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Wednesday, September 30, 2009

De 'cuñaos' y 'Risitas'


el prisma

De 'cuñaos' y 'Risitas'

Javier / Gómez
DICE mucho de la televisión pública andaluza que uno de los personajes más populares que haya dado a España y a la Humanidad sea El Risitas. Obviamente seguimos viendo esperpentos mucho peores, especialmente en esa cadena-vertedero que cada día nos regala sesiones de coprofagia. La misma televisión, Telecinco, que ha encumbrado al trono catódico a Belén Esteban y que le regaló la campaña para la Alcaldía de Marbella a Jesús Gil tal y tal Superstar con la ayuda de algunos periodistas deportivos.

Como inevitablemente El Risitas y su fallecido Cuñao se han convertido en parte del imaginario colectivo, me vienen a la cabeza durante la escandalizada lectura -nuevamente- del sumario del caso Astapa. La sensación de impunidad -el tiempo dirá si acertada-, el descaro, la desvergüenza y el cachondeo con el patrimonio público llenaban la agenda política de Estepona. Muy especialmente la del ex edil de Hacienda, el ex senador y ex socialista Francisco Zamorano, que sigue atrincherado en su acta de concejal, como si eso le diera algún tipo de inmunidad diplomática. Por lo que detallan los investigadores, en realidad el cotarro urbanístico de Estepona no lo dirigía el ex alcalde, Antonio Barrientos. Ni su jefe de gabinete, José Flores. Ni el arquitecto municipal, ni un ingeniero contratado a dedo y cuyo mérito principal eran las valoraciones a la baja de los suelos y aprovechamientos urbanísticos que tan rentables les salían a las promotoras. No. Aunque todos están imputados, los verdaderos magnates del urbanismo esteponero eran los cuñados de Zamorano. Hay unos cuantos y su empresa casi siempre está en el ajo o en la salsa. Así que no resulta difícil imaginarse a Zamorano hablando con sus brothers in law, con sus cuñaos, de sus proyectos. Riendo. Riendo. Riendo.

Los implicados tomaban medidas de seguridad en sus conversaciones telefónicas


Los implicados tomaban medidas de seguridad en sus conversaciones telefónicas

Soitu.Estepona (Málaga).- La Policía destaca que los investigados en el caso Astapa sobre la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona "guardan cautela y celo a la hora de hablar de determinados temas por teléfono", e incluso llegan a mostrar su negativa a tratar los mismos en conversación telefónica.

Según el sumario al que tuvo acceso Efe, la Policía detalla distintas conversaciones que son ejemplo de las medidas de seguridad adoptadas como la que mantienen el ex alcalde Antonio Barrientos con su hermano Manuel en la que éste le pide quedar en diez minutos para comentarle un tema, que se niega "de forma explícita" a decírselo por teléfono, "mostrando gran nerviosismo durante la conversación".

Los investigadores sospechaban también que el ex primer teniente de alcalde con el PES y actual concejal no adscrito, José Ignacio Crespo, en libertad bajo fianza de 150.000 euros, piensa que tiene sus comunicaciones intervenidas, "dificultando seriamente este medio de investigación, llegando a saludar a la Benemérita".

Continúa el informe que cuando su hermana Ana María Crespo le habla de "dinero en B", José Ignacio "corta la conversación", mandándole de forma seguida un mensaje al móvil en el que dice "mira que eres torpe, joder".

Merece especial mención las medidas de seguridad que toma otro de los imputados en la causa, Juan Simón, en libertad bajo fianza de 300.000 euros, que dependiendo del tema a tratar se muestra "remiso" a mantener conversaciones telefónicas.

Al parecer, Simón pensaba que su teléfono pudiera estar intervenido, diciéndole a Arturo Cebrián, otro de los imputados, que el teléfono de éste también está "pinchado porque lo ha comprobado, y la Malaya 2 va a por él", según el informe policial.

Un ex concejal utilizó una sociedad para recibir fondos "con intereses urbanísticos" en el caso Astapa


Un ex concejal utilizó una sociedad para recibir fondos "con intereses urbanísticos" en el caso Astapa

Por Agencia EFE – hace 2 horas

Estepona (Málaga), 30 sep (EFE).- El ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Estepona Francisco Zamorano utilizaba Lauzavi S.L. para recibir "fondos procedentes de empresarios con intereses urbanísticos", según recoge en el sumario del caso Astapa, que investiga la presunta trama de corrupción en el Consistorio.

La sociedad, constituida el 8 de marzo de 2004, tiene como administradora a Narcisa Vizuete, mujer de Zamorano, y como objeto social el asesoramiento y prestación de servicios en materia de diseño de espacios interiores y decoración.

Según el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, el ex concejal socialista utilizaba a su mujer, como administradora de Lauzavi, para recibir esos fondos, "muchas veces previo paso por las sociedades de Juan Simón", abogado imputado en la causa y primo del ex jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores.

Los investigadores señalan que en 2005 y 2006, Lauzavi recibió ingresos por importe de 779.982,59 euros de sociedades con intereses urbanísticos como Aedificat 2002 S.A., sociedad de Holding Valle Romano, que ingresó 118.320 euros; S&B Abogados 2000 S.L., vinculada a Juan Simón, que ingresó 218.594,39 euros, y los 166.549,2 euros que aportó Zabalgune Abogados S.L., relacionada con Valle Romano.

Además, de los 779.982,59 euros, 42.359 euros fueron ingresados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Estepona en concepto de arrendamientos de inmuebles.

El informe añade que en los ejercicios económicos 2005 y 2006, los principales pagos de la sociedad Lauzavi fueron 291.492 euros, que parecen corresponderse con parte del pago "por la compra de algún inmueble recién construido" por la mercantil Inmobiliaria Corales Dos de Estepona S.L. y 215.000 euros en concepto de retribuciones a Narcisa Vizuete, administradora de la empresa.

"Por lo que se puede apreciar son unas retribuciones elevadísimas", dice el informe policial.

El juez instructor del caso Astapa imputa a Narcisa Vizuete un presunto delito de blanqueo, mientras que a su marido, Francisco Zamorano, que se encuentra en libertad bajo fianza de 50.000 euros, los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, y negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

Edil de Playas de Estepona quería adjudicar chiringuitos antes de concurso que calificó de pantomima


Edil de Playas de Estepona quería adjudicar chiringuitos antes de concurso que calificó de pantomima

Un informe policial incluido en el sumario de la operación 'Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), establece que la ex concejala de Playas Marisa Rodríguez pretendía adjudicar varios chiringuitos a determinadas personas antes de llevar a cabo el concurso público que ella misma califica de "pantomima" en una de las conversaciones intervenidas por los agentes.

ESTEPONA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

Un informe policial incluido en el sumario de la operación 'Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), establece que la ex concejala de Playas Marisa Rodríguez pretendía adjudicar varios chiringuitos a determinadas personas antes de llevar a cabo el concurso público que ella misma califica de "pantomima" en una de las conversaciones intervenidas por los agentes.

Para los investigadores, "la adjudicación de chiringuitos a dedo es una práctica, al parecer habitual en el Ayuntamiento de Estepona". Así, según se desprende de las conversaciones telefónicas incluidas en el sumario, al que tuvo acceso Europa Press, uno de los imputados en el caso Juan Simón, primo hermano del que fuera jefe de gabinete de alcaldía, José Flores --también imputado-- está interesado en explotar un chiringuito.

Para ello, la concejala busca una parcela en la que poder ubicar la nueva instalación que se explotaría a través de una sociedad que concurriría a la licitación y que pertenece a Juan Simón, si bien él no aparece como socio ni como administrador para no levantar sospechas tal y como él mismo le explica a la edil por teléfono.

En una de las conversaciones, la citada edil le dice a Simón: "sacar a licitación un chiringuito en una parcela distinta a la que van los otros reubicados para ti, lo podemos hacer, pero necesito que me hagas la propuesta cuanto antes y que yo luego lo consulto con Costas para ver si lo puedo sacar", a lo que Simón le contesta: "uno solo no se puede sacar Marisa, cantaría demasiado".

Ante la observación realizada por su interlocutor, la concejala le dice "no tires la toalla, identifícame el solar perfectamente que yo hago la propuesta a Costas extraoficialmente y lo meto con todos los demás, pero es lo que tu dices, que no lo puedo sacar solo, hay que sacarlo con todo el lote".

En otras conversaciones, Simón se muestra interesado por una parcela en la que ya existe un chiringuito que está siendo explotado por otra empresaria. Ambos acuerdan, según el sumario, "presionar a la señora para que le haga un precio en condiciones". En el informe policial se establece que "el plan sería que si esa señora insiste en seguir con la concesión, una vez adjudicada, Marisa --Rodríguez-- le empujaría a venderla bajo amenaza de retirada de la concesión por tenerla arrendada, siendo el destinarlo de esa venta Juan Simón".

Otra solución, según los investigadores, pasaría por "concurrir a la licitación junto a esta señora y pactar con ella en el último minuto para que se allane para hacerse con la adjudicación".

La concejala de Playas, en otra conversación posterior, le dice a Juan Simón: "tú no te preocupes que esa licitación es para ti, yo me las maravillo como sea". Rodríguez le asegura a Simón, con relación a los chiringuitos, que "uno es para ti Juan", y le dice que podría tener el chiringuito de temporada para verano.

CHIRINGUITOS PARA HOTELES
En otro de los casos, la representante de un hotel pide al Ayuntamiento que se comprometa a darle un trato preferente al establecimiento al que representa "en una hipotética concesión administrativa en la playa, compromiso que exigen por escrito".
La concejala de Playas niega la posibilidad de hacerlo por escrito, pero según la conversación intervenida le garantiza a la representante del hotel que "mientras yo sea concejala de playas...a ver...antes que ninguno tendríais opción vosotros".

Del mismo modo, en el caso de otro hotel del municipio, la edil le garantiza al propietario que no se preocupe por el futuro del aparcamiento y del club de playa que este quiere construir. Concretamente le pide, según el informe policial, "que no se preocupe, que le va a decir al arquitecto que esa parcela es para ellos".

Ayuntamiento de Estepona recibió dos cheques emitidos por un banco de Isla Caimán, según el sumario


Ayuntamiento de Estepona recibió dos cheques emitidos por un banco de Isla Caimán, según el sumario

ESTEPONA (MÁLAGA), 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) instruyó un expediente sobre dos operaciones por las que presuntamente el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) habría sido beneficiario de dos cheques emitidos por un banco radicado en las Islas Caimán, considerado paraíso fiscal, por un importe de algo más de un millón de euros, según se desprende del sumario del caso 'Astapa'.

