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Wednesday, November 29, 2006

El PP denuncia más de 50 casos de corrupción urbanística en Andalucía

Información aparecida en la edición digital de ABC el jueves 30 de noviembre.

El PP denuncia más de 50 casos de corrupción urbanística en Andalucía


ABC

SEVILLA. El PP hizo público ayer un informe en el que recopila unos 55 casos de irregularidades urbanísticas que se han producido en municipios de las ocho provincias en los últimos años, que considera un ejemplo de la «inacción y dejación de responsabilidades» de la Junta al no haber adoptado medidas para evitarlos.
Al mismo tiempo, esta formación política anunció que reclamará en el Parlamento andaluz una modificación, tanto en la composición como en las competencias, de las comisiones provinciales de urbanismo, de manera que tengan más capacidad de iniciar expedientes ante casos de corrupción urbanística o para paralizar determinados cambios en los PGOU por parte de la Consejería de Obras Públicas, al frente de la cual está Concepción Guriérrez.
El vicesecretario general de Ordenación del Territorio, Estudios y Programas del PP andaluz, Jaime Raynaud, preguntó en rueda de prensa si de ninguno de los casos «se enteró la Junta» y si, en ningún momento, los delegados provinciales de las Obras Públicas reclamaron la adopción de medidas para evitarlos en las comisiones provinciales de urbanismo.
Raynaud se mostró convencido de que ni la Junta ni el PSOE son «ajenos» a esta situación y recordó que existe una legislación en la Comunidad que da atribuciones a la Administración autonómica para haber sido ejecutadora, controladora e impulsora de medidas sancionadoras ante los escándalos urbanísticos.
Preocupación
Sin embargo, mostró su preocupación por que el Gobierno andaluz no haya evitado que se produjeran estos casos, cuando es su «obligación moral y política», al tiempo que denunció que cuando se trata de escándalos urbanísticos que afectan a alcaldes del PSOE, son «silenciados», con una clara «inacción y dejación de responsabilidades» por parte de la Junta.
De hecho, explicó que el PP está analizando las posibles responsabilidades subsidiarias de las administraciones por inacción, teniendo en cuenta que ya hay sentencias de tribunales que han creado jurisprudencia en ese sentido.
Tras señalar que el tema de la corrupción urbanística es de «enorme gravedad» y está generando mucha «alarma social», el dirigente popular manifestó que el Gobierno de la Nación tampoco está ayudando para evitar el problema, al tiempo que la legislación que ha anunciado «no contribuye, en modo alguno, a erradicar el encarecimiento de la vivienda ni la corrupción urbanística».
En cuanto a los casos de corrupción urbanística que el PP recoge en su informe, se encuentran, entre otros, en la provincia de Almería, los producidos en El Algarrobico, Huércal-Overa y Níjar; en la de Cádiz, Medina, San Martín del Tesorillo, Bornos, Tarifa o Jimena; en la de Córdoba, Pedroche, Montoro, Fuente Palmera o La Carlota; en la de Granada, Atarfe, Armilla, Laroles o Albolote; en la de Huelva, Almonte y Punta Umbría; en la de Jaén, La Guardia, Torredelcampo o Marmolejo; en la de Málaga, Marbella, Mijas, Estepona, Manival o Ronda, y en la de Sevilla, casos en Dos Hermanas, Burguillos, Sanlúcar la Mayor o Guillena, informa Europa Press.
Raynaud anunció que hoy se celebrará en Sevilla una reunión de los representantes del PP en las ocho comisiones provinciales de urbanismo para tratar de concretar el contenido de la proposición no de Ley que plantearán a principios de 2007 en el Parlamento demandando un cambio en la constitución de esos organismos y que se les dote de normas de actuación operativas para evitar las situaciones de descontrol urbanístico.
Mayor capacidad de decisión
Manifestó que es necesario llenar de contenido a esas comisiones provinciales de urbanismo y que tengan una mayor capacidad de decisión a la hora de iniciar expedientes ante una situación de irregularidad urbanística o de paralizar una determinada modificación en un PGOU.
Finalmente apostó por que la actual composición de las comisiones provinciales se modifique, toda vez que de los 16 componentes nueve son cargos de la Junta; dos, del Gobierno de la Nación; uno es el presidente de la respectiva Diputación y sólo cuatro miembros (de los partidos) representan a los ayuntamientos.

La protección de "El Saladillo - Matas Verdes" será investigada por El Grupo de Trabajo Valle del Genal

Información publicada por el diario digital Andalucía 24 horas el día 29 de noviembre, miércoles

La protección de "El Saladillo - Matas Verdes" será investigada por El Grupo de Trabajo Valle del Genal

La Universidad de Granada y el Museo Arqueológico Municipal de Estepona participarán en dicho proyecto.

A24H.- El Grupo de Trabajo Valle del Genal ha sido beneficiado con una ayuda de 40.000 euros por parte de la obra social de la Fundación “La Caixa” en su IV Convocatoria de Ayudas a Proyectos Medioambientales, que será destinada a realizar el proyecto de “Reconocimiento biofísico de un sector costero con posibilidad de llegar a ser reserva marítimo-terrestre en El Saladillo-Matas Verdes (Estepona)”. Dicha asociación, que forma parte de la federación Ecologistas en Acción, se creó en 1992 y tiene su sede en el municipio de Benalauría, en la comarca de Ronda, aunque su acción se extiende a toda la provincia de Málaga y sus componentes se reparten por el valle del Genal y fuera de él entre distintos estamentos profesionales donde destacan profesores universitarios, geógrafos, biólogos, economistas… Este grupo de trabajo se creó con el objetivo de paralizar el proyecto de una macropresa en el río Genal, es uno de los pioneros en la difusión de políticas hidrológicas basadas en la Nueva Cultura del Agua y ha impulsado numerosas actividades en este sentido enfocadas al desarrollo sostenible del territorio. Su propuesta defiende el papel fundamental de los ríos como organismos vivos necesarios para el desarrollo de la economía litoral, a través de la aportación de arena a las playas y nutrientes a los bancos pesqueros. Y este proyecto pretende poner de relieve esta realidad en relación con algunos ríos esteponeros como son el Guadalmansa y el Guadalmina. Entre ellos, se extiende el frente litoral conocido como El Saladillo – Matas Verdes, entre las puntas de El Saladillo y de Baños.El sector costero de El Saladillo-Matas Verdes es un espacio natural del litoral mediterráneo dónde aún se mantiene una nutrida representación de biotopos característicos de la zona. Comprende un sector terrestre que se extiende a lo largo de 3 Km de la costa del término municipal de Estepona. La zona terrestre, de unos 200 metros de anchura, está conformada por un interesante complejo dunar que conserva todavía algunas de las escasas dunas estabilizadas y edafizadas que han sobrevivido a la acción conjunta del turismo y la urbanización. Además la fauna de este enclave es muy rica y variada, con muchas especies protegidas. En la parte marina destacan las praderas de fanerógamas marinas, una de las mejor conservadas de todo el litoral malagueño. La variedad y singularidad de estos ecosistemas litorales de Estepona, hacen pues, de éste, un espacio de alto valor ecológico, con una considerable diversidad biológica y geomorfológica. El interés natural de este espacio se ve incrementado por la presencia de importantes yacimientos arqueológicos, en buena parte sumergidos, cuyo estudio correrá a cargo del museo arqueológico de Estepona.Pero estas estrechas franjas también albergan la mayor parte de los problemas ambientales de esta costa, todos ellos derivados de la actividad humana, por lo que la franja costera de El Saladillo-Matas Verdes, y en especial las dunas, soporta graves amenazas que ponen en peligro su conservación. La existencia en este espacio de un interesante patrimonio natural, la continua amenaza que se cierne sobre él, así como la escasa investigación sistemática llevada a cabo en el mismo, han dado lugar al reconocimiento de la Fundación “La Caixa”. Sólo dos proyectos han sido seleccionados en la presente convocatoria en ámbito litoral en Andalucía y éste es uno de ellos.El proyecto, de un año de duración, consiste en el estudio y delimitación de una zona de gestión costera integrada marítimo-terrestre, con el objetivo final de proteger estos ecosistemas y evitar su degradación o desaparición. Además, se difundirán los resultados a través de la publicación de un libro. El objetivo último y principal al que se pretende conseguir es p roteger los ecosistemas litorales del sector costero de El Saladillo-Matas Verdes para evitar su sobreexplotación, degradación y/o desaparición.

El PP solicita un listado sobre la productividad que reciben los funcionarios


Información aparecida en El Periódico de Estepona el 29 de noviembre, miércoles en su edición digital

El PP solicita un listado sobre la productividad que reciben los funcionarios

Los funcionarios con habilitación de carácter nacional cobran hasta 12.000 euros anuales

Por : Santiago Manchado

El Partido Popular solicitó ayer por registro de entrada en el Ayuntamiento el listado completo de todos los funcionarios que reciben el complemento de productividad, así como la cantidad y razón en cada caso. Esta solicitud se produce después de que el tesorero municipal advirtiera del pago de hasta 12.000 euros brutos al año que en concepto de productividad cobran algunos funcionarios del Ayuntamiento, y que, según el PP, “en ocasiones llega a ser igual o superior al salario establecido según el contrato”.El concejal de Hacienda, Manuel Reina, confirmó que Los funcionarios del Consistorio con habilitación de carácter nacional como el interventor, secretario y secretario adjunto reciben 12.000 euros anuales en concepto de productividad. Unos ingresos que no tiene el tesorero municipal. Reina, no supo determinar la causa de la diferencia que existe en este concepto.

Tuesday, November 28, 2006

Llevan a la Fiscalía el expediente de urbanismo aprobado por el Ayuntamiendo de Estepona


Noticia aparecida en la edición digital de La Opinión de Málaga el miércoles 28 de noviembre

Llevan a la Fiscalía el expediente de urbanismo aprobado por el Ayuntamiendo de Estepona

La concejala no adscrita del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) y presidenta de "Estepona 2007", Rosa Díaz, trasladará a la Fiscalía el expediente urbanístico mediante el cual el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), enajenó directamente tres parcelas municipales a una empresa mercantil.

EFE

El expediente hace referencia a los terrenos del "Cortijo Casareño" y, según la edil, "va contra la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía". Díaz explicó en rueda de prensa que el citado expediente fue aprobado en Junta Extraordinaria y Urgente el 18 de octubre a raíz del informe del concejal de Hacienda, Manuel Reina, donde señalaba que "estos suelos no se podrían usar para viviendas porque el Ayuntamiento sólo poseía la parte correspondiente a los aprovechamientos urbanísticos". En este sentido, la concejala criticó que el informe intentaba "justificar lo injustificable" y aseguró que deberían "haberse escriturado los suelos municipales a nombre del Ayuntamiento para después sacarlos a subasta y así obtuvieran los mayores beneficios posibles".

