El PSOE espera que "ahora sí el PP permita que el ayuntamiento pague a sus proveedores"

El PSOE espera que "ahora sí el PP permita que el ayuntamiento pague a sus proveedores"

La concejala socialista de estepona, Cristina Rodríguez, asegura que "los socialistas valoramos positivamente" el propósito del Real Decreto de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales de establecer mecanismos para facilitar el pago de la deuda que mantiene el ayuntamiento de estepona con los proveedores

La concejala socialista afirma, además, que "en la definición de la condiciones de financiación creemos que el plazo del préstamo no debe ser inferior a los diez años, debe haber un periodo de carencia de dos años y los intereses no pueden estar muy alejados del 1% al que el Banco Central Europeo ha prestado dinero a las entidades europeas. El objetivo de la medida debe ser beneficiar a los proveedores a los que se les debe y a los ayuntamientos que pagan, en ningún caso pueden ser los bancos los que finalmente saquen rédito de la difícil situación económica y financiera por la que están pasando los ayuntamientos, incluido el de estepona, y las empresas".

Rodríguez asegura que "a la hora de priorizar el pago no puede ser que la quita sea el criterio para hacer prevalecer el pago de unas facturas sobre otras. Son las pequeñas y medianas empresas y los autónomos los que deberían prevalecer a la hora de priorizar los pagos y, por lo tanto, habría que establecer mecanismos para que las quitas que propone el Real Decreto no perjudiquen a las empresas más pequeñas frente a las empresas que tienen mayor capacidad financiera".

"El protagonismo de la negociación y de la definición de los Planes de Ajuste de las entidades locales debe recaer sobre el alcalde, José María García Urbano, máximo responsable del ayuntamiento. El interventor emitirá los informes preceptivos".

Desde el grupo municipal socialista de estepona "queremos manifestar que si bien es cierto que la crisis económica ha agravado el problema de financiación de las entidades locales y que esta medida puede ayudar a solventarlo en el caso concreto de estepona fue el propio pleno de la corporación el que, con los votos en contra del PP y del resto de la oposición, mayoritaria en el anterior mandato, el que impidió que el ayuntamiento saldase la deuda con más de 600 empresas a través de una medida excepcional arbitrada por el gobierno de España a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO)".

"Por todo ello esperamos que ahora sí el PP acceda a saldar la deuda con los proveedores locales y el ayuntamiento salde las deudas con las empresas locales que tienen hipotecada su viabilidad por el impago del ayuntamiento".

´Muchos empresarios en Estepona pagaban impuesto revolucionario´

´Muchos empresarios en Estepona pagaban impuesto revolucionario´

Un testigo asegura en una grabación que algunos imputados le obligaron a pagar "clubes, chicas, alcohol, comida y fiestas"

La Opinión de Málaga. JOSÉ ANTONIO SAU Un empresario que mantuvo relaciones comerciales con el Ayuntamiento de Estepona ha entregado al Grupo 25 de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, encargada de investigar el caso Astapa, una grabación en la que declara que el «impuesto revolucionario era pagado por muchos otros empresarios» en la localidad a algunos implicados en este proceso contra la corrupción, y que la forma de mover el dinero «era a través de donaciones».

Este empresario declaró como testigo el 11 de abril de 2011, aunque la grabación data de finales de 2008, indica la UDEF en un informe remitido recientemente al juez instructor, Jesús Torres. Fue este industrial el que se puso en contacto con el Grupo 25 para indicar que encontró entre sus cosas la grabadora, que fue enviada a la Comisaría General de la Policía Científica, a la Sección de Acústica Forense, para que se copiase su contenido en un CD, explica la policía.

El empresario quiere denunciar así «una serie de irregularidades a la Fiscalía Anticorrupción» derivadas de su relación con el Consistorio esteponero. Así, dijo, por ejemplo, que existía «corrupción en todo el Ayuntamiento, desde el gorrilla de la puerta hasta arquitectos, abogados, etcétera... que no se hacía nada por propia voluntad».

En este sentido, afirmó que la mordida que se pedía supuestamente a los empresarios por parte determinados funcionarios y expolíticos se llamaba jocosamente entre quienes tenían negocios con el Consistorio «impuesto revolucionario», pago que era afrontado «por muchos industriales». «De forma que eran extorsionados para poder obtener licencias de apertura, de primera ocupación, convenios...», precisó en la grabación.

Para más inri, afirmó, siempre tal y como se recoge en el informe policial, que cuando cobraba las pequeñas obras que le hacía al Ayuntamiento, «automáticamente le llamaban para que pagase pequeños homenajes: clubes, chicas, alcohol, comidas, fiestas...».

La forma de mover el dinero «era a través de las donaciones de los promotores para hacer conciertos, rotondas... generándose facturas falsas». En este sentido, dice en su grabación y repitió en la declaración, «si un grupo iba a cantar, le decían que valía cuatro millones, pero que en la factura pusieran ocho; así, a los que hacían la factura le daban cinco y ellos se quedaban con tres».

Entre otras cosas, relató que el Consistorio le debía diversos pagos en relación con un servicio municipal que prestaba, y que un alto funcionario le indicó que, si se portaba bien con él, «agilizaría los pagos» a su empresa. El subordinado de ese alto empleado público también le extorsionó, afirma: «Éste le indicó que todo el mundo se estaba llevando dinero y que él también quería. Por ello, le dijo que si no le daba dinero los papeles no saldrían de su cajón».

