estepona

Thursday, March 22, 2012

Manuel Chaves en Estepona

Manuel chaves en Estepona

Felipe Falcó en Estepona

INTERVENCIÓN DE FELIPE FALCÓ, SECRETARIO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES QUE TUVO LUGAR EL VIERNES 16 DE MARZO EN LA CASA SINDICAL DE ESTEPONA

Ignacio Peláez, el abogado que defenestró a Garzón, acusado de estafa

Ignacio Peláez, el abogado que defenestró a Garzón, acusado de estafa

Ignacio Peláez, el abogado que consiguió con su querella por las escuchas del caso Gürtel apartar a Baltasar Garzón de la carrera judicial, está acusado por un empresario de participar en una estafa contra él a través de personajes con un historial bastante turbio.

Peláez, exfiscal, es el abogado del empresaio leonés José Luis Ulibarri, uno de los principales implicados en el caso Gürtel por supuestos cobros de comisiones ilegales. También llevó la defensa del exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo de la Generalitat valenciana Rafael Betoret, condenado por la causa de los trajes, por la que también se juzgó al expresidente Francisco Camps. Y es además el abogado de Jorge Dorribo, el empresario farmacéutico que acusa al exministro de Fomento José Blanco de haber recibido una comisión de 400.000 euros a cambio de supuestos favores.

La denuncia del empresario Carlos Gómez
Según publica Interviú, Ignacio Peláez ha sido acusado por el empresario, profesional y expresidente de su asociación colegial Carlos Gómez de una presunta estafa con la que se le despojó de sus empresas y de propiedades. La denuncia de Gómez está siendo investigada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), y ha sido elevada a un juez de Estepona, que instruye el caso.

Se vendieron sus propiedades a personas vinculadas a Peláez
De acuerdo con la denuncia de este mepresario, tenía buena parte de su patrimonio a nombre de tres de sus empresas. Sin que supiera nada, se revocaron juntas generales, se le revocó del cargo y se vendió el patrimonio de las sociedades. Los compradores fueron varias personas de León, con antecedentes penales y vinculados de alguna manera con el abogado Ignacio Peláez.

Ortiz declaró que Peláez le recomendó hacer la operación en EsteponaLas propiedades arrebatadas a Gómez son dos chales en Cabo de Palo, en Murcia, otro en Marbella,Málaga, y un solar edificable en Getafe. Los hilos habrían sido movidos por Mariano Ortiz Pérez, socio de Carlos Gómez y amigo de Ignacio Peláez. Ortiz Pérez habría actuado gracias a un poder notarial, con el que convocó una junta general y nombró nuevos administradores de las sociedades. En su declaración ante el juez, Ortiz Pérez afirmó que Peláez le recomendó que hiciera la operación con un notario de Estepona y aseguró que el abogado viajó con él allí para formalizar la operación.Los hermanos Pintado Palomo y su relación con Peláez
Ortiz nombró como administrador de las empresas a Eduardo del Valle, que luego vendió las propiedades a Tendencias Oven, administrada por José Luis Barreiro, y este luego las pasó a Proyectos Junio VI, que entonces administraba José Manuel Pintado.

La venta a los hermanos Pintado Palomo se hizo en Palma de Mallorca ante un notario que el propio Peláez ha admitido conocer. José Manuel Pintado Palomo y su hermano Timoteo, leoneses, fueron juzgados y absueltos en un caso que investigó el atentado contra la vida del consejero de Obras Públicas José Cuiña (fallecido) por encargo del empresario José Martínez Núñez.

El abogado de los hermanos Pintado Palomo entonces fue Ignacio Peláez. Por su parte, Martínez Nuñez y su empresa Teconsa están implicados en el caso Gürtel , en el que Peláez actúa como abogado de varios imputados.

Peláez reconoció su amistad con los notarios que hicieron la operación
Ignacio Peláez ha tenido que declarar ante la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) por estos hechos. Ha reconocido su amistad con los notarios que han participado en las operaciones y con el imputado Mariano Ortiz, aunque ha negado cualquier responsabilidad en este caso.
Ha acusado al empresario Carlos Gómez de ser un estafador profesional y de querer “ensuciarle”.