Monday, November 27, 2006

Empleo Público



Empleo público

Emitido en SER Costa del Sol el 27/11/2006
Autor: Gerardo Galán
Esta mañana comentaba con un compañero de batallas el tema de mi firma de hoy. ¿Otra vez urbanismo? ¿Ecología, o sea, urbanismo?. La verdad es que la política en nuestro pueblo, como en todos, supongo, gira siempre sobre unos pocos temas. En la Costa, lamentablemente, es el urbanismo, el destrozo del medio ambiente y la corrupción adosada el tema más recurrente.Pero hay otros que, como los viejos rockeros, siempre están ahí. La cuestión de los trabajadores de las empresas municipales, y las posibles soluciones al “problema” es algo que cíclicamente aparece en todos los noticiarios.De una parte porque esos trabajadores, lógicamente, intentan afianzar unos derechos adquiridos legítimamente. El derecho al puesto de trabajo y a la estabilidad económica es algo que los trabajadores, y sus representantes, los sindicatos, deben exigir y de hecho exigen repetidamente. Los políticos utilizan también esos derechos y esos problemas de forma arrojadiza dependiendo de si están gobernando o en la oposición.Yo no estoy atado por compromisos políticos ni sindicales. Intentaré no estarlo nunca. Seguiré atado en todo caso, a mis principios. Una posición muy cómoda, que me permite decir siempre lo que pienso.No me gustan esos políticos que han creado un gravísimo problema de estabilidad financiera sobredimensionando la plantilla municipal hasta límites absurdos e insostenibles. No me gustan los motivos bastardos que tuvieron para hacerlo. El clientelismo político es una lacra que hay que extirpar de una vez por todas.No me gusta tampoco que esos trabajadores no reconozcan que, de alguna manera, ocupan puestos de trabajo que no se merecieron en su origen y que ahora, muy posiblemente, tampoco se merezcan. Aunque les amparen las leyes.El derecho adquirido por los trabajadores tras llevar tres años en su puesto de trabajo, reconocido por el Estatuto de los Trabajadores no puede hacerme olvidar que la mayoría, casi todos, ingresaron en la administración saltándose los principios, también legales, de igualdad y mérito. Ingresaron ignorando esos principios, de manera consciente, amparados en la protección de un partido político. Perjudicando los legítimos derechos de otros ciudadanos que vieron imposibilitados sus aspiraciones a convertirse en funcionarios públicos.Hay que volver a la justicia, con la legalidad, pero sobre todo con justicia. Relación de Puestos de Trabajo, extinción mediante los mecanismos legales adecuados de los actuales. Oferta Pública de Empleo. Esa es la justicia.

Saturday, November 25, 2006

Barrientos enajena una parcela municipal por adjudicación directa


Información publicada por la edición digital de El Periódico de Estepona el día 25 de noviembre, sábado


Urbanismo

Barrientos enajena una parcela municipal por adjudicación directa

La operación es contraria a la LOUA, según advierte en Tesorero en un informe

Por : Santiago Manchado

El Ayuntamiento de Estepona ha enajenado, mediante adjudicación directa, una parcela de titularidad municipal en la zona Cortijo Casareño, una operación por la que las arcas municipales han ingresado más de 1,67 millones de euros, pero que contraviene la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), según un informe del Tesorero municipal, al que ha tenido acceso este periódico.En el documento, con fecha del pasado 23 de noviembre, el funcionario advierte que los terrenos forman parte del patrimonio municipal del suelo, por lo que “podrán enajenarse mediante cualquiera de los procedimientos previstos en la legislación, salvo el de adjudicación directa, y preceptivamente mediante concurso cuando se destinen a viviendas de protección oficial”.El Tesorero califica de “sorprendente” el informe aportado al expediente por el Interventor accidental el pasado mes de febrero, ya que incurre en una “contradicción”. Éste señala que no se aporta un pliego de condiciones administrativas particular, pero justifica su omisión al tratarse de una adjudicación directa. Pero posteriormente, pone de manifiesto la pertenencia de los terrenos al patrimonio municipal del suelo y, por consiguiente, la imposibilidad de enajenación directa, aunque “evita informar sobre este extremo”, según el tesorero.Asimismo, el funcionario del Ayuntamiento hace referencia a la actuación de la junta de gobierno, que “se limitó a aprobar sin mayor discusión”, y del Secretario de la corporación, que sólo “levantó acta sin informar a la junta de la contradicción de los informes, algo que no puede escapar a persona de reconocida capacidad profesional”, apunta.Por todo ello, recomienda al alcalde, Antonio Barrientos, que ponga los medios necesarios para la rectificación de esta situación o, en caso contrario, lo ponga en conocimiento de la autoridad judicial competente, ya que es “presuntamente contraria a lo establecido por la ley”.

Friday, November 24, 2006

La adjudicación del Centro de Raquetas abre muchas dudas

Información aparecida en el semanario Estepona Información el sábado 25 de noviembre

La adjudicación del Centro de Raquetas abre muchas dudas

El PP denuncia trato discriminatorio en la adjudicación en favor de una empresa “que últimamente hace muchas obras para el Ayuntamiento”

Lino Ramos • Estepona

La presentación del proyecto del futuro Complejo de Raquetas de Reina Sofía ha levantado la indignación de un grupo de empresarios esteponero que habían optado a esa concesión y que, consideran, se han quedado fuera a pesar de que su proyecto, consideran, que es mejor. Francisco Navarro, Alfonso Caravaca, Fermín Ortiz, Salvador Martín, Miguel ortega y Carlos Escobosa forman un grupo y optan a esa concesión administrativa y, aseguran que “con el tiempo verán el grado de cumplimiento del proyecto al que se le ha adjudicado la concesión”, destacó uno de ellos. Para ellos existen irregularidades desde el mismo pliego de condiciones hasta el modo de dar a conocer el ganador, a través de los medios de comunicación. Reconocen que los precios a cobrar a los usuarios fijados por el finalmente adjudicatario son más asequibles, fundamentalmente, porque la tarifa no se altera en todo el periodo que dura la concesión. Algo que los empresarios consideran "inviable". Asimismo, la empresa ganadora se compromete a reducir el plazo de ejecución de las obras que imponía el pliego de condiciones, a pesar de que los empresarios consideran que reducir el plazo previsto de 14 meses a 11 es bastante difícil, al tiempo que apuntan que "si lo hacen al mismo ritmo que están haciendo el prefabricado Parque de Bomberos y el resto de calles y plazas que están haciendo en Estepona, con suerte lo verán nuestros hijos". Pero lo que más les indigna es el hecho de que la empresa ganadora vaya a realizar las instalaciones basándose en el proyecto presentado por los denunciantes: "Si ven mejor el nuestro, lo más ético es que nos dejen realizarlo y, si no, que hagan el suyo, que es el que ha ganado". Y es que aseguran que la oferta presentada por ellos era más valiosa, sobre todo en cuanto a las instalaciones, con más inversión que la ganadora, y apuntan hacia un posible "pelotazo". A todo ello, se suma el hecho de que el alcalde, Antonio Barrientos, presentara la adjudicación del proyecto ante los medios de comunicación, sin habérselo comunicado por escrito a las partes interesadas. Por la gravedad del asunto, los empresarios se plantean, una vez tengan acceso al proyecto de la empresa adjudicataria y comprueben si realmente cumple con los requisitos administrativos que se exigía en el pliego, estudiarán la posibilidad de emprender acciones legales. Sospechas del PP Desde el PP, Ignacio Mena se dirigía al alcalde para recriminarle: "Habéis estado cuatro meses para adjudicarlo. ¿Sabes por qué?: porque realmente es el pago a los favores que está haciendo una empresa por toda Estepona", y añadió: "No se lo habéis querido adjudicar a un grupo de esteponeros que ha presentado un proyecto muy superior al que estáis adjudicando". La respuesta del regidor municipal a las acusaciones del portavoz de los populares no se hacía esperar. Barrientos calificó la actitud de Ignacio Mena con respecto a este asunto de "lamentable y triste", Adjudicación de palabra Llama poderosamente la atención que se haya presentado el proyecto como ya adjudicado cuando aún no ha pasado por, al menos, la Junta de Gobierno Local hecho que, salvo sorpresas de última hora, se producirá el lunes día 27 y, al parecer, no por unanimidad de los asistentes.

Comparar

Editorial de Estepona Información publicado el día 25 de noviembre

Comparar

Las comparaciones son odiosas y, cuando de plantear el nivel mostrado en los ´cara a cara´de Estival Televisión se trata, Antonio Barrientos e Ignacio Mena, los más recientes, y David Valadez y José Ignacio Crespo, los anteriores, aún más. Este invento televisivo del ´cara a cara´, tan poco habitual y a la vez tan enriquecedor, muestra, sin tapujos, a dos políticos, casi siempre antagonistas en sus planteamientos, y debería ser de obligado cumplimiento para cualquier candidato que se precie. Los vecinos, los telespectadores, tienen la ocasión de verles en primera persona, sin intermediarios que puedan interferir los mensajes. Lo de Crespo y Valadez fue un torrente lingüístico, de ideas, de planteamientos. Con sus posturas se podrá o no estar de acuerdo, pero la fluidez fue sencillamente brillante; por contra, lo del último ´cara a cara´ fue un ladrillo de lo más espantoso. Los dos contrincantes políticos andaban más pendientes de leer lo que llevaban preparado, a veces ni eso, de no salirse de su guión, que de dar respuesta a las preguntas o acusaciones del oponente. Se iba a hablar de urbanismo y no se hizo, se pusieron sobre la mesa asuntos candentes como la sanidad o la educación, y tampoco; la última parte del programa fue de traca, una perfecta puesta en escena de lo que, coloquialmente, se conoce como diálogo de besugos. Y lo mejor es que ellos mismos son conscientes de la patética imagen ofrecida ante un electorado al que, en unas cuantas semanas, le pedirán el voto. El caso de Ignacio Mena merece una reflexión al margen porque ha perdido una ocasión única para postularse como alternativa de poder. Nada tenía que perder y aún así fue el perdedor. Barrientos tampoco estuvo bien, eso sí, lanzó un golpe que dejó grogui a su oponente a las primeras de cambio y, desde ese momento, se dedicó a hacer autocampaña y mirar para Antequera. Visto lo visto, quién ganará las elecciones es una incógnita, pero quién no las ganará es, ahora más, una evidencia.

El fiscal solicita veintiún meses de prisión para Ignacio Mena por presuntas coacciones


Noticia publicada en la edición digital de El Periódico de Estepona el día 24 de noviembre, viernes

El fiscal solicita veintiún meses de prisión para Ignacio Mena por presuntas coacciones

En el auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia número uno también se solicita la misma pena para el ex concejal Sánchez Pinacho

Por : A. García

Del contenido de un auto judicial emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Estepona se desprende que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, en procedimiento abreviado, han presentado un escrito de acusación contra el portavoz y presidente del Partido Popular de la localidad, Ignacio Mena Molina, el ex concejal Víctor Sánchez Pinacho y un empresario por un presunto delito de coacciones, dándole traslado al Juzgado de lo Penal.