El grado de presunta corrupción descrito es tal que, cuando quedaban a tomar copas, él era el que tenía que pagar. Un abogado cercano al jefe de gabinete de alcaldía, según añadió, le dijo que no se preocupara por el problema, que él no sabía cómo funcionaba el sistema, «pero él podía solucionarle todos los problemas de cobro» y lograr que siguiera con la concesión municipal unos años más. La solución que le dio fue la siguiente: que, de la suma recibida por lo que se le debía, pagara una parte «a ciertas personas».

El abogado y uno de los concejales, explicó, recibieron parte de esas cantidades: así, por ejemplo, de un débito de 250.000 euros tuvo que untar presuntamente a dos implicados en Astapa con 60.000 euros.

Cuando el denunciante acumulaba tres o cuatro facturas sin cobrar, «les daba dinero para poder a su vez cobrar él, de forma que, cuando cobraba los cheques, les entregaba un sobre con dinero, unos doce o trece mil euros, siempre según lo recogido en el informe de la UDEF que hace referencia a su denuncia.

El PP adjudica la gestión del cementerio a la misma empresa a la que se la quitó

El PP adjudica la gestión del cementerio a la misma empresa a la que se la quitó

El ayuntamiento de Estepona ha propuesto adjudicar en mesa de contratación a Funespaña la gestión y explotación de los cementerios municipales Santo Cristo de la Veracruz y La Lobilla

El portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, ha recordado que hasta ahora era el propio ayuntamiento el que venía gestionando estas instalaciones desde que en marzo de 2003 el consistorio, gobernado por el PP, secuestrara este servicio por diferencias con la empresa.

El consistorio secuestró el servicio de cementerios a Funespaña en marzo de 2003 cuando el PP gobernaba en la localidad. Algunos de los motivos esgrimidos para rescatar la prestación de este servicio por parte del equipo de gobierno fueron el incumplimiento de la normativa sanitaria en las construcciones, la indisposición de un número de nichos mínimo y la incorrecta aplicación de las tarifas.

El Consejo Consultivo de la Junta se pronunció a favor del ayuntamiento en este asunto, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en 2002 dio razonamientos jurídicos para rescatar los servicios funerarios que estaban en manos de Funespaña desde 1996. Según el Tribunal, la concesionaria del servicio tenía tan sólo interés económico, algo que perjudicaba no sólo al ayuntamiento sino a los vecinos de Estepona.

El portavoz socialista, David Valadez, recuerda que la auditora Deloitte reflejó en su informe (en el año 2009), perteneciente al auditor Luís de la Mora, la incertidumbre derivada del procedimiento abierto con el ayuntamiento de Estepona sobre la resolución de la concesión de su cementerio-tanatorio a Funespaña “inicialmente concedido a Funespaña”. Los activos del cementerio de Estepona ascendían, según el propio informe de auditoría, a 1.438.000 euros.

Valadez recuerda, además que en febrero del pasado año el ayuntamiento salió airoso de un contencioso contra la que fuera concesionaria del cementerio y los servicios funerarios y que llevaba varios años en los tribunales.

Esta resolución judicial se une a otras anteriores en las que se han desestimado las pretensiones de la mercantil, en relación a la resolución de la concesión.

El portavoz socialista, además, asegura que el 15 de diciembre de 2011 el consejero delegado de Funespaña certificó que entre los riesgos derivados de las concesiones del grupo empresarial se encontraba el caso del municipio de Estepona.

Así, asegura que “el 19 de junio de 2009 el Pleno del Ayuntamiento de Estepona, adoptó en sesión ordinaria el acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos número 1/2009 en el que se incluía el correspondiente a la liquidación-rescate de la concesión relativa al cementerio y tanatorio de Estepona por importe de 2.850.000 de euros. A 31 de diciembre de 2010, la Sociedad mantiene en su balance un importe de 1.353,8 miles de euros relativos al valor neto de los activos asociados a la mencionada concesión. En este sentido, Funespaña estima que no se producirán pérdidas para la sociedad derivadas de la resolución de dicha concesión por el Ayuntamiento de Estepona, aunque no se puede garantizar dicho resultado.

De conformidad con todo lo anterior, la eventual pérdida o no renovación de una parte importante de las concesiones de cementerios o de incineraciones de las que Grupo Funespaña es titular así como la posible extinción de la Empresa Mixta de Madrid en el año 2016 sin que se adopte ninguna medida al respecto, podría afectar de manera negativa a los resultados y la situación financiera, económica y patrimonial del Grupo Funespaña”.

En ese mismo informe, indica el portavoz socialista, la propia empresa reconoce que la actual situación económica es convulsa y está contribuyendo a disminuir los ingresos. En definitiva, es más que evidente que el PP quiere desmantelar lo que tantísimo tiempo ha venido siendo público en un clarísimo empeño por poner en manos de intereses privados lo que es de todos los esteponeros. A nadie se le escapa que si una empresa viene a gestionar algo que es de todos es porque va a obtener beneficios. Unos beneficios que pagaremos todos con unas mayores tasas o a través de los presupuestos municipales.

Valadez concluyó que “no es de recibo que el mismo PP que en el 2003 rescató la concesión por el mal servicio que se venía ofreciendo le entregue ahora a la misma empresa este servicio para que obtengan beneficios que pagaremos todos”.

Por último preguntó acerca “de los intereses que algunos destacados miembros del PP tienen en este asunto y cuáles son las contrapartidas que vamos a pagar todos”.

Actos PP
En la misma comparecencia el portavoz socialista ha pedido al alcalde, de manera pública “ya que sigue sin atender nuestras peticiones plenarias y las propias comparecencias que realizamos ante el secretario General de la corporación, que explique si el PP está pagando por la utilización de las instalaciones municipales para actos de partido”.