El Mercedes fue pagado desde el despacho de Peláez
Según la acusación, Mariano Ortiz, que declaró que había viajado con Peláez, llegó a Estepona en una furgoneta Mercedes, alquilada en una oficina de Avis en la estación de Málaga, según ha podido saberse por la matrícula. Había sido alquilada por José Manuel Pintado Palomo, pero los datos de contacto y pago pertenecen al despacho del abogado Ignacio Peláez.

Cientos de esteponeros aparecen hoy en el BOP porque según el alcalde no se les ha podido notificar el recibo del alcantarillado

Cientos de esteponeros aparecen hoy en el BOP porque según el alcalde no se les ha podido notificar el recibo del alcantarillado

El BOP publica el nombre, dirección y DNI de cientos de ciudadanos de Estepona (https://www.bopmalaga.es/edicto.php?id=181540&marcar=undefined) porque según indica el alcalde en el edicto firmado el pasado 30 de enero “no habiendo sido posible realizar la notificación” de la tasa del alcantarillado “al interesado o a su representante legal por causas no imputables” al ayuntamiento “y una vez intentado por dos veces en el domicilio fiscal del obligado, con resultado infructuoso”.

“Llama poderosamente la atención que en el extenso y vergonzoso listado que el alcalde ha ordenado publicar aparezca empresas muy arraigadas de Estepona que todos sabemos que permanecen abiertas a diario”, asegura la concejala socialista, Cristina Rodríguez.

La edil se pregunta “cómo se ha realizado las notificaciones durante estas pasadas semanas y por qué personas muy conocidos de nuestro país, que también aparecen en ese listado, no han sido notificadas. Es evidente que muchísimas personas que poseen su segunda residencia en Estepona aparecen en el listado que hoy ha publicado el BOP y que, por tanto, en diez días pasarán a ser deudoras del ayuntamiento”.

Así, “los interesados o representantes deberán comparecer para ser notificados en el Departamento de Gestión Tributaria y Recaudación del ayuntamiento, en el plazo de diez días, contados” desde hoy.

“No se han podido hacer peor las cosas”, asegura Rodríguez quién asegura que “el tema del alcantarillado es un ejemplo clarísimo de la manera en la que el PP de Estepona funciona”, lamenta la concejala socialista.

Rodríguez recuerda que sólo hace unos meses que García Urbano e Ignacio Mena, entre otros representantes del PP, “iban por las calles de Estepona portando pancartas y vociferando lemas como `La basura y el alcantarillado ya están pagados’. Esa es la coherencia del PP de Estepona”, concluyó Rodríguez.

Por último, la edil aseguró que cualquier persona que tenga dudas acerca de si aparece en el listado que hoy ha publicado el BOP sólo tiene que pasarse por la sede del PSOE o consultar su página facebook o twitter.

La Policía investiga si el ático que ocupa Ignacio González en Marbella es una ‘comisión Gürtel’


La Policía investiga si el ático que ocupa Ignacio González en Marbella es una ‘comisión Gürtel’

A finales de 2008 y principios de 2009 el nombre del ‘número dos’ de Aguirre en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, saltó a la palestra por un sospechoso viaje a Colombia que realizó junto a un alto cargo de la empresa Martinsa, y durante el que fue seguido y grabado con una cámara oculta. La Policía investiga ahora si un dúplex de 495 metros cuadrados en Málaga que usa el vicepresidente madrileño para sus vacaciones es resultado del cobro de una comisión de Martinsa, como afirmó un testigo del 'caso Gürtel' en su declaración.

Según desvela hoy El Mundo, el ático, ubicado en un selecto complejo denominado “La Alhambra del Golf” en Guadalmina, en la frontera entre Marbella y Estepona, tiene una extensión de 257 metros cuadrados en la primera planta y de 238 en la segunda, que incluye una piscina, un baño turco y una sauna. El vicepresidente de Madrid tiene como vecina, en el piso inmediatamente inferior, a Carmen Franco Polo, hija del dictador.

Coast Investors
La vivienda es propiedad de la sociedad Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU), y administrada por el abogado Rudy Valner, un estadounidense al que la Policía considera un testaferro que controla entidades mercantiles de conocidos empresarios españoles, entre ellos, madrileños.

