las zonas de dunas de Casasola, Punta del Saladillo y la desembocadura de Guadalmansa.Desde Ecologistas en Acción propusieron en 2006 la protección de unos tres kilómetros del tramo litoral de El Saladillo-Matas Verdes comprendido entre las desembocaduras de los ríos Guadalmansa y Guadalmina.
En cuanto al tramo occidental, desde Ecologistas apuntan que "los escasos hitos que quedaban libres de urbanización se puede considerar que ya no lo están, pues nuevas promociomes los han ocupado".
En el citado informe aseguran que "no se puede considerar que el gobierno intervenido en junio de 2008 sea el único culpable de la situación a la que se ha llegado, pues todos los partidos de la oposición han participado en esta política urbanística o han mirado para otra parte".
De hecho, Ecologistas se remonta a los años 80, momento en el que se levantó la urbanización Forest Hill "en una de las fincas con mayor valor ecológico del territorio esteponero: Las Abejeras".
Posteriormente, entre 1990 y 1994 el citado colectivo denunció la construcción del edificio Jacaranda en el límite oriental de la playa de La Rada, vulnerándose la ley de costas, mientras que en 1995 llamaron la atención sobre el gran incendio que arrasó los terrenos en los que se levanta actualmente el parque Selwo.
Según el informe de los Ecologistas, "en 1995, con el GIL recién llegado, se produjo ese fuego. Inmediatamente salió a la luz pública el proyecto de parque zoológico".
El grupo naturalista Grusberg "fue el único grupo social o político que se atrevió a decir que ubicar esa instalación en la zona quemada, suponía una ilegalidad y que el fin último era dedicar esa zona, no urbanizable, a la recalificación por suelo residencial", especifican en el escrito. Posteriormente, en 2006, gobernando Antonio Barrientos (PSOE) con José Ignacio Crespo (PES), se anunció la intención de reclasificar 600.000 de los 90.000 metros cuadrados del recinto de ocio si bien finalmente no prosperó esta operación.
En 1999, el gobierno del GIL adjudicó a una empresa la explotación de los usos del monte público de Sierra Bermeja, proyecto que, según los Ecologistas, trató de continuar el gobierno del PP que dirigió Rosa Díaz, actualmente miembro del equipo de gobierno por Estepona 2007.
En esta ocasión Grunsberg presentó un recurso contencioso administrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en la actualidad está en fase de conclusiones.
A modo de conclusión, Ecologistas en Acción-Sierra Bermeja recuerda que en 2003, Estepona ya había cambiado su PGOU de 1994 en más de 70 unidades de ejecución.
"Los recursos naturales y culturales del municipio están prácticamente sepultados bajo innumerables urbanizaciones". Como muestra señalar el proyecto del Parque Central, donde "los terrenos están mayoritariamente ocupados hoy por grandes bloques de pisos de renta libre".

La gran familia de Estepona

El País. Domingo 29 de junio de 2008

La gran familia de Estepona

Los ediles imputados firmaban convenios con amigos y familiares - La trama corrupta se sostenía gracias a la complicidad de empleados municipales

En Estepona (Málaga, 60.000 habitantes) la labor política ha sido durante los últimos quince años sinónimo de negocio personal. La gestión pública no sólo era una actividad rentable por sí misma -un concejal cobra actualmente 5.023 euros brutos al mes- sino que ofrece una parcela de poder que se cultiva colocando en puestos claves del organigrama municipal a familiares y amigos.
La contratación en el entramado de empresas municipales se realiza previa afiliación a las siglas de turno, lo que permite al edil hacerse fuerte además de en el Ayuntamiento, en la agrupación local de su partido. Después llegarán los negocios, previa mordida, con amigos o interesados.
Así coinciden en describir el panorama político esteponero miembros de varios partidos políticos -PSOE, PES (posgilistas), IU, PP- consultados por este periódico. El entramado corrupto destapado por la Policía en la Operación Astapa se sostenía gracias a la complicidad de empleados municipales contratados a dedo y a pequeñas recompensas económicas. "Recuerda que yo te he metido en el Ayuntamiento", advertían algunos implicados a los que veían díscolos. "A los más reacios los captaban haciéndoles firmar algo que parecía legal y amenazándoles después con hacerles responsables", coinciden varias fuentes consultadas.
Con la crisis inmobiliaria y el fin del recurso a financiarse mediante convenios urbanísticos, el Ayuntamiento de Estepona, con muy pocos funcionarios de carrera, paga con dificultad las nóminas de 1.400 trabajadores municipales contratados a dedo en dos oleadas sucesivas. La primera la hizo el GIL, tras lograr la alcaldía entre 1995 y 1999. La segunda, que se acumuló a la anterior, la llevaron a cabo los partidos que desbancaron al gilismo, especialmente el PSOE y el PA, pero también los posgilistas del Partido Estepona (PES), cuyos votos sirvieron para hacer alcalde a Barrientos en 2003. Esta desmesurada plantilla es, en proporción, similar a la que lastra financieramente a la vecina Marbella tras quince años de gilismo. Desde la operación policial hay rumores de regulación de empleo. "Muchos no están fastidiados porque se haya robado en la ciudad, sino porque el chollo se acaba", señala un cargo municipal.
Un vistazo al arbol genealógico de los principales implicados en la Operación Astapa da cuenta del fenómeno. El dimitido alcalde Antonio Barrientos, expulsado del PSOE y ahora en prisión, tiene al menos tres familiares directos empleados en el consistorio, entre ellos su hermano. Barrientos es amigo de la infancia de su jefe de gabinete, José Flores, y de Antonio Bazán, el dueño de la empresa Agrojardín, proveedora de plantas y encargada de numerosos parques de la ciudad. Flores, considerado hombre fuerte del Ayuntamiento comparte cárcel con su jefe, y Bazán, cuya empresa creció exponencialmente en la última década, ha desembolsado 300.000 euros de fianza.
El concejal de Hacienda expulsado del PSOE Francisco Zamorano también está emparentado con otro de los empresarios implicados. Es cuñado de Félix Delgado, uno de los dos socios de la promotora Codelsa, en libertad bajo fianza de 100.000 euros. Zamorano, como concejal de Personal y consejero delegado de todas las empresas municipales, es la llave por la que pasan todas las contrataciones.
El abogado Juan Simón, considerado testaferro de la trama es sobrino del jefe de gabinete de alcaldía. Se le considera "un chico para todo" de José Flores, encargado de hacer inversiones al núcleo duro en Marruecos y de distribuir sobres con dinero. El abogado tenía muy buenas relaciones con Zamorano, pero estaba enfrentado al concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, casi un recién llegado al Ayuntamiento.
Andrés Flores, jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo y ex gilista, se crió en la calle Manzanares, la misma en la que creció Barrientos. "Su relación es casi familiar", afirman sus conocidos. Flores, en libertad con cargos, comía a menudo con promotores.

Y así sucesivamente...
El navajeo está a la orden del día en el Ayuntamiento. Guardar papeles -de convenios, contrataciones o denuncias- es una práctica de lo más habitual. "Si hasta Jesús Gil tuvo que irse de aquí al ver lo que había metido", bromea una persona que ha vivido con intensidad las tres últimas legislaturas. "Aquí, la gran expectativa es cubrirse las espaldas con un puesto de trabajo. Mientras tanto no hay dinero, suelo para hospital, para colegios, pero la gente no lo sabe. Están a otra cosa", relata un profesional del urbanismo.
El tesorero, Félix Rodríguez Pimienta, se enemistó con Barrientos cuando le echó la culpa, junto al ex alcalde Jesús Gil Marín, de irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. "Se tiró una buena temporada desbarrando en la televisión local, luego volvió", cuenta un vecino. Cuando la policía llegó a su despacho les dijo: "Ya estábais tardando".

Las pruebas peligran en Puerto Sol

El País. Domingo 29 de junio de 2008

Las pruebas peligran en Puerto Sol

El miedo y las amenazas siguen en el edificio de Puerto Sol, donde el Ayuntamiento de Estepona tiene la sede de Urbanismo. El concejal de área, Rafael Duarte pidió el viernes al concejal de Personal, Francisco Zamorano, detenido en la operación Astapa, que prohiba la entrada en el edificio a Juan Simón, uno de los principales implicados en el caso, después de saber que había estado amedrentando a los técnicos. El responsable del área remitió un escrito en el que pedía que se custodiase la entrada al edificio, pidiendo la identificación, para evitar que se destruya información y se alteren pruebas de un proceso en plena instrucción. Ignacio de la Hoz, otro de los técnicos implicados, fue sorprendido manipulando el ordenador del tasador Javier Wittmeur, en prisión preventiva, según fuentes cercanas al Ayuntamiento.
La portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el PP planteará en la cámara baja la disolución del Ayuntamiento de Estepona. La iniciativa busca "expulsar del sistema a aquellos que se aprovechan del servicio público para enriquecerse", afirmó Sáenz de Santamaría.
Por otro lado, la juez instructora de la Operación Astapa, Isabel Conejo, ha admitido a trámite el recurso presentado por la defensa del edil del PES José Ignacio Crespo contra el auto que ordenaba su ingreso en prisión incondicional sin fianza.