“Durante buena parte de la semana pasada operarios municipales han estado acondicionando las instalaciones del pabellón de El Carmen, y sus alrededores, para que el presidente regional, Javier Arenas, se paseara por el municipio. Hace días el PP convocó a sus militantes a las Escuelas del Padre Manuel”.

“Jamás antes ningún partido, aún estando en el gobierno, había utilizado como propias instalaciones públicas que son de todas. Si el PP quiere hacer un acto de partido que lo haga en su sede o se alquile un hotel, como hacemos y hemos hecho los demás”, concluyó Valadez.

"García Urbano ha dejado morir el proyecto universitario"

"García Urbano ha dejado morir el proyecto universitario"

El grupo municipal socialista de Estepona indica que las declaraciones realizadas en el día de ayer por la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, “son la constatación de que el PP y el alcalde José María García Urbano han dejado morir lentamente en estos últimos ocho meses el proyecto universitario siendo evidente que entre sus apuestas educativas no se contempla el asomo el potenciar la educación público sino, muy al contrario, la defensa a ultranza de la iniciativa privada, tal y como se viene evidenciando desde hace meses"

“Es normal que la rectora muestre su preocupación por el estado actual de la implantación del grado de Educación Física en el municipio después de que haya sido el propio pleno de la corporación municipal el que, hasta en dos ocasiones, haya votado en contra de la obtención de los terrenos para este fin”, asegura el portavoz de los socialistas locales, David Valadez.

De esta manera el portavoz socialista se refiere a la “negativa del PP, y del resto de miembros de la oposición municipal, en el anterior mandato, a desbloquear la puesta a disposición de la Junta de Andalucía de los terrenos que permitiesen impartir en la localidad el grado de Educación Física”.

Valadez recuerda cómo gracias a las gestiones llevadas a cabo, con decenas de reuniones entre responsables de la administración autonómica, Universidad de Málaga y ayuntamiento, el consejo de Gobierno de Andalucía otorgó el grado de Educación Física al municipio de Estepona.

Además, fruto de esas intensas negociaciones, la Universidad de Málaga se comenzó a impartir este año cursos de verano y abrirá un aula para mayores en Estepona. La rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, y el ex alcalde de la localidad, David Valadez, firmaron en enero del pasado año dos convenios por los que se realizarán ambos proyectos. Los cursos de verano están relacionados con actividades deportivas, materias cuyo grado se impartirá en el futuro campus universitario de Estepona.

Los convenios, que tenían un tiempo de vigencia de un año, prorrogables, tienen como objetivo determinar las obligaciones de ambas partes. Al Consistorio le corresponde la puesta a disposición de la UMA y de la Fundación General de la Universidad de Málaga de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas y culturales que las partes acuerden realizar, en este caso las dependencias del Padre Manuel, lo que no supone coste alguno para las arcas municipales.

Durante el acto de firma de ambos convenios en Estepona la rectora aseguró que la firma de estos convenios era la antesala del futuro campus de Estepona que se ubicará en la zona de Guadalobón, donde la UMA impartirá el Grado de Educación Física para el que ya tiene elaborado el plan de estudios, tal y como confirmó la rectora. Adelaida de la Calle dijo que la parte académica estaba hecha y sólo falta la construcción del edificio para impartir las clases.

Sin embargo, y pese a todos esos esfuerzos, ha sido el PP el que ha impedido que el proyecto universitario de Estepona sea una realidad, votando en contra hasta en dos ocasiones, de la obtención de los terrenos para su posterior puesta a disposición de la Junta de Andalucía.

La rectora, contraria a que haya facultades de la UMA en Estepona y Marbella

La rectora, contraria a que haya facultades de la UMA en Estepona y Marbella

De la Calle argumenta que los estudios de grado deben estar en un mismo ámbito y que sería "un grave error" construir campos de forma indiv¡dualizada

Málaga Hoy. La rectora de la Universidad de Málaga (UMA), Adelaida de la Calle, vertió ayer un jarro de agua fría sobre las aspiraciones de Marbella y Estepona de albergar licenciaturas, al asegurar que descentralizar la UMA supondría ir "en contra de lo que en la actualidad es un campus de excelencia". La explicación que ofreció fue que los estudios de grado deben estar centrados en un mismo ámbito, por lo que dijo que sería "un grave error construir campus individualizados". La situación económica desaconseja también emprender la iniciativa. "Sería costoso para la sociedad. En la actualidad se critica el exceso de universidades. No vamos a seguir creando campus cuando la tendencia es a agregarlos", apuntó.

Marbella aspira a albergar licenciaturas vinculadas con la salud y el mundo de los negocios. Estepona opta por la carrera de Educación Física. A cambio de denegarles estas titulaciones, De la Calle ofreció a ambos municipios la posibilidad de acoger estudios de postgrado. "Es lo que siempre oferto y lo que voy a seguir ofertando", señaló la rectora. La rectora adelantó que en este sentido hay "cosas bastante avanzadas con el Consistorio marbellí, aunque aún no se ha concretado nada". La ciudad alberga iniciativas organizadas por la UMA como cursos de verano, un ciclo de español para residentes extranjeros o una universidad de mayores. El Consistorio, sin embargo, no renuncia a acoger un campus. La concejal de Enseñanza, Carmen Díaz, aseguró comprender la postura de la rectora, pero avanzó que pujará por que el proyecto sea una realidad "a medio o largo plazo". "Estamos convencidos de que Marbella puede desarrollar carreras universitarias", apuntó.

Fuentes del Ayuntamiento de Estepona recordaron que la UMA y el Consistorio aprobaron en el mandato anterior trasladar a la localidad el grado de Educación Física, aunque reconocieron que "desde entonces no se ha avanzado en la iniciativa".