González estaría detrás de Coast Investors
Rudy Valner tiene su despacho en Beverly Hills, la zona más exclusiva de Los Ángeles, en California, y su bufete está situado en el 421 de North Beverly Drive. La Policía cree que detrás de Coast Investors LLC está el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Un testigo del caso Gürtel implicó a González
La Policía investiga esta propiedad en Málaga desde que hace unos meses un testigo del caso Gürtel relacionó a Ignacio González con la venta a bajo precio (77 millones en lugar de los 100 que marcaba una tasación encargada por el Ayuntamiento) de una parcela municipal en Arganda al constructor Fernando Martín, de la empresa Martinsa, mencionada al comienzo de esta información. Los investigadores creen que el ático de Málaga constituiría el pago de una comisión por parte de Martinsa al número dos de Aguirre. La vivienda habría costado entre 1.100.000 y 1.300.000 euros.

Un contrato privado firmado en Gibraltar
El ático continúa constando en el Registro de la Propiedad a nombre del constructor y promotor, Javier Villate, pero tanto los gastos de comunidad como otros desembolsos, incluido el IBI los paga Coast Investors, con lo cual la compraventa del ático entre el promotor y la citada empresa se habría hecho en Gibraltar, según los investigadores, a través de un documento privado y aún no se habría elevado a escritura pública.

La Junta prevé un plazo de 18 meses para construir el nuevo colegio

La Junta prevé un plazo de 18 meses para construir el nuevo colegio

Se ha remitido un documento para que se publique la licitación de las obras en el BOJA por casi cinco millones de euros

Sur. La Junta está decidida a licitar la construcción del nuevo colegio en Los Altos de Estepona. El anuncio no fue realidado por la Administración, sino por el PSOE local, que se hizo eco ayer de un documento de la Administración autonómica en el que se puede observar que el pasado día 14 de marzo la directora general del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Junta de Andalucía, Aurelia Calzada, firmó la resolución de la contratación de las obras y la remitió para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Después de que esto ocurra las empresas interesadas en la construcción de este centro educativo podrán presentar sus ofertas en durante 26 días.
Así, la concejala socialista Yolanda Aranda resaltó que el plazo previsto de ejecución es de 18 meses, un hecho que criticó la concejala del área Sociocultural del Ayuntamiento de Estepona, María Dolores Espinosa, que observó que de este modo el colegio no estará construido «ni para septiembre de 2013» y que de momento el Consistorio no ha recibido información sobre el proceso del proyecto.
Presupuesto
El presupuesto base de licitación asciende a casi cinco millones de euros. Al respecto, Aranda puntualizó que el expediente cuenta con financiación de los Fondos Europeos (Feder), en su programa operativo de Andalucía 2007-2013.
En el documento se expone que la empresa que presente la forma de adjudicación elegida es la de la oferta económica más ventajosa, y que se tendrán en cuenta varios criterios de adjudicación.
Por otra parte, la concejala socialista mostró su satisfacción por el grado de ejecución de las obras de la nueva escuela infantil de la zona de Parque Central, que está financiada por la Junta. Esta infraestructura cuenta un importe total de 680.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses, con el fin de que el centro educativo esté listo para el curso escolar 2012/2013. La guardería tendrá capacidad para 115 alumnos y se construye sobre una parcela de 1.200 metros cuadrados.

La AN ordena reabrir la causa contra Bárcenas, Merino y Galeote por el Gürtel


La AN ordena reabrir la causa contra Bárcenas, Merino y Galeote por el Gürtel

La decisión supone que Bárcenas, Merino y Galeote vuelvan a estar imputados por la comisión de los delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, entre otros

Europa Press. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado la reapertura de la investigación contra el extesorero nacional del PP y exsenador Luis Bárcenas, el exdiputado 'popular' Jesús Merino y el exconcejal de esta formación en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote en el marco de la trama 'Gürtel'.

La decisión supone que Bárcenas, Merino y Galeote vuelvan a estar imputados por la comisión de los delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, entre otros.

El tribunal ha aceptado los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión del anterior instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, de archivar el procedimiento, adoptada el pasado 1 de septiembre al considerar que no existían indicios de delito.