La demanda fue presentada por un empresario, según la información a la que tuvo acceso este periódico.En los fundamentos de hechos, el auto, en su artículo primero, dice literalmente que “en el presente procedimiento abreviado por el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular, en su caso, evacuando el traslado de las actuaciones conferido, se ha presentado escrito de acusación” contra las personas citadas por un presunto delito de coacciones, “solicitando se le imponga a cada uno de los acusados la pena de 21 meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, costas en proporción”.En el segundo apartado, el documento, al que ha tenido acceso el Periódico de Estepona, se dice literalmente que “de los referidos hechos son responsables en concepto de autores los acusados”.Razonamientos jurídicosEn el apartado de razonamientos jurídicos, en el punto segundo se explica claramente que el asunto será visto por el Juzgado de lo Penal, ya que literalmente se dice: “en atención a la pena señalada al delito perseguido procede declarar órgano competente para conocimiento y enjuiciamiento de la causa a Juzgado de lo Penal”.Por último y en lo que se refiere a la parte dispositiva, en el auto judicial se explica que se acuerda en la “presente causa la apaertura del juicio oral y se tiene por formulada la acusación” contra los citados por el presunto delito de coacciones.En el punto dos se declara que el órgano competente para “el conocimiento y fallo de la presente es el Juzgado de lo Penal”. Contra el auto, se dice, no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, en que cabe recurso de reforma y si no fuere estimado el de queja ante la Audiencia Provincial

Thursday, November 23, 2006

Los clanes de Estepona

Ahora que tanto se habla de la subrogación de los trabajadores de las empresas municipales al Ayuntamiento los sindicatos deberían tener presente algunas de las situaciones más paradigmáticas que se plantean en Estepona.
Recordemos en este sentido lo publicado por El Mirón Crítico hace solo algunos meses:

12 Familiares del Presidente del PSOE de Estepona, Mateo Vázquez Febrero, trabajan en el Ayuntamiento.¿Qué pensarán de esto los universitarios sin empleo que tienen que irse a otras ciudades? ¿Cómo se sentirán los padres con hijos desempleados ante estos casos de enchufismo? ¿y esas familias que no les llega el sueldo a fin de mes? ¿Cuanto nos cuesta a los ciudadanos mantener a tantos enchufados?¿Tenemos que soportar la continua fuga de talentos de Estepona?:

María Galdeano García
J.A. Vázquez Galdeano
M. Isabel Vázquez Galdeano
J.A. Galdeano Vázquez
Francisco Galdeano Vázquez
Mateo Vázquez López
Francisco Zamorano Vázquez
María Ortiz Vizueta
Cónyuge de María Ortiz
Carmen Verbena Aragón
R. Borja Bermúdez de Castro Verbena
María Guerrero Febrero

Tribunal de Cuentas buscará justificación de 1,5 millones en mandato GIL


Tribunal de Cuentas buscará justificación de 1,5 millones en mandato GIL

Para los desmemoriados les recuerdo una información aparecida en El Mundo, diario Área Campo de Gibraltar y diario SUR.

Tribunal de Cuentas buscará justificación de 1,5 millones en mandato GILEl Tribunal de Cuentas acogerá el 27 de octubre la audiencia previa de los procedimientos de responsabilidad por alcance contable de las sociedades municipales Servicios Estepona XXI y Planeamiento Estepona XXI, con 1,5 millones de euros pendientes de justificar durante el gobierno del GIL.Durante la audiencia previa, los demandados, entre ellos el actual portavoz del Partido Estepona (PES) y primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo, y el concejal de Turismo, Antolín González (PES), presentarán sus alegatos ante la demanda formulada en el ejercicio de la acción popular por los integrantes del grupo político "Convocatoria", según informaron estos a Efe.Los ediles han esgrimido en su defensa que desconocían las actividades realizadas por el gerente de dichas empresas, Antonio Pérez Quero, y plantean que el Tribunal de Cuentas no sea competente para juzgar las acciones que son ejercitadas porque el patrimonio de la sociedad fiscalizada es "privado debido a su naturaleza jurídica privada", según entiende su procuradora, Teresa Pérez de Acosta.Por lo tanto, al no regirse por un presupuesto ni ser titulares de fondos públicos "no cabe que las actuaciones sobre los mismos puedan ser objeto de enjuiciamiento por el Tribunal de Cuentas", según consideran.La procuradora también plantea "la prescripción de las acciones ejercitadas" contra sus representados, porque "ha transcurrido con exceso el plazo de cinco años desde el cese" de ambos como ediles, el 23 de julio de 1999, sin que se les haya notificado desde entonces actuación alguna de ese Tribunal "hasta el momento en el que se les ha comunicado la apertura de actuaciones previas", en abril de 2005.Así, "las actuaciones que hubiera habido, cualquiera que fuese su calificación por ese Tribunal, han prescrito".Sin embargo, Convocatoria sostiene, entre otros argumentos, que "ellos eran responsables de las sociedades, que eran públicas pero que escapaban al control y acción del Tribunal de Cuentas y de otros órganos fiscalizadores".Calificaron de "maniobra burda" los planteamientos presentados por los ediles para evitar responsabilizarse de una gestión "que ha sido extraordinariamente gravosa para los intereses municipales".En los próximos días se pasará a la fase de proposición de prueba y se espera que el Tribunal dicte sentencia durante los primeros meses de 2007, según la acción popular.

Tuesday, November 21, 2006

El Ayuntamiento instala un software gratuito en todos sus equipos informáticos


Información aparecida en la edición digital de El Periódico de Estepona el 21 de noviembre

El Ayuntamiento instala un software gratuito en todos sus equipos informáticos

Microsoft pidió información sobre el número de ordenadores y el número de licencias por si pudiera haber irregularidades

Por : Santiago Manchado

El Centro de Procesamiento de Datos (CPD) del Ayuntamiento –un departamento municipal dedicado al mantenimiento y desarrollo de los sistemas operativos de los ordenadores– comenzó hace dos semanas a instalar un software libre y gratuito tras una advertencia de Microsoft, que había detectado “irregularidades en cuanto al número de ordenadores y el número de licencias” de su paquete de Office, según informaron desde la multinacional.
En concreto, se trata de herramientas, como hojas de cálculo y procesadores de texto, que el Consistorio utilizaba sin pagar por su uso. Es decir, usaba lo que se denominan programas piratas, según pudo constatar este periódico de fuentes municipales.De hecho, según fuentes municipales, el Ayuntamiento dispone de alrededor de 400 equipos informáticos, algunos lo cifran en unos 300, de los que “el 95% podría carecer de licencias, pero sucede en la mayoría de las administraciones locales”, advirtió. AhorroPor este motivo, los técnicos del CPD han instalado el sistema Open Office, algunas de cuyas herramientas son similares a las ofrecidas por Microsoft, pero que es gratuito al utilizar un código de fuente abierto. Tanto es así, que algunas instituciones públicas ya han optado y aconsejado la utilización de software libre por el ahorro económico que supone. La Junta de Andalucía, sin ir más lejos, pone a disposición de los ciudadanos este tipo de programas.El concejal de Hacienda, Manuel Reina, responsable del CDP, explicó que a principios de noviembre los técnicos le informaron de que con el citado sistema operativo el Consistorio se podría ahorrar entre 300 y 400 euros por ordenador, “con lo que ya se ha implantado en casi todas las dependencias”.Sólo la oficina del censo, el padrón y de la Policía Local para la gestión de las multas de tráfico mantendrán los programas de la multinacional, ya que “podrían perder su base de datos al estar creados con herramientas de Microsoft”, según Reina.Por otro lado, según ha podido saber este periódico, los técnicos remitieron una nota interna a los trabajadores municipales en la que les advertían de que quedaba baja su responsabilidad si mantenían en sus ordenadores algún programa pirata. Pero el nuevo sistema ha generado malestar entre los empleados al ser “muy antiguo” y desconocer su funcionamiento, lo que genera un retraso en algunas de sus tareas.No obstante, también hay que mencionar que los profesionales que trabajan en el CPD de Estepona destacan “por la cantidad de sistemas operativos creados para el uso de los propios trabajadores”.

El PP pide explicación al alcalde sobre la aparición de su nombre en el sumario del ‘la operación Malaya

Información publicada en la página digital de El Periódico de Estepona el día 20 de noviembre

El PP pide explicación al alcalde sobre la aparición de su nombre en el sumario del ‘la operación Malaya

El regidor asegura desconocer de qué negociación se habla en el sumario

Por : Santiago Manchado

El concejal del Partido Popular, Ricardo Galeote, pidió al alcalde, Antonio Barrientos, que explique las declaraciones del un abogado investigado por la Policía por la operación Malaya.
El citado letrado, Antonio G. D., según publicó el diario ABC, asegura en unas grabaciones intervenidas por las Policía Nacional, que Barrientos había perdido un negocio por “gilipollas”.El abogado revela además, siempre según el citado rotativo, que “sus socios del PSOE de Estepona están cabreados con el alcalde socialista porque llevó a pleno 15 convenios sin la aprobación de la Junta”Por su parte, el primer edil respondió al concejal ‘popular’, aunque no profundizó en la aparición de su nombre en el citado contexto. “Si por impedir que algunos trinquen me llaman gilipollas, seré el gilipollas número uno. Quizá ellos -en referencia al PP- actúen de esta forma”, apuntó Barrientos, al tiempo que aseguró que desconoce de qué negociación se habla y quién es el letrado.Estas conversaciones aparecen en la última parte del sumario, cuyo secreto levantó el juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, el pasado martes. El juez señaló que se ha optado por ir levantando los aspectos de cada uno de lo tomos que no pueden ser afectados por la intervención de las partes “preservando aquellos elementos sobre los que está pendiente de concluir las investigaciones, como especialmente, la contabilidad de Juan Antonio Roca”, presunto cerebro de la trama.Además, se mantienen en secreto, según precisa, “ciertos informes elaborados sobre dicha contabilidad y que se encuentran pendientes de ultimar y sobre los que aún siguen las investigaciones”. Para estas partes prorroga el secreto durante el periodo de un mes.El instructor justifica esta medida en “impedir que el conocimiento e intervención de los imputados, o más aún, de los investigados, puedan dar ocasión a interferencias o manipulaciones” que obstaculicen la investigación. En este sentido, añade que el secreto “ha sido y sigue siendo esencial para conseguir los resultados muy positivos hasta ahora conseguidos”.

Sunday, November 19, 2006

Protesta en Málaga contra la especulación y la corrupción


Informacion aparecida en el diario La Razón el domingo 19 de noviembre

Protesta en Málaga contra la especulación y la corrupción

Unas 250 personas, según la Policía Local, y alrededor de 2.000, según las organizaciones convocantes, participaron ayer en Málaga en una marcha contra la especulación, la precariedad y la corrupción y para exigir una vivienda digna. La manifestación, bajo el lema «La provincia de Málaga no se vende, gobierne quien gobierne» partió del Paseo de Reding, delante del Palacio de Justicia, y culminó en la céntrica plaza de la Constitución. La marcha fue convocada por diversos colectivos afectados por la construcción de campos de golf y urbanizaciones en Cuevas del Becerro, Ardales, El Burgo, Alhaurín el Grande, Coín, Antequera, Villanueva del Rosario, Arriate, Villanueva de la Concepción, Archidona, Casares, Axarquía, Mijas y Estepona. También por los perjudicados por el proyecto de la autopista de las Pedrizas en Casabermeja, las canteras en Alhaurín de la Torre, centrales térmicas en el Guadalhorce y Campanillas. El portavoz de la Coordinadora en Defensa del Medio Rural y Litoral, Juan Calvente, mostró a Efe a su satisfacción por el desarrollo de la manifestación, en la que ha habido una mayor participación de colectivos afectados por «conflictos candentes», como los de Cuevas del Becerro o Valle de Abdalajís, explicó. Por otra parte, ayer se dio a conocer la calificación media otorgada por los turistas de la Costa del Sol a las variables del destino analizadas por el Observatorio del Patronato de Turismo, que cayó ligeramente en el tercer trimestre del presente año respecto tanto al mismo periodo de 2005 como al segundo trimestre de este ejercicio. Así, la media acumulada se sitúa en 6,95 puntos sobre 10, frente a los 6,98 puntos del segundo trimestre del presente año y los 6,96 puntos del tercero de 2005, según señala el Observatorio Turístico de la Costa del Sol recogido por Europa Press.