CIE, LAMENTA UNA VEZ MÁS, LA PREPOTENCIA Y LA ARROGANCIA DEL GOBIERNO POPULAR DEL SR. GARCÍA

CIE, LAMENTA UNA VEZ MÁS, LA PREPOTENCIA Y LA ARROGANCIA DEL GOBIERNO POPULAR DEL SR. GARCÍA

El Pleno celebrado el jueves, vino a demostrar una vez más, la utilización prepotente y arrogante de la mayoría absoluta, por parte del gobierno popular en estepona, del Sr. García.

El pleno nos deja claro la falta de transparencia que el Sr. García ejerció ante la solicitud, del grupo municipal de CIE, en el punto de "control de órganos", cuando CIE, pidió al Sr. García, que convocase un pleno y se debatiera la gestión en el área de personal. De igual forma, se solicito también que se convocara un pleno para ejercer lo establecido en la ley como control de órganos y se pudiera debatir, el asunto puesto de manifiesto por el Sr. Vicesecretario del Ayuntamiento, donde revela presuntas irregularidades en la Junta de Gobierno y otras forma de proceder del Sr. García. Por tal motivo, CIE quería que se aclarase con la mayor brevedad dicho tema, a lo cual el gobierno popular optó por aplicar el rodillo de su mayoría, y no permitir esclarecer los hechos denunciados por el Sr. Vicesecretario.

Desde CIE nos preguntamos: ¿Tiene algo que temer el Sr. García?. Sino es así, porque no quiso que se celebrara el control establecido por ley.

No decía el Sr. García, "eso si en campaña electoral", que cuando solicitara tan sólo un concejal una comisión, se celebraría con la mayor brevedad, ¿Ahora, porque no?.

¿Dónde esta su transparencia política? ¿Utiliza la mano de seda de cara al pueblo y por detrás y sin que nadie se de cuenta, aplica el guante de hierro?

De la misma forma, CIE presentó una moción muy importante para los bolsillos de los esteponeros, con referencia al IBI, propuesta que una vez más el gobierno popular aniquiló con su arrogancia y prepotencia, sin tan si quiera entrar en el tema, pues era la aplicación de una ley que existe y que debiera el Ayuntamiento de aplicar, beneficiando así al ciudadano.

¿Por qué no lo hizo?, nosotros desde CIE creemos que no lo hizo, porque tan sólo quiere recaudar dinero, y no quiere aplicar ni incluso la ley que el por su profesión conoce mejor que nadie, y que de aplicarse, se beneficiarían todos los esteponeros en sus recibos de IBI, bajando su cuota en algunos casos hasta un 50%.

Desde CIE nos preguntamos, si lo que pretende el Sr. García del gobierno popular, es aplicar el rodillo como sistema de aniquilación política del adversario de otra ideología o forma de pensar, y que no dice y hace lo que este Sr. quiere.

Propuesta del Grupo Municipal de CIE

LOS CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADAN@S INDEPENDIENTES DE estepona (GMCIE), JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ORTEGA Y D. CÁNDIDO ESCALANTE ESCARCENA, PERTENECIENTES A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE estepona, TIENEN EL HONOR DE EXPONER A SUS COMPAÑEROS DE CORPORACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA

El 20 de marzo de 2009, el Pleno de este Ayuntamiento, adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo: "Que sin perjuicio de continuar con las acciones legales iniciadas para anular la actual ponencia de valores, con carácter inmediato y urgente, se solicite por parte del Ayuntamiento, la iniciación de un expediente de revisión de la ponencia de valores que ponga fin al desfase denunciado entre Catastro y la realidad de mercado, con objeto de aligerar la fuerte presión fiscal que injustamente soportan nuestros vecinos".

Esta fue la fórmula que encontró el equipo de gobierno de aquella corporación, para dejar sin efecto la actual ponencia de valores, la cual establecía un incremento medio de un 300% del valor de los inmuebles del municipio.

estepona tiene una cuota media de IBI más altas de toda España, llegando a superar a Málaga, Madrid y Barcelona (Opinión de Málaga, edición 06/11/2011).

El verdadero desfase impositivo con la realidad se produce en los impuestos que toman como base el valor catastral, sirviendo como ejemplo los siguientes:

Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Se producen valoraciones de herencia desfasadas de la realidad a las que los herederos tienen que hacer frente.

Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La Junta de Andalucía aplica al valor catastral un coeficiente de 1.10 (BOJA nº 42, 02/03/2011), agudizando aún más el desfase con la realidad, resultando compraventas con valores muy superiores al realmente pactado, que se gravan con el 7%.

Impuesto de Plusvalía Municipal. Al valor catastral del suelo se deduce el valor histórico del suelo, produciendo diferencias exageradas, a las que se aplica el tipo impositivo establecido, produciendo cuotas desproporcionadas.

Impuesto de Patrimonio. Los valores catastrales, excesivos, desfasados de la realidad, contribuyen a alcanzar fácilmente el límite de 700.000 euros de exención del impuesto.

MOTIVACIÓN

En aplicación del artº 36 del Real Decreto Legislativo 1/2004. Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en su punto 1º señala que "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está sujeta al deber de colaboración establecido en el artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con los datos, informes o antecedentes que revistan trascendencia para la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario.

Tras un análisis del RD 1020/1993, de 25 de Junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las Construcciones para determinar el valor catastral de los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, se ha observado la posibilidad de reducir la presión fiscal de forma reglada y objetiva, al establecer dicha normativa unos coeficientes correctores para los valores del suelo y las construcciones (Norma 14 anexo RD 1020/1993).