El auto de la Sección Cuarta establece que cuando el juez Pedreira decretó el archivo carecía de "competencia objetiva" para ello puesto que el TSJM ya había decidido inhibirse de la causa, que recayó finalmente en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

En opinión de la Audiencia Nacional la decisión de Pedreira "sobrepasó" las previsiones que le obligaban a emprender únicamente "actuaciones de práctica imprescindible" y "no era ni urgente ni inaplazable".

Así, los magistrados entienden que el TSJM perdió la competencia objetiva sobre la causa o bien el 8 de junio, cuando la Sala de lo Civil y lo Penal del tribunal madrileño decidió inhibirse o el 20 de julio de 2011 cuando se rechazaron los recursos presentados contra la inhibición.

En ningún caso la fecha que fija la pérdida de competencia sería la del 3 de febrero de 2012 como defendía Pedreira cuando sobreseyó la causa respecto a los tres 'populares' por lo que el juez del TSJM tendría que haber cesado "toda actividad instructora en la causa".

LOS MOTIVOS DE PEDREIRA

En el caso de Bárcenas, el juez Pedreira argumentaba que en las actuaciones no ha quedado acreditado que las anotaciones 'L', 'L.B.' y 'Luis el Cabrón' --que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, había realizado en la contabilidad de sus empresas-- hicieran referencia al exsenador.

Pedreira sostenía que el apunte en el que se inidicaba que el citado 'Luis' había percibido 72.000 euros se hizo tres años después de que finalizara la relación entre las empresas de la trama 'Gürtel' y Bárcenas, "por lo que no tiene sentido" que el exsenador percibiera esa cantidad.

Por lo que respecta a Merino, el magistrado argumentaba que no existían indicios que le vincularan con la trama de corrupción porque en la documentación que obra en las actuaciones no aparece indicio alguno de "conexidad entre el cargo de diputado" y "la adjudicación de obras u otros contratos".

En la contabilidad B de Correa figuraban varios apuntes con las iniciales "J" y "JM" que acompañaban a anotaciones de asuntos, localidades y expedientes relacionados con las actividades de la trama. También aparecía la anotación 'Jesús Merino', aunque Pedreira consideró que debe considerarse "correspondiente a otra persona distinta".

En relación con Galeote, el juez del TSJM acordó el sobreseimiento de la causa al considerar que los indicios que pesaban contra él no habían alcanzado "la solidez y contundencia incriminatoria" suficiente. La acusación contra el exedil de Estepona se basaba en que el Ayuntamiento habría comprado a un precio menor al del mercado a la empresa Special Events carpas, moquetas y cortinas cuyo destino era el Palacio de Exposiciones y Congresos.

En la causa también obran dos apuntes de facturas a nombre de Galeote y su novia de 6.000 y 30.400 euros, respectivamente, aunque su defensa argumentó que el primero se habría hecho a través de Caja Madrid, entidad en la que nunca ha tenido una cuenta, y el segundo respondía a un préstamo que se satisfizo en 2006.

El PSOE de Estepona solicita que se celebren consejos municipales con colectivos sociales

El PSOE de Estepona solicita que se celebren consejos municipales con colectivos sociales

Sur. La concejala socialista de Estepona Nekane Garín solicitó ayer al alcalde de la ciudad, José María García Urbano, que reactiven los consejos municipales de Discapacidad, Personas Mayores y Voluntariado que llevaba a cabo el Ayuntamiento durante la anterior legislatura.
«Queremos que este órgano municipal que aglutinaba a todos los agentes sociales vuelvan a entrar en funcionamiento en nuestra ciudad porque la participación y el trabajo conjunto será un camino que facilitará el éxito de la política social en Estepona», declaró. Así, valoró la utilidad de crear un ente municipal «que tome decisiones y ayuda a la pronta solución de las diferentes problemáticas, ya que dentro del mismo se encuentran representados todos los estamentos sociales e institucionales en materia social», recalcó.
Desde el Ayuntamiento aseguraron que el nuevo equipo de gobierno tiene sus mecanismos y sistemas de participación ciudadana propios, que funcionan con normalidad. Además, indicaron que Participación Ciudadana y otras áreas municipales mantienen reuniones periódicas con colectivos.