Convocatoria Los Verdes se pronuncia en favor de la disolución de la Corporación y la convocatoria de nuevas elecciones

Diario Sol. Sábado 28 de junio de 2008

Convocatoria Los Verdes se pronuncia en favor de la disolución de la Corporación y la convocatoria de nuevas elecciones

Consideran que ninguno de los concejales imputados debería continuar en la Corporación

Convocatoria Los Verdes ha emitido un comunciado en el que fijan su postura respeto al caso -Astapa-. En primer lugar señalan que la actual operación judicial, con la intervención por parte de la policía de las oficinas municipales, la detención de 26 personas, el ingreso en prisión de 5 cargos públicos locales y la imputación de un número aún indeterminado de personas en delitos tan graves como el cohecho, el tráfico de influencias y la prevaricación no es más que la consecuencia natural de una política reiteradamente denunciada por Convocatoria Los Verdes y que rozaba permanentemente con la sospecha de corrupción en el entorno del Ayuntamiento. Consideran que todo ello es fruto de políticas continuadas de depredación urbanística, amiguismo, prácticas de nepotismo y clientelismo político que han sido puestas de manifiesto reiteradamente por nuestro partido. Ahora son los jueces, los legitimados para ello, los que califican esos actos como presuntos delitos y a sus responsables como presuntos delincuentes. Convocatoria Los Verdes considera que esta operación judicial no debe conllevar ningún deterioro en la imagen de la ciudad ni tampoco en la de sus ciudadanos de cara al exterior, sino que lejos de ello debe reconocerse como el inicio de una profunda regeneración que acabe con años de abusos, arbitrariedades y enriquecimientos ilegítimos de unos gobernantes defraudadores de la confianza de su pueblo. Los ciudadanos, lejos de estar preocupados respecto a la supuesta imagen que transmita la ciudad al exterior deben estar contentos con la actuación, por fin, de la Justicia en el esclarecimiento de estos graves hechos delictivos.
En segundo lugar señalan que todos los partidos políticos actualmente representados en el Ayuntamiento han participado, de forma más o menos activa, por acción o por omisión en esas prácticas políticas contrarias a los intereses generales de los ciudadanos del municipio. No estaría de más recordar que fueron todos estos partidos los que apadrinaron y otorgaron credenciales de demócratas a los concejales provenientes del grupo GIL, grupo cuyo perfil corrupto y semi-mafioso ha quedado evidenciado por los desmanes cometidos en la vecina localidad de Marbella. Que el PP de Rosa Díaz primero y el PSOE, IU y PA después acogiesen en su seno a miembros del citado grupo político fue siempre con la indecente intención de acaparar parcelas de poder con las que seguir contratando a sus militantes y practicando un modelo especulativo de urbanismo basado en el convenio pactado entre promotores y políticos a espaldas de los ciudadanos.
Continuan comentando que en la situación actual, con el ya exalcalde y dos concejales más en prisión, cuatro concejales en libertad provisional bajo fianza y un número aún indeterminado de concejales imputados, pertenecientes a casi todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento, se hace imprescindible adoptar medidas contundentes que permitan afrontar con garantías la gestión municipal. Las dudas que inevitablemente se ciernen sobre los cargos políticos encausados, sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia que todos tenemos, debería aparejar que ningún concejal imputado siguiese ostentando representación en el Ayuntamiento de Estepona. Ningún concejal imputado debería seguir representando a Estepona, pues ningún ciudadano les votó con esa condición. La legitimidad moral de los políticos imputados está absolutamente en entredicho. La complejidad de la situación, el número de imputaciones que queda por conocer, y la situación de incertidumbre y provisionalidad que un gobierno creado a partir de los restos de partidos gravemente implicados en estos hechos nos llevan a solicitar del Gobierno de la Nación la inmediata disolución del Ayuntamiento y la convocatoria de elecciones municipales anticipadas.
Todo ello deriba en la solicitu de un Gobierno nuevo, surgido de las urnas, que debe plantearse como objetivos irrenunciables la regeneración ética y democrática de un Ayuntamiento gobernado desde hace demasiado tiempo al arbitrio del que manda, con continuos abusos e impregnado de una atmósfera de corrupción generalizadaAsí, un Plan de Saneamiento de las Finanzas municipales incluyendo todas las medidas tendentes a la transparencia de la administración en materia de contratación de servicios o en la política de personal basada en los principios constitucionales debe ser compromiso adquirido por unos concejales que deberán demostrar, antes de presentarse ante su pueblo para ser elegidos, que están limpios de toda relación con la corrupción.
Concluyen su comunicado señalando que es necesario, por tanto, imprescindible, una profunda regeneración democrática en todos los ámbitos del ayuntamiento, incluyendo muy especialmente una nueva visión del urbanismo que destierre definitivamente el fantasma de la corrupción. Un urbanismo alejado de la especulación, del desarrollismo sin sentido y de la conveniación entre privilegiados y basado en una visión amplia y de futuro del territorio, donde principios de sostenibilidad serán los que primen frente a los intereses espureos de especuladores y corruptos.

Antonio Sanz acusa a Chaves de mentir y le acusa de temer a la democracia

Soitu. Sábado 28 de junio de 2008

Antonio Sanz acusa a Chaves de mentir y le acusa de temer a la democracia

Sevilla.- El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha acusado hoy al presidente andaluz, Manuel Chaves, de "mentir" al decir que no sabía nada de la corrupción urbanística en Estepona (Málaga) y le ha acusado de "temer a la democracia" por no sumarse a la petición del PP de disolver el consistorio.
En rueda de prensa, el dirigente del PP dijo que "nadie se puede creer" que Chaves no sabía nada de la corrupción urbanística en Estepona, como ayer mismo dijo el presidente andaluz y secretario general del PSOE-A, ya que eso "es imposible, salvo que no ejerza de presidente de la Junta".
Ha alegado que es imposible que desconociera ese asunto cuando hay 1.500 denuncias y 86 fueron presentadas por la Junta por irregularidades urbanísticas en Estepona y además ha argumentado que el dirigente del PSOE Luis Pizarro dijo que la ejecutiva regional conocía el asunto de la localidad malagueña.
"Si no lo sabía es peor, y si lo sabía muy mal porque no actuaron" y sería "para marcharse de la Junta por irresponsable", ha sostenido Antonio Sanz.
Ha retado al PSOE a que solucione la "situación de desgobierno" en la que se encuentra el ayuntamiento de Estepona y ha acusado al PSOE de "temer a la democracia" como ocurrió en Marbella, donde "se inventó lo de la gestora" para evitar la convocatoria de elecciones anticipadas mediante la disolución del consistorio.

El PP planteará en el Congreso la disolución del Ayuntamiento de Estepona

El Mundo. Sábado 28 de junio de 2008

El PP planteará en el Congreso la disolución del Ayuntamiento de Estepona

MADRID.- La portavoz del grupo parlamentario popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el PP planteará en el Congreso la disolución del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), dentro del objetivo del partido de "expulsar del sistema a los corruptos".
En su intervención en las jornadas de Economía celebradas este sábado por el PP, Sáenz de Santamaría se ha referido así a la reciente detención del alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, del PSOE, y varios concejales implicados en un presunto caso de corrupción urbanística.
La portavoz del PP en el Congreso ha subrayado que el PP quiere luchar para que la gente confíe en las instituciones, en sus alcaldes y "expulsar del sistema a aquellos que se aprovechan del servicio público para enriquecerse".
Sáenz de Santamaría ha insistido en que "los vecinos de Estepona tienen derecho a un gobierno local honrado, que se dedique a trabajar para ellos, para su bienestar y que no esté allí para enriquecer sus bolsillos y financiar lo infinanciable".
Ha añadido que "esa será la tarea del PP en el Congreso, trabajar por una España más justa, más segura, y una España que no pierda el tiempo en buscar sinónimos para la crisis". "Queremos -ha dicho- un país en que la justicia funcione, que sea rápida, informatizada y en la que el delincuente cumpla la sentencia y no se le vea en la calle".

Deudas, fontanas y confianza perdida

El País.

Deudas, fontanas y confianza perdida

Los agentes que investigan la trama de corrupción urbanística en Estepona siguieron tomando declaración a empresarios y cargos públicos locales en la comisaría. Ayer le llegó el turno al empresario Ángel González, uno de los industriales más potentes de la localidad. González es padre del apoderado de la empresa Nagore Inversiones SL. El pasado 23 de mayo, el Pleno municipal dejó en el aire un reconocimiento de deuda con esta promotora inmobiliaria de 915.000 euros por unos trabajos de remodelación de la avenida Puerta del Mar. Esta obra fue adjudicada en 2005 por el concejal posgilista Ignacio Crespo, en prisión provisional .
Según un informe del interventor accidental, Luis Díaz, los trabajos, terminados antes de las pasadas elecciones, se contrataron sin fiscalización previa y "prescindiendo totalmente del procedimiento establecido". El interventor terminaba por darle el visto bueno al pago, pero alertaba de que esta situación se estaba repitiendo demasiado.
Otro reconocimiento de deuda por el que han preguntado los investigadores es el que mantiene el Ayuntamiento con la empresa World Collection. El consistorio ha reconocido una deuda de 300.000 euros por una gran fuente construida a la entrada de la avenida Juan Carlos I, frente a la playa. Esta fontana, en un primer informe de tanteo elaborado por técnicos municipales, se tasó en sólo 36.000 euros, según fuentes municipales.
Uno de los elementos que han cimentado el silencio sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona es la gran cantidad de empleados municipales, algunos con grandes sueldos, que los responsables políticos han fichado en la localidad. El pasado 23 de junio, los agentes citaron como testigo al consejero delegado de la sociedad municipal Desarrollos Municipales Estepona S.L, Juan Carlos Gurrea. Ayer, tres días después de prestar testimonio, Gurrea fue despedido por el edil de Hacienda, Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros y que sigue al frente de todas las empresas municipales de Estepona. Zamorano, expulsado del PSOE, envió una carta a Gurrea informándole que ha "desaparecido la confianza" que se depositó en él cuando fue fichado en 2003.
[Por otro lado, el abogado Ignacio Pérez de Vargas, aseguró ayer que su relación con la promotora Valle Romano es "inexistente", como informó por error EL PAÍS el jueves.]