En este sentido el Grupo Municipal de Ciudadan@s Independientes de estepona, realiza la presente

M O C I Ó N

1.- Se remita a la Gerencia del Catastro la delimitación del ámbito del Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Urbano, con objeto de aplicar a las referencias catastrales incluidas en dicho ámbito la aplicación del coeficiente corrector L de la norma 14 del Anexo del RD 1020/1993, para la correcta liquidación del IBI.

2.- Se facilite a la citada Gerencia los ámbitos de planeamiento sobre los que no se ha culminado la equidistribución, con objeto de aplicar a dichos ámbitos la aplicación del coeficiente corrector M de la norma 14 del anexo del RD 1020/1993, para la correcta liquidación del IBI.

3.- Se aplique en todo el Término Municipal de estepona el coeficiente corrector N de la norma 14 del anexo del RD 1020/1993, coeficiente de depreciación económica que puede llegar a minorar el valor catastral de hasta el 50%, sin necesidad de revisar la ponencia de valores y sin tener que justificar que el precio de la vivienda ha disminuido por falta de mercado o caída en desuso.

El PP rechaza las seis mociones presentadas por el grupo municipal socialista

El PP rechaza las seis mociones presentadas por el grupo municipal socialista

Una vez más la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en el pleno de la corporación ha sido utilizada para impedir que pudiesen prosperar las mociones presentadas por el grupo municipal socialista y que, de prosperar, “hubiesen supuesto un respaldo claro a políticas que benefician al conjunto de la ciudadanía pero especialmente a aquellos que menos tienen”.

Así, el PP ha votado en contra de que el pleno se pronunciase en contra de la subida del impuesto del IRPF y el IBI decretada por el Gobierno de España, de los recortes en el programa de concertación de la Diputación Provincial de Málaga, de la suspensión de la aplicación de la Ley de Dependencia, de la congelación del salario mínimo interprofesional o de la puesta en marcha de nuevos proyectos de cogeneración y de fuentes renovables de energía.

En el capítulo de ruegos y preguntas los socialistas han vuelto a solicitar al alcalde que les entregue una copia íntegra de la documentación remitida al Tribunal de Cuentas sobre la liquidación del presupuesto del 2009, el expediente completo del procedimiento administrativo llevado a cabo para unir las urbanizaciones de la Ciudad del Sol y El Presidente y, tal y como ya hiciera en el pasado pleno ordinario correspondiente al mes de enero, una copia íntegra de la sesión plenaria del pasado día 15 de diciembre en la que el alcalde rompió la disciplina de su grupo político en un asunto urbanístico y se abstuvo.

Además el PSOE solicitó al alcalde una explicación acerca de las graves manifestaciones vertidas por el secretario Adjunto de la corporación en un informe remitido a la Junta de Andalucía y sobre las alegaciones presentadas por el tesorero de la corporación al Plan municipal de Tesorería aprobado por el pleno de la corporación sin que se hubiese celebrado la comisión informativa previa y sin contar con ningún tipo de informe, ni jurídico ni técnico.

El PSOE, del mismo modo, solicitó al alcalde que les entregue una copia del acta de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 4 de enero en la que, según el secretario Adjunto, se realizaron distintas irregularidades.

Puntos ordinarios
En cuanto al resto de cuestiones abordadas en la sesión plenaria el grupo municipal socialista votó a favor de los dos asuntos urbanísticos que se sometieron a deliberación ya que su aprobación inicial correspondió al anterior gobierno local y, por pura coherencia, “nuestro sentido del voto, a diferencia de lo que ustedes hacen, será el mismo”, aseguró el portavoz socialista, David Valadez.

“Lo que es bueno para la ciudad lo hemos apoyado antes, desde el gobierno, y lo seguiremos apoyando ahora desde la oposición”, aseguró Valadez.

Del mismo modo, el PSOE votó a favor de la prórroga del convenio de colaboración suscrito entre la delegación provincial de Salud y el ayuntamiento de Estepona para el desarrollo del programa de atención infantil temprana para niños y niñas de 0 a 4 años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlo.

Este expediente supone prorrogar el convenio que firmó el 1 de mayo de 2009 la delegada provincial de Salud, María Antigua Escalera, con el entonces alcalde y hoy portavoz socialista, David Valadez.

IU pide a la Junta que pare “el atentado medioambiental del Gobierno de García Urbano” en Matas Verdes

IU pide a la Junta que pare “el atentado medioambiental del Gobierno de García Urbano” en Matas Verdes

Díaz: “Es un ecosistema de alto valor que no puede ser presa del ladrillo, García Urbano se está danto mucha prisa y la Junta tiene que frenarle”

El diputado provincial de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía (IULV-CA), Miguel Díaz, y el coordinador local de la formación en estepona, Eduardo Alarcón, han informado este mediodía de la iniciativa presentada por IULV-CA en el Parlamento de Andalucía solicitando a la Consejería de Medioambiente de la Junta que “proteja el paraje de dunas de El Saladillo-Matas Verdes de estepona ante la amenaza de su destrucción a causa de la construcción de un complejo hotelero cuyo Plan Parcial ha sido aprobado por el gobierno local del Partido Popular (PP)”.

Díaz considera que “la decisión del gobierno presidido por García Urbano es un atentado medioambiental en el último ecosistema de dunas que existe en estepona, un grave error que el gobierno autonómico está obligado a parar, pues construir un hotel, infraestructuras e, incluso, un punto de atraque náutico, sería un desastre ecológico intolerable e incomprensible tras los estragos causados por el urbanismo depredador en los últimos años”.