Monday, March 05, 2012

El PSOE espera que "ahora sí el PP permita que el ayuntamiento pague a sus proveedores"

El PSOE espera que "ahora sí el PP permita que el ayuntamiento pague a sus proveedores"

La concejala socialista de estepona, Cristina Rodríguez, asegura que "los socialistas valoramos positivamente" el propósito del Real Decreto de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales de establecer mecanismos para facilitar el pago de la deuda que mantiene el ayuntamiento de estepona con los proveedores

La concejala socialista afirma, además, que "en la definición de la condiciones de financiación creemos que el plazo del préstamo no debe ser inferior a los diez años, debe haber un periodo de carencia de dos años y los intereses no pueden estar muy alejados del 1% al que el Banco Central Europeo ha prestado dinero a las entidades europeas. El objetivo de la medida debe ser beneficiar a los proveedores a los que se les debe y a los ayuntamientos que pagan, en ningún caso pueden ser los bancos los que finalmente saquen rédito de la difícil situación económica y financiera por la que están pasando los ayuntamientos, incluido el de estepona, y las empresas".

Rodríguez asegura que "a la hora de priorizar el pago no puede ser que la quita sea el criterio para hacer prevalecer el pago de unas facturas sobre otras. Son las pequeñas y medianas empresas y los autónomos los que deberían prevalecer a la hora de priorizar los pagos y, por lo tanto, habría que establecer mecanismos para que las quitas que propone el Real Decreto no perjudiquen a las empresas más pequeñas frente a las empresas que tienen mayor capacidad financiera".

"El protagonismo de la negociación y de la definición de los Planes de Ajuste de las entidades locales debe recaer sobre el alcalde, José María García Urbano, máximo responsable del ayuntamiento. El interventor emitirá los informes preceptivos".

Desde el grupo municipal socialista de estepona "queremos manifestar que si bien es cierto que la crisis económica ha agravado el problema de financiación de las entidades locales y que esta medida puede ayudar a solventarlo en el caso concreto de estepona fue el propio pleno de la corporación el que, con los votos en contra del PP y del resto de la oposición, mayoritaria en el anterior mandato, el que impidió que el ayuntamiento saldase la deuda con más de 600 empresas a través de una medida excepcional arbitrada por el gobierno de España a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO)".

"Por todo ello esperamos que ahora sí el PP acceda a saldar la deuda con los proveedores locales y el ayuntamiento salde las deudas con las empresas locales que tienen hipotecada su viabilidad por el impago del ayuntamiento".

´Muchos empresarios en Estepona pagaban impuesto revolucionario´


´Muchos empresarios en Estepona pagaban impuesto revolucionario´

Un testigo asegura en una grabación que algunos imputados le obligaron a pagar "clubes, chicas, alcohol, comida y fiestas"

La Opinión de Málaga. JOSÉ ANTONIO SAU Un empresario que mantuvo relaciones comerciales con el Ayuntamiento de Estepona ha entregado al Grupo 25 de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, encargada de investigar el caso Astapa, una grabación en la que declara que el «impuesto revolucionario era pagado por muchos otros empresarios» en la localidad a algunos implicados en este proceso contra la corrupción, y que la forma de mover el dinero «era a través de donaciones».

Este empresario declaró como testigo el 11 de abril de 2011, aunque la grabación data de finales de 2008, indica la UDEF en un informe remitido recientemente al juez instructor, Jesús Torres. Fue este industrial el que se puso en contacto con el Grupo 25 para indicar que encontró entre sus cosas la grabadora, que fue enviada a la Comisaría General de la Policía Científica, a la Sección de Acústica Forense, para que se copiase su contenido en un CD, explica la policía.

El empresario quiere denunciar así «una serie de irregularidades a la Fiscalía Anticorrupción» derivadas de su relación con el Consistorio esteponero. Así, dijo, por ejemplo, que existía «corrupción en todo el Ayuntamiento, desde el gorrilla de la puerta hasta arquitectos, abogados, etcétera... que no se hacía nada por propia voluntad».

En este sentido, afirmó que la mordida que se pedía supuestamente a los empresarios por parte determinados funcionarios y expolíticos se llamaba jocosamente entre quienes tenían negocios con el Consistorio «impuesto revolucionario», pago que era afrontado «por muchos industriales». «De forma que eran extorsionados para poder obtener licencias de apertura, de primera ocupación, convenios...», precisó en la grabación.

