La gran familia de Estepona
El País. Domingo 29 de junio de 2008
La gran familia de Estepona
Los ediles imputados firmaban convenios con amigos y familiares - La trama corrupta se sostenía gracias a la complicidad de empleados municipales
En Estepona (Málaga, 60.000 habitantes) la labor política ha sido durante los últimos quince años sinónimo de negocio personal. La gestión pública no sólo era una actividad rentable por sí misma -un concejal cobra actualmente 5.023 euros brutos al mes- sino que ofrece una parcela de poder que se cultiva colocando en puestos claves del organigrama municipal a familiares y amigos.
La contratación en el entramado de empresas municipales se realiza previa afiliación a las siglas de turno, lo que permite al edil hacerse fuerte además de en el Ayuntamiento, en la agrupación local de su partido. Después llegarán los negocios, previa mordida, con amigos o interesados.
Así coinciden en describir el panorama político esteponero miembros de varios partidos políticos -PSOE, PES (posgilistas), IU, PP- consultados por este periódico. El entramado corrupto destapado por la Policía en la Operación Astapa se sostenía gracias a la complicidad de empleados municipales contratados a dedo y a pequeñas recompensas económicas. "Recuerda que yo te he metido en el Ayuntamiento", advertían algunos implicados a los que veían díscolos. "A los más reacios los captaban haciéndoles firmar algo que parecía legal y amenazándoles después con hacerles responsables", coinciden varias fuentes consultadas.
Con la crisis inmobiliaria y el fin del recurso a financiarse mediante convenios urbanísticos, el Ayuntamiento de Estepona, con muy pocos funcionarios de carrera, paga con dificultad las nóminas de 1.400 trabajadores municipales contratados a dedo en dos oleadas sucesivas. La primera la hizo el GIL, tras lograr la alcaldía entre 1995 y 1999. La segunda, que se acumuló a la anterior, la llevaron a cabo los partidos que desbancaron al gilismo, especialmente el PSOE y el PA, pero también los posgilistas del Partido Estepona (PES), cuyos votos sirvieron para hacer alcalde a Barrientos en 2003. Esta desmesurada plantilla es, en proporción, similar a la que lastra financieramente a la vecina Marbella tras quince años de gilismo. Desde la operación policial hay rumores de regulación de empleo. "Muchos no están fastidiados porque se haya robado en la ciudad, sino porque el chollo se acaba", señala un cargo municipal.
Un vistazo al arbol genealógico de los principales implicados en la Operación Astapa da cuenta del fenómeno. El dimitido alcalde Antonio Barrientos, expulsado del PSOE y ahora en prisión, tiene al menos tres familiares directos empleados en el consistorio, entre ellos su hermano. Barrientos es amigo de la infancia de su jefe de gabinete, José Flores, y de Antonio Bazán, el dueño de la empresa Agrojardín, proveedora de plantas y encargada de numerosos parques de la ciudad. Flores, considerado hombre fuerte del Ayuntamiento comparte cárcel con su jefe, y Bazán, cuya empresa creció exponencialmente en la última década, ha desembolsado 300.000 euros de fianza.
El concejal de Hacienda expulsado del PSOE Francisco Zamorano también está emparentado con otro de los empresarios implicados. Es cuñado de Félix Delgado, uno de los dos socios de la promotora Codelsa, en libertad bajo fianza de 100.000 euros. Zamorano, como concejal de Personal y consejero delegado de todas las empresas municipales, es la llave por la que pasan todas las contrataciones.
El abogado Juan Simón, considerado testaferro de la trama es sobrino del jefe de gabinete de alcaldía. Se le considera "un chico para todo" de José Flores, encargado de hacer inversiones al núcleo duro en Marruecos y de distribuir sobres con dinero. El abogado tenía muy buenas relaciones con Zamorano, pero estaba enfrentado al concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, casi un recién llegado al Ayuntamiento.
Andrés Flores, jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo y ex gilista, se crió en la calle Manzanares, la misma en la que creció Barrientos. "Su relación es casi familiar", afirman sus conocidos. Flores, en libertad con cargos, comía a menudo con promotores.
Y así sucesivamente...
El navajeo está a la orden del día en el Ayuntamiento. Guardar papeles -de convenios, contrataciones o denuncias- es una práctica de lo más habitual. "Si hasta Jesús Gil tuvo que irse de aquí al ver lo que había metido", bromea una persona que ha vivido con intensidad las tres últimas legislaturas. "Aquí, la gran expectativa es cubrirse las espaldas con un puesto de trabajo. Mientras tanto no hay dinero, suelo para hospital, para colegios, pero la gente no lo sabe. Están a otra cosa", relata un profesional del urbanismo.
El tesorero, Félix Rodríguez Pimienta, se enemistó con Barrientos cuando le echó la culpa, junto al ex alcalde Jesús Gil Marín, de irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. "Se tiró una buena temporada desbarrando en la televisión local, luego volvió", cuenta un vecino. Cuando la policía llegó a su despacho les dijo: "Ya estábais tardando".