Según se indica en uno de los informes policiales incluido en la causa, según distintas informaciones procedentes de la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC), Antonio Barrientos figuraba en un asunto instruido por el Sepblac "y del que se dio cuenta a la Fiscalía Anticorrupción, donde se ponía en conocimiento de unos hechos que por su desarrollo bancario no aparecían debidamente justificados".

En dicho informe se detallaba, añade el documento al que tuvo acceso Europa Press, que el Ayuntamiento "fue beneficiario" de dos cheques pagados por el Bank of América S.A. de Madrid, emitidos por un banco radicado en las Islas Caimán, el día 11 de octubre de 2006 por importes de 896.053,80 euros y 281.619,91 euros y fueron ingresados en una cuenta titularidad del Ayuntamiento.

La Policía señala que una vez comprobado los movimientos de dicha cuenta, "efectivamente en fecha 17 de octubre de 2006 aparece el ingreso de dos cheques emitidos por otra entidad por los importes expresados".

NÓMINAS

Por otro lado, el sumario revela además que "son muchos los ingresos provenientes del sector privado de la construcción y de convenios de los que se hace depender el pago de nóminas y gastos corrientes del Ayuntamiento", lo que supone ir contra la legislación vigente que prohíbe expresamente dar ese destino a "ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales".

Según uno de los informes se pone como ejemplo la carta de septiembre de 2003 dirigida al concejal de Hacienda Manuel Reina que menciona que el presidente del grupo Prasa, imputado en la causa, "solicita" que la transferencia de 300.000 euros realizada a favor del Ayuntamiento "se destine como donación --o más bien contraprestación económica-- a financiar única y exclusivamente el Capítulo 1. de Personal del Presupuesto de Gastos de ese Ayuntamiento de Estepona".

"La sociedad no efectúa ese pago sin más, sino que lo realiza como contraprestación económica por alguno de sus convenios urbanísticos firmados en la localidad de Estepona", señalan los investigadores, quienes apunta que "en este caso, se observa claramente como ha tenido que ser algún alto cargo del Consistorio" el que le haya dicho al empresario "donde tiene que ir dirigida la citada cantidad, que en esta ocasión ha sido el presupuesto de los gastos de Personal".

Asimismo, en otro de los documentos se señala que en la época en la que Manuel Reina era concejal de Hacienda, Francisco Zamorano "le comentó que para satisfacer ciertos pagos, se "equivoque" al emitir las nóminas incluyendo en éstas el dinero adeudado". "Así, la cantidad que tienen que solicitar al Patronato para hacer frente al pago de las nóminas sería de un valor más elevado al real", precisa la Policía.

Estepona firmó convenios por 50 millones menos que el valor de mercado


Estepona firmó convenios por 50 millones menos que el valor de mercado

El Mundo. El sumario del 'caso Astapa' desvela que el Ayuntamiento de Estepona realizaba valoraciones de los convenios urbanísticos a un precio inferior al de mercado.

Las valoraciones encargadas por los denunciantes del caso, el actual alcalde David Valadez y la concejal Cristina Rodríguez, desvelan un desfase de 50 millones de euros a favor de las promotoras en un total de 12 convenios urbanísticos.

Entre ellos destacan el de Arroyo Vaquero, que forma parte de un acuerdo con la sociedad Chamartín Sur S.A., con una diferencia a favor de esta empresa de 9.512.689 euros; el de Loma Redonda, incluido en el convenio con la sociedad Multiconstrucciones Sur S.L., con un desfase de 9.005.303 euros; o el de Casa Padrón, que también afecta a Chamartín Sur en 7.728.881 euros.

La Policía revela una conversación telefónica entre el ex alcalde del PSOE Antonio Barrientos –ahora en libertad bajo fianza– y Rafael Duarte en la éste le advierte de que «como se pongan a levantar las valoraciones va a caer todo dios, se va a demostrar que esto es un escándalo, y más ahora con la ley del suelo.

Los empresarios, a cambio de poder desarrollar los proyectos urbanísticos, tenían que realizar contraprestaciones económicas a los ediles y técnicos municipales implicados a través de dinero «camuflado» bajo las más diversas formas, como pagos en especie o patrocinios.

El ex alcalde de Estepona utilizó a su madre en una venta millonaria


El ex alcalde de Estepona utilizó a su madre en una venta millonaria

Diario de Sevilla. La madre de Antonio Barrientos cobró 7,5 millones por una parcela y su hijo firmó meses después un convenio con la empresa compradora · El Ayuntamiento dejó de ingresar 49 millones por valorar suelos a la baja

La madre del ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, vendió por 7,5 millones de euros una parcela en la zona conocida como Arroyo en Medio, seis meses antes de que se firmara el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la empresa Criber, que fue la que adquirió los suelos y que incluso llegó a instalar los carteles anunciadores sobre los terrenos antes de rubricarse el acuerdo. Los investigadores del caso Astapa contra la presunta trama de corrupción municipal, afirman en el tomo 8 del sumario, cuyo secreto se levantó el pasado lunes, que la venta de los terrenos a Criber S. A.

"se realizó teniéndose conocimiento de la firma del futuro convenio, motivo por el cual el precio de venta habría sido superior al que se hubiera pagado si no se tuviera conocimiento de tal extremo, siendo el papel del alcalde, Antonio Barrientos, fundamental para el buen fin de la operación".

En el sumario los agentes consideran sospechoso que la compra de los terrenos la efectuara la única mercantil de las tres que forman parte del convenio, que aparentemente no tienen ningún tipo de vinculación con el Ayuntamiento. En las otras desempeñan los principales cargos los cuñados del que fuera concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, junto al abogado Ignacio Pérez de Vargas, todos ellos imputados en la operación. Además, una de las mercantiles, Aquitania, estuvo participada entre 2003 y 2004 por la sociedad Exclusivas Caba con un porcentaje del 10 por ciento. En dicha sociedad el que fuera alcalde de Estepona y amigo de Barrientos, Antonio Caba, ostenta los cargos de secretario, consejero y consejero delegado solidario según se desprende del sumario.

Según el informe policial, "es notorio el auge que toda la zona ha sufrido en los últimos años, siendo propietarios de los terrenos, casualmente, personas muy cercanas al círculo de Antonio Barrientos". También consideran sospechoso los investigadores que durante todo el proceso Antonio Barrientos no apareciera, ya que el convenio fue suscrito por José Ignacio Crespo (PES) el 25 de agosto de 2004, en su calidad de alcalde en funciones.

Tan solo cuatro meses después de la celebración del pleno en el que se dio cuenta del convenio, y según recoge el sumario, se produce un acto de permuta entre las citadas empresas y el Ayuntamiento. La prontitud con la que se produce la permuta hace pensar a los miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) que "el fin último no sería una inversión en los terrenos del convenio, sino en los permutados".

Al margen de la operación urbanística, se da la circunstancia de que estos terrenos pasaron a manos de la madre del ex alcalde cuatro años después del fallecimiento de su madre, por lo que los agentes de la UDEF entienden que la demora en el cambio de titularidad se debe a la intención "de eludir el pago de los impuestos que se devengan por las sucesiones, impuestos que prescriben pasados cuatro años del fallecimiento de la transmitente". A la madre del alcalde se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El sumario refleja además que el Ayuntamiento de Estepona habría dejado de ingresar hasta 49 millones de euros por valorar a la baja los terrenos objeto de nueve convenios urbanísticos con promotoras inmobiliarias, según consta en la denuncia realizada a la Policía por el actual alcalde y entonces edil socialista, David Valadez. Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) revela que "por medio de esas irregulares valoraciones a favor del empresario se estaría obviando una gran cantidad de ingresos, que revertirían en beneficio del municipio, de haberse cobrado. Estas operaciones, lejos de ser el resultado de una cierta desidia o altruismo por parte de los ediles y técnicos implicados, tendrían como consecuencia el pago a los mismos de cantidades de dinero camufladas bajo las más diversas formas, véase patrocinio, pagos en especie, etc., que sin embargo encajarían en la tipología del cohecho".

Los investigadores constatan que "muchas de las valoraciones de los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Estepona se han realizado a precio inferior al de mercado". El caso más flagrante de ello, aunque afortunadamente no llegó a ser aprobado en el pleno, sería el del convenio de Mundo Estudio de Cancelada, en el que habría habido un perjuicio para las arcas del Consistorio de 15,9 millones de euros. El concejal de Infraestructuras Rafael Montesinos habría incluso manifestado que la empresa le había llamado para que votara a favor "porque estaban hartos de soltar dinero".

Pero otros muchos convenios sí llegaron a concretarse, siendo 9,5 millones de euros el máximo quebranto sufrido por el Consistorio. Es el caso del convenio Arroyo Vaquero, firmado con la sociedad Chamartín Sur.

Pero no sólo la información aportada por los denunciantes hace referencia a la infravaloración de los terrenos, sino que el que fuera concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, en una conversación con el ex alcalde, Antonio Barrientos, intervenida por la Policía asegura que "como se pongan a levantar las valoraciones, va a caer todo Dios, se va a demostrar que esto es un escándalo, y más ahora con la nueva Ley del Suelo".

Según otras informaciones aportadas por los denunciantes y recogidas en el sumario, Duarte les habría asegurado que "lo más fuerte" que ha venido pasando en el Ayuntamiento de Estepona han sido las valoraciones de los aprovechamientos urbanísticos.

Estepona dejó de ingresar 49 millones al valorarse sus suelos a la baja

Estepona dejó de ingresar 49 millones al valorarse sus suelos a la baja

La Policía desgrana el entramado de intereses en el Ayuntamiento que beneficiaba a las promotoras a cambio de aportaciones económicas para distintos fines

El Ayuntamiento de Estepona habría dejado de ingresar hasta 49 millones de euros por valorar a la baja los terrenos objeto de nueve convenios urbanísticos con promotoras inmobiliarias, según consta en la denuncia realizada a la Policía por el actual alcalde y entonces edil socialista, David Valadez, que desencadenó la operación Astapa contra la corrupción el Consistorio malagueño y llevó a la cárcel a Antonio Barrientos y gran parte de su equipo de gobierno.