Para más inri, afirmó, siempre tal y como se recoge en el informe policial, que cuando cobraba las pequeñas obras que le hacía al Ayuntamiento, «automáticamente le llamaban para que pagase pequeños homenajes: clubes, chicas, alcohol, comidas, fiestas...».

La forma de mover el dinero «era a través de las donaciones de los promotores para hacer conciertos, rotondas... generándose facturas falsas». En este sentido, dice en su grabación y repitió en la declaración, «si un grupo iba a cantar, le decían que valía cuatro millones, pero que en la factura pusieran ocho; así, a los que hacían la factura le daban cinco y ellos se quedaban con tres».

Entre otras cosas, relató que el Consistorio le debía diversos pagos en relación con un servicio municipal que prestaba, y que un alto funcionario le indicó que, si se portaba bien con él, «agilizaría los pagos» a su empresa. El subordinado de ese alto empleado público también le extorsionó, afirma: «Éste le indicó que todo el mundo se estaba llevando dinero y que él también quería. Por ello, le dijo que si no le daba dinero los papeles no saldrían de su cajón».

El grado de presunta corrupción descrito es tal que, cuando quedaban a tomar copas, él era el que tenía que pagar. Un abogado cercano al jefe de gabinete de alcaldía, según añadió, le dijo que no se preocupara por el problema, que él no sabía cómo funcionaba el sistema, «pero él podía solucionarle todos los problemas de cobro» y lograr que siguiera con la concesión municipal unos años más. La solución que le dio fue la siguiente: que, de la suma recibida por lo que se le debía, pagara una parte «a ciertas personas».

El abogado y uno de los concejales, explicó, recibieron parte de esas cantidades: así, por ejemplo, de un débito de 250.000 euros tuvo que untar presuntamente a dos implicados en Astapa con 60.000 euros.

Cuando el denunciante acumulaba tres o cuatro facturas sin cobrar, «les daba dinero para poder a su vez cobrar él, de forma que, cuando cobraba los cheques, les entregaba un sobre con dinero, unos doce o trece mil euros, siempre según lo recogido en el informe de la UDEF que hace referencia a su denuncia.

Thursday, March 01, 2012

El PP adjudica la gestión del cementerio a la misma empresa a la que se la quitó

El PP adjudica la gestión del cementerio a la misma empresa a la que se la quitó

El ayuntamiento de Estepona ha propuesto adjudicar en mesa de contratación a Funespaña la gestión y explotación de los cementerios municipales Santo Cristo de la Veracruz y La Lobilla

El portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, ha recordado que hasta ahora era el propio ayuntamiento el que venía gestionando estas instalaciones desde que en marzo de 2003 el consistorio, gobernado por el PP, secuestrara este servicio por diferencias con la empresa.

El consistorio secuestró el servicio de cementerios a Funespaña en marzo de 2003 cuando el PP gobernaba en la localidad. Algunos de los motivos esgrimidos para rescatar la prestación de este servicio por parte del equipo de gobierno fueron el incumplimiento de la normativa sanitaria en las construcciones, la indisposición de un número de nichos mínimo y la incorrecta aplicación de las tarifas.

El Consejo Consultivo de la Junta se pronunció a favor del ayuntamiento en este asunto, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en 2002 dio razonamientos jurídicos para rescatar los servicios funerarios que estaban en manos de Funespaña desde 1996. Según el Tribunal, la concesionaria del servicio tenía tan sólo interés económico, algo que perjudicaba no sólo al ayuntamiento sino a los vecinos de Estepona.

El portavoz socialista, David Valadez, recuerda que la auditora Deloitte reflejó en su informe (en el año 2009), perteneciente al auditor Luís de la Mora, la incertidumbre derivada del procedimiento abierto con el ayuntamiento de Estepona sobre la resolución de la concesión de su cementerio-tanatorio a Funespaña “inicialmente concedido a Funespaña”. Los activos del cementerio de Estepona ascendían, según el propio informe de auditoría, a 1.438.000 euros.

Valadez recuerda, además que en febrero del pasado año el ayuntamiento salió airoso de un contencioso contra la que fuera concesionaria del cementerio y los servicios funerarios y que llevaba varios años en los tribunales.