El empresario italiano fue investigado por blanqueo para la mafia

Información publicada por el diario El País el viernes 17 de noviembre
El empresario italiano fue investigado por blanqueo para la mafia

El empresario italiano detenido en la tercera fase de la operación Malaya, Giovanni Piero Montaldo, ya fue investigado por presuntos delitos de blanqueo de dinero procedente de la mafia. Un informe elaborado por agentes de la Udyco relacionaba a Montaldo con un grupo mafioso liderado por Gianni Meninno, detenido en 2002 en Málaga, según adelantó ayer el diario La opinión.
El grupo mafioso desarticulado traficaba con cocaína desde Sudamérica a Europa y estaba inmerso en el tráfico internacional de armas, así como empresas del juego ilegal. Montaldo fue denunciado por estafa en Valencia en 1994, aunque las diligencias instruidas por el juzgado número 15 fueron sobreseídas.
En 1997, Montaldo fue investigado por la Brigada de Delitos Monetarios por su supuesta implicación en una red de blanqueo de fondos en operaciones bancarias. La operativa utilizada por Montado consistía en presentar como clientes a italianos que contrataban cuentas en diversas sucursales bancarias de Málaga y Granada, para luego realizar transferencias de dinero, cuyo origen era Suiza y su destino Gibraltar, según la Policía.
28 empresas
Pero estas turbias operaciones con las que se le relacionaba no resultaron implicatorias para Montaldo. El empresario comenzó en los últimos años una gran actividad como representante de empresas constructoras hasta hacerse con un complejo entramado societario. De este modo, figura como administrador y socio en 28 empresas, cuya sociedad cabecera es Romed S. A., con suelos en las localidades de Manilva y Estepona. Empresario con don de gentes, campechano, pero al mismo tiempo amante de la ostentación y que conducía un Ferrari.
En Marbella los planes de construcción de Montaldo estaban en la zona de Elviria, donde distintas sociedades que representaba planeaban construir 287 viviendas repartidas en cinco promociones, además de otros tres conjuntos residenciales promovidas por sociedades como Sur Inversiones Sema, Promociones Alories y Apex 2000, división inmobiliaria del grupo Iberdrola. Para la revisión del nuevo Plan General, Montaldo presentó al menos seis alegaciones para lograr modificaciones que permitieran una mayor edificabilidad en diferentes parcelas. En una de ellas el Plan General de 1986 establecía un número máximo de 223 viviendas, pero su intención fue elevarlo a 380. Fuentes de la constructora Apex 2000, denominada actualmente Iberdrola Inmobiliaria, aseguraron ayer que "no hemos construido nada en Marbella de momento".

Friday, November 17, 2006

ALARCÓN EXIGE LA INTEGRACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES


Información aparecida en el diario SUR el 17 de noviembre

ALARCÓN EXIGE LA INTEGRACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES

El portavoz de IU, Eduardo Alarcón, solicitó ayer información a la concejalía de Hacienda sobre las cantidades que hay previstas en las cuentas para el 2007 para hacer afrontar la subrogación, así como que cantidades se van a incluir para el pago de las deudas contraídas con la Tesorería General de la Seguridad Social. Alarcón aseguró: «Es evidente que la subrogación es una mera voluntad política y por ello, deberán adoptarse las medidas presupuestarias necesarias en las cuentas correspondientes para que se lleve a cabo el traspaso y no se dilate más en el tiempo». Por otro lado, el portavoz de la coalición de izquierdas recuerda al Consistorio que los presupuestos para el próximo ejercicio y para las empresas municipales deberían estar concluidos para su aprobación definitiva antes del 31 de diciembre. «Si se producen retrasos puede ocurrir como el pasado año, que conllevó incluso retrasos en los pagos de los salarios de los trabajadores de las empresas municipales», alertó el portavoz de IU. En este sentido, recordó: «No podemos consentir que los retrasos, por la falta de previsión en la confección de las cuentas por parte del equipo de gobierno, se achaquen a las impugnaciones de los partidos», manifestó Alarcón. Y concluyó exigiendo al trio Barrientos-Crespo-Montesinos que "dejen de seguir engañando a los trabajadores de las empresas municipales y los integren de una vez por todas en la plantilla municipal, pues la actual situación laboral de esos empleados es de absoluta ilegalidad".

Roca regateó con los concejales el precio de la moción de censura


Información aparecida en el diario ABC el viernes 17 de noviembre

Roca regateó con los concejales el precio de la moción de censura


J. M. CAMACHO.
MÁLAGA
Tras la inhabilitación de Jesús Gil, el presidente del Sevilla Fútbol Club y abogado sevillano José María del Nido se había convertido en el auténtico hombre fuerte del Ayuntamiento. Era quien mandaba. Así se desprende de las declaraciones de la ex concejal marbellí Carmen Revilla incluidas en la parte del sumario que ha desvelado el juez Torres sobre la investigación de la «Operación Malaya».
En el sumario se indica que tras la inhabilitación de Jesús Gil y Gil por el «caso de las camisetas», y cuando Julian Muñoz pasó a ser alcalde, «las cosas fueron a peor», ya que, según la concejala Carmen Revilla, quien mandaba y daba órdenes en el Ayuntamiento era del Nido. Revilla asegura que Muñoz, Del Nido y Cerón -asesor del alcalde-, preparaban una moción de censura con la gente del Partido Socialista en Sevilla. Gil por su parte orquestó otra moción con concejales afines para contrarrestar la de Muñoz.
Junta y PSOE salpicados
Por otra parte, un abogado investigado por la Policía, Antonio G.D, se jactaba de tener relaciones privilegiadas con el Gobierno de Manuel Chaves. Según el sumario, este letrado se califica a si mismo como «un padrino». Asegura que quiere estar a la sombra y que tiene contactos «al máximo nivel para asuntos de mucho calado». También admite que «trapichea» en el Ayuntamiento.
Las escuchas telefónicas de la Policía revelan que el investigado se puso en contacto con la ex primer teniente alcalde Isabel García Marcos para hablarle de varios proyectos urbanísticos. En las conversaciones intervenidas, el abogado destaca su relación con cinco o seis personas de la Junta, altos cargos que previamente habían pertenecido a la administración central, así como destacados dirigentes socialistas de la zona. En las grabaciones nombra al alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, del que dijo que había perdido un negocio por «gilipollas».
El letrado revela que sus socios del PSOE de Estepona están cabreados con el alcalde socialista porque llevó a pleno 15 convenios sin la aprobación de la Junta. «Hay un tinglado organizado de mucho cuidado, parecido al de la época de Felipe (González), Roldán y compañía», apunta. Concluye que hay dos líneas dentro del PSOE de la Junta de Andalucía, al tiempo que resalta el interés de los socialistas por ganar las elecciones en Marbella.
Entre los nombres que cita están el delegado de Turismo y Deporte en Málaga, el consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y candidato del PSOE a la Alcaldía de Marbella, Paulino Plata, así como con otros profesionales .
Otro detalle que se desvela es que los ediles gilistas que presentaron la moción de censura contra Muñoz pensaban que era un hombre despóstico, ignorante, inseguro y con muy baja autoestima, además de mezquino y miserable.
Promesas incumplidas
Asimismo, se recoge que uno de los concejales afines a Gil pidió a Roca 500 millones de pesetas para cada uno de los que iban a desbancar a Muñoz. El ex gerente de Urbanismo, les prometió incrementos económicos anuales, pero no la cantidad solicitada porque «los buenos tiempos del urbanismo ya habían pasado y la vaca ya estaba muy exprimida». La alcaldesa de Marbella percibiría unos 84.000 euros, mientras la ex primer teniente alcalde recibiría 42.000 euros y Tomás Reñones en torno a los 18.000 euros. Tras la moción de censura contra Muñoz, Juan Antonio Roca ofreció 540.000 pesetas a tres concejales afines a Julian Muñoz: Javier Lendinez, Carlos Marín y Emilio Jorrin, porque el equipo de gobierno estaba en minoría al ser apartado Antonio Luque. Esta cantidad era muy superior a la que cobraban los ediles en la oposición. Revilla declaró al juez que el secretario recibía un plus de 2000 euros, igual que el tesorero y el interventor. Este último disfrutó de un Rolls Roice el día de la boda de su hija y de una casa en Estepona, que pagaba el Ayuntamiento. La concejala reconoció haber recibido 40 millones de pesetas en efectivo, que destinó a pagar un piso. También confesó que los concejales del equipo de gobierno estaban hartos de ir a los Juzgados por culpa de Roca, quien «no firmaba nada» y, según comentaban, «estaba forrado». Según la imputada, Roca, al final, no pagó ni una peseta de los 500 millones que prometió a los concejales por presentar la moción de censura contra Julian Muñoza, razón por la cual algunos concejales intentaron apartarlo pero la acaldesa Marisol Yagüe se opuso porque era muy poderoso.