En la parte del sumario del caso cuyo secreto fue levantado por el juez instructor, se incluye un informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se pone de relieve que "por medio de esas irregulares valoraciones a favor del empresario se estaría obviando una gran cantidad de ingresos, que revertirían en beneficio del municipio, de haberse cobrado. Estas operaciones, lejos de ser el resultado de una cierta desidia o altruismo por parte de los ediles y técnicos implicados, tendrían como consecuencia el pago a los mismos de cantidades de dinero camufladas bajo las más diversas formas, véase patrocinio, pagos en especie, etc., que sin embargo encajarían en la tipología del cohecho".

Los investigadores constatan que "muchas de las valoraciones de los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Estepona se han realizado a precio inferior al de mercado". El caso más flagrante de ello, aunque afortunadamente no llegó a ser aprobado en el pleno, sería el del convenio de 'Mundo Estudio' de Cancelada, en el que habría habido un perjuicio para las arcas del Consistorio de 15,9 millones de euros. De hecho, según los denunciantes, el concejal de Infraestructuras Rafael Montesinos habría incluso manifestado que la empresa le había llamado para que votara a favor "porque estaban hartos de soltar dinero".

Pero otros muchos convenios sí llegaron a concretarse, siendo 9,5 millones de euros el máximo quebranto sufrido por el Consistorio. Es el caso del convenio Arroyo Vaquero, firmado con la sociedad Chamartín Sur.

Pero no sólo la información aportada por los denunciantes hace referencia a la infravaloración de los terrenos, sino que el que fuera concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, en una conversación con el ex alcalde, Antonio Barrientos, intervenida por la Policía asegura que "como se pongan a levantar las valoraciones, va a caer todo Dios, se va a demostrar que esto es un escándalo, y más ahora con la nueva ley del suelo".

Según otras informaciones aportadas por los denunciantes y recogidas en el sumario, Duarte les habría asegurado que "lo más fuerte" que ha venido pasando en el Ayuntamiento de Estepona han sido las valoraciones de los aprovechamientos urbanísticos.

Según la información de los denunciantes, Duarte llegó a asegurar que hay gente que se ha hecho multimillonaria con esto, pues según dice "se ha llegado a vender el metro cuadrado a 250 euros, cuando el precio de mercado era de 1.000 euros".

En el sumario se recoge que "a pesar de esto las promotoras realmente pagaban a valor de mercado, pero la diferencia, y por tanto el perjuicio para el Ayuntamiento, iba para el bolsillo de unos pocos", poniendo Duarte como ejemplo el caso de Azata, según los denunciantes.

Los agentes de la UDEF aseguran en su informe que si se atiende "a las conversaciones telefónicas observadas, a las informaciones aportadas por los denunciantes y a las balanzas de pago de las mercantiles con intereses urbanísticos en Estepona podemos pensar que dicha infravaloración permite al Ayuntamiento, y más concretamente a algunos de sus miembros, solicitar aportaciones económicas a dichos empresarios destinadas a diferentes usos, dinero que no quedaría reflejado en ningún sitio".

De este modo, según se desprende del sumario, se pediría dinero "para los gastos de ciertas concejalías". "Los distintos empresarios con intereses urbanísticos en Estepona realizan contraprestaciones económicas para distintos fines como son los pagos relacionados con las distintas concejalías, eventos deportivos, conciertos, eventos culturales, pagos a Cruz Roja, aportaciones para financiar a los distintos partidos políticos (PES, PSOE, PA), ya sea para campañas electorales u otras cuestiones". La Policía tiene claro que las aportaciones son una contraprestación a la firma de convenios urbanísticos, licencias de primera ocupación, de apertura de establecimientos o por adjudicaciones de obras.

Los agentes apuntan a Xavier Witmeur, imputado en el caso, ingeniero técnico de Obras Públicas y trabajador de las empresas municipales de Estepona, como el autor de gran parte de las valoraciones a la baja de los terrenos, sus aprovechamientos y plusvalías: "Existiendo en el Ayuntamiento personal técnico capacitado para efectuar las valoraciones de los bienes y de los aprovechamientos urbanísticos, sin embargo son efectuadas por Xavier Witmeur sin que funcionario alguno participe. Xavier Witmeur es una persona que no ha realizado ningún proceso selectivo para acceder a su plaza en la empresa municipal y el único mérito alegado es su pertenencia a un partido político. Concurrió a las elecciones municipales de 2003 bajo las siglas del Partido de Estepona (PES)".

La propia directora del área de Urbanismo, Patricia Rojo, habría manifestado a los denunciantes, según aseguran estos, que muchas de las valoraciones efectuadas por Witmeur no se correspondían con los precios de mercado de las fincas o de los aprovechamientos tasados.

La Policía también apunta la presunta responsabilidad del arquitecto municipal Ignacio de la Hoz, quien redacta la mayoría de los informes de viabilidad urbanística con que se acometen los convenios, y subraya que en algunos casos, las promotoras supuestamente beneficiadas, abonaron cantidades económicas a empresas participadas o propiedad del referido técnico municipal o a otras mercantiles para las que éste prestó servicio.

Sin dinero para las nóminas


Sin dinero para las nóminas

El sumario revela las dificultades para pagar los sueldos municipales y el elevado tren de vida de algunos de los imputados. La policía también habla de "agasajos" de los empresarios

La Opinión de Málaga JOSE TORRES. MÁLAGA La contundencia de la segunda entrega del ´caso Astapa´ es brutal. Sobre todo cuando la Brigada de Blanqueo de Capitales se detiene en el abono de las nóminas del personal del Ayuntamiento de Estepona con dinero procedente de los convenios urbanísticos y de las empresas relacionadas con éstos. En otro de los tomos del sumario, la investigación detecta un elevado nivel de vida y un espectacular aumento patrimonial de alguno de los implicados.
Si bien la policía añade una cita del entonces concejal de Hacienda, Manuel Reina, en la que asegura que el dinero de los convenios urbanísticos "no puede ser utilizado para el pago de nóminas ni para los gastos corrientes del Ayuntamiento", los agentes subrayan una conversación de José Flores, jefe del gabinete de alcaldía, en la que apunta que el Ayuntamiento "depende de Urbanismo para el pago de las nóminas".
Sin embargo, una conversación fechada en 2007 entre el ex alcalde, Antonio Barrientos, y un economista adscrito al área de Economía del Consistorio, aclara que el segundo explica al ex regidor que el depósito correspondiente al convenio de ´Yerecial´, de 3,7 millones de euros, "ya se ha gastado para pagar las nóminas". Según el sumario, ésta era la forma de decir que no había dinero para los sueldos de ese mes, mientras se refiere a un presunto adelanto del Patronato de Cuentas para hacer frente a los pagos.
Ante una supuesta dificultad de solvencia municipal, la policía detecta casi simultáneamente la realización de un presupuesto municipal para una donación de 100.000 euros a una asociación de fibromialgia, sin que hasta ahora se sepa de dónde salió el dinero. Para reforzar esta teoría, la investigación cita otra conversación entre José Flores y el edil Francisco Zamorano en la que este último asegura que "de aquí a finales de año" les hacían falta "18,5 millones de euros para las nóminas".
Otro dato revelador es cómo algunos funcionarios desempeñaban otras actividades profesionales en sociedades que coincidían con sus puestos públicos. En algunos casos, dice el informe, "llegaban a ser administradores únicos" de esas sociedades y, en otros, algunos funcionarios podrían obtener incrementos salariales procedentes de algunos convenios urbanísticos. La Brigada de Blanqueo habla de personas con un elevado nivel de vida que no se correspondía con sus ingresos declarados. "Partidas de golf, socios de importantes clubes, viajes de fin de semana y comidas de lujo podrían estar corriendo a cargo del Ayuntamiento o de fondos desconocidos", señala textualmente el informe.
En otros casos, el dinero sí tenía procedencia y la investigación expone "agasajos" de empresarios que, sabiendo que Barrientos "tenía la última palabra", le costeaban viajes de lujo, vacaciones estivales a Mallorca con su ex pareja, "así como un viaje a París para ver la final de Roland Garros".
La investigación se centra también en el aumento del patrimonio del ex regidor. De las intervenciones telefónicas se desprende que Barrientos podría haber hecho uso de testaferros para blanquear dinero de entregas en metálico hechas por empresarios y que podrían alcanzar el millón de euros, además de las tres viviendas que figuraban a nombre de otros titulares en su misma urbanización de residencia. No menos destacable es el caso de la madre de Barrientos, de la que señalan el elevado número de ingresos en capital mobiliario e inmobiliario y su participación en una compraventa de más de siete millones de euros.

Muchos bienes. El sumario también señala a Reina y Zamorano. Mientras que en el primero se hace referencia a que sólo recibe ingresos del Ayuntamiento, se incide en que todos los años invierte mucho "dinero en acciones, cobra cheques y tiene un tráfico de divisas que no se ajusta a sus ingresos". En el segundo caso, los denunciantes señalaban a la policía cómo en 2003 se encontraba "mal económicamente" hasta el punto de que su mujer tuvo que pagar la boda. Poco después, según consta en el sumario, "comenzó a obtener una gran cantidad de bienes, muchos de ellos puestos a nombre de sus hijos y de sociedades".

El Ayuntamiento fomentó las contrataciones ´a dedo´


El Ayuntamiento fomentó las contrataciones ´a dedo´

La Opinión de Málaga V. GUZMÁN / J. TORRES. MÁLAGA
El Consistorio de Estepona no tuvo reparos en practicar contrataciones "a dedo". Así lo asegura uno de los informes de la UDEF incluidos en el sumario del ´caso Astapa´ ya abierto, que revela que "desde el ayuntamiento, y siempre encabezado por el alcalde, también se han fomentado políticas de contratación a dedo". En ese aspecto, destaca que dos primos del ex alcalde trabajaban en el gabinete de alcaldía e incide en que "continuar haciendo alusión a todas las personas de las que se tiene constancia, en cuya contratación de forma irregular Antonio Barrientos ha tomado parte, sería casi interminable".
Pero el regidor no era el único que accedía a estos métodos. El informe policial también habla de las prácticas utilizadas por José Ignacio Crespo, edil del PES, del que afirma que "tendría, como mínimo, conocimiento de ciertas irregularidades en la contratación de trabajadores", y los denunciantes de ´Astapa´ aseguraron que este concejal pudo adjudicar "un gran número de obras a dedo" y que incluso se habría contratado de forma directa a jóvenes para que ejercieran las funciones de policías locales con la categoría de auxiliar de policía.
Del mismo modo, en una conversación captada entre José Ignacio Crespo y el edil Manuel Reina "se reconoce que en los últimos meses se ha triplicado el número de trabajadores de la empresa municipal Emvies –vivienda–".
De las conversaciones también se desprende que otros miembros del Consistorio, entre ellos algunos ediles socialistas, accedieron a contratar a personas en diversas áreas de forma fraudulenta. Así constan peticiones para contratar a una mujer en la guardería municipal, otro puesto en los bomberos que se habría de otorgar a un afín al PA, un trabajo que se busca para la hija de un ex edil y diversos empleos para familiares y amigos de ediles y trabajadores municipales de alto rango.
El informe policial señala, no obstante, que el ex alcalde de Estepona era "reacio a contratar a ciertas personas a las que en un principio había prometido puestos en el Ayuntamiento alegando que pudiera levantarse algún escándalo mediático".