Esta resolución judicial se une a otras anteriores en las que se han desestimado las pretensiones de la mercantil, en relación a la resolución de la concesión.

El portavoz socialista, además, asegura que el 15 de diciembre de 2011 el consejero delegado de Funespaña certificó que entre los riesgos derivados de las concesiones del grupo empresarial se encontraba el caso del municipio de Estepona.

Así, asegura que “el 19 de junio de 2009 el Pleno del Ayuntamiento de Estepona, adoptó en sesión ordinaria el acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos número 1/2009 en el que se incluía el correspondiente a la liquidación-rescate de la concesión relativa al cementerio y tanatorio de Estepona por importe de 2.850.000 de euros. A 31 de diciembre de 2010, la Sociedad mantiene en su balance un importe de 1.353,8 miles de euros relativos al valor neto de los activos asociados a la mencionada concesión. En este sentido, Funespaña estima que no se producirán pérdidas para la sociedad derivadas de la resolución de dicha concesión por el Ayuntamiento de Estepona, aunque no se puede garantizar dicho resultado.

De conformidad con todo lo anterior, la eventual pérdida o no renovación de una parte importante de las concesiones de cementerios o de incineraciones de las que Grupo Funespaña es titular así como la posible extinción de la Empresa Mixta de Madrid en el año 2016 sin que se adopte ninguna medida al respecto, podría afectar de manera negativa a los resultados y la situación financiera, económica y patrimonial del Grupo Funespaña”.

En ese mismo informe, indica el portavoz socialista, la propia empresa reconoce que la actual situación económica es convulsa y está contribuyendo a disminuir los ingresos. En definitiva, es más que evidente que el PP quiere desmantelar lo que tantísimo tiempo ha venido siendo público en un clarísimo empeño por poner en manos de intereses privados lo que es de todos los esteponeros. A nadie se le escapa que si una empresa viene a gestionar algo que es de todos es porque va a obtener beneficios. Unos beneficios que pagaremos todos con unas mayores tasas o a través de los presupuestos municipales.

Valadez concluyó que “no es de recibo que el mismo PP que en el 2003 rescató la concesión por el mal servicio que se venía ofreciendo le entregue ahora a la misma empresa este servicio para que obtengan beneficios que pagaremos todos”.

Por último preguntó acerca “de los intereses que algunos destacados miembros del PP tienen en este asunto y cuáles son las contrapartidas que vamos a pagar todos”.

Actos PP
En la misma comparecencia el portavoz socialista ha pedido al alcalde, de manera pública “ya que sigue sin atender nuestras peticiones plenarias y las propias comparecencias que realizamos ante el secretario General de la corporación, que explique si el PP está pagando por la utilización de las instalaciones municipales para actos de partido”.

“Durante buena parte de la semana pasada operarios municipales han estado acondicionando las instalaciones del pabellón de El Carmen, y sus alrededores, para que el presidente regional, Javier Arenas, se paseara por el municipio. Hace días el PP convocó a sus militantes a las Escuelas del Padre Manuel”.

“Jamás antes ningún partido, aún estando en el gobierno, había utilizado como propias instalaciones públicas que son de todas. Si el PP quiere hacer un acto de partido que lo haga en su sede o se alquile un hotel, como hacemos y hemos hecho los demás”, concluyó Valadez.

"García Urbano ha dejado morir el proyecto universitario"

"García Urbano ha dejado morir el proyecto universitario"

El grupo municipal socialista de Estepona indica que las declaraciones realizadas en el día de ayer por la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, “son la constatación de que el PP y el alcalde José María García Urbano han dejado morir lentamente en estos últimos ocho meses el proyecto universitario siendo evidente que entre sus apuestas educativas no se contempla el asomo el potenciar la educación público sino, muy al contrario, la defensa a ultranza de la iniciativa privada, tal y como se viene evidenciando desde hace meses"

“Es normal que la rectora muestre su preocupación por el estado actual de la implantación del grado de Educación Física en el municipio después de que haya sido el propio pleno de la corporación municipal el que, hasta en dos ocasiones, haya votado en contra de la obtención de los terrenos para este fin”, asegura el portavoz de los socialistas locales, David Valadez.