El convenio para demoler el hotel de Prasa en Estepona carece de tasación

El País. Sábado 28 de junio de 2008

El convenio para demoler el hotel de Prasa en Estepona carece de tasación

El Ayuntamiento dio más edificabilidad a la empresa a cambio del derribo

Uno de los convenios urbanísticos sobre los que más se han interesado los policías que investigan la trama de corrupción en Estepona (Málaga) es, al mismo tiempo, uno de los más recientes y polémicos. Se trata del acuerdo que permitió la demolición del hotel Estepona Playa, una mole de siete plantas que la promotora cordobesa Prasa levantó algo más que en primera línea de playa: el inmueble invadía directamente el dominio público marítimo terrestre.

El convenio con Prasa, firmado en noviembre de 2007, y el derribo inmediato de la estructura ilegal fue publicitado por el equipo de gobierno de Antonio Barrientos -actualmente en prisión- como un ejemplo de rigor urbanístico. Sin embargo, el convenio hacía aguas, a pesar de la gruesa capa de tecnicismos jurídico-arquitectónicos que sus redactores emplearon para dar al expediente un aspecto impecable. El arquitecto jefe del Servicio Técnico de Urbanismo, Ignacio de la Hoz, ahora en libertad bajo fianza de 50.000 euros, no incluyó en el convenio una tasación para valorar los terrenos que iban a ser objeto del acuerdo entre Prasa y el Ayuntamiento. Este detalle, que puede parecer menor, se traduce en que en realidad se ignora el beneficio económico concreto que ha obtenido la empresa con el acuerdo.
El hotel Estepona Playa recibió la licencia de obras en junio de 1999. A los pocos meses se iniciaron los trabajos frente a la barriada de pescadores de la playa de La Rada. El 11 de julio de 2003, cuando el edificio era ya un esqueleto de hormigón de siete alturas sobre un solar de 3.569 metros cuadrados, la Demarcación de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente paralizó las obras porque parte de la estructura invadía el dominio marítimo terrestre, entre otros incumplimientos. Prasa obtuvo en los tribunales que el coste del derribo, 1,2 millones de euros, no saliera de su bolsillo. El convenio de noviembre estipulaba que sería la propia Dirección General de Costas la que correrá con el coste de la demolición.
Además, para compensar el lucro perdido por Prasa por no poder explotar el hotel ilegal, el Ayuntamiento acordó aumentar en 10.859 metros cuadrados de techo edificable el aprovechamiento de una parcela que Prasa posee en la playa de El Valerín. Esta modificación se incorporará al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona, actualmente en redacción. En el informe que elaboró para dar validez al convenio, Ignacio De la Hoz escribe lo siguiente: "Las inversiones realizadas por Prasa en la construcción existente en el solar [el hotel] resultar equivalentes respecto del incremento de aprovechamiento a realizar en el futuro PGOU de Estepona". Para emitir este dictamen, el arquitecto jefe municipal no se apoya en ninguna tasación, peritaje o valoración, según el expediente del convenio.
El acuerdo urbanístico también recibió el visto bueno del redactor del PGOU esteponero, Enrique Bardají, y del jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo, Andrés Flores. A este último la juez instructora de la Operación Astapa contra la corrupción en Estepona dejó en libertad provisional sin fianza.
Por otro lado, la concejala de Cultura y Fiestas Mayores, Asunción López, expulsada del PSOE, reconoció ayer que los 90.000 euros intervenidos por la Policía en la sede de su concejalía no habían sido controlados por la Tesorería municipal. López aseguró que el dinero estaba custodiado en una caja fuerte de la concejalía y no en un cajón de su despacho, y afirmó que la cantidad correspondía al canon que los feriantes pagan al Ayuntamiento por el uso del suelo municipal para la feria que comienza el 1 de julio.

Chaves afirma que no sabía ´absolutamente nada´ de las irregularidades de Estepona

La Opinión de Málaga. Sábado 28 de junio de 2008

Chaves afirma que no sabía ´absolutamente nada´ de las irregularidades de Estepona

El líder del PSOE-A dice que se han tomado medidas "contundentes y quirúrgicas" y asegura que su partido "siempre ha tenido controladas las políticas urbanísticas"

AGENCIAS. SEVILLA / MÁLAGA El presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, Manuel Chaves, aseguró ayer que no sabía "absolutamente nada" de la posibilidad de que se estuvieran produciendo posibles irregularidades urbanísticas o en la gestión económica del Ayuntamiento de Estepona.
Chaves subrayó que la Comisión Ejecutiva regional del PSOE-A no sabía "absolutamente nada" de lo que podía estar ocurriendo en el Ayuntamiento de Estepona, por lo que llegado el momento de designar los candidatos a las elecciones municipales, "lo que se hizo fue respetar la decisión que se adoptó en la dirección de Estepona" de que Antonio Barrientos fuese el candidato.
De esta forma, el líder del PSOE-A destacó que una vez conocida la actuación de la Justicia en Estepona, "hemos hecho lo de siempre, es decir, actuar con responsabilidad y adoptar medidas contundentes y quirúrgicas".
"Cuando vemos que hay indicio de que exista corrupción por parte de algún dirigente, el individuo va a la calle", apuntó Chaves, que en clara alusión al presidente del PP-A, Javier Arenas, advirtió de que "reproche del campeón de la doble moral, ninguno".
"El campeón de la doble moral siempre intenta acusar a otro partido cuando no es capaz de aplicar estas medidas en el suyo y mantiene a alcaldes imputados y procesados", añadió Chaves, que dejó claro que la dirección del PSOE-A no tenía constancia de posible irregularidades en Estepona, pues "acusaciones de este tipo hay muchas", pero "el partido siempre ha tenido controladas las políticas urbanísticas".
Por otra parte, todos los imputados en el ´caso Astapa´ para los que se decretó libertad provisional bajo fianza han abonado ya la cantidad impuesta por la jueza encargada del caso, Isabel Conejo, según informaron fuentes judiciales.
El abogado Juan Simón fue el último en abonar ayer la cantidad de 300.000 euros impuesta por la instructora. En total, hasta el momento, la suma de las fianzas supera la cantidad de 2,3 millones de euros. Así, en primer lugar hicieron efectivas sus fianzas el empresario Vicente Delgado y su hermano Félix, ambos con 100.000 euros; el presidente del grupo Prasa, José Romero, 300.000 euros; el arquitecto municipal Ignacio de la Hoz, con 50.000 euros; Ana María Crespo, con 30.00 euros; y J. L. C. A., con la misma cantidad. Asimismo, Antonio Bazán, al que se le impuso 300.000 euros; Luis Fernando Linares, ex consejero delegado de Valle Romano, con la fianza más alta, de 500.000 euros; y los letrados de Bilbao, Armando Pérez y Daniel Delgado, ambos con 100.000 euros.
Protesta.
La Plataforma de Asociaciones de Vecinos de Estepona solicitó permiso a la Subdelegación del Gobierno para celebrar una manifestación por las calles de la ciudad el 18 de julio. El objeto de esta protesta es exigir "el restablecimiento de los valores democráticos".

Despiden al consejero delegado de la empresa Desarrollos Municipales Estepona S.L

Hispanidad. Jueves 25 de junio de 2008

Despiden al consejero delegado de la empresa Desarrollos Municipales Estepona S.L

El consejero delegado de la sociedad municipal Desarrollos Municipales Estepona S.L, Juan Carlos Gurrea, fue despedido el pasado 23 de junio, unos días después de prestar declaración en la comisaría de la Policía Nacional de Estepona en el marco de la operación 'Astapa', contra la presunta trama de corrupción destapada en el Ayuntamiento de la localidad.
El consejero delegado de las empresas, Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros por el caso 'Astapa', y la concejal socialista María Miralles, en calidad de presidenta de la citada mercantil, comunicaron al trabajador su despido en un escrito al que tuvo acceso Europa Press.
En dicho escrito se indica que "por medio de la presente le comunicamos que habiendo desaparecido la confianza depositada en usted, al día 23 de junio de 2008, queda extinguida la relación laboral que le une con la empresa Desarrollos Municipales Estepona SL, en virtud del contrato de alta dirección firmado el día 22 de julio de 2003, que se rige por el RD 1382/1985".

La Policía continúa tomando declaración a empresarios y empleados municipales

Terra. Jueves 25 de junio de 2008

La Policía continúa tomando declaración a empresarios y empleados municipales

La Policía continuo hoy tomando declaraciones en el marco de la operación 'Astapa' contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña de Estepona a empresarios y empleados municipales con altas responsabilidades, comparecencias que se iniciaron el pasado 18 de junio.
El empresario local Angel González ha llegado a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de esta ciudad sobre las 9.00 horas, su comparecencia ha durado unas tres horas y no ha efectuado declaraciones a su salida.Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Gustavo Rubio, que lleva varios años en el puesto, acudirá a declarar hoy sobre las 17.00 horas y está previsto también que comparezca, aunque no ha trascendido cuándo, el integrante del Gabinete de Alcaldía Francisco Alberto González.
Fuentes judiciales han informado a Efe de que previsiblemente a partir de la próxima semana parte de las personas que han declarado ante los agentes serán citados por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, encargada del caso.
Estas fuentes han precisado que los que han declarado en la Policía como imputados no tienen una imputación judicial porque ello debe decidirlo la propia jueza.
La operación Astapa sumó 26 detenidos; mantiene encarcelados a cinco, entre ellos al ya ex alcalde Antonio Barrientos, expulsado del PSOE; dos concejales del 'Partido de Estepona' (PES) y al jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, y 18 personas quedaron libres con fianza, caso de cuatro ediles expulsados provisionalmente de las filas socialistas, empresarios, abogados y empleados municipales.
Paralelamente a las declaraciones de arrestados ante la jueza instructora del caso, los agentes iniciaron y continúan una toma de declaraciones en comisaría, por donde han pasado ya otros concejales; empleados municipales, entre ellos técnicos del área de Urbanismo; abogados y empresarios.Ayer mismo acudieron a la Policía el alcalde en funciones de Estepona, Rafael Montesinos, del Partido Andalucista (PA), y como imputada la directora de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo.