El dinero viajaba en una caja de puros


El dinero viajaba en una caja de puros

La Opinión de Málaga I. A. CASTILLO / V. G. MÁLAGA En cualquier trama de corrupción que se precie, el dinero siempre se esconde en el lugar más insólito. De este modo, estas grandes cantidades en metálico bien podrían escapar del control fiscal, hasta que alguien se va de la lengua... Pasó en Marbella, con las bolsas de basura, y también en Estepona, según el informe policial, que señala cómo en varias conversaciones telefónicas se hace alusión a que el dinero viajaba en el coche oficial del ex alcalde, Antonio Barrientos, metido en una caja de puros.
En una de estas llamadas intervenidas por la investigación, el escolta de Barrientos pregunta dónde está "la caja de puros" y de esta charla se desprende que se encontraba en un compartimento secreto al que había que acceder por la puerta izquierda trasera. "El sillón tiene una palanca arriba, que hace que se eche para abajo. Allí se encuentra un sobre con una goma", se puede leer en las escuchas.
Tan sólo dos días después, otro escolta que se encontraba en el coche oficial preguntó por teléfono a Barrientos por el paradero de la misteriosa caja de puros. En esa ocasión, era necesaria para afrontar el pago de un concierto de Los del Río. "Estoy en el hotel, y estoy intentando localizar a Anabel (entonces, compañera sentimental del ex alcalde). ¿Ve bien que lo cuente Anabel, o prefiere que lo cuenten Los del Río?", pregunta el escolta. "Tú dáselo a Anabel y que ella se lo dé, de mi parte". En esta caso, se trataba de 12.000 euros en 24 billetes de 500 euros, uno detrás de otro.
Para la policía, esto no es más que un claro ejemplo de las financiaciones irregulares que asiduamente llevaba a cabo Barrientos, "rodeado de todo un halo de misterio", dice el informe. "El dinero en la caja de puros es un método poco usual para sufragar gastos si el dinero tuviese una procedencia lícita, proviniendo al parecer, por la información desprendida de las intervenciones telefónicas, el dinero de Francisco Javier Merino, presidente y consejero del grupo empresarial Mena SL, empresa que igualmente tiene grandes intereses urbanísticos en Estepona", añade el sumario.
El dinero también se escondía en los cajones de la alcaldía. Importe que oscilaba entre los 3.000 y los 6.000 euros, recoge la policía en las diligencias previas, tras tomar declaración a Ana Belén Instán Galló, antigua secretaria personal de Barrientos, que también denunció el "vaivén de maletines en el despacho" del ex alcalde. "La primera vez que descubrió el dinero se lo advirtió a José Flores, jefe del gabinete de alcaldía, lo que provocó que el alcalde le dijera que cuando volviese a encontrar dinero en los cajones se lo dijera directamente a él. Ana Belén Instán Gallo cree que era para comprar su silencio".

La policía: ´Barrientos repartía dinero entre sus seguidores´


La policía: ´Barrientos repartía dinero entre sus seguidores´

Que todo tuviera apariencia de legalidad era la obsesión de los dirigentes municipales de Estepona

La Opinión de MálagaJOSÉ A. SAU / N. ANDRADE. MÁLAGA Entre Marbella y Estepona hay más de treinta kilómetros de distancia. Pero sus casos de corrupción, ´Malaya´ y ´Astapa´, encierran paralelismos incuestionables. Hasta el punto de que las aportaciones de los empresarios permitían al Consistorio esteponero contar con "un colchón de dinero" que nadie controlaba, al igual que ocurría en la localidad vecina. El fondo de ambas causas es muy similar: se les exigía a los empresarios continuas aportaciones para sufragar las actividades municipales más dispares y parte de ese líquido acababa en bolsillos particulares.
También son similares las formas. La policía afirma en un informe, contenido en el sumario, que el entonces alcalde, Antonio Barrientos, "mostraba en público gran cantidad de dinero que literalmente repartía entre sus seguidores, acto que más que caridad parece una compra de votos en toda regla".
Ésa es la foto que deja clara el sumario: mientras el regidor ´repartía´, el dinero fluía sin control por las arcas municipales (compuesta por tres cajas) y su mano derecha, José Flores –´El Señor de los Hilillos´–, se encargaba de dar forma a la voluntad del jefe.
"Se observa que se ha tejido una complicada tela de araña de intereses económicos, relaciones familiares y de amistad, favores a discreción e incluso una red de nepotismo y de concesiones y contrataciones irregulares, rigiendo exclusivamente el interés personal de todos los implicados", apunta la policía en otro informe.
Las inyecciones de dinero, pagadas por las empresas con expectivas de negocio en la villa, llegaban ´vestidas´ "de las más diversas formas: pagos por servicio, pagos por eventos musicales o festivos, subvenciones a equipos o actividades deportivas". Parte del remanente llegaba a los bolsillos de los imputados –hay 63 por ahora–.
Pero para que se teja una red clientelar con tanta enjundia, es necesario que exista una araña: las empresas, principalmente promotoras, necesitaban engullir convenios urbanísticos. Se disfrazaban sus pagos como donaciones, la parcela se enajenaba a un precio inferior al de mercado y todos salían ganando, viene a decir la policía.
Los investigadores afirman literalmente: "La financiación para sufragar la campaña electoral del PSOE sería irregular". Los miembros de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) aclaran que "muchos de los actos de la campaña electoral fueron sufragados por empresas promotoras con intereses en Estepona, como fueron todos los conciertos organizados, visitas a asociaciones, familias necesitadas...".
Una relación especialmente intensa fue la existente durante varios años, y hasta 2007, entre Valle Romano y el Consistorio. "Igualmente interminable sería la enumeración de aportaciones de dinero por parte de Valle Romano, tanto al Ayuntamiento, como de forma personal a Antonio Barrientos (competiciones de vela, congreso mundial de noticias, conciertos, regalos de Navidad, pago de facturas de luz e, incluso, financiación de la campaña electoral del PSOE)", señalan.
Los agentes, remitiendo su análisis a la denuncia inicial, afirman que "el PSOE, mediante la petición de una serie de créditos a las quince primeras personas de la candidatura, se estuvo tratando de justificar de cara a la opinión pública"?–6.000 euros por cabeza–, financiados finalmente, siempre según un informe de la UDEF, por la promotora.
Sin embargo, los idilios también se acaban: "En 2007, se ha ido produciendo una paulatina desvinculación y desinversión de Valle Romano, con respecto al Ayuntamiento de Estepona. Este fenómeno responde, con toda probabilidad, al hecho de que durante cuatro años el Consistorio ha recurrido sistemáticamente a Valle Romano, llegando a producirse un desgaste y un deterioro en las relaciones entre ambos". La ex secretaria de Barrientos, cuya declaración trae a escena la policía, aseguró haber visto a un empleado de la empresa "llevar maletines" al Consistorio.
Evidentemente, se necesitaban funcionarios que hicieran informes avalando las concesiones de licencias o la rúbrica de los convenios, para darles después apariencia de legalidad, actitud de la que, según la policía, llegó a jactarse el entonces alcalde.
El Partido Estepona (PES) también incurre en una financiación poco ortodoxa. "A lo largo de la investigación se ha hecho mención a la estrecha relación entre la formación y ciertas empresas dedicadas a la publicidad".

Estepona perdió 49,4 millones de euros con convenios fraudulentos


Estepona perdió 49,4 millones de euros con convenios fraudulentos

El sumario del 'caso Astapa' desvela decenas de comportamientos corruptos
El País. F. J. PÉREZ / D. NARVÁEZ - Málaga - 30/09/2009

El Ayuntamiento de Estepona dejó de ingresar al menos 49,4 millones de euros de convenios con promotores debido a las tasaciones a la baja de los aprovechamientos urbanísticos que presuntamente realizaban los responsables municipales imputados en el caso Astapa. Las valoraciones de los terrenos por debajo del precio de mercado despatrimonializaban al municipio pero beneficiaban a los promotores cuyos terrenos eran recalificados. A cambio de la ventajosa tasación, los empresarios pagaban una cantidad económica a los políticos. "De esta forma, los responsables del Consistorio tendrían un colchón de dinero, no controlado por nadie, con el que poder efectuar pagos de las concejalías, financiar a los partidos políticos gobernantes (...) o manejar grandes cantidades de efectivo".

La frase fue escrita el 3 de junio de 2008 por el inspector del Cuerpo Nacional de Policía al frente del caso en un informe de 570 páginas y seis anexos de más de 1.500 folios, que desde ayer quedó fuera del secreto del sumario. En el dosier, que sirvió de base para la detención dos semanas después del ex alcalde socialista Antonio Barrientos y otras 19 personas, entre concejales y técnicos municipales, el inspector pone decenas de ejemplos de comportamientos corruptos. Adjudicaciones a dedo de obras y servicios -ciudad deportiva, aparcamientos, depósito de vehículos y grúa-, contrataciones en el Ayuntamiento sin ningún tipo de concurso (muchas veces de familiares y amigos de ediles) o financiación irregular de los partidos en el poder eran el día a día del consistorio.

En el caso de los convenios urbanísticos, los investigadores analizaron un total de 32 acuerdos entre promotores y el ayuntamiento para la recalificación de los terrenos. En algunos de ellos existen diferencias de hasta nueve millones de euros entre la tasación efectuada por el Ayuntamiento y el precio de mercado de los suelos. La mayoría de estas tasaciones fueron realizadas por el técnico Xavier Witmeur, perteneciente a la formación posgilistas Partido Estepona (PES) y que ocupaba el cargo sin haber participado en ningún proceso selectivo de personal.