De esta manera el portavoz socialista se refiere a la “negativa del PP, y del resto de miembros de la oposición municipal, en el anterior mandato, a desbloquear la puesta a disposición de la Junta de Andalucía de los terrenos que permitiesen impartir en la localidad el grado de Educación Física”.

Valadez recuerda cómo gracias a las gestiones llevadas a cabo, con decenas de reuniones entre responsables de la administración autonómica, Universidad de Málaga y ayuntamiento, el consejo de Gobierno de Andalucía otorgó el grado de Educación Física al municipio de Estepona.

Además, fruto de esas intensas negociaciones, la Universidad de Málaga se comenzó a impartir este año cursos de verano y abrirá un aula para mayores en Estepona. La rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, y el ex alcalde de la localidad, David Valadez, firmaron en enero del pasado año dos convenios por los que se realizarán ambos proyectos. Los cursos de verano están relacionados con actividades deportivas, materias cuyo grado se impartirá en el futuro campus universitario de Estepona.

Los convenios, que tenían un tiempo de vigencia de un año, prorrogables, tienen como objetivo determinar las obligaciones de ambas partes. Al Consistorio le corresponde la puesta a disposición de la UMA y de la Fundación General de la Universidad de Málaga de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas y culturales que las partes acuerden realizar, en este caso las dependencias del Padre Manuel, lo que no supone coste alguno para las arcas municipales.

Durante el acto de firma de ambos convenios en Estepona la rectora aseguró que la firma de estos convenios era la antesala del futuro campus de Estepona que se ubicará en la zona de Guadalobón, donde la UMA impartirá el Grado de Educación Física para el que ya tiene elaborado el plan de estudios, tal y como confirmó la rectora. Adelaida de la Calle dijo que la parte académica estaba hecha y sólo falta la construcción del edificio para impartir las clases.

Sin embargo, y pese a todos esos esfuerzos, ha sido el PP el que ha impedido que el proyecto universitario de Estepona sea una realidad, votando en contra hasta en dos ocasiones, de la obtención de los terrenos para su posterior puesta a disposición de la Junta de Andalucía.

La rectora, contraria a que haya facultades de la UMA en Estepona y Marbella

La rectora, contraria a que haya facultades de la UMA en Estepona y Marbella

De la Calle argumenta que los estudios de grado deben estar en un mismo ámbito y que sería "un grave error" construir campos de forma indiv¡dualizada

Málaga Hoy. La rectora de la Universidad de Málaga (UMA), Adelaida de la Calle, vertió ayer un jarro de agua fría sobre las aspiraciones de Marbella y Estepona de albergar licenciaturas, al asegurar que descentralizar la UMA supondría ir "en contra de lo que en la actualidad es un campus de excelencia". La explicación que ofreció fue que los estudios de grado deben estar centrados en un mismo ámbito, por lo que dijo que sería "un grave error construir campus individualizados". La situación económica desaconseja también emprender la iniciativa. "Sería costoso para la sociedad. En la actualidad se critica el exceso de universidades. No vamos a seguir creando campus cuando la tendencia es a agregarlos", apuntó.

Marbella aspira a albergar licenciaturas vinculadas con la salud y el mundo de los negocios. Estepona opta por la carrera de Educación Física. A cambio de denegarles estas titulaciones, De la Calle ofreció a ambos municipios la posibilidad de acoger estudios de postgrado. "Es lo que siempre oferto y lo que voy a seguir ofertando", señaló la rectora. La rectora adelantó que en este sentido hay "cosas bastante avanzadas con el Consistorio marbellí, aunque aún no se ha concretado nada". La ciudad alberga iniciativas organizadas por la UMA como cursos de verano, un ciclo de español para residentes extranjeros o una universidad de mayores. El Consistorio, sin embargo, no renuncia a acoger un campus. La concejal de Enseñanza, Carmen Díaz, aseguró comprender la postura de la rectora, pero avanzó que pujará por que el proyecto sea una realidad "a medio o largo plazo". "Estamos convencidos de que Marbella puede desarrollar carreras universitarias", apuntó.

Fuentes del Ayuntamiento de Estepona recordaron que la UMA y el Consistorio aprobaron en el mandato anterior trasladar a la localidad el grado de Educación Física, aunque reconocieron que "desde entonces no se ha avanzado en la iniciativa".