Valderas pide un Gobierno de "salvación" y ve la disolución del Ayuntamiento como "última opción"

Europa Press. Jueves 25 de junio de 2008

Valderas pide un Gobierno de "salvación" y ve la disolución del Ayuntamiento como "última opción"

El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, apostó hoy por alcanzar un acuerdo en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) para constituir un Gobierno de "salvación" compuesto por "los concejales que no están contaminados o relacionados" con la investigación abierta sobre la posible trama de corrupción urbanística en el Consistorio esteponero, situando como "última opción" la posibilidad de solicitar la disolución del Consistorio.
En declaraciones a Europa Press, Valderas lamentó que el PP-A no haya querido apoyar la petición de crear una comisión de investigación en el Parlamento andaluz para "aclarar la posible financiación irregular" del PSOE.
"Extraña que el PP-A no quiera que sea el Parlamento el que investigue este asunto, y sin embargo, pida directamente la disolución del Ayuntamiento", apuntó el líder de IULV-CA, que dejó claro que IULV-CA apuesta en "primer lugar, por lograr la composición de un equipo de Gobierno municipal por concejales que no estén imputados y que estén limpios de cualquier sospecha".
Sin embargo, subrayó que en el caso de que no se pueda constituir un Gobierno de "continuidad o de salvación", pues "entonces llegará el momento de apoyar la disolución del Consistorio".
De esta forma reaccionó Valderas después de que el presidente del PP-A, Javier Arenas, haya anunciado que su partido presentará una proposición no de Ley en el Parlamento para solicitar a la Junta que demande al Gobierno de la Nación la disolución del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) y la consiguiente convocatoria de elecciones, como vía para posibilitar la regeneración democrática en el municipio.

El presidente del PP-A reclama la disolución del Ayuntamiento de Estepona en el Parlamento andaluz

Diario Sol. Jueves 25 de junio de 2008

El presidente del PP-A reclama la disolución del Ayuntamiento de Estepona en el Parlamento andaluz

Javier Arenas: "Por más vueltas que le demos no nos sale que pueda haber un gobierno municipal que garantice el futuro de Estepona"

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha reclamado al Gobierno regional que inste al Ejecutivo central a que solicite la disolución del Ayuntamiento de Estepona ante las numerosos imputaciones de ediles de este consistorio en el caso "Astapa" contra la corrupción urbanística.
En rueda de prensa en el Parlamento andaluz, donde se celebra el último pleno ordinario del actual periodo de sesiones, Arenas ha indicado que la petición del PP a la Junta se la realiza de manera verbal pero que su grupo va a registrar una proposición no de ley en la Cámara autonómica reclamando dicha iniciativa.
Además, según ha expresado el líder de los populares andaluces, va a plantear que el grupo popular en el Congreso de los Diputados presente también una iniciativa similar para que el Gobierno de la Nación solicite la disolución del municipio malagueño.
"Por más vueltas que le demos no nos sale que pueda haber un gobierno municipal que garantice el futuro de Estepona", ha apuntado el presidente del PP andaluz, quien ha reiterado la necesidad de que se le vuelva a dar la palabra a los ciudadanos, porque Estepona necesita "la misma regeneración" que ha tenido Marbella.
Preguntado sobre si está de acuerdo con que se pueda crear en el Ayuntamiento de Estepona una comisión gestora, tal y como ocurrió en el de Marbella tras la operación "Malaya", Arenas ha manifestado que esta "no serviría absolutamente para nada", ya que se trata de una medida que "no arreglaría nada" y solo serviría para "dilatar" el problema que existe en el consistorio.
En su opinión, los vecinos de Estepona "merecen" el respeto de todos los partidos políticos, de ahí la necesidad de plantear ya la disolución del Ayuntamiento, aunque ha reconocido que mientras que se cumplen los plazos habría que buscar un "órgano de interinidad" hasta que se celebraran las elecciones.

La Policía grabó en vídeo encuentros entre ediles de Estepona y empresarios

Ideal. Jueves 25 de junio de 2008

La Policía grabó en vídeo encuentros entre ediles de Estepona y empresarios

La Policía ha efectuado férreos seguimientos a los principales implicados en la presunta trama de corrupción instalada en el Ayuntamiento de Estepona. En algunos de estos casos, los agentes han utilizado equipos de grabación de última tecnología para inmortalizar encuentros entre ediles y empresarios. Estas reuniones tenían lugar en restaurantes o bares de la localidad de Puerto Banús y Estepona, según fuentes consultadas.
En los interrogatorios, los investigadores se han interesado por cenas o almuerzos concretos en los que se sentaron alrededor de una misma mesa políticos y personas con intereses urbanísticos o empresariales en Estepona.
El trabajo de campo, según las fuentes, comenzó en el primer trimestre de 2007. Los seguimientos efectuados por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Udyco han servido a los investigadores para trazar un auténtico árbol genealógico de relaciones familiares, personales o profesionales entre los supuestos implicados en la trama.
Los especialistas están expurgando la ingente cantidad de material incautado -entre el que se encuentran los convenios urbanísticos y las licencias otorgadas en Estepona en los últimos años- en busca documentos que coincidan con las fechas en las que tuvieron lugar esas reuniones.
La investigación bautizada con el nombre de 'Astapa' -denominación fenicia de Estepona- se han extendido ya a más de 40 personas, entre detenidos e imputados, desde que estallara la operación policial, el 17 de junio.

Directora de Urbanismo
Durante la jornada de ayer prestó declaración ante la Policía, en calidad de imputada, la directora de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, Tras la comparecencia, la responsable de urbanismo abandonar el recinto en un vehículo sin hacer declaraciones.
También compareció ante la Policía el alcalde accidental de Estepona, Rafael Montesinos, que estuvo dos horas en la comisaría Montesinos no aclaró ni a su llegada ni a su salida si estaba imputado en la causa o si su declaración era sólo como testigo y sólo ha explicado que acudía «a colaborar con la Justicia en todo lo que sea necesario».
El primer edil andalucista, además, garantizó el pago de las nóminas de los trabajadores municipales a finales de esta semana y anunció que el 4 de julio se celebrará el pleno en el que se admitirá la renuncia al acta de concejal del hasta ahora alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), que se encuentra en prisión incondicional sin fianza desde el pasado viernes acusado de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

Declara ante la Policía un empresario local y esta tarde lo hará el secretario del Ayuntamiento

Europa Press. Jueves 25 de junio de 2008

Declara ante la Policía un empresario local y esta tarde lo hará el secretario del Ayuntamiento

El empresario de Estepona (Málaga) Ángel González prestó hoy declaración ante la Policía Nacional en el marco del caso 'Astapa', contra la corrupción urbanística en dicha localidad; mientras que esta tarde está prevista la comparecencia policial del secretario del Ayuntamiento, Gustavo Rubio.
Así, el empresario, con negocios en diferentes sectores como el inmobiliario, el de la comunicación y el del ocio, llegó a la Comisaría de Estepona sobre las 09.00 horas y salió de las dependencias policiales sobre las 13.00 horas, aunque no ha transcendido si su declaración ha sido en calidad de testigo o de imputado.
Los investigadores ya tomaron ayer declaración a otras personas, algunas en calidad de imputadas, como la directora del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, quien estuvo durante cuatro horas y media en las dependencias policiales.
Así, por la tarde compareció el alcalde accidental del municipio, Rafael Montesinos (PA), quien prestó declaración en la comisaría de la Policía Nacional durante tres horas. A su llegada, no aclaró si llegaba como testigo o como imputado y se limitó a asegurar que su intención era "colaborar con la justicia".
Además señaló que su máxima preocupación pasaba "por garantizar el pago de las nóminas a los trabajadores municipales que cobrarán este jueves o viernes". Igualmente, prestó declaración otro gerente de Urbanismo, Juan Manuel Ramos.
También acudió a declarar el abogado Ignacio Pérez de Vargas, que interviene "en los proyectos más importantes de la ciudad" y quien aseguró que prestó declaración informativa "sobre los hechos en los que he intervenido como abogado" y que había aportado "toda la información".
Tanto los testigos como los imputados que están prestando declaración ante la Policía, tendrán que volver a hacerlo ante la instructora del caso, Isabel Conejo, lo que podría ocurrir a partir de la semana próxima, según informaron fuentes judiciales.

Curiosidades del caso Estepona: anecdotario para el humor negro

Libertad Digital. Jueves 25 de junio de 2008

Curiosidades del caso Estepona: anecdotario para el humor negro

La corrupción urbanística municipal en la localidad de Estepona parece no tener fin. Y en todo gran caso de corrupción que se precie hay anécdotas y curiosidades, que exponemos a continuación

L D (Pedro de Tena) Estas son algunas de las "singulares" indagaciones acerca de los hechos ocurridos en Estepona durante esta semana.Más tonto que PepelecheUn técnico de Estepona cobraba 2.000 euros por cada tasación falsa. Xavier Wittmeur recibía los pagos en la nómina como plus de productividad. Wittmeur, acusado de falsedad en documento público, fraude y malversación, recibía los pagos de un modo poco discreto: directamente en su nómina. Recibía 2.000 euros todos aquellos meses en los que realizaba valoraciones a la baja de los terrenos que eran objeto de convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y distintos promotores privados.