Los agentes prestaron especial atención -un anexo completo- al Grupo Valle Romano, el principal financiador de eventos locales durante el mandato de Barrientos y que pagó numerosos actos de la lujosa campaña electoral del PSOE local en 2007. El "colosal fenómeno urbanizatorio" de Valle Romano, según la Policía, no sólo financiaba actividades a cambio de un trato preferente, sino que participaba activamente en la vida municipal. En una conversación intervenida por la Policía, el concejal del PES Manuel Reina habla sobre un posible pago de 1,2 millones de euros al concejal andalucista Rafael Montesinos a cambio de pactar tras las elecciones de 2007 con el socialisa Barrientos y dejar en la estacada a los posgilistas.

El sumario levantado ayer recoge desde el inicio de la investigación hasta algunas de las primeras detenciones del caso Astapa, el 17 de junio de 2008. En su declaración ante la entonces instructora, Isabel Conejo, el presidente de la constructora Prasa, José Romero, reconoció el pago de hasta dos millones de euros en patrocinios en el Ayuntamiento de Estepona. Romero, supuestamente se benefició de una tasación a la baja. "Esta infravaloración ha permitido que el imputado haya podido financiar diversas actividades del consistorio, generando una dinámica de mutuos beneficios, como se desprende de las actuaciones de demolición del hotel La Rada", escribió la juez. El derribo del hotel ilegal, valorado en 1,2 millones de euros, acabó pagándolo el Estado.

De contratos 'a dedo' a sobresueldos millonarios


De contratos 'a dedo' a sobresueldos millonarios
La policía detalla en sus informes un entramado de favores entre el Ayuntamiento, empresas y particulares
SUR. 30.09.09 - M. P. - Y / H.S.

«Voy a abrir un concurso que es una pantomima; que en realidad está hecho para los que estáis ahí». La frase, recogida de un informe policial incluido en el sumario de 'Astapa', la pronunciaba la ex concejala de Playas, Marisa Rodríguez, no es más que una muestra de la política de adjudicación de obras, servicios y concesiones. «Unas veces se hace prescindiendo de la correspondiente licitación o de acudir a ella se hace de un modo conscientemente adulterado a favor de aquellas que muestran afinidad con cargos del Ayuntamiento», según el informe policial.
Una de las adjudicaciones investigadas es la del servicio de limpieza del municipio. Según las conversaciones telefónicas recogidas en el sumario, la nueva adjudicataria «habría pagado alguna deuda municipal y otras personas como el ex edil de Hacienda, Francisco Zamorano, habrían podido exigir algún tipo de contraprestación económica a cambio de favorecer la concesión del servicio». Pero no es la única.
El servicio de depósito de la grúa. «Al concurso van a ir dos empresas. La actual concesionaria y otra. A la actual concesionaria hay que quemarla y a la nueva empresa se le paga todo lo que se le tenga que pagar, para cuando venga un tercer interesado sepa que a la actual concesionaria hay que pagarle una pasta», recoge la policía en su informe sobre una conversación telefónica.
Las contrataciones de personal tampoco escapaban a esta fórmula. Según un informe policial, desde el Ayuntamiento se hicieron contrataciones de personal allegado a los responsables municipales sin ningún tipo de concurso, «sino por distintos intereses de los responsables municipales». «Se han contratado a familiares, amistades, afiliados a los partidos del equipo de gobierno y personas a las que se les deben favores», según se recoge en el sumario.
Gente afín
Esta predisposición a fichar gente afín al partido podría quedar reflejada en la conversación incluida en el informe de los investigadores entre los ex ediles Mariví López y Francisco Zamorano. La primera le pregunta al ex concejal de Hacienda: «¿Y puede contratar esa misma empresa a las personas que nosotros digamos? A lo que Zamorano le responde: «pues claro, la empresa que tú le adjudiques no te va a hacer el favor que tú quieras...»
Los policías también han detectado que determinados trabajadores del Consistorio, cercanos a las principales personas investigadas podrían haber percibido periódicamente dinero en concepto de productividad y horas extras. «Este es un procedimiento habitual por parte del ex alcalde Antonio Barrientos que mediante estos complementos (que son totalmente legales) premia a aquellos trabajadores que realizan informes a medida». Estas cuantías van de los 3.000 hasta los 12.000 euros mensuales, según recoge el informe policial tras la información aportada por los denunciantes de la presunta trama.

La policía concluye que varias empresas pagaron las campañas de PSOE y ex gilistas en Estepona


La policía concluye que varias empresas pagaron las campañas de PSOE y ex gilistas en Estepona

Las aportaciones, procedentes en gran parte de convenios urbanísticos, se usaron para mantener la gestión municipal
30.09.09 - M. PERIÁÑEZ - YEDALAMO / H. SIMÓN | ESTEPONA

La campaña electoral desarrollada por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) -la formación creada por ex militantes del GIL- en los comicios municipales de 2007 estuvo bañada en publicidad y actos propagandísticos. Un «dispendio», a juicio de los investigadores del 'caso Astapa', que concluyen en un informe que dichas campañas fueron financiadas por medio de aportaciones económicas de empresas privadas.
El informe, elaborado por la brigada de blanqueo de capitales de la Policía Nacional, establece que los socialistas incluso llevaron a cabo un «paripé» para justificar el «despilfarro» de gastos y la «desmesura» de eventos electorales e iniciativas publicitarias. Las quince primeras personas de la candidatura deberían solicitar un préstamo a una entidad bancaria con el fin de «garantizar una respuesta política de cara a la opinión pública en caso de que fuese necesario». Del importe se haría cargo una promotora. La petición de los créditos fue cursada por los quince miembros de la candidatura, aunque finalmente ninguno llegó a formalizarla.
La Policía destaca en su informe, recogido en el sumario del 'caso Astapa' y al que he tenido acceso este periódico, aportaciones económicas de más de 300.000 euros por parte de empresas para la campaña electoral del PSOE realizadas a través de una sociedad relacionada con la prestación de servicios de publicidad. Entre las actividades financiadas se encuentra un acto gratuito de cierre de campaña, que contó con la intervención musical de 'El Arrebato', cuyos gastos fueron sufragados al completo por donaciones de empresas promotoras con intereses en el municipio, según los investigadores.
En el caso del PES, la Policía enumera una serie de acciones, regalos y eventos - como el concierto de Andy y Lucas- en los que la financiación también corrió a cargo de entidades privadas. En ocasiones, incluso, del propio Ayuntamiento, como unos gastos de viaje y estancia en Madrid para cuyo abono, según los investigadores, el PES utilizó fondos del área municipal de Turismo.
En este sentido, el informe desvela escuchas telefónicas que reflejan que no sería la primera vez que la formación de los ex gilistas hacía uso del dinero municipal para sus gastos. Entre ellas, una conversación de Manuel Reina -ex concejal de Hacienda del PES- en la que se quejaba de la emisión de facturas a su nombre. «¿Eso cómo lo va a pagar Turismo?», pregunta el edil.
Viaje de Bono
La Policía desvela que, así las cosas, los socialistas llegan a debatir si el billete del viaje a Estepona del ex ministro y actual presidente del Congreso José Bono para participar en un acto político en el municipio debe «meterse» como gasto del partido o como gasto de una empresa. El importe de los gastos que supone el encuentro que disputan los veteranos del Real Madrid en la localidad se solicita a una promotora.
La Policía va más allá en su informe. Asevera que la financiación «irregular» del PSOE de Estepona y del PES no se limita a la campaña electoral de 2007, sino que «ha sido una constante». Subraya además que a lo largo de su investigación ha detectado como muchas empresas con intereses urbanísticos en la localidad «realizan aportaciones económicas como contraprestación» a los favores del Ayuntamiento en convenios, licencias municipales o adjudicaciones a dedo.
Ésta supuesta fuente de financiación a cambio de favores constituye una preocupación para los socialistas durante la campaña electoral, dado que algunos de ellos consideran que el entonces alcalde, Antonio Barrientos, no ha cumplido con las promotoras. El jefe del gabinete de Alcaldía, José Simón, resalta en una conversación con un familiar que Barrientos tiene «exprimidos» a los empresarios y se queja de que «no puedes tener a inversores con un convenio frenado».
Precisamente, las aportaciones económicas de diferentes los empresarios permitían Consistorio disponer de un «colchón de dinero» que no era controlado por nadie y «con el que poder jugar según las distintas necesidades a afrontar por los responsables del Ayuntamiento», según el informe de los investigadores. Dichas aportaciones, que «no son contabilizadas», eran destinadas a diferentes usos y «no quedaba reflejado en ningún sitio».
Los informes policiales señalan que parte de este «colchón» procedía de las aportaciones de los empresarios por las valoraciones de los convenios urbanísticos realizadas a un precio inferior al de mercado. En este sentido, los investigadores detectan cómo en muchas ocasiones las contraprestaciones económicas de los empresarios vienen como una exigencia por parte de los distintos concejales o técnicos del Ayuntamiento, sin la cual se «demoraría bastante» la firma de los distintos tipos de licencias. De hecho, la policía va más allá en sus informes y habla de «extorsiones frecuentes» a personas con asuntos pendientes de ser resueltos por el Ayuntamiento. «Si no firman un convenio gordo están listos», dice el ex jefe de gabinete de Alcaldía.
Otra de las presuntas irregularidades detectadas por los investigadores es el pago a los trabajadores del Consistorio. En determinadas ocasiones, se realizó con dinero procedente de los acuerdos urbanísticos y de empresas con intereses en el municipio. Una mercantil llegó a aportar hasta 300.000 euros para este fin.

"Le daré la licencia, pero primero habría que sacarle algo"


"Le daré la licencia, pero primero habría que sacarle algo"

Público. RAÚL BOCANEGRA - Sevilla - 29/09/2009

“Seguramente le daré la licencia, pero primero habría que sacarle algo”. La frase, pronunciada por un ex edil socialista de Estepona (Málaga), resume las prácticas corruptas habituales en el Ayuntamiento que dirigía, en alianza con concejales ex gilistas, hasta que fue detenido en junio de 2008 el también socialista Antonio Barrientos. Los informes policiales contenidos en el sumario del caso Astapa, al que ha tenido acceso Público, revelan que la mordida que los ediles les sacaban a los empresarios les permitían manejar un importante colchón de dinero al margen de los controles legales que utilizaban para gastos personales, para pagos de las concejalías, para financiar a los partidos gobernantes (PSOE y PES, ex gilistas) y para abonar, en ocasiones, el sueldo de los funcionarios. Todas ellas, prácticas ilegales.