Thursday, November 16, 2006

El invento de Gil

Información aparecida en La Gaceta de los Negocios el jueves 16 de noviembre

El invento de Gil

Viaje a las profundidades de la ciudad que saqueó Jesús Gil durante 15 años, convertida en arquetipo de la misma corrupción municipal que hoy devora España José María Olmo. Enviado especial a Marbella. La unidad de medida oficiosa en la Costa del Sol es el metro cuadrado urbanizable y, el único principio, que el ladrillo tiende a infinito cuando se expande. Los campos de golf se arrugan en las laderas que protegen la autovía A-7. De Málaga a Estepona, las vallas publicitarias dejan claro, enseguida, dónde está el negocio. Un tal McCarthy, con cara de vendedor de coches cansado, te recuerda cada pocos metros que estás en su “territorio” y que le llames para comprarle una casa. Empresas imputadas en la Operación Malaya figuran como si nada en los carteles publicitarios que hay junto a la carretera.Marbella es ahora una ciudad de resaca. La parte antigua, la zona donde reside la mayor parte de la población autóctona, similar a otras muchas localidades de la costa andaluza, vive al margen de los escándalos de corrupción, como si no hubiera ocurrido nada extraño.Las últimas detenciones han generado de nuevo expectación, pero los lugareños creen que la calma regresará en tan sólo unos días. La corrupción es tan cotidiana en Marbella como la factura del agua. Los talleres de reparación de automóviles y las tintorerías continúan recibiendo a la misma gente de siempre.Pero, al otro lado, en la zona de los edificios de mármol y las grandes avenidas de tiendas caras, la ciudad parece mustia, huérfana del glamour que tenía en otra época. El pulso de la ciudad ha descendido en unos meses tanto como el erario del Ayuntamiento en los últimos quince años.Nadie entra ni sale del Club Financiero, el consistorio tipo chalé independiente que Jesús Gil se inventó para firmar convenios y convocar ruedas de prensa. El mismo Club Financiero en el que Gil retozaba con las mamachicho dentro de un jacuzzi, para salir en un programa que emitía Telecinco. Las vallas del Club Financiero están cerradas y, desde la calle, no se oye en las instalaciones el más mínimo ruido.Centro de operaciones A 10 metros del Club Financiero, en la acera de enfrente, Juan Antonio Roca montó su oficina municipal de extorsiones. Roca acumuló a base de impuestos revolucionarios 2.400 millones de euros, la cuarta fortuna de España. La Junta de Andalucía ocupa ahora el edificio, aunque el cartel de la delegación de Urbanismo del consistorio marbellí continúa colgado junto a la puerta de acceso. El sistema inventado por Gil fue infalible durante 12 años. Luego, en 2003, sus alumnos aventajados tomaron los mandos del casino y la banca saltó por los aires. Los constructores se defienden de las acusaciones de complicidad con este entramado delictivo, diciendo que, durante años, pagar el impuesto era la única forma de construir en Marbella. Había que pagar y pagaron.Sin duda, uno de los méritos de Gil fue meter en la rueda de la corrupción a cientos de empresas de prestigio, y que ahora ocupan una nave industrial aquí, han levantado hoteles allá, facturan millones en sus grandes almacenes o han sembrado de viviendas los montes con mejores vistas. Autoridades y famosos jugaron al monopoly con Gil, que siempre supo rodear el mangoneo de un halo de sofisticación que sólo él fabricaba. Hace unas semanas, la gestora que gobierna el municipio hasta las próximas elecciones reconoció que el ex presidente del Gobierno José María Aznar tenía una vivienda ilegal en una urbanización de lujo. Son muchas más las personalidades que, a pesar de los escándalos, apostaron por fijar en Marbella su residencia de verano, legitimando así un modelo que ya olía mal desde el primer minuto.De hecho, Gil avisó de sus intenciones antes de ganar sus primeras elecciones en 1991. El ex presidente del Atlético de Madrid declaró entonces que quería convertirse en alcalde para poder vender las viviendas que estaba construyendo en Marbella. Con ese mensaje sobre la mesa, Gil consiguió 19 de los 25 concejales del Ayuntamiento.Un nuevo populismo Fueron muchos los que se beneficiaron del gilismo. Los grandes estadistas de los negocios también pasaron por la gestora de Urbanismo. Contar con el respaldo de Roca suponía convertir las inversiones en fondos garantizados millonarios. Los riesgos han venido luego, mucho después, y, en cualquier caso, tampoco han sido tan importantes. Hoy, hasta constructoras que cotizan en bolsa tienen viviendas paralizadas por la Justicia. Por ejemplo, Apex 2000, de Iberdrola Inmobiliaria, tiene parados 877 inmuebles y Fadesa, 120. Arenal 2000, de la empresa Ávila Rojas, cuyo propietario está imputado en la Operación Malaya, tiene la friolera de 1.825 viviendas a la espera de una decisión judicial. Hasta el momemento, la gestora marbellí ha congelado la construcción y venta de 7.681 inmuebles, implusados por 31 promotoras diferentes.Los otros engañados durante el gilismo fueron los ciudadanos, los marbellíes censados, los que votaban al Grupo Independiente Liberal (GIL) y salían con pancartas a las calles para pedir la excarcelación del gordo. La ética es débil y raras veces trae consecuencias. Quince años después de que comenzara el expolio, la mayor parte de la población aún recuerda con cariño al alcalde que limpió de mendigos, ladrones y prostitutas las calles, regaba los jardines con camiones cisterna de madrugada y convertía las rotondas en bacanales escultóricas de barcos hundidos en la tierra y pirulís traídos de no se sabe dónde.Con Gil en el Ayuntamiento, el servicio municipal de limpieza pasaba la fregona por el mármol del paseo marítimo, las fiestas del barrio tenían presupuestos colosales y nunca faltaba dinero para comprarle un manto nuevo al santo de la parroquia más cercana. Los primeros saqueos En una Comunidad Autónoma con una tasa de paro del 26% en 1991 (en 1993 fue aún mayor), y uno de los salarios medios más bajos de España, la construcción generaba empleo, transitaban las calles turistas adinerados y se inauguraban boutiques de haute couture por las noches. La economía de las familias censadas en Marbella, los habitantes que de verdad importaban para acceder de nuevo a la alcaldía, marchaba bien, y eso era más que suficiente a la hora de votar al GIL en las municipales.En esos primeros años, tras la fachada de los edificios oficiales, Gil y sus colaboradores comenzaron a trazar las líneas maestras de su política municipal, un nuevo populismo de ámbito local que no tardó en traer réditos.Entre 1991 y 1995, durante su primera legislatura, Gil se apropió de 27 millones de euros con facturas falsas cargadas en las cuentas del Ayuntamiento. Cuatro sociedades fantasma cobraron a los marbellíes servicios que jamás se habían realizado. Por supuesto, los ingresos de estas empresas fueron a parar al bolsillo del Gil y de sus colaboradores.Pero, de cara al público, no había nada por lo que preocuparse. En las municipales de 1995, el GIL aplastó de nuevo a sus rivales, consiguiendo otra vez 19 de las 25 concejalías. El PSOE de Isabel García Marcos ocupó el liderazgo de la oposición con sólo cuatro escaños. El gran festín

¿A qué espera el juez Torres para actuar contra los responsables políticos del 'caso Marbella'?

Información aparecida en El Confidencial el jueves 16 de noviembre

¿A qué espera el juez Torres para actuar contra los responsables políticos del 'caso Marbella'?


Carlos Sánchez, un lujo de periodista para disfrute de los lectores de este diario, lo explicaba ayer con precisión, apuntando al nudo gordiano del gigantesco embrollo de estrellas de la telebasura y otros asteroides de menor tamaño en que se ha convertido la ‘Operación Malaya’, al aludir a la insistencia del juez Miguel Ángel Torres en seguir atacando los círculos de corrupción más cercanos a la alcaldía, “pero sin elevar el tiro hacia el complejo entramado institucional y político que han amparado durante años los poderes públicos, y no solamente la Junta de Andalucía”.
Ahí le duele. De modo que el célebre y celebrado juez Torres sigue mareando la perdiz, más madera, más carnaza para el panem et circenses patrio, porque, según Sánchez, “no se puede hablar con propiedad de una Malaya 3, sino más bien de la segunda parte de la segunda Operación Malaya”. Pero, ¿qué pasa con los políticos que consintieron mirando hacia otra parte? ¿Qué pasa con los jueces que durante años dejaron hacer como si con ellos no fuera la cosa?
En espera de acontecimientos de mayor porte, de momento es como si los Roca, Muñoz, y demás tonadilleros de la corrupta canción española del momento hubieran estado viviendo en un mundo aparte, una especie de ínsula Barataria sin leyes y sin jueces, un país plagado de marbellas donde los alcaldes y sus respectivos concejales de urbanismo hacen y deshacen a su antojo, sin Planes Generales de Ordenación Urbana que por ley tienen que aprobar los responsables políticos de las Comunidades Autónomas respectivas, con cargos políticos al frente de las instituciones que consienten la vulneración de la ley, con jueces encargados de perseguir de oficio los delitos que abdican de su obligación, etc.
Eso es lo que parece. Y lo parece porque, hasta el momento, la Justicia con mayúscula no ha elevado el punto de mira de su escopeta. No hay responsables políticos. Sólo hay folclóricas y sus cónyuges o ligues respectivos. La Junta de Andalucía, por lo visto, no tiene nada que ver con lo ocurrido en Marbella, y con lo que sigue ocurriendo en Benalmádena, Estepona, Manilva, Mijas y todos los grandes núcleos que ustedes quieran añadir a la lista.
En Marbella todo el mundo enterado sigue preguntando por Judas Binstock, qué fue de Judas Binstock, el misterio de Judas Binstock, uno de los vértices del triangulo formado con Carlos Fernández e Isabel García Marcos. Esta última ha llegado a decir públicamente que Binstock fue el impulsor de la moción de censura que derrocó a Julián Muñoz. Sin embargo, nadie hace nada. ¿Por qué? ¿Es Binstock la conexión que liga Marbella con la Junta de Andalucía? ¿Estamos ante una especie de Jesús Gil, con pruebas de pago a relevantes cargos públicos autonómicos?
Un ejemplo particularmente ilustrativo de la impunidad en que sigue nadando, de la que sigue aprovechándose, la clase política andaluza lo tenemos en el conocido caso del Hotel El Algarrobico, un mastodonte construido en pleno Parque Natural del Cabo de Gata, volcado sobre la arena de la playa, sin Ley de Costas que valga, y cuyo remate fue interrumpido in extremis cuando debían restar los toques finales para entrar en servicio.
Pues bien, el mastodonte del Algarrobico sigue ahí plantado, para vergüenza de unos cuantos, testigo mudo de las malas prácticas de políticos y autoridades incompetentes que otorgaron en su día los permisos correspondientes para que la tropelía urbanística pudiera cometerse. ¿Alguien ha visto a algún político de la Junta empapelado por tamaño desafuero? ¿Alguien ha visto a algún juez en dificultades por no haber cumplido con su obligación en la Costa del Sol? ¿Cuántos jueces han desfilado por Marbella en los últimos 20 años? ¡País...!

Wednesday, November 15, 2006

Ladrillo a ladrillo. El Mapa de la corrupción


Reportaje publicado por la edición digital de El Mundo, a nivel nacional, bajo el título de `Ladrillo a ladrillo. El Mapa de la corrupción`. En la parte dedicada a la provincia de Málaga, cómo no, aparece Estepona.

MÁLAGA

Marbella
Epicentro de la corrupción urbanística en España, la 'operación Malaya' (marzo 2006) puso contra las cuerdas a todo el Consistorio marbellí, implicado junto a empresarios y abogados en una compleja trama delictiva acusada deprevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias… Los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe y el ex concejal de Urbanismo, Juan Antonio Roca ('cerebro' de la red), son los principales imputados.

Manilva
La 'operación Ballena Blanca' contra el blanqueo de dinero en la Costa del Sol sacó a la luz las irregularidades en los convenios urbanísticos firmados entre el Ayuntamiento de esta localidad y la sociedad Royal Marbella Estates S.L.,propiedad de los imputados en la operación. El alcalde, Pedro Tirado (independiente procedente del GIL), dimitió tras ser encarcelado. Además, la concejala Antonia Muñoz (IU) está denunciada por la concesión de una licencia que no se adaptaba a la normativa vigente. También están denunciados los 10 concejales que en 2004 votaron a favor de la ejecución del parque ferial del municipio.

Tolox
El alcalde, Juan Vera (Partido Andalucista), el arquitecto municipal y la secretaria del Ayuntamiento fueron denunciados por la Fiscalía de Medio Ambiente en junio de 2006 por la construcción de más de 2.000 viviendas en terreno no urbanizable. También se investiga la autorización de nueve promociones presuntamente ilegales.

Estepona
El regidor, Antonio Barrientos (PSOE), ha sido muy criticado por el convenio urbanístico para incrementar la edificabilidad del campo Atalaya Golf y construir 135 viviendas. Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la 'operación Malaya', está relacionado con este proyecto, que de momento ha sido paralizado. Además, el grupo Convocatoria (escisión de IU) denuncia el plan de urbanismo para levantar 80.000 viviendas en diez años. Estepona cuenta aún en la actualidad con expedientes de la era Gil en el Tribunal de Cuentas por irregularidades contables.

Benalmádena
Al alcalde, Enrique Bolín (independiente, expulsado del PP en 1989 tras ser detenido en posesión de droga) se le acusa de reiteradas concesiones de licencias ilegales. La autorización en 2004 para levantar un edificio en una zona destinada a viviendas unifamiliares y un convenio urbanístico que permitía a Rafael Gómez Sánchez (en libertad bajo fianza tras ser detenido en la segunda fase de la 'operación Malaya') duplicar la edificabilidad en un complejo residencial, son algunos de los casos más 'sonados'. Ya a finales de los 90 el PP denunció públicamente que el primer edil contrataba sistemáticamente servicios y adquiría bienes a empresarios afines.