La Policía descubrió los pagos cotejando las hojas de nómina del empleado municipal con las fechas de los convenios en los que supuestamente presentó las peritaciones irregulares, que según fuentes judiciales fueron las que le llevaron a prisión por orden de la juez Isabel Conejo. La diferencia entre la tasación oficial a la baja y el valor real de mercado de los terrenos objeto de convenio, se utilizaba, según los investigadores, para el pago de comisiones a diferentes técnicos y políticos del Ayuntamiento. Dinero negro para la FeriaLos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en los registros de la operación "Astapa", hallaron al menos 90.000 euros en metálico en un cajón del despacho de la concejala de Cultura y Fiestas Mayores, Asunción López, expulsada cautelarmente del PSOE.

Según fuentes judiciales, cuando fue arrestada, la edil aseguró a los agentes que la cantidad estaba destinada a sufragar actos de la próxima feria de Estepona, que se celebrará la semana que viene. Tras ser puesta en libertad bajo fianza de 30.000 euros, Asunción López relató que en el momento de ser detenida, creyó que se trataba de un secuestro.La importancia de llamarse "experto"También testificó ante los agentes el abogado Ignacio Pérez de Vargas, el mayor especialista en derecho administrativo y urbanístico de la ciudad. Pérez de Vargas, que fue interrogado durante ocho horas, asesora a las mayores empresas y está detrás de muchos de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad, como Valle Romano o la urbanización de los terrenos de la llamada Herencia Nadal. La tela de araña Uno de los aspectos de la vida municipal esteponera que más ha llamado la atención a los agentes ha sido la contratación, en el Ayuntamiento y en el entramado de empresas municipales, de familiares, amigos y compañeros de partido de los concejales.

Si el primer teniente de alcalde, el andalucista Rafael Montesinos, colocó a su hija como técnico de alta dirección en la empresa pública Turismo y Actividades Recreativas, con un sueldo mensual de 2.450 euros, en mayo de 2007, Ana Maria Álvarez Ortega, hermana del entonces secretario general del PA, Julián Álvarez, fue contratada con el mismo salario en la empresa Promoción y Comunicación Estepona SL. ¿A quién poner de alcalde/sa que no resulte imputado en cualquier momento?Dimite Barrientos y le sustituye provisionalmente el andalucista Rafael Montesinos, que ha sido imputado igualmente. El PSOE, entonces, piensa en colocara a Rafael Duarte, concejal de Urbanismo, en la alcaldía, pero también ha resultado imputado. El panorama político en el Ayuntamiento de Estepona es cada día más enrevesado y las salidas se van estrechando.

La decisión de no renunciar a sus actas de concejal de los cuatro miembros del equipo de gobierno del PSOE en libertad bajo fianza por su implicación en la trama de corrupción, y la imputación al alcalde accidental, el andalucista Rafael Montesinos, añaden nuevas dificultades para la elección de alcalde y la composición de un equipo de Gobierno. El tiempo además premia, porque el sucesor de Antonio Barrientos deberá nombrarse como máximo el día 17 de julio.Aquí no dimite ni DiosSalvo el alcalde Barrientos, porque ya sería la releche, en Estepona ningún otro concejal imputado perteneciente al PSOE ni al PA ha dimitido. No sabemos del PES, que básicamente no existe.

Los concejales del Ayuntamiento de Estepona Francisco Zamorano, Asunción López, Marisa Rodriguez y Mariví López, en libertad bajo fianza por el "Caso Astapa", y a los que el PSOE ha expulsado provisionalnente del partido, mantendrán sus actas de concejales al considerarse inocentes, a pesar de que la cúpula socialista les exigía la dimisión y que cedieran sus puestos a otros integrantes de la candidatura.

Alegan, claro está, que se incumple la presunción debida de inocencia.La extraña declaración de GaleoteRicardo Galeote, hermano del eurodiputado popular Gerardo Galeote, declaró el martes en Estepona, nada menos que en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Fuentes judiciales dijeron a El Mundo que lo hizo en calidad de "imputado".

Sin embargo, el propio Galeote hizo unas curiosas declaraciones a la cadena Ser en las que señaló que había acudido ante la Policía tras recibir una llamada de los agentes, "para conocer nuestra visión general acerca de los últimos acontecimientos relacionados". ¿Y por qué no llamar, si ese era el objetivo, al presidente del PP de Estepona, Ignacio Mena? Los abogados acusan a la policía y a los jueces de detener antes de investigarLos abogados consideran que el procedimiento que acostumbra a seguirse en la Costa del Sol en los casos de blanqueo de capitales no es el correcto, y critican que se produzcan las detenciones de los presuntos implicados y los autos de prisión antes de que se lleve a cabo una profunda investigación de los hechos.

El abogado Horado Oliva, hermano de un ex consejero de la Junta de Andalucía y abogado en su día de Juan Guerra, que ejerce la defensa de varios imputados en los casos Ballena Blanca, Malaya y Astapa, considera que el procedimiento penal empieza por el final, con las detenciones, mientras que "lo sensato es que se haga una investigación, se consigan unas pruebas, el fiscal acuse y si hay condena, vaya una persona a la cárcel ".

La Plataforma Vecinal convoca una manifestación "por la dignificación de la democracia" para el 18 de julio

Diario Sol. Jueves 25 de junio de 2008

La Plataforma Vecinal convoca una manifestación "por la dignificación de la democracia" para el 18 de julio

Los miembros de este colectivo vecinal se muestran dispuestos a solicitar la convocatoria de nuevas elecciones municipales

La Junta Directiva de la Plataforma vecinal ha celebrado una reunión, con carácter de Urgencia, con un solo punto en el orden del día, la votación de la posible convocatoria de manifestación a la vista de los acontecimientos políticos en nuestra ciudad. El punto propuesto fue aprobado por unanimidad y ya se ha fijado el día y la fecha de la convocatoria, una vez se tramiten los permisos gubernativos oportunos, y que será el viernes 18 de julio a las 21:30 horas, bajo el lema "por la dignificación de la democracia". Con esta acción se pretende que los ediles imputados en el caso "Astapa" renuncien a las actas e, igualmente, proponen la dimisión de los cargos de confianza igualmente imputados.
Desde la Plataforma, igualmente, quieren hacer ver que se respeta la presunción de inocencia, pero consideran que "mientras tanto no pueden ni deben poseer cargo publico ninguno, a demás de que creemos que debería ser incompatible, es una sencilla cuestión de dignidad y ética política, lo contrario seria anteponer lo personal a los intereses del pueblo, sacrificio antes que beneficio".
Por último, y como consecuencia de esta situación jurídica y legal, desde la Plataforma se solicita la convocatoria de unas nuevas elecciones municipales.

Un técnico de Estepona cobraba 2.000 euros por cada tasación falsa

El País. Jueves 26 de junio de 2008

Un técnico de Estepona cobraba 2.000 euros por cada tasación falsa

Xavier Wittmeur recibía los pagos en la nómina como plus de productividad

El ingeniero municipal de Estepona (Málaga) Xavier Wittmeur, encargado de la tasación oficial de las fincas de la localidad, recibía 2.000 euros todos aquellos meses en los que realizaba valoraciones a la baja de los terrenos que eran objeto de convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y distintos promotores privados. Según fuentes judiciales, Wittmeur, actualmente en prisión provisional por la Operación Astapa contra la corrupción en Estepona, elaboró tasaciones supuestamente falsas en 13 acuerdos para modificar la calificación urbanística de diferentes suelos de la ciudad vecina de Marbella.
Wittmeur, acusado de falsedad en documento público, fraude y malversación, recibía los pagos de un modo poco discreto: directamente en su nómina. Cada mes en que presentaba una valoración supuestamente fraudulenta, en su nómina se ingresaban 2.000 euros en concepto de plus de productividad, según las mismas fuentes. En los meses en los que el Ayuntamiento no celebraba convenios urbanísticos o en los que Wittmeur no participaba, el ingeniero municipal no recibía ningún dinero extra. La Policía descubrió los pagos cotejando las hojas de nómina del empleado municipal con las fechas de los convenios en los que supuestamente presentó las peritaciones irregulares, que según fuentes judiciales fueron las que le llevaron a prisión por orden de la juez Isabel Conejo.
La diferencia entre la tasación oficial a la baja y el valor real de mercado de los terrenos objeto de convenio se utilizaba, según los investigadores, para el pago de comisiones a diferentes técnicos y políticos del Ayuntamiento.
Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en los registros de la Operación Astapa hallaron al menos 90.000 euros en metálico en un cajón del despacho de la concejala de Cultura y Fiestas Mayores, Asunción López, expulsada cautelarmente del PSOE. Según fuentes judiciales, cuando fue arrestada, la edil aseguró a los agentes que la cantidad estaba destinada a sufragar actos de la próxima feria de Estepona, que se celebrará la semana que viene. Este periódico intentó, sin éxito, contactar ayer con la edil, que fue detenida el pasado 17 de junio junto a los también políticos socialistas, Antonio Barrientos, alcalde dimitido; Francisco Zamorano, concejal de Hacienda; Marisa Rodríguez, edil de Playas y Mariví López, concejal de Educación. También fueron arrestados los ediles del Partido Estepona (PES, ex gilistas) José Ignacio Crespo y Manuel Reina. De todos ellos, sólo Barrientos ha renunciado al acta de concejal hasta la fecha.
Asunción López, edil desde 2003, es actualmente segunda teniente de alcalde y hasta la suspensión de militancia, era miembro de la ejecutiva provincial del PSOE malagueño. Casada con el ex concejal Manuel Puertas, López asumió la portavocía del grupo municipal socialista en 2006, cuando fue destituido de ese cargo David Valadez, el concejal del PSOE que supuestamente puso a la justicia sobre la pista de la trama corrupta de Estepona. Tras ser puesta en libertad bajo fianza de 30.000 euros, Asunción López relató que en el momento de ser detenida, creyó que se trataba de un secuestro.
Fuentes cercanas a la investigación apuntaron al abogado Juan Simón García, en libertad bajo fianza de 300.000 euros, como el hombre por el que pasaban todos los negocios que los empresarios, sobre todo de la promoción inmobiliaria, hacían con el ayuntamiento. Juan Simón García es sobrino y hombre de confianza de José Flores, jefe de gabinete de la Alcaldía esteponera, encarcelado por la Operación Astapa.
Cuando entró en vigor la normativa autonómica que impedía a los ayuntamientos utilizar para gastos corrientes o nóminas el dinero cobrado por convenios urbanísticos, Flores y Simón supuestamente idearon el sistema de reclamar a las empresas "donaciones voluntarias", a cambio de que sus expedientes avanzaran. Los investigadores creen que estas donaciones se hacían sin control ni fiscalización y servían para una triple financiación: la de los proyectos municipales, la de los partidos de la coalición de gobierno y la personal de los concejales imputados en la trama.
Según fuentes judiciales, Juan Simón se encargaba de recoger personalmente las donaciones de los promotores, que luego gestionaba su tío. El abogado acudía con mucha frecuencia al área de Urbanismo. "Entraba y salía del Ayuntamiento como Pedro por su casa", aseguran fuentes municipales.
Uno de los aspectos de la vida municipal esteponera que más ha llamado la atención a los agentes ha sido la contratación en el Ayuntamiento y en el entramado de empresas municipales de familiares, amigos y compañeros de partido de los concejales. Si el primer teniente de alcalde, el andalucista Rafael Montesinos, colocó a su hija como técnico de alta dirección en la empresa pública Turismo y Actividades Recreativas, con un sueldo mensual de 2.450 euros, en mayo de 2007, Ana María Álvarez Ortega, hermana del entonces secretario general del PA, Julián Álvarez, fue contratada con el mismo salario en la empresa Promoción y Comunicación Estepona SL.