La gran familia de Estepona
Los ediles imputados firmaban convenios con amigos y familiares - La trama corrupta se sostenía gracias a la complicidad de empleados municipales
En Estepona (Málaga, 60.000 habitantes) la labor política ha sido durante los últimos quince años sinónimo de negocio personal. La gestión pública no sólo era una actividad rentable por sí misma -un concejal cobra actualmente 5.023 euros brutos al mes- sino que ofrece una parcela de poder que se cultiva colocando en puestos claves del organigrama municipal a familiares y amigos.
La contratación en el entramado de empresas municipales se realiza previa afiliación a las siglas de turno, lo que permite al edil hacerse fuerte además de en el Ayuntamiento, en la agrupación local de su partido. Después llegarán los negocios, previa mordida, con amigos o interesados.
Así coinciden en describir el panorama político esteponero miembros de varios partidos políticos -PSOE, PES (posgilistas), IU, PP- consultados por este periódico. El entramado corrupto destapado por la Policía en la Operación Astapa se sostenía gracias a la complicidad de empleados municipales contratados a dedo y a pequeñas recompensas económicas. "Recuerda que yo te he metido en el Ayuntamiento", advertían algunos implicados a los que veían díscolos. "A los más reacios los captaban haciéndoles firmar algo que parecía legal y amenazándoles después con hacerles responsables", coinciden varias fuentes consultadas.
Con la crisis inmobiliaria y el fin del recurso a financiarse mediante convenios urbanísticos, el Ayuntamiento de Estepona, con muy pocos funcionarios de carrera, paga con dificultad las nóminas de 1.400 trabajadores municipales contratados a dedo en dos oleadas sucesivas. La primera la hizo el GIL, tras lograr la alcaldía entre 1995 y 1999. La segunda, que se acumuló a la anterior, la llevaron a cabo los partidos que desbancaron al gilismo, especialmente el PSOE y el PA, pero también los posgilistas del Partido Estepona (PES), cuyos votos sirvieron para hacer alcalde a Barrientos en 2003. Esta desmesurada plantilla es, en proporción, similar a la que lastra financieramente a la vecina Marbella tras quince años de gilismo. Desde la operación policial hay rumores de regulación de empleo. "Muchos no están fastidiados porque se haya robado en la ciudad, sino porque el chollo se acaba", señala un cargo municipal.
Un vistazo al arbol genealógico de los principales implicados en la Operación Astapa da cuenta del fenómeno. El dimitido alcalde Antonio Barrientos, expulsado del PSOE y ahora en prisión, tiene al menos tres familiares directos empleados en el consistorio, entre ellos su hermano. Barrientos es amigo de la infancia de su jefe de gabinete, José Flores, y de Antonio Bazán, el dueño de la empresa Agrojardín, proveedora de plantas y encargada de numerosos parques de la ciudad. Flores, considerado hombre fuerte del Ayuntamiento comparte cárcel con su jefe, y Bazán, cuya empresa creció exponencialmente en la última década, ha desembolsado 300.000 euros de fianza.
El concejal de Hacienda expulsado del PSOE Francisco Zamorano también está emparentado con otro de los empresarios implicados. Es cuñado de Félix Delgado, uno de los dos socios de la promotora Codelsa, en libertad bajo fianza de 100.000 euros. Zamorano, como concejal de Personal y consejero delegado de todas las empresas municipales, es la llave por la que pasan todas las contrataciones.
El abogado Juan Simón, considerado testaferro de la trama es sobrino del jefe de gabinete de alcaldía. Se le considera "un chico para todo" de José Flores, encargado de hacer inversiones al núcleo duro en Marruecos y de distribuir sobres con dinero. El abogado tenía muy buenas relaciones con Zamorano, pero estaba enfrentado al concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, casi un recién llegado al Ayuntamiento.
Andrés Flores, jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo y ex gilista, se crió en la calle Manzanares, la misma en la que creció Barrientos. "Su relación es casi familiar", afirman sus conocidos. Flores, en libertad con cargos, comía a menudo con promotores.
Y así sucesivamente...
El navajeo está a la orden del día en el Ayuntamiento. Guardar papeles -de convenios, contrataciones o denuncias- es una práctica de lo más habitual. "Si hasta Jesús Gil tuvo que irse de aquí al ver lo que había metido", bromea una persona que ha vivido con intensidad las tres últimas legislaturas. "Aquí, la gran expectativa es cubrirse las espaldas con un puesto de trabajo. Mientras tanto no hay dinero, suelo para hospital, para colegios, pero la gente no lo sabe. Están a otra cosa", relata un profesional del urbanismo.
El tesorero, Félix Rodríguez Pimienta, se enemistó con Barrientos cuando le echó la culpa, junto al ex alcalde Jesús Gil Marín, de irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. "Se tiró una buena temporada desbarrando en la televisión local, luego volvió", cuenta un vecino. Cuando la policía llegó a su despacho les dijo: "Ya estábais tardando".
posted by j.I @ 2:07 AM
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