A los responsables del consitorio que formaron la madeja corrupta les llegaron inyecciones de dinero de las empresas que colaboraban con el ayuntamiento a cambio de ventajosas condiciones en convenios urbanísticos. Se recurría a aportaciones voluntarias, que camuflaban las extorsiones de los ediles imputados. Las aportaciones adquirían distintas formas: ya fueran pagos por eventos musicales, subvenciones a equipos o actividades deportivas, según los informes de los investigadores.

En su declaración ante el juzgado de instrucción 1 de Estepona, el presidente de la constructora cordobesa Prasa, José Romero, declaró: “Si el ayuntamiento valora un suelo en un millón o más o menos, Prasa tiene que pagar de una forma u otra”. Y añadió “que sí, que el ayuntamiento le exige unas donaciones, pero con toda la legalidad”. En un solo año, Prasa llegó a donar al Ayuntamiento 1,5 millones de euros.

La Policía cree que parte de los pagos se hicieron, en ocasiones, mediante dinero en efectivo que no consta en la contabilidad del Ayuntamiento ni en la de las empresas.

Valle Romano, quemada

La pieza clave del entramado recaía en el holding Valle Romano. En el sumario consta una exhaustiva relación de pagos por parte de tres filiales de esta empresa, Compañía Promotora del Comercio del Estrecho, Aedificat y Yerecial. Tanto llegaron a desembolsar los empresarios entre 2004 y 2006 que al año siguiente, se produjo “futo del desgaste, una separación y desvinculación” del holding con el Ayuntamiento.

Una aportación de 872.113 euros abonada por Aedificat a Drive Music, informa Efe, demuestra, según la Policía , que Valle Romano se hizo cargo de “gran parte de los eventos” que el Ayuntamiento organizaba en el municipio, vecino de Marbella.

Los principales promotores de la corrupción en Estepona fueron el ex alcalde Barrientos, su jefe de gabinete, José Flores, los ediles ex gilistas José Ignacio Crespo y Manuel Reina y el técnico municipal Javier Wittmeur.

En el sumario también constan conversaciones intervenidas judicialmente. En una de ellas, Patricia Rojo, directora del área de Urbanismo e hija del presidente del Senado, Javier Rojo, le comunica a José Flores que a un empresario se le ha tenido paralizado el expediente relativo a una licencia durante dos años. Rojo le insiste y le dice que Rafael Duarte, entonces edil de Urbanismo, le dijo que “seguramente le diera la licencia, pero primero habría que sacarle algo”. Rojo le comentó que ella no lo iba a hacer y Duarte le contestó que se lo mandaría a Flores para que se lo sacase. El jefe de gabinete admitió que sí le insinuó al promotor que debería colaborar con el Ayuntamiento. Le pidió 100.000 euros, pero éste desembolsó finalmente 30.000.

En el caso, hay 63 imputados y está en fase de instrucción. El actual alcalde, David Valadez (PSOE) fue el denunciante.

Tuesday, September 29, 2009

Barrientos tenía 'una gran cantidad de dinero' sin que se sepa su procedencia


Barrientos tenía 'una gran cantidad de dinero' sin que se sepa su procedencia

El Mundo. Los investigadores del caso 'Astapa', contra la presunta trama de corrupción municipal en Estepona, señala que el ex alcalde de dicha localidad Antonio Barrientos, que estuvo en prisión por esta causa, disponía "de forma habitual de una gran cantidad de dinero en efectivo con el que pagaba una gran diversidad de actividades, como conciertos, comidas del equipo de gobierno etcétera, sin que se sepa con certeza su procedencia".

Según uno de los informes policiales incluido en la parte del sumario cuyo secreto se levantó este lunes, esto "choca con la situación económica tan delicada por la que pasan las arcas del Consistorio, las cuales se ven en enormes apuros para hacer frente a las nominas mensuales de sus empleados". Se añade que "en ocasiones ha escondido importantes cantidades de efectivo en cajas alojadas en su vehículo, lo que alimenta aun más la falta de justificación de esas cantidades".

Como ejemplo, los investigadores señalan en esta parte del sumario, al que tuvo acceso Europa Press, el pago realizado para una actuación musical, "rodeado de todo un halo de misterio, debido a que los 12.000 euros que cobraron por su actuación fue desembolsado en metálico con 24 billetes de 500 euros sacados de una caja de puros escondida en el coche de Antonio Barrientos".

Esto para la Policía es un "método poco usual para sufragar gastos si el dinero tuviese una procedencia licita, proviniendo, al parecer, por la información desprendida de las intervenciones telefónicas, el dinero de Francisco Javier Merino de la Cuesta", empresario imputado en la causa, cuya empresa "igualmente tiene grandes intereses urbanísticos en Estepona".

Según los documentos, Barrientos, "prevaleciéndose de su posición como alcalde y de su poder de decisión en todos los asuntos, principalmente los urbanísticos, los cuales son los que reportan más beneficios, consigue cantidades ingentes de dinero proveniente de empresarios con fuertes intereses en la zona de Estepona, para sufragar cuantos acontecimientos o deudas estime oportunos".

No obstante, los informes revelan que "muchos son los empresarios que sucumben a los chantajes de Antonio Barrientos para conseguir sus propósitos en Estepona, si bien varios de ellos son habituales, debido a la envergadura de los proyectos que tienen en esta localidad".

"Aparte de obtener aportaciones económicas para la financiación del Ayuntamiento, Antonio Barrientos se beneficia de forma personal, y siempre prevaliéndose de su cargo publico, de los deseos de las mercantiles", señala el sumario, en el que se añade que éste se rodea "de gente de suma confianza para él, intentando incluso comprar el silencio de los que le rodean y son testigos de todas las fechorías cometidas en el despacho que tiene en el Consistorio".

Asimismo, la Policía pone de manifiesto que "de distintas informaciones provenientes de los denunciantes y de las intervenciones telefónicas, se desprende que Antonio Barrientos pudiera estar haciendo uso de testaferros para encubrir la compra de varios bienes inmuebles, con el fin de blanquear dinero proveniente de las entregas en metálico hechas por empresarios, cuyo valor pudiera superar el millón de euros".

"Núcleo duro"
Desde dicha posición, señalan los investigadores, Barrientos "tiene conocimiento y coordina las actuaciones de las personas que forman parte de un núcleo visible que, con funciones definidas, aglutinan y allegan relaciones, contrataciones y fuentes de financiación de dudosa o nula transparencia".

"Ello componiendo un entramado que desde el propio alcalde, pasando por directores de Gabinete y concejales termina en directores de Área y técnicos", señala un informe de otro de los tomos que ya no están bajo secreto, en el que se indica que aunque ha habido variaciones, la composición "se ha mantenido en su núcleo duro a lo largo de dos legislaturas".

Asimismo, en el sumario se hace referencia a presuntos "pagos provenientes de contraprestaciones de empresarios con los que, casualmente, el Ayuntamiento tiene licencias o adjudicaciones pendientes de concesión, o son propietarias de terrenos de los que se pretende urbanizar al gusto de la empresa".

Se indica que "los responsables del Consistorio tendrían un colchón de dinero, no controlado por nadie, con el que poder efectuar distintos pagos de las concejalías, financiación de los distintos partidos políticos gobernantes, facturaciones a distintas empresas directamente relacionadas con personal vinculado al Ayuntamiento, manejo de grandes cantidades de efectivo, etcétera".

También se apunta a políticas de contratación "a dedo", a financiación de partidos "con dinero procedente de empresarios", a irregularidades en la concesión de chiringuitos y en el pago de los trabajadores del Consistorio; a contrataciones de personal "sin ningún tipo de concurso" y a "tratos de favor" a personas, casi siempre, "cercanas a los responsables" municipales.

Policía detecta contrataciones ilegales para conseguir mayor poder político


Policía detecta contrataciones ilegales para conseguir mayor poder político

ADN. Los investigadores del "caso Astapa" contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) han detectado que algunos de los imputados pudieron hacer contrataciones ilegales en busca de rédito en el interior del partido en el que militan con objeto de conseguir mayor poder político.

Según un informe policial que consta en la parte del sumario cuyo levantamiento ha sido acordado por el juez instructor, desde el Ayuntamiento se hicieron contrataciones de personal sin ningún tipo de concurso.

Además relatan que tanto en el Ayuntamiento como en las empresas municipales se contratan multitud de personas allegadas a los responsables del Consistorio, según el informe al que ha tenido acceso Efe.

Los policías también han detectado que determinados trabajadores del Consistorio, cercanos a las principales personas investigadas podrían haber percibido periódicamente dinero en concepto de productividad, horas extras y otros.

Los agentes exponen distintos tratos de favor, en la mayoría de las ocasiones a personas cercanas a los responsables del Consistorio e irregularidades en el uso de las competencias municipales para beneficio de los técnicos, partidas presupuestarias destinadas a otros fines, prescripción de expedientes sancionadores de forma deliberada y comisiones sospechosas obtenidas por distintas personas.

También alertan al instructor de la participación y el interés de distintos responsables del Consistorio en promociones inmobiliarias y compraventa de terrenos y el uso frecuente de dinero en efectivo por personas vinculadas al Ayuntamiento y allegados a éstas, "siendo con esta práctica mucho más difícil de detectar el origen de los fondos".

Del sumario se desprende que algunos de los implicados pudieron utilizar posibles testaferros e interposición de distintas personas físicas y/o jurídicas con el fin de ocultar la titularidad de determinados bienes.

Asimismo, se detallan medidas de seguridad adoptadas por distintas personas investigadas, a la hora de hablar o no con total libertad por sus teléfonos, como precaución ante la posibilidad de ser escuchados.

Aportaciones de empresarios permitían "colchón de dinero" sin control

Aportaciones de empresarios permitían "colchón de dinero" sin control

ADN. Las aportaciones económicas de diferentes empresarios permitían a algunos de los imputados en el Caso Astapa, que investiga la presunta trama de corrupción municipal y urbanística en el Ayuntamiento de Estepona, un "colchón de dinero" que no era controlado por nadie.