El diputado de IU ha asegurado que “durante el anterior mandato municipal, con la presencia de IU en el gobierno, se frenaron las pretensiones urbanizadoras, ahora García Urbano se está dando mucha prisa y ha iniciado el expediente para la destrucción del paraje en una de sus primeras decisiones de calado en materia urbanística”. Díaz recuerda que el PP ya rechazó una moción para la protección presentada por IU en Diputación el pasado mes de octubre, “ya que tenían en mente aprobar el proyecto al que acaban de dar luz verde, en contra del más elemental sentido común, pues el progreso pasa más por la sostenibilidad y la conservación que en el continuismo con del ladrillo, que actitudes como la del PP de estepona están convirtiendo en el auténtico ecosistema autóctono”.

Por su parte, el coordinador local de IU, Eduardo Alarcón, ha explicado que “el proyecto está fuera de lugar, tanto por cuestiones medioambientales como de planificación económica, ya que la realidad es que se están cerrado hoteles y convirtiendo la planta hotelera en un mercado de temporada y ahora el PP viene a especular y confundir con un proyecto que no va a redundar en creación de empleo, lo que necesita el turismo es estabilidad laboral y acabar con la estacionalidad”.
El paraje natural destaca por su variedad de fauna y flora, con especies protegidas y de una gran importancia ecológica. Esta riqueza biológica se resalta al integrar, debido a su cercanía con el Estrecho de Gibraltar, características naturales propias de los ecosistemas dunares atlánticos, como la presencia de alcornoques, lo que lo confirma como un espacio único en la provincia y en la cuenca del Mediterráneo. A la valiosa fauna y flora hay que añadirle la existencia de una torre almenara y pecios hundidos localizados frente a sus playas. No en vano, existen tres Lugares de Interés Comunitario (LICs) de la Red Natura 2000: los LICs fluviales de los ríos Guadalmina y Guadalmansa y el LIC submarino de El Saladillo-Punta de Baños, por lo que sería factible la creación de un LIC marítimo-terrestre que incluya también la terrestre de ‘El Saladillo-Matas Verdes’.

IU denuncia que la legalización de un edificio favorece a los infractores

IU denuncia que la legalización de un edificio favorece a los infractores

Entregan al Ayuntamiento tres plantas y se quedan con cuatro pero quedan exonerados de ceder parcelas para equipamientos

Málaga Hoy. Un grupo de promotores vinculados con Juan Hoffman, imputado en la operación Malaya, legaliza un edificio de siete plantas en el centro de Marbella tras alcanzar con el equipo de gobierno, del PP, un acuerdo "claramente favorable" a los infractores, según denunció ayer el portavoz de IU, Enrique Monterroso. Los promotores, según el edil, han regularizado el inmueble tras ceder al Consistorio las tres primeras plantas, a las que se han trasladado las dependencias de la Delegación de Urbanismo. A cambio, conservan las otras cuatro y quedan exonerados de ceder diversas parcelas para la construcción de equipamientos públicos.

"La compensación es insuficiente. Ganan los infractores y pierden los vecinos, que se quedan sin espacios en los que desarrollar actividades culturales y sociales en pleno centro de la localidad. La operación, sellada por la regidora, Ángeles Muñoz, es una nueva dentellada a la manzana de la corrupción urbanística", criticó Monterroso.

No es el primer equipamiento público que la localidad pierde en beneficio de imputados en el caso Malaya "con el beneplácito del PP". Antes ya se cedió a Tomás Olivo la Casona Sindical, uno de los edificios más emblemáticos de la localidad, que fue derribada, y a la constructora Ávila Rojas, una parcela en la zona de Francisco Norte. Al alcalde de Estepona, el también popular José María García Urbano, se le ha relacionado "en determinadas ocasiones" con Hoffman, recordó Monterroso. El portavoz de IU criticó también que el Consistorio haya decidido "sentar los cimientos del área de Urbanismo" sobre un edificio "que es fruto de la corrupción y las ilegalidades urbanísticas promovidas por un imputado en la operación Malaya". "Además, se trata de una aberración arquitectónica levantada sobre suelo público", concluyó.

El PSOE de Estepona pide a la Junta que revise el plan municipal de teso...

El PSOE de Estepona pide a la Junta que revise el plan municipal de tesorería aprobado en pleno por los populares

El PSOE de Estepona pide a la Junta que revise el plan municipal de tesorería aprobado en pleno por los populares

Los socialistas llaman la atención sobre la forma de gobernar del popular García Urbano, que ha hecho que en los últimos días dos habilitados nacionales de carrera se muestren en contra alegando contra sus acuerdos o recurriendo a organismos supramunicipales

El portavoz del grupo municipal socialista del ayuntamiento de Estepona, David Valadez, ha informado que su grupo ha solicitado a la Junta de Andalucía que el plan de tesorería aprobado en pleno con los únicos votos a favor del PP, sea revisado. “Entendemos que este plan es ilegal y por tanto debe revocarse”, ha indicado Valadez, sobre el acuerdo alcanzado en el pleno ordinario del mes de diciembre. “Dicho plan no fue dictaminado por la comisión informativa correspondiente y no aportaba ningún tipo de informe jurídico-técnico, y fue sometido en el punto de asuntos urgentes con la única propuesta del concejal Manuel Aguilar”.

Para Valadez “el documento es manifiestamente mejorable y en nuestra opinión impugnable y anulable. De ahí que el pasado viernes el propio tesorero municipal presentara una alegación a dicho plan municipal de tesorería”. El habilitado nacional de carrera recurrió al registro general de entrada para indicar lo que ya había señalado el grupo municipal socialista ante la Junta de Andalucía. “Por parte del PP se está alterando la prelación de pagos que viene descrito en la Ley de Bases de Régimen Local, de obligado cumplimiento para el consistorio”.

