La ‘Conexión Rojo’ con la trama de Estepona
El Confidencial. Miércoles 25 de junio de 2008
La ‘Conexión Rojo’ con la trama de Estepona
“El destino de Patricia Rojo [hija del presidente del Senado, Javier Rojo] está ligado al del alcalde de Estepona [el socialista, hoy detenido en el marco de la Operación Astapa, Antonio Barrientos]. Ella es una persona de su confianza. Cuando cese él, cesará ella”, explican a El Confidencial fuentes municipales. De las distintas tramas existentes en el Ayuntamiento esteponero, Rojo era ‘miembra’ de la del alcalde “la que se encargaba de las grandes operaciones”, explican fuentes conocedoras de la actividad del Consistorio. “Imposible que no estuviera al corriente de sus manejos”, añaden.
Ayer, Patricia Rojo fue citada a declarar ante la Policía. Como ya adelantó este diario, Rojo se encargaba de la coordinación del área de Urbanismo en la localidad vecina a Marbella. ¿Pero qué hace una chica como Patricia Rojo en un nido de corrupción como el Ayuntamiento de Estepona? De formación abogada, fue fichada en prácticas por Antonio Caba, ex alcalde socialista de Estepona, cuando gobernaba junto a PP, PA e IU entre 1999 y 2001. Caba es el antecesor, mentor y abogado de “el pollo”, que es como llaman a Barrientos en su pueblo. Su relación es tan intensa que Caba es su abogado. En el momento de su detención, Caba le acompañaba como letrado.
El Confidencial ya dio cuenta el pasado viernes de la oscura trayectoria de Caba, un señor que fue condenado por la Audiencia Nacional en primera sentencia a cinco años de prisión junto a su socio de la asesoría jurídico-fiscal Caba y asociados, Juan Carlos Marín Mullor, y al asesor de inversiones patrimoniales en Gibraltar Francis Anthony Napoli, como cooperadores necesarios del delito de blanqueo de capitales cometido por los ciudadanos turcos Fevzi Cemil Yigitbasi y Levent Ucler, que ya fueron castigados en 1993 con penas de prisión por traficar con heroína. Finalmente, Caba se fue de rositas el año pasado. En esta ocasión, anuló la sentencia el Tribunal Supremo, por "un ostensible defecto de motivación de la valoración de la prueba" y porque "fue dictada sólo con intervención de dos magistrados", cuando los tribunales se componen de tres.
Funciones de ‘especial asesoramiento’
Posteriormente, cuando Barrientos accedió a la alcaldía en 2003, fruto de un pacto tripartito entre PSOE, PES (Partido de Estepona, ex GIL) e IU, no sólo mantuvo a Rojo en su equipo, sino que la contrató en calidad de funcionaria de empleo eventual, como coordinadora de Urbanismo para funciones de especial asesoramiento.
Las actividades del alcalde hoy detenido no le son ajenas a Rojo. Hace poco más de un año, concretamente el 23 de marzo del año 2007, la comunidad de propietarios del complejo Playa Dor denunció ante la Fiscalía al alcalde de Estepona, Antonio Barrientos; a la coordinadora del área municipal de Urbanismo, Patricia Rojo; a un técnico municipal de esta área; al imputado en el Caso Malaya Giovanni Piero Montaldo –empresario italiano vinculado a la mafia calabresa-; y a las empresas Promociones Los Ansares, S.A., vinculada a José María del Nido, y Moansa, S.A. por la comisión de un presunto delito urbanístico.
Casualmente, Barrientos departía –y hay suficiente material fotográfico que lo demuestra- tanto con el presidente del Senado, Javier Rojo, como con el presidente del Congreso, el también socialista, José Bono. Voilà las más altas instituciones españolas, Cámara Alta y Cama Baja, retratadas en el despacho de un alcalde corrupto. Javier Rojo, quien pasa frecuentes temporadas en esta localidad malagueña, clausuró sin ir más lejos, en octubre del año pasado, el II Congreso Mundial de Agencias de Noticias de Estepona. El II Congreso Internacional de Agencias de Noticias está enmarcado dentro del programa cultural “Estepona, Ciudad del Periodismo”.
Barrientos era el “máximo responsable de una estructura (…) orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios” para “financiar actividades tanto públicas como privadas de los partidos que formaban la coalición”, así como para “enriquecerse personalmente”, según la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo.
El auto de prisión, dictado por la instructora el pasado viernes sobre Barrientos, al que le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo, señalaba que una de las principales fuentes para obtener ingresos “era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos, propiciando un notable incremento en la plusvalía en los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de cantidades de dinero”.
Para la jueza, existen también indicios de que éste “ha permitido y realizado actividades de mediación en la contratación de numerosas personas por razones de titulación personal o afinidad política, sin seguir los cauces legalmente establecidos para ello”; así como que se realizó presuntamente contratación pública de obras y servicios “sin cumplir las exigencias legales y la concurrencia de interesados”. Finalmente, “el imputado supuestamente ha destinado fondos públicos a usos ajenos a la función pública, pudiendo haber obtenido beneficios propios por dicha conducta», añadía el auto, que señalaba asimismo un presunto delito de blanqueo de capitales “mediante la ocultación del producto derivado de los hechos delictivos”.