El PSOE intentará gobernar en minoría con Duarte de alcalde

El Páís. Jueves 26 de junio de 2008

El PSOE intentará gobernar en minoría con Duarte de alcalde

Los cuatro ediles socialistas expulsados seguirán como concejales no adscritos

El panorama político en el Ayuntamiento de Estepona es cada día más enrevesado y las salidas se van estrechando. La decisión de no renunciar a sus actas de concejal de los cuatro miembros del equipo de gobierno del PSOE en libertad bajo fianza por su implicación en la trama de corrupción, y la imputación al alcalde accidental, el andalucista Rafael Montesinos, añaden nuevas dificultades para la elección de alcalde y la composición de un equipo de Gobierno. El tiempo además apremia, porque el sucesor de Antonio Barrientos deberá nombrarse como muy tarde el 17 de julio.
La solución más drástica, disolver el Ayuntamiento, no forma parte de momento de las hipótesis de trabajo de los partidos, aunque el presidente regional del PP, Javier Arenas, ya avisó ayer de que "cada día se acerca más la posición de pedirla". De momento los populares sólo la tienen "en estudio" y según el presidente provincial en Málaga, Joaquín Ramírez, "hay que ver como evoluciona el caso para poder evaluar". El PSOE descarta la disolución y "hoy por hoy" sólo piensa en formar un nuevo Gobierno municipal, aunque sea en minoría.
Los cuatro ediles en libertad bajo fianza a los que el PSOE ha abierto expediente de expulsión, Francisco Zamorano, Asunción López, Mariví López y Marisa Rodríguez descartaron ayer definitivamente su dimisión. "Ya que somos inocentes de los hechos que se nos imputan", explicaron en un comunicado en el que reivindicaron su derecho a la presunción de inocencia y apelaron a que "vuelva a imperar la cordura y la coherencia entre todos los partidos políticos, en especial el PSOE".
La corporación municipal de Estepona está formada por 25 concejales. De momento, hay siete imputados en la operación Astapa contra la que la juez instructora ha decretado medidas cautelares (tres en prisión y cuatro en libertad bajo fianza). Otros dos, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE) y el alcalde accidental, Rafael Montesinos (PA), están imputados, aunque han testificado a la Policía y no han tenido que dar cuentas a la juez, al menos de momento. De todos los imputados, sólo el alcalde, Antonio Barrientos, ha optado por la dimisión. Duarte, que es concejal desde hace un año, puso su acta a disposición de la dirección el PSOE, que no la ha aceptado al entender que se trata de una imputación "diferente" a las demás y hecha para garantizar sus derechos como poseedor de abundante información sobre la gestión municipal.
El equipo de Gobierno estaba sustentado por una amplia mayoría de 15 concejales, dos más de los necesarios: 11 del PSOE, dos del PA, uno de IU y otro de Estepona 2007. Una vez que tome posesión un concejal en sustitución de Barrientos, el PSOE tendrá siete concejales, porque los cuatro expulsados pasarán a formar un grupo no adscrito. Ello significa que, la actual composición del equipo de gobierno se quedaría sin mayoría absoluta. En principio, de los contactos habidos entre los actuales socios de gobierno se desprende la disposición de todos ellos a renovar el pacto, pero ahora sumarían 11 concejales, dos menos de la mayoría absoluta.
El presidente de la gestora socialista de Estepona, Juan Paniagua, está convencido de que "se podrá perfectamente gobernar en minoría", como recuerda que ocurre en muchos ayuntamientos.
No es fácil además que todo el bloque de la actual oposición pudiera unirse. El PP tiene cinco concejales, los mismos que el Partido Estepona (PES), pero dos de éstos están en la cárcel y no han renunciado a su acta. Los antecedentes no indican muy buenas relaciones entre ambos partidos, que necesitarían sumar en un hipotético acuerdo a los cuatro concejales no adscritos expulsados del PSOE. La combinación parece algo estridente.
El handicap para la renovación del actual equipo de Gobierno es que de él formarían parte dos imputados en la trama, y uno de ellos ni más ni menos que acalde, ya que la dirección del PSOE pretende que Rafael Duarte suceda a Antonio Barrientos. Para la dirección socialista es el candidato mejor preparado y en el que más confianza tiene, y espera poder convencer de que no ha tenido participación en corruptelas, sino que, todo lo contrario, ha tenido serias discrepancias con el equipo del alcalde.
Y aún puede haber más imputaciones. El concejal del PP Guillermo Galeote testificó ayer a la Policía, pero dijo desconocer si como testigo o imputado. Desde la dimisión del alcalde hay un plazo de 10 días para el pleno que conozca su dimisión (4 de julio), y desde entonces, otro igual para elegir su sucesor (17 de julio).

El alcalde accidental de Estepona declara dos horas como imputado

Diario de Sevilla. Jueves 26 de junio de 2008

El alcalde accidental de Estepona declara dos horas como imputado

La coordinadora de Urbanismo e hija del presidente del Senado también comparece

La atención que durante días despertaron los juzgados de Estepona por el caso Astapa, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio malagueño, se trasladó ayer a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde prestaron declaración por orden de la instructora del caso, entre otros, el alcalde accidental de la localidad, Rafael Montesinos (PA), y la coordinadora del área de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo.
También pasaron por las dependencias policiales el gerente de Urbanismo del Ayuntameinto, Juan Manuel Ramos, y el abogado Ignacio Pérez de Vargas, miembro de la Fundación Antonia Guerrero, que impulsa la puesta en marcha de la Ciudad del Conocimiento. El martes a última hora de la tarde también declaró en la comisaría el edil del PP Guillermo Galeote.
Montesinos, que asumió la Alcaldía en funciones tras la detención del socialista Antonio Barrientos, ahora en prisión por este caso, llegó a la comisaría a primera hora de la tarde y declaró durante aproximadamente dos horas ante los investigadores. Eludió en todo momento aclarar si acudía como imputado o testigo y se limitó a decir que estaba dispuesto a "colaborar con la Justicia en todo lo posible".
Por la mañana compareció ante la Policía Patricia Rojo, que prestó declaración como imputada en las diligencias, informa Efe. La coordinadora de Urbanismo permaneció más de cuatro horas en el interior de la comisaría, de donde salió sobre las 14:30. Abandonó las dependencias evitando en todo momento a los medios de comunicación que esperaban su salida.
Rojo fue propuesta por el PSOE en el anterior mandato de la Corporación, cuando los tres partidos integrados en el pacto de gobierno -PSOE, PES e IU- diseñaron una Gerencia de Urbanismo mancomunada con responsables de los tres partidos.Los concejales socialistas expulsados del PSOE Asunción López, Mariví López, Marisa Rodríguez y Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza por la operación Astapa, emititieron ayer un comunicado conjunto para anunciar su decisión de mantener sus actas porque "somos inocentes de las hechos que se nos imputan".
De los imputados por la operación que quedan por abonar la fianza impuesta por la juez del caso, Mariví López (30.000 euros) lo hará mañana tras pedir una ampliación del plazo. El abogado Juan Simón ha solicitado una reducción de su aval de 300.000 eruos que fijó la instructora. En total, 18 de los 26 detenidos están en libertado con cargos y bajo fianza.