Para el portavoz socialista “el PP pretende que las deudas anteriores a 31 de diciembre de 2011 no sean abonadas y ellos abonar sólo deudas desde el 1 de enero de 2012. Eso no sólo no es eficaz, ya que se incrementa la deuda por los intereses generados, sino que es claramente ilegal. Por lo que los socialistas confiamos en que la Junta revoque el acuerdo y se dirija al ayuntamiento para que le remita el expediente completo”.

Secretario adjunto
David Valadez también valoró como “muy grave” el documento presentado por el secretario adjunto ante la Junta de Andalucía el pasado 27 de enero. Documento que el mismo secretario ha facilitado a todos los grupos con representación en la corporación municipal: PP, PSOE y CIE, por lo que no se entiende que desde la alcaldía se diga “que no tienen conocimiento del mismo. Es falso”. En el escrito el habilitado de carrera “solicitaba a la Junta la mediación ante las irregularidades e ilegalidades, que en su opinión se están perpetrando por el alcalde de Estepona, el señor García Urbano, al dictar acuerdos a sabiendas de su ilegalidad –prevaricación- y de falsear documentos públicos al no recoger las advertencias del secretario adjunto”.

En opinión de Valadez “esto puede suponer una parálisis en la gestión municipal, ya que se trata de acuerdos como el proceso de privatización de determinados servicios municipales. Si este acuerdo se adoptó de manera ilegal, será anulable. Mientras el ayuntamiento adquiere acuerdos con empresas poniendo en riesgo los servicios y a los trabajadores”. El secretario se ve forzado a acudir a la administración supramunicipal “ante el desprecio del alcalde” a su función pública, en unos hechos “muy graves”, según indicó el edil. Lo que derivará en consecuencias contencioso-administrativas y con total seguridad, en otros aspectos más graves.

El portavoz socialista indicó que “García Urbano sigue entendiendo que el municipio de Estepona es su cortijo, se cree que todo es suyo y que puede hacer y deshacer a su libre albedrío. En los últimos días dos habilitados nacionales de carrera se ven forzados a intervenir ante sus acciones”. Y finalizó con otra muestra de la forma de gobernar del PP en Estepona, mezclando lo público y lo privado, que hace pocos días “convocaba a sus militantes y simpatizantes a una reunión en un edificio público, el centro cultural Padre Manuel, días después de vetar un acto al conocer que el ponente era un ex cargo socialista”.

Rueda de prensa sobre archivo de la octava denuncia contra David Valadez.

La justicia archiva la octava denuncia contra David Valadez

La justicia archiva la octava denuncia contra David Valadez

La denuncia fue interpuesta por el Partido Popular tras haber pagado el ayuntamiento las nóminas a los empleados públicos con dinero del Patrimonio Municipal del Suelo

El juzgado de primera instancia e instrucción número cinco de Estepona ha acordado el sobreseimiento de las diligencias abiertas contra David Valadez tras la denuncia efectuada el 16 de septiembre de 2010 por los concejales del PP y por la central sindical CSI-CSIF.

En los razonamientos jurídicos empleados por el juzgado se asegura que “de las diligencias practicadas resulta que no se extrae ningún indicio de criminalidad, por lo que no aparece suficientemente justificada la perpetración del presunto delito de prevaricación”.

Tras citar distinta jurisprudencia prosigue que “se entiende pues a la vista de lo anteriormente expuesto, así como en virtud del principio de intervención mínima que rige en el ámbito del derecho penal, que los hechos denunciados no resultan encuadrables en la órbita penal, ya que el convencimiento es el de que los hechos resultan indiciariamente irrelevantes en cuanto a las consecuencias que pueden extraerse de los mismos, ya que no aparecen como reprehensibles en vía penal”.

Este auto se suma a la petición que realizó el pasado 3 de agosto de 2011 el Ministerio Fiscal. En su escrito, dirigido al juzgado de instrucción número cinco, y que el ex alcalde David Valadez no hizo público en estos meses hasta el día de hoy, se asegura que de acuerdo con criterios de interpretación de las normas jurídicas y al amparo de principios fundamentales, tanto constitucionales como penales, que rigen la actividad de la Administración en general y, particularmente, en el ámbito penal, hay que afirmar que “con la cautela de evitar que, por el carácter político de la autoridad o funcionario público implicados, no se caiga en el error de dar una respuesta penal a lo que no sea más que un caso meramente político, en cuyo ámbito debe solventarse la cuestión, pues a toda costa ha de huirse de lo que se ha dado en llamar la judicialización de la vida política de efectos distorsionadores en el esquema de la separación de los poderes constitucionales”.

Valadez ha recordado en su comparecencia pública que de esta manera la justicia “vuelve, por octava vez, a poner freno a la campaña de descrédito y linchamiento de la que he sido objetivo en estos tres años por aquellos que tenían como único objetivo el de desacreditar mi imagen ante la opinión pública”.

“Quiero recordar que a mí se me denunció ante la justicia por pagar la nómina de los empleados municipales, contando con los informes favorables de la secretaría y de la tesorería municipal, tras garantizar en todo momento la reposición de los fondos que estaban siendo utilizados para este fin”, aseguró Valadez.

Así recordó que “hasta el mismo mes que yo dejé la alcaldía el ayuntamiento ha estado reponiendo, mes a mes, el dinero utilizado para el pago de las nóminas bajo el principio de caja única. Desde que José María García Urbano es alcalde de Estepona no se ha repuesto un solo céntimo y ahora él tendrá que dar las explicaciones oportunas”.