Gaucín
La Fiscalía investiga al primer edil, Francisco Corbacho Román (PA), y cuatro concejales por la realización y desarrollo de un convenio entre junio de 2004 y febrero de 2005 que es contrario a la norma urbanística.CómpetaEl alcalde, Leovigildo López (PP), está a la espera de un juicio en el que se enfrenta a la pena de un año de cárcel y 10 de inhabilitación por conceder una licencia de obras en suelo no urbanizable.

Plataforma por una vivienda digna

Comunicado emitido por la Plataforma por una Vivienda Digna y difundido por distintos medios digitales

PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA
- COMUNICADO 14/11/2006 -
OS AGRADECEMOS. OS NECESITAMOS …
La Plataformapor una Vivienda Digna agradece su labor a las personalidades que, especialmente desde el ámbito judicial, trabajan para frenar la corrupción y especulación urbanística.
La lucha por una vivienda digna y asequible tiene muchos frentes de trabajo: la reducción del número de viviendas vacías, el fomento real del alquiler, la construcción de VPO real y en plazo, la difusión de datos estadísticos completos sobre el mercado, etc. Pero el que los políticos adquieran el compromiso real de trabajar por ello pasa por un objetivo esencial: reducir la dependencia de ayuntamientos y comunidades autónomas del crecimiento urbanístico como fuente prioritaria de financiación. Y quien dice ayuntamientos y CCAA, dice también partidos políticos.
El Observatorio de la Vivienda lo dijo en el Congreso de los Diputados hace ya más de un año: La financiación de los ayuntamientos no es correcta y el hecho de que se base en buena medida en el crecimiento urbanístico, es una fuente de corrupción. Desde la Plataforma por una Vivienda Digna, que representa a miles de personas en toda España, agradecimos que estas palabras fueran por fin dichas en el principal foro legislativo de nuestra democracia.
No han faltado muestras que consoliden la afirmación. Operación Ballena Blanca, Operación Malaya… El juez Miguel Ángel Torres se atrevió a hacer desfilar a toda una corporación municipal, la de Marbella, hacia los tribunales. Y sólo fue el principio. La operación Ballena Blanca es clave para despertar a la justicia y llamar su atención sobre otras ciudades de nuestro territorio de cuyos ayuntamientos cada vez se habla más y no precisamente con alabanzas: Orihuela, Estepona, Benalmádena, Mijas, Seseña, Calviá, Cienpozuelos y por supuesto, Madrid y Barcelona. Sin olvidar otras localidades con procesos abiertos anteriormente, como Telde en Gran Canaria.
Un joven que busque actualmente su primera residencia se preguntará ¿Y esto, me ayuda a encontrar un piso que pueda pagar? La respuesta es sí, aunque no a corto plazo. El mismo tejido de empresarios y políticos corruptos que especula con grandes operaciones de expansión municipal no se olvida de soplar cada día la burbuja desde dentro. Es parte del juego. La subida de precios es una de las claves del sistema y sin ella todo, o casi todo, se cae. Disminución y retrasos de las VPO, aumentos en sus precios de referencia, difusión de alzas de precios (reales o no) por todos los medios son algunas de sus vías para mantener la burbuja bien inflada. Si los fiscales y jueces van extirpando de nuestra democracia el tumor, la hinchazón de precios debería de ir remitiendo.
Así que la lucha por una Vivienda Digna necesita a Miguel Ángel Torres. Y no sólo eso, necesita a muchos Miguel Ángel Torres que, como él, crean que su profesión es clave para mantener un país habitable.
Otro de los nombres propios que desde el ámbito judicial está siendo clave en la recuperación de la vivienda como bien de primera necesidad es el Fiscal Antonio Vercher. Desde su reciente puesto como Fiscal Coordinador de Medioambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo sus declaraciones han sido contundentes. En los próximos meses su trabajo debería ser clave en materias como el blanqueo de dinero, asignatura en la que los grandes especuladores sacan nota, y en aflorar la corrupción de los ayuntamientos.
Pero si hay un nombre propio que destaque en la lucha contra la corrupción institucional y la situación de financiación errónea de los ayuntamientos éste es el Magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. Pallín está tan convencido del uso del urbanismo como vía de financiación irregular de los propios partidos políticos, que ha propuesto la paralización cautelar de todos los planes urbanísticos por considerarlos sospechosos de corrupción. Propone la creación de una agencia central que controle el desarrollo urbanístico, un mejor uso de la jurisdicción contencioso administrativa de cara a poder detener planes urbanos y una mayor aplicación del derecho penal.
Martín Pallín, además, defiende la vivienda como lo que nunca debió dejar de ser, un bien de primera necesidad. Sus declaraciones sacan los colores a los políticos y sacan a la calle, de alguna manera, a cada vez más gente.
La lista de los que, en casos de urbanismo y a través de los tribunales, están contribuyendo que las instituciones recuperen la función para la que nacieron, crece con algunos representantes de organismos como el Seprona y, por supuesto, las diferentes fiscalías anticorrupción repartidas por todo el país.
Sin embargo, no es una lista larga. Si pensamos sólo en jueces, nuestro país tiene más de 4.500. Algunos se merecen un beso pero no precisamente de agradecimiento, sino como el que reciben las princesas dormidas: para despertar del letargo. Despertar y recordar que, independientemente de a qué club social vayan los domingos, su función no admite mirar, ni una sola vez, hacia otro lado.
Las partidas de ajedrez necesitan peones, pero rara vez la victoria llega sin figuras. Por eso a Miguel Ángel Torres, Vercher, Martín Pallín y todos los que están adoptando posiciones similares: Gracias. Gracias por tomaros en serio vuestro trabajo y gracias por contribuir de forma destacada a un país más habitable y más justo. Realmente, os necesitamos. Sobre los políticos, mejor no hablar ahora.
Plataforma por una Vivienda Digna http://www.viviendadigna.org info@viviendadigna.org

Monday, November 13, 2006

CONCLUSIONES DEBATE ESTIVAL TV


CONCLUSIONES DEBATE ESTIVAL TV

El nombre de José Ignacio Crespo aparece en el sumario de la Operación Malaya vinculado a Juan Antonio Roca y Pedro Román, ex gerente de Urbanismo y ex primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Marbella.
Crespo tiene pendientes de justificar, de su época en el gobierno del GIL (95-99) más de dos mil millones de las antiguas pesetas.
Crespo no consigue explicar cómo su partido obtiene la financiación para subvencionar a colectivos y organizar viajes para unos afiliados que no pagan cuotas.
Crespo se siente plenamente identificado con el gilismo.
Crespo fue compañero, y desempeñó importantes responsabilidades en el partido al que pertenecía, de ex presidiarios como Jesús Gil y Gil, Juan Antonio Roca y Julián Muñoz, aún en prisión.
Crespo tiene, a su edad y con su currículum, una moto con dos ruedas en propiedad.

Demolerán un centenar de casas ilegales en la Costa

Información aparecida en la edición digital de málaga.es el lunes 13 de noviembre

Demolerán un centenar de casas ilegales en la Costa

Los edificaciones están en Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox, Marbella, Manilva y Benalmádena. Todas invaden el dominio marítimo terrestre.

Locales comerciales, chiringuitos, tuberías, jardines, antiguas estaciones de bombeo y hasta más de un centenar de viviendas ilegales en la costa tiene fichadas el Ministerio de Medio Ambiente para proceder lo antes posible a su demolición, aunque es un proceso que puede prolongarse hasta diez años.
Y la razón de su derribo no es otra que invadir el dominio público marítimo terrestre, una normativa que Costas ha comenzado a aplicar a rajatabla. Así lo anunció a Efe el jefe provincial de la Demarcación de Costas, Juan Carlos Fernández Rañada. Antes de que acabe este año, Medio Ambiente tendrá listo un informe completo con todas las construcciones e instalaciones que deben ser demolidas en la costa de Málaga, donde se incluirán todo tipo de edificaciones.
El centenar de casas ya señaladas se concentran en los municipios del área oriental: en las zonas de Lagos y Mezquitilla, en Vélez-Málaga y Algarrobo, además de otras zonas de Torrox, Marbella, Manilva y Benalmádena.
Sin embargo, el proceso que termina en la demolición de inmuebles que pertenecen a particulares es demasiado lento. Hasta diez años puede tardar, según explicó Fernández Rañada, ya que el primer paso es determinar en qué contexto se construyeron y si en ese momento contaron con la debida autorización.
Entre 2004 y 2005 se llegaron a ejecutar 14 derribos en el litoral de la provincia, desde chiringuitos mal ubicados hasta un embarcadero y una antigua garita de la Guardia Civil.
23 sanciones de hasta 53.850 euros
Medio Ambiente tiene en marcha 23 expedientes sancionadores por incumplir la Ley de Costas. Se reparten entre Mijas, con 12, seis en Estepona, cuatro en Vélez y una en Torremolinos. La mayoría son chiringuitos que ocupan el dominio público sin autorización, según una reciente respuesta del Gobierno al grupo del PP. Las multas oscilan entre 6.000 y 53.850 euros, la de mayor cuantía, que le correspondió al bar de una playa de Estepona.

Sunday, November 12, 2006

Los colonos cobrarán la indemnización cuando se firme el convenio de la Herencia Nadal


Información aparecida en el Diario Sur el domingo 12 de noviembre

Los colonos cobrarán la indemnización cuando se firme el convenio de la Herencia Nadal

Las demandas de desahucio se mantendrán también hasta que se cierre el acuerdo urbanístico sobre los terrenos Los afectados muestran su negativa a que el pago de los 3,3 millones de euros esté vinculado a este proyecto


MERCEDES PERIÁÑEZ / YEDALAMO/ESTEPONA

Ya hay fecha para que los colonos de la Herencia Nadal cobren la indemnización de 3,3 millones de euros por renunciar a sus derechos sobre los terrenos que han ocupado en algunos casos, desde finales del siglo XIX. El director general de Globalia, Alfonso Rivero, propietaria del 75% de los terrenos, anunció que la treintena de afectados recibirán el valor de sus tierras una vez que se firme el convenio con el Ayuntamiento. La cuantía se repartirá en función de la superficie de cada finca (lo mínimo que cobrarán los beneficiarios serán 12.000 euros). El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, mostró su deseo de llevar a cabo un proyecto que prevé la construcción de un hotel de lujo, un campo de golf y 500 apartamentos. A cambio, debía ceder terrenos para la creación y financiación de una universidad.ConvenioEl portavoz de los colonos, José Manuel Montoya expresó ya su negativa a la vinculación del cobro con el acuerdo urbanístico. «No veo ninguna razón para estar en el convenio, pero si nos incluye, no queremos que nos afecte de forma negativa», dijo el representante. Lo cierto es que la fecha para empezar a abonar las cuantías económicas ya ha sufrido varios retrasos. «Por el momento lo que hay es un acuerdo verbal que hay que ratificar. Quedan aún flecos -agregó Rivero- como el calendario de pagos, por cerrar». La firma del convenio también comportará otra novedad para los colonos de Arroyo Vaquero y El Ciprés. El director general de Globalia anunció que cuando se formalice el acuerdo se comenzarán a retirar las demandas de desahucio contra los colonos, que por el momento siguen su curso en los tribunales de estepona. El pleito pretende despojar a las personas de sus derechos como colonos.Los afectados ya mostraron su preocupación por el inicio de estos procedimientos judiciales, puesto que la mayoría no tiene forma de acreditar que son colonos y que sus familias han cultivado estas tierras desde hace siglos.