Patricia Rojo, directora de Urbanismo de Estepona, declara 4 horas como imputada

El Correo Digital. Jueves 26 de junio de 2008

Patricia Rojo, directora de Urbanismo de Estepona, declara 4 horas como imputada

La Policía interrogó por la trama de corrupción a la hija del presidente del Senado y al alcalde en funciones

La directora de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, declaró ayer ante la Policía como imputada en la 'operación Astapa' sobre corrupción urbanística que ha llevado a prisión al ex alcalde de la localidad, Antonio Barrientos (PSOE). También acudió a testificar como presunto inculpado en la trama el primer edil en funciones, Rafael Montesinos (PA), que sustituyó a Barrientos tras su encarcelamiento fue encarcelado.
Patricia Rojo llegó a la comisaría a las 10 de la mañana y la abandonó sobre las 14.30 horas. Salió del recinto en un vehículo desde un aparcamiento interior y no hizo ninguna manifestación a los numerosos medios de comunicación que la esperaban. Tampoco trascendieron datos sobre su declaración.
Rojo fue la gerente de Urbanismo a propuesta de los socialistas al inicio de la anterior corporación, cuando funcionó una dirección mancomunada en este área con representantes de los tres partidos que entonces gobernaban juntos, el PSOE, el Partido de Estepona (PES) -creado por ex integrantes del GIL- e IU. Uno de esos gerentes, el representante del PES, era Pedro López, ahora en libertad bajo fianza de 300.000 euros e imputado de los presuntos delitos de cohecho y malversación por la jueza instructora de la 'operación Astapa'. También prestó declaración el otro gerente de Urbanismo, Juan Manuel Ramos y el abogado local, Ignacio Pérez de Vargas.
Montesinos, por su parte, permaneció algo más de dos horas en la comisaría. Tampoco se conocieron detalles sobre la declaración del primer edil, que garantizó el pago de las nóminas de los trabajadores municipales a finales de esta semana. Según dijo tras abandonar la comisaría, el 4 de julio se celebrará el pleno en el que se admitirá la renuncia al acta de concejal del hasta ahora alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), en prisión incondicional sin fianza desde el viernes acusado de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
«Decepción» en el PSOE
Los concejales Francisco Zamorano, Asunción López, Marisa Rodríguez y Mariví López, que ayer quedaron en libertad tras abonar la fianza, han decidido mantener sus actas de concejales pese a haber sido expulsados provisionalmente del PSOE. Fuentes socialistas expresaron su «decepción» ante esta actitud. Además de estos ediles, también han abonado la fianza impuesta por el juez el arquitecto municipal Arturo Cebrián y el abogado Manuel Barroso.
Según fuentes del Tribunal Superior de Andalucía, la próxima semana los imputados en esta causa que están prestando declaración ante la policía tendrán que hacerlo ante la juez instructora, Isabel Conejo.

La policía grabó encuentros en vídeo entre ediles y empresarios en la investigación de la trama

Diario Sur. Jueves 26 de junio de 2008

La policía grabó encuentros en vídeo entre ediles y empresarios en la investigación de la trama

Algunos presuntos implicados han sido interrogados sobre reuniones en restaurantes o bares de Puerto Banús. Los agentes han efectuado decenas de seguimientos a sospechosos desde el primer trimestre del año pasado

Por saber, sabían que uno de los comensales llegó tarde a la cita, que la cena no fue precisamente tranquila y hasta quién pagó la factura. La policía ha efectuado férreos seguimientos a los principales implicados en la presunta trama de corrupción instalada en el Ayuntamiento de Estepona.
En algunos de estos casos, los agentes han utilizado equipos de grabación de última tecnología para inmortalizar encuentros entre ediles y empresarios. Estas reuniones tenían lugar en restaurantes o bares de Puerto Banús y Estepona, según ha podido saber SUR de fuentes consultadas.
En los interrogatorios, los investigadores se han interesado por cenas o almuerzos concretos en los que se sentaron alrededor de una misma mesa políticos y personas con intereses urbanísticos o empresariales en Estepona. Lo que unos y otros no sabían es que estaban siendo vigilados muy de cerca.
El trabajo de campo, según las fuentes, comenzó en el primer trimestre de 2007. Estas vigilancias fueron realizadas por agentes que, evidentemente, vestían de paisano, lo que les permite aproximarse a los investigados sin despertar sospechas, así como buscar buenos ángulos para captar la reunión, según explicaron las fuentes consultadas.

Relaciones familiares
Los seguimientos efectuados por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Udyco han servido a los investigadores para trazar un auténtico árbol genealógico de relaciones familiares, personales o profesionales entre los supuestos implicados en la trama.
Los especialistas están expurgando la ingente cantidad de material incautado -entre el que se encuentran los convenios urbanísticos y las licencias otorgadas en Estepona en los últimos años- en busca documentos que coincidan con las fechas en las que tuvieron lugar esas reuniones.
Durante estos meses, la policía ha efectuado decenas de seguimientos a los principales sospechosos sobre los que comenzaron las pesquisas. Ese tipo de vigilancias permitió a los funcionarios ampliar los horizontes de las pesquisas, así como el número de sospechosos.
De hecho, la investigación bautizada con el nombre de 'Astapa' -denominación fenicia de Estepona- se han extendido ya a más de 40 personas, entre detenidos e imputados, desde que estallara la operación policial, el pasado martes 17 de junio.
En una primera tacada, los agentes de la UDEF arrestaron ese día a 26 personas, entre ellas el entonces alcalde, Antonio Barrientos, y varios concejales. Cinco de ellos están en prisión provisional y, del resto, la mayoría ha quedado en libertad tras abonar una fianza.
La segunda parte no se ha hecho esperar. Durante estos días, los investigadores de la Policía Nacional están tomando declaración como imputadas a quince personas, que están siendo citadas en la comisaría de Estepona para testificar sobre el caso.

Declara el concejal del PP en Estepona Ricardo Galeote

El Plural. Miércoles 25 de junio de 2008

Declara el concejal del PP en Estepona Ricardo Galeote

El concejal del PP en la oposición del Ayuntamiento de Estepona Ricardo Galeote, ha declarado ante la Policía en relación con la operación "Astapa" contra la corrupción urbanística. Ricardo Galeote es hermano del eurodiputado popular Gerardo Galeote.
Galeote ya había ocupado con anterioridad responsabilidades municipales en el ayuntamiento, en concreto entre los años 1999 y 2003 con dos gobiernos distintos. Al salir de la Comisaría de Policía donde prestó declaración, el edil popular no ha aclarado si lo hizo como imputado o como testigo. Galeote ha estado en la sede policial durante tres horas y ha explicado que ha realizado “una valoración subjetiva" del funcionamiento del Ayuntamiento tras destaparse la presunta trama.

Hermano de un diputado
Ricardo Galeote es hermano del eurodiputado popular Gerardo Galeote. Ha afirmado que fue a la policía tras ser avisado por teléfono y piensa que "llamarán a todos los concejales del anterior mandato y del actual, porque quieren tener una visión lo más amplia posible de los acontecimientos".

Cargo de confianza
Ricardo Galeote tuvo un puesto en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona con el gobierno cuatripartito formado por PSOE, PP, IU y PA y presidido primero por los socialistas Antonio Caba y después por Antonio Barrientos, cargo en el que continuó tras la moción de censura de los populares y ex integrantes del GIL de Jesús Gil que llevó a la Alcaldía a Rosa Díaz.

Declara ante la Policía el abogado Ignacio Pérez de Vargas

Diario Málaga Hoy. Miércoles 25 de junio de 2008

Declara ante la Policía el abogado Ignacio Pérez de Vargas

El letrado Pérez de Vargas, que prestó declaración durante seis horas y media, no ha aclarado si lo ha hecho en calidad de testigo o de imputado y se ha limitado a explicar a los periodistas que había acudido a prestar su "colaboración con la Justicia"

El abogado Ignacio Pérez de Vargas, que ejerce en la localidad malagueña de Estepona, ha declarado hoy en la Comisaría de Policía de la población tras ser citado en relación al caso "Astapa" que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esta población.
El alcalde en funciones de Estepona, Rafael Montesinos, del Partido Andalucista (PA), y el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Manuel Ramos, han acudido esta tarde a declarar también ante la Policía por el mismo caso.
El letrado Pérez de Vargas, que prestó declaración durante seis horas y media, no ha aclarado si lo ha hecho en calidad de testigo o de imputado y se ha limitado a explicar a los periodistas que había acudido a prestar su "colaboración con la Justicia" y que era "una declaración de tipo informativa" sobre hechos en los que había participado como abogado.
Explica que ha sido preguntado por cuestiones en las que interviene, ya que participa en los proyectos "más importantes de Estepona y, en consecuencia, han sido muchas las preguntas hechas", todas contestadas, según él, "satisfactoriamente".
El letrado no ha desvelado más porque las actuaciones están bajo secreto de sumario.
Ignacio Pérez de Vargas forma parte de la Fundación Antonia Guerrero, que presidía hasta ahora el alcalde de la ciudad, Antonio Barrientos (PSOE), y que desarrolla el proyecto de "La Ciudad del Conocimiento" que contará en 13.000 metros cuadrados con un planetario, auditorios, un instituto internacional de la comunicación y una escuela superior de idiomas, entre otras instalaciones.
El abogado ha asegurado al abandonar la Comisaría que marchaba "muy tranquilo" e incluso "más" que cuando entró.
La operación Astapa sumó 26 detenidos y mantiene encarcelados a cinco, entre ellos al ya ex alcalde socialista Antonio Barrientos, dos concejales del Partido de Estepona (PES) y el jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, mientras otros 18 quedaron en libertad con fianza, caso de cuatro concejales socialistas, empresarios, abogados y empleados municipales.
Paralelamente a las declaraciones de arrestados ante la jueza instructora del caso, los agentes iniciaron y continúan una toma de declaraciones en comisaría, por donde han pasado ya otros ediles; empleados municipales, entre ellos técnicos del área de Urbanismo, y empresarios con intereses en municipios de la Costa del Sol Occidental como Marbella, Estepona o Casares y Ronda. E

El PSOE, ´decepcionado´ ante la decisión de los ediles detenidos de mantener sus actas