El hoy portavoz socialista de Estepona recuerda que el Ministerio Fiscal concluye en su petición de sobreseimiento que “la conducta que ha dado lugar a la formación de la causa no sea constitutiva de delito” ya que, entre otras cuestiones, “el principio de caja única es defendido por la doctrina y admitido por la Jurisprudencia de la Sala III del Tribunal Supremo, debido a las aportaciones positivas que comporta, ya que una gestión múltiple y autónoma de los órganos de la Administración operando cada uno de ellos por cuenta propia con cajas propias, dificultaría, cuando no impediría, una claridad suficiente en la administración de los fondos públicos”.

El ex alcalde indicó también, respecto a las declaraciones del concejal popular Ignacio Mena, que el PP no puede recurrir el archivo. “Es imposible que el PP pueda recurrir este archivo al no estar personado –al igual que el sindicato CSI-CSIF-“, pero si así lo estuviera, “tampoco podría hacerlo dado que el plazo para hacerlo ya expiró”.

Valadez ha recordado, por otro lado, que a este octavo archivo se suman otros siete producidos en estos últimos meses. Así, aseguró que “la última denuncia que se me archivó procedió del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos y se debía a las transferencias realizadas en dos meses del ayuntamiento a las empresas municipales para el pago de la nómina de los empleados”.

Además hay que sumar otras seis más. Entre ellas “en la que se me imputaba el delito de prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delito en relación a la construcción de una vivienda construida en el año 2004 cuando ni era alcalde ni concejal de Urbanismo”.

Además se archivó la denuncia interpuesta por el pago de las obras de las calles Caridad y Málaga con dinero del Patrimonio Municipal del Suelo y la denuncia presentada por el PP por un presunto delito penal por “retrasar” –según los populares-, “conscientemente la aplicación del acuerdo de pleno que acordó la eliminación de las tasas de basura, alcantarillado y licencia de apertura de establecimiento con el fin de que no se llevara a cabo”.

En este último caso, la justicia ha archivado la denuncia hasta en dos ocasiones.

También se archivó la denuncia presentada contra el ayuntamiento por los delitos de prevaricación por omisión debido a la emisión de ruidos contaminantes, realizados por algunos establecimientos de hostelería ubicados en el Puerto de Estepona, al entender que el ayuntamiento no realizaba intervenciones para paliar la situación.

Sin embargo, la denuncia también fue archivada debido a que la Fiscalía entendía que no podía decirse que el ayuntamiento haya estado inactivo tras el examen de la abundante documentación remitida por el consistorio.

Por último, la justicia archivó una denuncia interpuesta contra el ex alcalde socialista por el vertido de aguas fecales junto al club de tenis de Estepona.

El PSOE reclama que la herencia Nadal se reintegre en proyectos en Estepona

El PSOE reclama que la herencia Nadal se reintegre en proyectos en Estepona

El Mundo. El grupo socialista en la Diputación instará en el próximo pleno al equipo de gobierno a que "emprenda todas las actuaciones posibles" para que el Obispado de Málaga reintegre "de manera inmediata" a la parroquia de Los Remedios de Estepona el dinero de la herencia Nadal, para que se pueda invertir en la localidad, preferentemente en el proyecto universitario, cumpliendo así la voluntad de la testadora, María Catalina Nadal.

Así lo ha informado en rueda de prensa el portavoz socialista en la institución, Francisco Conejo, junto al portavoz en el Ayuntamiento de Estepona, David Valadez; quienes han recalcado que esto sería "sinónimo de creación de puestos de trabajo".

En concreto, los socialistas proponen que parte del dinero de la herencia se destine a un centro especializado universitario en educación física, para lo que "ya existe la autorización del Gobierno andaluz, tal y como expuse al obispo de Málaga", ha precisado Valadez. No obstante, ha lamentado que, "tres décadas después, no se ha invertido ni un sólo céntimo en el municipio".

Además, y con el fin de "preservar el legado y la herencia que le corresponde al pueblo de Estepona", los socialistas apoyan la propuesta de creación de una Fundación o cualquier otra entidad, como piden los miembros del Consejo Pastoral de la Parroquia de los Remedios, que "desde Estepona tome las decisiones acerca del legado de la herencia Nadal".

El portavoz provincial ha señalado que la moción responde a la reclamación de diversos colectivos de Estepona, que han pedido al Obispado que devuelva a la cuenta de la parroquia el dinero transferido al Fondo Diocesano de Ayuda, de forma que sea el municipio "el beneficiario final de las inversiones o proyectos financiados con la parte correspondiente de la herencia Nadal, que después de casi 40 años se calcula en casi 20 millones de euros".

"La plataforma de vecinos y el propio Consejo Parroquial han solicitado información sobre el dinero al Obispado, al cual consideran albacea de la herencia y no el titular de ésta", ha explicado Conejo.

Por su parte, Valadez ha señalado que, el pasado mes de agosto, su grupo presentó en el Ayuntamiento de Estepona una moción similar a ésta. "El obispo decidió transferir una importante cantidad económica de la herencia al Fondo Diocesano de Ayuda, de la Diócesis", con lo que "se produce un incumplimiento de la voluntad de la testadora", ha indicado.

Por lo tanto, "exigimos que se devuelvan al fondo de la iglesia de Los Remedios, de donde nunca debieron ser movidos". Valadez ha aclarado que "no se trata de confrontación política", sino que "es la reivindicación del Consejo Parroquial". Así, "trasladamos la necesidad de que se sea plenamente consciente de que se está produciendo un incumplimiento del testamento", ha insistido.