Dichas aportaciones eran destinadas a diferentes usos y no quedaba reflejado en ningún sitio, según uno de los informes policiales que constan en la parte del sumario cuyo levantamiento ha sido acordado por el juez instructor de Astapa.

Entre las presuntas irregularidades que supuestamente se podrían haber cometido se expone que los Convenios urbanísticos realizados en el Ayuntamiento de Estepona podrían haber sido, en su mayoría, valorados a precio inferior al de mercado.

De esta forma los responsables del Consistorio tendrían una reserva de dinero con el que podían efectuar distintos pagos de las concejalías, financiación de los distintos partidos políticos gobernantes, facturaciones a distintas empresas directamente relacionadas con personal vinculado al Ayuntamiento y manejo de grandes cantidades de efectivo.

Además presuntamente había una financiación de los gastos de las distintas delegaciones del Consistorio con dinero procedente de empresarios.

Estos pagos se efectuaban claramente como contraprestación económica por la firma de Convenios urbanísticos, concesión de determinadas licencias, tratos de favor y adjudicaciones a dedo, siempre según la versión de los investigadores.

Otras irregularidades detectadas por los investigadores son las de los pagos a los trabajadores del Consistorio, que en determinadas ocasiones se abonaban con dinero procedente de Convenios urbanísticos y con dinero destinado a otros asuntos.

El informe recuerda que la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) prohíbe expresamente hacer frente a los gastos corrientes, como nóminas o facturas, con ingresos procedentes de los proyectos urbanísticos.

La instrucción del sumario se inició en junio de 2008 cuando fueron detenidas 25 personas, entre ellas el entonces alcalde del PSOE Antonio Barrientos, y hasta el momento se ha saldado con 63 imputados, todos ellos en libertad, 23 de ellos tras el pago de diversas fianzas.

Sumario "Astapa" detalla "tela de araña" de favores y concesiones irregulares


Sumario "Astapa" detalla "tela de araña" de favores y concesiones irregulares

ADN. El sumario del "caso Astapa" contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) revela la existencia de una "complicada tela de araña de intereses económicos, relaciones familiares y de amistad, favores a discreción e incluso una red de nepotismo y de concesiones y contrataciones irregulares".

Según un informe policial que consta en la parte del sumario cuyo levantamiento ha sido acordado por el juez instructor, a una gran mayoría de personas que estaban en esta "madeja" les llegaron "inyecciones de dinero" de "las más diversas formas", ya sea pagos por servicios, eventos musicales o festivos, subvenciones a equipos o actividades deportivas.

Los investigadores aportan una "exhaustiva" relación de los pagos efectuados por las tres principales sociedades que dentro del holding Valle Romano tuvieron una "importancia clave" en Estepona: Compañía Promotora del Comercio del Estrecho SL, Aedificat 2002 SA y Yerecial SL.

La pauta se repitió durante cuatro años (2004 a 2006), si bien durante 2007 se produjo "fruto del desgaste, una separación y desvinculación" del holding Valle Romano con respecto a los asuntos del Ayuntamiento de Estepona.

El "tremendo desembolso económico" realizado por las sociedades del entorno de Valle Romano, y las "crecientes exigencias" por parte de los miembros del gobierno municipal de Estepona hicieron que los primeros se hubieran "quemado", según la Policía, que añade que de varias conversaciones se deduce que se sentían "exprimidos".

Como contraprestación a las aportaciones económicas, el grupo Valle Romano obtuvo la firma de importantes convenios urbanísticos, entre los que el informe recoge la cesión del Consistorio de terrenos municipales.

Una de estas aportaciones, de 872.113,52 euros, fue abonada por Aedificat a Drive Music, lo que a juicio de los investigadores demuestra que Valle Romano se hizo cargo de "gran parte de los eventos" que el Ayuntamiento realizó en Estepona.

Este tipo de aportaciones se llevaron a cabo a través de distintos conceptos, tales como patrocinios de eventos, apoyos a la campaña de las elecciones municipales de 2007 y otras contraprestaciones económicas.

La Policía cree que los pagos pudieron llevarse a cabo en ocasiones mediante dinero en efectivo que no constaría ni en la contabilidad del Ayuntamiento ni en la de la sociedad mercantil que aportaba dicha cantidad o bien facturando a otras empresas "manejadas por personas cercanas a los responsables del Consistorio".

Entre ellas figuran empresas de jardinería, de publicidad, dedicadas a la gestión de conciertos y otros eventos, "todo ello dependiendo de las necesidades del momento".

El informe recuerda que la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) prohíbe expresamente hacer frente a los gastos corrientes, como nóminas o facturas, con ingresos procedentes de los proyectos urbanísticos.

La instrucción del sumario se inició en junio de 2008 cuando fueron detenidas 25 personas, entre ellas el entonces alcalde del PSOE Antonio Barrientos, y hasta el momento se ha saldado con 63 imputados, todos ellos en libertad, 23 de ellos tras el pago de diversas fianzas.

Policía apunta que imputados en 'Astapa' estarían usando a familiares para desviar u ocultar fondos




Policía apunta que imputados en 'Astapa' estarían usando a familiares para desviar u ocultar fondos

MÁLAGA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores del caso 'Astapa', contra la presunta trama de corrupción municipal en Estepona (Málaga), señalaban que por parte de algunas de las personas investigadas en esta causa "se podría estar utilizando a los familiares para desviar u ocultar fondos de origen o procedencia desconocida".

Así, en uno de los anexos a un informe policial, en el que se hace un análisis de los datos facilitados por la Agencia Tributaria, se califica de "destacable" el caso de la madre del principal imputado y ex alcalde Antonio Barrientos, de la que llama la atención "el elevado número de ingresos que presenta tanto en capital mobiliario como inmobiliario". Ésta declaró como imputada.

En el documento, incluido en la parte del sumario cuyo secreto se levantó ayer, se hace referencia también a la mujer del edil del Partido Estepona (PES) José Ignacio Crespo, que declaró como imputada como él --que estuvo en prisión varios meses--, de la que dice que sorprende "el elevado número de pagos (gastos) que declara pese a que no se le conoce ingresos declarados".

En este caso, el informe, al que tuvo acceso Europa Press, explica que no constan ingresos, lo que "contrasta con los pagos que realiza", a lo que añade "donaciones, entrada de invisibles y adquisiciones patrimoniales", por lo que concluye que "queda patente que el nivel de gastos es sin duda muy superior al de ingresos", faltando por determinar la procedencia de éstos.

"Esta circunstancia constituye un indicio claro de cómo a través de familiares se desvían fondos de origen desconocido, dándoles así entrada en el curso legal del mercado", señala el documento realizado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central, que investiga el caso, en el que están imputados por el momento 63 personas.

Respecto a las personas empleadas por el Ayuntamiento, ya sean cargo públicos o técnicos, el informe apunta que el que desempeñen puestos de relevancia en el Consistorio "no les impide desempeñar" en algunos casos "otras actividades profesionales en sociedades cuyo objeto social coinciden con el puesto que desempeñan en el Ayuntamiento".

"Cabe destacar que estas empresas pudieran estar favoreciéndose del puesto que estas personas desempeñan en el Ayuntamiento", señala el documento incluido en el sumario, en el que se precisa que en algunos casos empleados del Consistorio reciben junto a su salario "retribuciones considerables de empresas con las que el Ayuntamiento firma numerosos convenios".

EMPRESAS

Asimismo, en otro informe, en el que se estudian los datos de la AEAT respecto de personas jurídicas, se indica que muchas de las analizadas "podrían tratarse de sociedades instrumentales, es decir, empresas constituidas 'ad hoc' para poner a su nombre determinados bienes inmuebles, propiedades o bienes muebles", de forma que no figurarían a nombre de una persona física en concreto.

"En muchos casos, la persona que controla o administra de facto la sociedad no aparece en los órganos, ni figura como representante de la misma. En estos cargos sociales figuran miembros de su familia que en realidad no realizan las funciones que les corresponde", señalan los investigadores, que ponen como ejemplo a la mujer del ex edil socialista Francisco Zamorano, que declaró como imputada.

No obstante, aunque muchas de estas personas físicas no aparecen en los órganos sociales "sí están autorizadas en las cuentas bancarias de las entidades jurídicas", según el documento, en el que se añade que algunas empresas tienen el mismo domicilio social y otras, relacionadas con personas del Ayuntamiento, tienen domicilio social "en otra provincia".

Además, la Policía destaca que algunas de las empresas "no tienen actividad mercantil propia de este tipo de entidades, es decir, no presentan ingresos ni pagos o si los presentan no son relevantes". También resalta que en muchas de las sociedades analizadas "figuran pagos e ingresos a familiares de las personas que realmente gestionan esas entidades".

Otro aspecto que subrayan los investigadores en su informe es que el volumen de pagos en algunas de dichas empresas "es muy superior al de las cantidades ingresadas", por lo que "podríamos estar ante posibles empresas instrumentales que tienen pérdidas y continúan su actividad", poniendo como ejemplo una empresa cuyo administrador es el imputado y concejal Manuel Reina.

CONSTRUCCIÓN

En este informe de la UDEF, se pone de manifiesto que en determinados casos se han encontrado con empresas con objeto social relacionado con la construcción que "tienen intereses urbanísticos en Estepona", apreciándose "pagos e ingresos al Ayuntamiento y a miembros de la corporación municipal".

"Muchas de estas empresas están gestionadas por familiares de concejales o de personas con él relacionadas, como puede ser el caso de técnicos o arquitectos municipales", concluye el documento, en el que se apunta que de esta forma "podríamos encontrarnos ante actuaciones irregulares al obtener información del Ayuntamiento y utilizarla en provecho económico de sus entidades mercantiles".

Policía da ejemplos de como lograban contraprestaciones a cambio de favores

Policía da ejemplos de como lograban contraprestaciones a cambio de favores

ADN.Los investigadores del caso Astapa, que estudia la presunta trama de corrupción municipal y urbanística en el Ayuntamiento de Estepona, citan en uno de sus informes varios ejemplos de los utilizados con el consistorio para obtener contraprestaciones económicas a cambio de favores urbanísticos.

Con las mencionadas contraprestaciones económicas los empresarios supuestamente conseguían a cambio activar sus expedientes urbanísticos paralizados, según un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, al que ha tenido acceso Efe.