Friday, November 10, 2006

Entregado

Artículo de opinión publicado en Estepona Información el sábado 11 de noviembre

Entregado

por gerardo galán

Aunque estamos acostumbrados a que los cambios políticos en la costa se deban a luchas de intereses, rencillas personales y conflictos que podrían calificarse como "empresariales", los movimientos de la última semana, y los que se producirán, son a mi entender, distintos. Se está escenificando una división dentro del equipo de gobierno que algunos quieren presentar como una mera lucha por el poder inmediato, y que, sin embargo, puede traslucir ni más ni menos que el enfrentamiento entre posiciones ideológicas. ¡¡Por fin!! añadiré, ya era hora de ver sobre el papel las diferencias "políticas" entre unos y otros. El concejal David Valadez y la concejala Cristina Alarcón no acudieron a votar durante el famoso pleno propuestas urbanísticas que, en conciencia, es era imposible apoyar. Esa es lo importante, lo diferencial, de lo ocurrido durante el pleno. En conciencia no pudieron votar esos acuerdos urbanísticos. Las demás cuestiones, los arrebatos infantiles de un alcalde que cada vez prodiga más, las nada veladas amenazas de los que pertenecieron a la "famiglia" GIL, los silencios de los que casi nunca tienen nada inteligente que decir son sólo la parte teatral de la situación. David y Cristina no votaron porque ya no aguantaban más. Y lo digo sin conocimiento de causa, no les he preguntado a ellos, pero con conocimiento de las personas. Imposible que personas de bien aguantasen más. No se me aturrullen. Lo repetiré exactamente otra vez. Imposible que personas de bien aguantasen más. Y no me refiero a la dudosa legalidad de los convenios que se presentaron a pleno, ni de otras operaciones también dudosas. No tengo datos para acusar de nada a nadie salvo de lo evidente. Y lo evidente es que el modelo de política planteada por los gobernantes municipales, los militantes del extinto GIL, no es asumible desde presupuestos políticos socialistas. Ni siquiera desde el tan descafeinado socialismo del PSOE. El desideologizado PSOE local participaba de políticas urbanísticas copiadas de los peores modelos hiperdesarrollistas vecinos. Convenios siempre al alza en beneficios empresariales y siempre destinados a una gestión municipal derrochadora, clientelista y "ostentórea", parafraseando al Jefe, el extinto Jesús Gil. El cada vez más acentuado déficit de equipamientos sociales es culpa de esa política. Los problemas que soporta el sistema educativo, cultural, deportivo o sanitario de la ciudad tiene que ver, directamente, con la manera de conseguir ingresos y con la manera de gastarlos. El caos en las infraestructuras, el imposible desarrollo de las mismas es también culpa del desvío intencionado, político, de los ingresos a políticas populistas, ajenas al crecimiento ordenado, a la mesura en el gasto público y con prioridades propagandistas que se adelantaban a las de las políticas sociales y de desarrollo. Han convivido con los antidemócratas, los amigos y excompañeros de los encarcelados por corrupción. Esos propagandistas de la falsa religión denominada "gestión empresarial de lo público". Estar con ellos no ha debido ser plato de gusto para socialistas con convicciones. Lo que no entiendo, y se lo he transmitido en muchas ocasiones a David, es como han podido aguantar tanto. Dos modelos, el socialdemócrata que dicen los estatutos del PSOE, y el ultraliberal y poco respetuoso con la democracia del que han presumido los gilistas. Una confrontación de ideas, la primera en varios años en Estepona. La segunda si contamos con la salida de mi grupo de Izquierda Unida por los mismos motivos. El alcalde, con el cese de David Valadez, ha optado por un modelo. El de los convenios urbanísticos, el de contratar a amigos y militantes pegacarteles. Ha optado por vestirse de Robocop, por manipular los medios de comunicación públicos, por inaugurar rotondas multimillonarias sin analizar las necesidades del municipio. Ha optado por las comidas en los hoteles de lujo, las visitas pagadas por promotores a fiestas y saraos. El alcalde ha elegido el modelo PES, el modelo GIL. Entregado.

LA MOTO DE CRESPO


LA MOTO DE CRESPO

Circula por toda la ciudad un rumor: se está organizando una cena benéfica para recaudar fondos a beneficio de José Ignacio Crespo. Los promotores de tan magnífica idea pretenden comprar un sidecar con el dinero recaudado ya que dicen sentirse incómodos por el simple hecho de que un primer teniente de alcalde tan sólo posea una moto, con dos ruedas, en propiedad.
No es justo que la vida trate de una manera tan hostil a un servidor de la cosa pública. Hay que comprarle, al menos, un sidecar. No se descarta, del mismo modo, si la recaudación lo permita regalarle un monopatín, una bicicleta o incluso un triciclo. La opción del coche está descartada ya que dicen los promotores de tan feliz idea que un vehículo de cuatro ruedas es un gasto innecesario que el propio Crespo rechazaría a tenor de la absoluta austeridad con la que él se desenvuelve en su vida privada, y pública.
En más de una ocasión, me dicen, han llegado a confundir a Crespo con un monje ermitaño. Él rehuye los gastos superfluos, el dispendio, la alegría con la que otros se manejan. Él no. ¿Acaso creen que somos tontos? ¿En tan baja estima tienen algunos que dicen representarnos a los esteponeros?. ¡Qué pena de pueblo, Dios, qué pena¡

Thursday, November 09, 2006

IU INSTA AL CONGRESO A ACABAR CON LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Información aparecida en la página web de la coalición de IU el día 9 de noviembre, jueves

IU INSTA AL CONGRESO A ACABAR CON LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

El Congreso debatirá sobre la corrupción urbanística a propuesta de IU-ICV, que negocia con el gobierno medidas urgentes para combatirla. Así, el grupo de IU-ICV negocia con el Gobierno la fórmula para que el Ejecutivo, previsiblemente a través de su vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, acuda al Congreso para informar de los casos de corrupción urbanística en España y que en la Cámara se puedan discutir medidas para atajar estas prácticas.Este debate en el Pleno del Congreso va a ser posible después de que la Mesa del Congreso calificara hoy una petición de IU-ICV para la comparecencia en sesión plenaria de la vicepresidenta sobre el grave problema de la corrupción urbanística.Según explicó Gaspar Llamazares en rueda de prensa, Izquierda Unida ha propuesto que las explicaciones del Gobierno ante el Parlamento se hagan con una comunicación previa a la comparecencia en la Cámara. En esta se debe reflejar, cuanto menos, un diagnóstico de la situación. El debate posterior concluiría con la presentación de una serie de propuestas de resolución para su posterior votación.IU pretende que, bien en la comunicación del Gobierno o como resultado del debate, el Congreso decida crear una comisión de estudio o de investigación para que en el plazo máximo de dos meses proponga "medidas de choque" y reformas que pongan freno a las prácticas corruptas relacionadas con el urbanismo.Llamazares remarcó que el Parlamento "no puede estar al margen de lo que está ocurriendo en la sociedad, que está escandalizada" y apuntó que el Gobierno debe ejercer el "liderazgo" para lograr una "regeneración" que consideró urgente.Las medidas que IU plantea afectarían a la Ley del Suelo, a posibles códigos éticos de aplicación por parte de los partidos y a ámbitos competenciales de varios ministerios.

Plataforma pide PSOE no ignore el sospechoso urbanismo Estepona

Información aparecida en la edición digital de varios medios de comunicación provinciales el 9 de noviembre, jueves

Plataforma pide PSOE no ignore el sospechoso urbanismo Estepona

La plataforma ciudadana Rosas Rojas de Estepona pidió hoy al PSOE que deje de "mirar para otra parte" ante los "demasiados signos de sospechas sobre el urbanismo local", tras la destitución por parte del alcalde Antonio Barrientos del portavoz del equipo de gobierno municipal David Valadez.Según argumentó la agrupación, el PSOE local "está secuestrado ideológicamente por razones desconocidas por los ex gilistas del Partido Estepona".Así, criticó que el alcalde socialista, Antonio Barrientos, haya destituido a Valadez, que no asistió a un pleno donde se iban a aprobar dos convenios urbanísticos por respeto al decálogo del PSOE en materia de urbanismo.La Plataforma señaló en un comunicado que Barrientos prefiere antes enfrentarse a sus propios compañeros de partido que a los integrantes del PES y su portavoz José Ignacio Crespo.Rosas Rojas calificó de "extraña" la posición política de Antonio Barrientos ante la defensa a ultranza del que fue secretario general del GIL en Estepona.Además, lamentó que el alcalde no solicite explicaciones a Crespo sobre las hipotéticas relaciones que pudo haber mantenido con Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama de corrupción municipal, en relación a distintas inversiones en Estepona o la financiación del PES.La agrupación confió en que todos los partidos de la corporación respalden la moción presentada por IU para que la Cámara de Cuentas de Andalucía "fiscalice los convenios y la venta de aprovechamientos urbanísticos llevados a cabo en los últimos cinco años para una mayor claridad y transparencia de la administración pública".

Tuesday, November 07, 2006

Solución al PSOE


Solución al PSOE

Lanzo al aire una idea que puede suponer solucionar, de golpe, todos los problemas internos del PSOE de Estepona (digo PSOE y no Partido Socialista Obrero Español ya que si nos atenemos a la realidad solo sería Partido): Ángel Montero Peña, el Lechuga candidato a la alcaldía. Para que lo vayan conociendo bien, nunca sabemos lo que nos deparará la vida, aquí lo tienen la mar de ufano.

Ahora mismo ejerce las funciones de ideólogo, al margen de otras menos confensables, más adelante Dios dirá.

P.D: El Lechuga es el de la derecha, el que entrega el premio.

Sunday, November 05, 2006

Diario El Mundo revela sociedad entre Vargas Maldonado y Carlos Sánchez


Reportaje aparecido el 5 de noviembre en Clave Digital.

Diario El Mundo revela sociedad entre Vargas Maldonado y Carlos Sánchez

El periódico español define a Vargas Maldonado como “el protector, socio y conseguidor de Carlos Sánchez en la República Dominicana”.