La ‘Conexión Rojo’ con la trama de Estepona
“El destino de Patricia Rojo [hija del presidente del Senado, Javier Rojo] está ligado al del alcalde de Estepona [el socialista, hoy detenido en el marco de la Operación Astapa, Antonio Barrientos]. Ella es una persona de su confianza. Cuando cese él, cesará ella”, explican a El Confidencial fuentes municipales. De las distintas tramas existentes en el Ayuntamiento esteponero, Rojo era ‘miembra’ de la del alcalde “la que se encargaba de las grandes operaciones”, explican fuentes conocedoras de la actividad del Consistorio. “Imposible que no estuviera al corriente de sus manejos”, añaden.
Ayer, Patricia Rojo fue citada a declarar ante la Policía. Como ya adelantó este diario, Rojo se encargaba de la coordinación del área de Urbanismo en la localidad vecina a Marbella. ¿Pero qué hace una chica como Patricia Rojo en un nido de corrupción como el Ayuntamiento de Estepona? De formación abogada, fue fichada en prácticas por Antonio Caba, ex alcalde socialista de Estepona, cuando gobernaba junto a PP, PA e IU entre 1999 y 2001. Caba es el antecesor, mentor y abogado de “el pollo”, que es como llaman a Barrientos en su pueblo. Su relación es tan intensa que Caba es su abogado. En el momento de su detención, Caba le acompañaba como letrado.
El Confidencial ya dio cuenta el pasado viernes de la oscura trayectoria de Caba, un señor que fue condenado por la Audiencia Nacional en primera sentencia a cinco años de prisión junto a su socio de la asesoría jurídico-fiscal Caba y asociados, Juan Carlos Marín Mullor, y al asesor de inversiones patrimoniales en Gibraltar Francis Anthony Napoli, como cooperadores necesarios del delito de blanqueo de capitales cometido por los ciudadanos turcos Fevzi Cemil Yigitbasi y Levent Ucler, que ya fueron castigados en 1993 con penas de prisión por traficar con heroína. Finalmente, Caba se fue de rositas el año pasado. En esta ocasión, anuló la sentencia el Tribunal Supremo, por "un ostensible defecto de motivación de la valoración de la prueba" y porque "fue dictada sólo con intervención de dos magistrados", cuando los tribunales se componen de tres.
Funciones de ‘especial asesoramiento’
Posteriormente, cuando Barrientos accedió a la alcaldía en 2003, fruto de un pacto tripartito entre PSOE, PES (Partido de Estepona, ex GIL) e IU, no sólo mantuvo a Rojo en su equipo, sino que la contrató en calidad de funcionaria de empleo eventual, como coordinadora de Urbanismo para funciones de especial asesoramiento.
Las actividades del alcalde hoy detenido no le son ajenas a Rojo. Hace poco más de un año, concretamente el 23 de marzo del año 2007, la comunidad de propietarios del complejo Playa Dor denunció ante la Fiscalía al alcalde de Estepona, Antonio Barrientos; a la coordinadora del área municipal de Urbanismo, Patricia Rojo; a un técnico municipal de esta área; al imputado en el Caso Malaya Giovanni Piero Montaldo –empresario italiano vinculado a la mafia calabresa-; y a las empresas Promociones Los Ansares, S.A., vinculada a José María del Nido, y Moansa, S.A. por la comisión de un presunto delito urbanístico.
Casualmente, Barrientos departía –y hay suficiente material fotográfico que lo demuestra- tanto con el presidente del Senado, Javier Rojo, como con el presidente del Congreso, el también socialista, José Bono. Voilà las más altas instituciones españolas, Cámara Alta y Cama Baja, retratadas en el despacho de un alcalde corrupto. Javier Rojo, quien pasa frecuentes temporadas en esta localidad malagueña, clausuró sin ir más lejos, en octubre del año pasado, el II Congreso Mundial de Agencias de Noticias de Estepona. El II Congreso Internacional de Agencias de Noticias está enmarcado dentro del programa cultural “Estepona, Ciudad del Periodismo”.
Barrientos era el “máximo responsable de una estructura (…) orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios” para “financiar actividades tanto públicas como privadas de los partidos que formaban la coalición”, así como para “enriquecerse personalmente”, según la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo.
El auto de prisión, dictado por la instructora el pasado viernes sobre Barrientos, al que le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo, señalaba que una de las principales fuentes para obtener ingresos “era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos, propiciando un notable incremento en la plusvalía en los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de cantidades de dinero”.
Para la jueza, existen también indicios de que éste “ha permitido y realizado actividades de mediación en la contratación de numerosas personas por razones de titulación personal o afinidad política, sin seguir los cauces legalmente establecidos para ello”; así como que se realizó presuntamente contratación pública de obras y servicios “sin cumplir las exigencias legales y la concurrencia de interesados”. Finalmente, “el imputado supuestamente ha destinado fondos públicos a usos ajenos a la función pública, pudiendo haber obtenido beneficios propios por dicha conducta», añadía el auto, que señalaba asimismo un presunto delito de blanqueo de capitales “mediante la ocultación del producto derivado de los hechos delictivos”.
posted by j.I @ 11:01 AM
<< Home