La Opinión de Málaga. Miércoles 25 de junio de 2008

El PSOE, ´decepcionado´ ante la decisión de los ediles detenidos de mantener sus actas

Los concejales Francisco Zamorano, Asunción López, Marisa Rodríguez y Mariví López, detenidos la pasada semana por su supuesta implicación en la trama de corrupción de Estepona, han anunciado que mantendrán sus actas al considerarse inocentes

EFE El PSOE ha señalado hoy que se siente "decepcionado" por la decisión de mantener sus actas de los cuatro ediles del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) que se encuentran en libertad bajo fianza por el "caso Astapa" y que ayer fueron expulsados provisionalmente del partido.
Los concejales Francisco Zamorano, Asunción López, Marisa Rodríguez y Mariví López, que fueron detenidos la pasada semana por su supuesta implicación en la trama de corrupción investigada en Estepona, han anunciado esta mañana que mantendrán sus actas al considerarse inocentes.
El presidente de la gestora del PSOE en Estepona y presidente provincial del partido, Juan Paniagua, ha calificado de "forma negativa" la determinación de los ediles, ya que entiende que "concurrieron en una lista bajo las siglas de PSOE" y, tras su imputación en el "caso Astapa" "debían haberse puesto las actas a disposición de la formación".
En declaraciones a Efe, Paniagua ha afirmado que la decisión tomada por los ediles "complica la situación del Ayuntamiento de Estepona" porque, en el caso "de adoptarla con carácter definitivo", el Grupo Municipal Socialista "dispondría sólo de siete concejales", dado que los cuatro ediles en libertad bajo fianza "no estarían bajo sus siglas".
En este sentido, el presidente de los socialistas malagueños ha lamentado que "eso puede dificultar la configuración del Ayuntamiento, para poder gobernar Estepona desde la credibilidad y la integridad".
Por otra parte, Paniagua ha aclarado a Efe que el PSOE "no se ha posicionado aún" en cuanto a quién será el edil que se proponga para ser alcalde de la localidad.
"En el momento en el que se clarifiquen los hechos", la formación mantendrá una reunión con los siete concejales que ahora mismo representan al PSOE en el Consistorio esteponero, "fruto de la cual, con consenso, veremos cuál es la persona más idónea" para ser propuesta como regidor, ha indicado.
A este respecto, Paniagua ha recordado que los socialistas siguen siendo "la fuerza política que más concejales tiene en el Ayuntamiento".
De los 26 detenidos en la operación "Astapa" contra la corrupción en Estepona, cinco han ingresado en prisión -entre ellos el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE)-, dieciocho han quedado en libertad provisional con fianzas de entre 15.000 y 500.000 euros y tres en libertad con cargos y sin fianza.

Declara la hija del presidente del Senado por la 'operación Aspata'

El Mundo. Miércoles 25 de junio de 2008

Declara la hija del presidente del Senado por la 'operación Aspata'

ESTEPONA.- La directora de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, ha declarado este miércoles en la policía como imputada en la 'operación Astapa' sobre corrupción urbanística que llevó a prisión al alcalde, Antonio Barrientos (PSOE).
Patricia Rojo ha salido de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la localidad sobre las 14.30 horas, tras haber llegado a las dependencias sobre las 10 horas, aunque no ha efectuado manifestaciones al abandonar el recinto, del que salió dentro de un vehículo desde un aparcamiento interior.
Fue la gerente de Urbanismo del consistorio propuesta por los socialistas al inicio de la anterior corporación, cuando funcionó una gerencia mancomunada en este área con gerentes de los tres partidos que entonces gobernaban conjuntamente, el PSOE, el Partido de Estepona (PES) -creado por ex integrantes del GIL de Jesús Gil- e Izquierda Unida.
Uno de esos gerentes, el representante del PES, era Pedro López, ahora en libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros e imputado de los presuntos delitos de cohecho y malversación por la jueza instructora de la operación Astapa.
La policía también ha citado a declarar al alcalde en funciones de Estepona, Rafael Montesinos, del Partido Andalucista (PA), por este mismo caso y al actual gerente municipal de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Manuel Ramos.
En la operación además del ya ex alcalde, hay cuatro encarcelados más, entre ellos dos concejales del PES y el jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, y entre los 18 que quedaron en libertad con fianza hay cuatro ediles socialistas, empresarios, abogados y empleados municipales.
Paralelamente a las declaraciones de los 26 detenidos en esta operación, los agentes iniciaron una toma de declaraciones en comisaría, por donde han pasado ya empleados municipales, entre ellos técnicos del área de Urbanismo, y empresarios con intereses en municipios de la Costa del Sol Occidental como Marbella, Estepona o Casares y Ronda.

La ‘Conexión Rojo’ con la trama de Estepona

El Confidencial. Miércoles 25 de junio de 2008

La ‘Conexión Rojo’ con la trama de Estepona

“El destino de Patricia Rojo [hija del presidente del Senado, Javier Rojo] está ligado al del alcalde de Estepona [el socialista, hoy detenido en el marco de la Operación Astapa, Antonio Barrientos]. Ella es una persona de su confianza. Cuando cese él, cesará ella”, explican a El Confidencial fuentes municipales. De las distintas tramas existentes en el Ayuntamiento esteponero, Rojo era ‘miembra’ de la del alcalde “la que se encargaba de las grandes operaciones”, explican fuentes conocedoras de la actividad del Consistorio. “Imposible que no estuviera al corriente de sus manejos”, añaden.
Ayer, Patricia Rojo fue citada a declarar ante la Policía. Como ya adelantó este diario, Rojo se encargaba de la coordinación del área de Urbanismo en la localidad vecina a Marbella. ¿Pero qué hace una chica como Patricia Rojo en un nido de corrupción como el Ayuntamiento de Estepona? De formación abogada, fue fichada en prácticas por Antonio Caba, ex alcalde socialista de Estepona, cuando gobernaba junto a PP, PA e IU entre 1999 y 2001. Caba es el antecesor, mentor y abogado de “el pollo”, que es como llaman a Barrientos en su pueblo. Su relación es tan intensa que Caba es su abogado. En el momento de su detención, Caba le acompañaba como letrado.
El Confidencial ya dio cuenta el pasado viernes de la oscura trayectoria de Caba, un señor que fue condenado por la Audiencia Nacional en primera sentencia a cinco años de prisión junto a su socio de la asesoría jurídico-fiscal Caba y asociados, Juan Carlos Marín Mullor, y al asesor de inversiones patrimoniales en Gibraltar Francis Anthony Napoli, como cooperadores necesarios del delito de blanqueo de capitales cometido por los ciudadanos turcos Fevzi Cemil Yigitbasi y Levent Ucler, que ya fueron castigados en 1993 con penas de prisión por traficar con heroína. Finalmente, Caba se fue de rositas el año pasado. En esta ocasión, anuló la sentencia el Tribunal Supremo, por "un ostensible defecto de motivación de la valoración de la prueba" y porque "fue dictada sólo con intervención de dos magistrados", cuando los tribunales se componen de tres.

Funciones de ‘especial asesoramiento’
Posteriormente, cuando Barrientos accedió a la alcaldía en 2003, fruto de un pacto tripartito entre PSOE, PES (Partido de Estepona, ex GIL) e IU, no sólo mantuvo a Rojo en su equipo, sino que la contrató en calidad de funcionaria de empleo eventual, como coordinadora de Urbanismo para funciones de especial asesoramiento.
Las actividades del alcalde hoy detenido no le son ajenas a Rojo. Hace poco más de un año, concretamente el 23 de marzo del año 2007, la comunidad de propietarios del complejo Playa Dor denunció ante la Fiscalía al alcalde de Estepona, Antonio Barrientos; a la coordinadora del área municipal de Urbanismo, Patricia Rojo; a un técnico municipal de esta área; al imputado en el Caso Malaya Giovanni Piero Montaldo –empresario italiano vinculado a la mafia calabresa-; y a las empresas Promociones Los Ansares, S.A., vinculada a José María del Nido, y Moansa, S.A. por la comisión de un presunto delito urbanístico.
Casualmente, Barrientos departía –y hay suficiente material fotográfico que lo demuestra- tanto con el presidente del Senado, Javier Rojo, como con el presidente del Congreso, el también socialista, José Bono. Voilà las más altas instituciones españolas, Cámara Alta y Cama Baja, retratadas en el despacho de un alcalde corrupto. Javier Rojo, quien pasa frecuentes temporadas en esta localidad malagueña, clausuró sin ir más lejos, en octubre del año pasado, el II Congreso Mundial de Agencias de Noticias de Estepona. El II Congreso Internacional de Agencias de Noticias está enmarcado dentro del programa cultural “Estepona, Ciudad del Periodismo”.
Barrientos era el “máximo responsable de una estructura (…) orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios” para “financiar actividades tanto públicas como privadas de los partidos que formaban la coalición”, así como para “enriquecerse personalmente”, según la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo.
El auto de prisión, dictado por la instructora el pasado viernes sobre Barrientos, al que le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo, señalaba que una de las principales fuentes para obtener ingresos “era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos, propiciando un notable incremento en la plusvalía en los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de cantidades de dinero”.
Para la jueza, existen también indicios de que éste “ha permitido y realizado actividades de mediación en la contratación de numerosas personas por razones de titulación personal o afinidad política, sin seguir los cauces legalmente establecidos para ello”; así como que se realizó presuntamente contratación pública de obras y servicios “sin cumplir las exigencias legales y la concurrencia de interesados”. Finalmente, “el imputado supuestamente ha destinado fondos públicos a usos ajenos a la función pública, pudiendo haber obtenido beneficios propios por dicha conducta», añadía el auto, que señalaba asimismo un presunto delito de blanqueo de capitales “mediante la ocultación del producto derivado de los hechos delictivos”.