SANTO DOMINOGo, DN.-El viernes 20 de octubre el diario El Mundo, de Madrid, publicó un amplio reportaje sobre la República Dominicana como receptora del dinero malversado en Marbella, escrito por el subdirector, periodista Antonio Rubio.
Aparecido en la página 20, el reportaje lleva por título “La Policía cree que parte de lo malversado de Marbella está invertido en el Caribe”.
Dice que según un informe de la lucha contra el blanqueo, Carlos Sánchez y sus socios tienen negocios millonarios en la República Dominicana, y que “el protector, socio y conseguidor de Carlos Sánchez en la República Dominicana es Miguel Vargas Maldonado”.
CLAVE resume parte del texto publicado por El Mundo, luego de haber obtenido la autorización de ese medio español.
“La operación Malaya, que se inició el pasado mes de marzo con 28 detenidos, aún no ha acabado. Ahora la policía intenta saber dónde están los cientos de millones de euros que consiguieron algunos de los principales imputados por el juez Miguel Ángel Torres -Juan Antonio Roca, Tomás Olivo, Carlos Sánchez, Andrés Lietor y otros– y dónde han sido invertidos. La UCI (Unidad Central de Inteligencia de la Policía) y el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) han llegado a la conclusión de que parte de ese dinero ya puede estar en la República Dominicana.
La policía ha elaborado un informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, con fecha de 15 de septiembre de 2006, en el que se recoge que varias sociedades vinculadas a Carlos Sánchez, maestro y socio de Juan Antonio Roca, y a Andrés Lietor ‘van a llevar a cabo un importante proyecto urbanístico en Punta Perla (República Dominicana). Concretamente se construirán unas 8.000 viviendas hasta finales de 2009". Esas sociedades son: Sungolf Desarrollo Inmobiliario, Ocean View Properties, Paraíso Tropical y Gestora de Explotaciones Turísticas del Mar.
En ese mismo documento policial se indica que ‘algunas de las anteriores sociedades también están llevando a cabo un proyecto urbanístico de 395 viviendas en Estepona (Málaga)’. Y se concreta: ‘Interviniendo en este caso Hallard Investiments Limited, empresa gibraltareña perteneciente a Ocean View Properties, como comercializadora de la promoción’.
El Sepblac, organismo que se encarga de luchar contra el blanqueo de capitales y que está integrado por policías, guardias civiles, inspectores de Hacienda y del Banco de España, ha complementado el informe policial sobre los imputados en la operación Malaya con otro mucho más exhaustivo, con cinco anexos, donde se analizan las sociedades, accionistas, porcentajes y movimiento de capitales. A dicho informe también ha tenido acceso este periódico.
Las investigaciones policiales, judiciales y del Sepblac señalan a Gibraltar como uno de los paraísos fiscales utilizados por parte de los imputados en la operación Malaya para colocar sus ganancias fuera de nuestro país. Otra de las conclusiones a las que ha llegado la policía es que una parte importante del capital invertido en la República Dominicana ha tenido que llegar a ese país en efectivo, y apuntan, como colaborador necesario, a un puente aéreo perfectamente organizado entre España y las islas del Caribe.
El pasado mes de julio, antes de que Carlos Sánchez fuera detenido y encarcelado por el juez Miguel Ángel Torres, EL MUNDO localizó al maestro y padrino de Juan Antonio Roca en Santo Domingo. Carlos Sánchez, sobre el que pesaba una orden de localización por parte del juez Torres, reconoció a este periódico que estaba realizando una serie de inversiones en aquel país caribeño junto a Andrés Lietor, su socio: ‘Aquí tengo casas, hoteles y negocios inmobiliarios’.
Sánchez también confirmó que otro de los imputados en la operación Malaya, el empresario Tomás Olivo, estaba realizando inversiones en la República Dominicana. Rafael Gómez, más conocido en los ambientes cordobeses por Sandokan, también era otro de los imputados de la operación Malaya que tenía intenciones de invertir en la isla del Caribe.
El protector, socio y conseguidor de Carlos Sánchez en la República Dominicana es Miguel Vargas Maldonado, ex secretario de Estado de Obras Públicas. Vargas Maldonado se postula como próximo candidato a presidente de la República en las elecciones de 2008 por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Y el proyecto urbanístico de Punta Perla, donde se construirán 8,000 viviendas, está financiado y promovido por una serie de sociedades donde el Sepblac ha detectado la presencia de Carlos Sánchez, de Andrés Lietor y otros.
En Paraíso Tropical, una de las principales inversionistas del proyecto, con un capital de 90 millones de dólares dominicanos (pesos), figuran desde abril de 2005 sociedades e inversores como Inversiones CCF, Greco Development Corporation, CCF21 Negocios Inmobiliarios, Rivoire y Carret Española, Oncedisa, Andrés Lietor, Carlos Sánchez e Ignacio Coronado.
Todas esas sociedades figuran con un 19,99% del capital y están controladas, directa o indirectamente, por el maestro de Juan Antonio Roca y su socio Andrés Lietor. En la actualidad, Carlos Sánchez y Lietor están presos en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) por orden del juez Miguel Ángel Torres, que les imputa un delito de cohecho y malversación de caudales públicos.
Se da la circunstancia de que la sociedad Oncedisa, tal como figura en el informe del Sepblac, tiene su domicilio social en Badajoz, concretamente en la Finca El Río. En ese cortijo fue donde se llevó a cabo, en diciembre de 2004, una partida de póquer con un montante de tres millones de euros y donde se gestó la delación contra Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo de Marbella, y algunos de sus socios.
El organizador de aquella partida de póquer fue, precisamente, Carlos Sánchez, y en ella participaron Juan Antonio Roca, la mujer de Sánchez, Rafael Gómez (Sandokan), Francisco J. Pozuelo, el propietario de una compañía aérea y agencia de viajes y el suegro de un importante empresario y banquero español, entre otros. Uno de los jugadores que estuvo en la partida se sintió estafado y delató a la policía los negocios irregulares de Roca.
Otro de los accionistas, que participa en el proyecto dominicano de Punta Perla, es Ignacio Coronado, con un 0,01% del capital. Coronado está denunciado en España por la Agencia Tributaria por un fraude fiscal que asciende a 284.171 euros. A principios del pasado mes de junio, aún no se había presentado a declarar porque se encontraba fuera de nuestro país.
Hay una anotación en el anexo III del informe del Sepblac, que figura con el título ‘Información sobre otras personas intervinientes en la operativa’, donde se marca perfectamente el recorrido que ha seguido la mayor parte del dinero que ha llegado hasta la República Dominicana.

Ecologistas en Acción asegura que las Zonas de Interés Comunitario están en peligro

Información aparecida en el semanario Estepona Información el 4 de noviembre

Ecologistas en Acción asegura que las Zonas de Interés Comunitario están en peligro

El crecimiento urbanístico, los vertidos o la regeneración del litoral, principales problemas denis pacheco •

Estepona Ecologistas en Acción ha emprendido acciones legales para hacer efectiva la protección de las Zonas de Interés Comunitario del municipio que, aseguran, están en serio peligro, sobre todo debido al crecimiento urbanístico. Junto a esto, el colectivo ecologista propondrá la protección de toda la Sierra Bermeja como Parque Nacional y la integración de las zonas fluviales protegidas que crucen alguna zona urbana o urbanizable como dotaciones de zonas verdes con tratamiento vegetal naturalizado con especies autóctonas de la localidad. En Estepona hay un total de ocho espacios naturales que ahora son Zonas de Interés Comunitario: los ríos Guadalmina, Guadalmansa, Castor y Padrón y el arroyo de La Cala, por su interés para la nutria, peces y vegetación de ribera; los Reales de Sierra Bermeja y toda la franja peridotítica de las Sierras Bermeja y Real, por su exclusividad a nivel mundial en cuanto a vegetación se refiere; y los fondos marinos de la bahía de La Rada por sus praderas de césped submarino. Una protección sobre la que el grupo ecologista recuerda que ha de encargarse la consejería de Medio Ambiente, auxiliada por la vigilancia del ayuntamiento. No obstante, según revela Ecologistas en Acción, a tenor de los estudios realizados, el estado de los espacios naturales esteponeros es lamentable, sobre todo, debido al crecimiento urbanístico, pero también, en el caso de los ríos, a los vertidos de lixiviados que producen periódicamente importantes mortandades de peces. De hecho, desde el grupo ecologista se denuncia que en el Padrón y el Castor hay pendientes grandes proyectos urbanísticos que convertirán "magníficos" paisajes de pinar exclusivo y alcornocal en chalets de lujo con campos de golf, e incluso señalan que en el Padrón el POT de la Costa del Sol planea realizar una presa. En cuanto a los fondos marinos, critica que la arena vertida cada año durante la regeneración del litoral es arrastrada por el levante cubriendo las praderas marinas; algo que también afecta al sector pesquero, ya que perjudica a los caladeros. Es por esto por lo que Ecologistas en Acción propondrá la protección de toda la Sierra Bermeja como Parque Nacional bajo el auspicio de la Unesco, al tiempo que impulsará la integración de todas las Zonas de Interés Comunitario fluviales y vías pecuarias que crucen zona urbana o urbanizable como dotaciones de zonas verdes.

El PSOE refuerza el pacto con un ex gilista vinculado a la trama Malaya


Información aparecida el domingo 5 de noviembre en el Diario Málaga Hoy.


El PSOE refuerza el pacto con un ex gilista vinculado a la trama Malaya

Encarna Jerez.
Estepona vuelve a ser noticia por la polémicas. El revuelo le ha costado la portavocía del grupo municipal del PSOE a David Valadez, que el pasado lunes arremetió duramente contra sus socios de gobierno, los ex-gilistas del Partido Estepona (PES), liderado por José Ignacio Crespo. Éste amenazó con romper el pacto si el alcalde, Antonio Barrientos, respaldaba a su compañero de partido. La “sanción” a Valadez salvó nuevamente al gobierno local de una nueva tormenta.Crespo, actual primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, aterrizó en la política local en 1995 de la mano de Jesús Gil Marín para implantar en Estepona el Grupo Independiente Liberal (GIL), partido que desde 1991 gobernaba en la vecina Marbella. Tras la mayoría absoluta cosechada por el GIL en 1995, Crespo, que fue militante del PSOE en Madrid, se convirtió oficialmente en el primer teniente de alcalde de Estepona, si bien ejerció durante la mayor parte del mandato como alcalde accidental debido a las prolongadas ausencias del entonces regidor, Gil Marín.Entre 1995 y 1999, dirigió también la Delegación de Cultura y administró, junto a Víctor Sánchez Pinacho y Antolín González Quintana, actual concejal de Turismo, las quince sociedades municipales Estepona XXI, creadas por el GIL a semejanza de las de Marbella y en cuya gestión el Tribunal de Cuentas detectó el gasto injustificado de doce millones de euros. Algunos ejemplos: en Planeamiento Estepona XXI, en la que hay 2,6 millones de euros sin justificar, el Tribunal de Cuentas halló pagos indebidos por valor de 1,2 millones a catorce particulares. De ellos, nueve eran concejales y los otros cinco coordinadores de área de delegaciones y servicios. Hay más: en Eventos Estepona XXI se detectó el gasto de 7.800 euros en la compra de cinco caballos sin que haya documentación que lo acredite, mientras que en Servicios Estepona XXI destacan los 492.000 euros pagados a una empresa por asesoramientos injustificados, 126.000 de los cuales fueron a parar a una sociedad de la que era presidente y administrador único un edil. En 1999, la segunda victoria del GIL en Estepona se fue a pique por un pacto de PSOE, PP, PA e IU. Mermado de ingresos, poco aguantó el partido fundado por Gil en la oposición. Todos sus concejales se dispersaron, aunque la mayoría acabó en las filas del PP . Crespo, sin embargo, desapareció de la política local para reaparecer en 2003 a la cabeza del PES, formación con la que consiguió cuatro ediles, lo que le permitió ser determinante en la formación de gobierno.El ya ex portavoz socialista le exigió que explicase cómo se financia su partido y de dónde obtiene fondos para, por ejemplo, donar 3.000 euros al Club Amigos del Baloncesto, 30.000 a la Unión Estepona Club de Fútbol o patrocinar a un piloto de Fórmula Extreme. Incluso, a trasladar gratuitamente a 80 militantes hasta el circuito de Jerez, con entrada incluida, para presenciar una carrera.Valadez ha insistido en vano para exigir que explique cuál es “la hipotética relación que pudiera mantener con Juan Antonio Roca”, cerebro la trama de corrupción marbellí, “según se recoge en un anónimo incluido en el sumario de la Operación Malaya”. Crespo anuncia que llevará estas declaraciones a los tribunales.