Ayer el instructor del caso, Jesús Torres, que investiga la presunta trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), decretó el levantamiento parcial del secreto del sumario que afecta a unos 3.000 folios.

En el informe policial se apunta que podría tratarse de una dinámica de extorsiones frecuentes realizadas por parte de algunos de los imputados en la trama.

La forma de encubrir dicha extorsión sería a través de aportaciones "voluntarias", o más bien contraprestaciones económicas por parte de los interesados que adoptarían la forma de patrocinios o esponsorizaciones y que sufragarían distintos eventos.

En una de las conversaciones intervenidas judicialmente entre el ex jefe del Gabinete de Alcaldía José Flores, y la directora del área de Urbanismo, Patricio Rojo, ésta le comunica que a un empresario se le ha tenido paralizado el expediente relativo a una licencia durante dos años.

Supuestamente dicho empresario tenía toda la documentación en regla pero el entonces edil de Urbanismo, Rafael Duarte, le dijo "que seguramente le diera la licencia, pero primero habría que sacarle algo".

En este sentido, Rojo le comentó que ella no lo iba a hacer y Duarte le replicó que se lo mandaría a José Flores para que éste se lo sacase.

El ex jefe del Gabinete de Alcaldía reconoce a Rojo que efectivamente le insinuó al promotor que, con motivo de la celebración de un Master de Tenis, podría colaborar con el Ayuntamiento aportando "entre 60.000 y 100.000 euros", hecho que fue rechazado por el empresario.

Flores le insiste en que se lo tome como "una forma de colaborar con el ayuntamiento", y que si no accede "entonces no podía hacer nada y enviaría el expediente de nuevo a la delegación de Urbanismo".

El empresario finalmente se muestra dispuesto a "colaborar" con 30.000 euros "si se le ayudaba", cantidad que fue aceptada por el Jefe de Gabinete de Alcaldía.

A Flores, en libertad bajo fianza de 150.000 euros, se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales, mientras que a Rojo los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, y a Duarte, estos dos más el de omisión del deber de perseguir delito.

El PSOE y el PES trataron de infravalorar suelos para obtener beneficios


El PSOE y el PES trataron de infravalorar suelos para obtener beneficios

El Mundo. El PSOE y el Partido Estepona (PES) trataron de cerrar convenios urbanísticos antes de las elecciones para beneficiarse. Además, muchos de estos acuerdos se basaban en infravaloraciones de suelos, según se desprende del sumario del caso 'Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción municipal en Estepona.

Así, según uno de los tomos del sumario, cuyo secreto se levantó este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, tanto miembros del PSOE como del PES trataron "de cerrar todos los proyectos urbanísticos que pudieron antes de las elecciones por si acaso no salían reelegidos y no podían cobrar los beneficios que suponía el cierre de dichos proyectos". infravaloración de los convenios urbanísticos firmados en el Ayuntamiento de Estepona.

Según se señala, "dichas valoraciones a precio inferior de mercado serían un contrasentido, ya que saldrían beneficiadas las mercantiles firmantes del convenio y no el Ayuntamiento, pero si atendemos a las conversaciones telefónicas observadas, a las informaciones aportadas por los denunciantes y a las balanzas de pago de las mercantiles con intereses urbanísticos en Estepona podemos pensar que dicha infravaloración permite al Ayuntamiento, y más concretamente a algunos de sus miembros, solicitar aportaciones económicas a dichos empresarios destinadas a diferentes usos, dinero que no quedaría reflejado en ningún sitio".

De este modo, según se desprende del sumario, se pediría dinero "para los gastos de ciertas concejalías". Estos pagos "en ocasiones se realizarían mediante dinero en efectivo que no constaría ni en la contabilidad del Ayuntamiento ni de la mercantil" o bien "facturándose a otras empresas manejadas por personas cercanas a los responsables del Consistorio".

Según los investigadores, "se podría pensar que el único beneficiario seguiría siendo el pueblo de Estepona a través del Ayuntamiento, por lo que no tendría sentido que se realizaran aportaciones dinerarias sin contabilizar por el Ayuntamiento a no ser que con dichas aportaciones salieran beneficiadas económicamente las personas que conforman dicho Ayuntamiento".

Del sumario se desprende que en las solicitudes de dinero por parte del Ayuntamiento a los empresarios "el solicitante suele indicar al empresario qué licencias tiene pendientes de conceder, las cuales, podrían verse retrasadas e incluso ser anuladas si el empresario no se aviniera a colaborar en el gasto".

Información 'privilegiada'
Los investigadores abordan también el papel de los técnicos municipales en la gestión urbanística que se venía realizando en el Ayuntamiento. En el caso de Javier Wittmeur, que fue detenido e ingresó en prisión durante varios meses, los denunciantes, el actual alcalde de Estepona y concejal entonces, David Valadez, y la edil Cristina Rodríguez, manifiestan que la directora del Área de Urbanismo, Patricia Rojo, les aseguró que "muchas de las valoraciones efectuadas por Javier Wittmeur no se correspondían con los precios de mercado de las fincas o de los aprovechamientos tasados".

Algunos técnicos municipales, continúa el sumario, podrían "estar utilizando información privilegiada en su vida profesional independiente del Ayuntamiento parar obtener algún tipo de beneficio", e incluso, en algunos casos, aseguran que algún técnico "podría estar siendo retribuido por extralimitarse en sus funciones".

Del mismo modo, en otro punto del sumario, se relacionan los pagos que algunos técnicos municipales imputados en el caso habrían recibido de varias mercantiles. También investigan los miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional la compraventa de terrenos por parte de miembros del Ayuntamiento o familiares de los mismos.

Terrenos
Entre los casos analizados destacan el de Atalaya Park. Según explican en el sumario, una mercantil en la que participa un familiar del edil Francisco Zamorano -expulsado del PSOE- compró el 17 de diciembre de 2004 dos fincas en Atalaya Park por 751.260 euros, terrenos que se vendieron el 15 de septiembre de 2006 por 3,6 millones, "más de cuatro veces su valor inicial" y que el 7 de noviembre se vendieron a otra mercantil por 6,1 millones.

Según los investigadores "en menos de dos años, unos terrenos multiplicaron su valor casi 10 veces, siendo la propietaria en algún momento de dichos terrenos una sociedad que podríamos considerar como patrimonial pues su único fin parece ser el gestionar la compraventa de dichos terrenos, la cual estaría directamente relacionada con un miembro del Ayuntamiento, Francisco Zamorano".

Un ingreso de 3,7 millones por convenio no consta en la cuenta bancaria municipal


Un ingreso de 3,7 millones por convenio no consta en la cuenta bancaria municipal
Por Agencia EFE –


Málaga, 29 sep (EFE).- Un ingreso de 3.786.376,26 euros que tendría que haber hecho efectivo la mercantil Multiconstrucciones del Sur en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Estepona tras la firma de un convenio urbanístico en diciembre de 2005 no se refleja, según revela la investigación policial del caso de Astapa.

Dicho convenio fue suscrito entre el entonces alcalde socialista, Antonio Barrientos, en representación del Ayuntamiento y la citada sociedad, representada por Alberto Navarro-Rubio el 5 de diciembre de 2005, según se desprende del sumario, al que ha tenido acceso Efe.

Ayer el instructor del caso, Jesús Torres, que investiga la presunta trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), decretó el levantamiento parcial del secreto del sumario que afecta a unos 3.000 folios.

Según recoge el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, en el acuerdo se fijó el mencionado pago "por la plusvalía obtenida por el mero hecho de la firma del convenio", cantidad que tendría que abonarse en dos plazos pero afianzarse mediante aval a favor del ayuntamiento antes del 16 de enero de 2006.

Sin embargo, la cuenta bancaria del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, de la que es titular el Ayuntamiento, no registró, según el informe de la UDEF, ningún pago de "cantidades similares, ni tampoco se ve reflejado en la balanza de pagos de la mercantil", uno de cuyos consejeros es el empresario Francisco Javier Merino.

Pese a ello, continúa el informe, existen cuatro transferencias "en concepto de pago del convenio", conocido como Loma Redonda, por un importe total de 933.930,47 euros, cuando el primer pago tendría que haber sido de 1.893.188,13 euros.

La Policía destaca en su informe la premura con la que se hicieron algunos trámites del convenio para el cambio de suelo de no urbanizable a urbanizable, ya que el informe jurídico se presentó el día de la firma del convenio, y que la empresa firmante hace pagos a dos mercantiles de las que el arquitecto municipal, Ignacio de la Hoz, imputado en la causa, fue administrador o socio.

A cuenta de este convenio, la Policía resalta una conversación telefónica mantenida entre José Flores, ex jefe de gabinete de alcaldía y en libertad bajo fianza de 150.000 euros a raíz de su imputación en la causa, y su primo Juan Simón, en libertad bajo fianza de 300.000 euros, por el que éste señala que Francisco Javier Merino tiene pendiente una "esponsorización a cuenta del convenio de 300.000 euros".

Esta es la segunda ocasión en la que el juez instructor decide levantar parcialmente el secreto de las actuaciones, después de que a finales de junio decretase la apertura de los tomos 1 al 6, concretamente desde el folio primero hasta el 2.857.

La instrucción del sumario se inició en junio de 2008 cuando fueron detenidas 25 personas, entre ellas el entonces alcalde del PSOE Antonio Barrientos, y hasta el momento se ha saldado con 63 imputados.

El TSJM levanta el secreto parcial del sumario sobre el 'caso Gürtel'


El TSJM levanta el secreto parcial del sumario sobre el 'caso Gürtel'

AFP MADRID — El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, levantó este martes el secreto parcial del sumario sobre las investigaciones llevadas a cabo en relación a la trama de corrupción liderada por Francisco Correa y que se ha saldado con un total de 71 imputados.

Entre ellos se encuentra la mujer del senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar; el diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco, el parlamentario autonómico Alfonso Bosch; el diputado autonómico y ex consejero de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo; el ex concejal de Boadilla del Monte José Galeote; el ex concejal del PP en Estepona, Ricardo Galeote; el ex alcalde de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez; y el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda.

Pedreira ha dispuesto en el auto la entrega a los interesados, a las partes personadas y a sus representantes legítimos de una copia en dvd en la que se recoge la documentación relacionada con el expediente tramitado por la Audiencia Nacional.

Un total de 17.000 folios, que aglutinan las actuaciones desarrolladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón durante la investigación del 'caso Gürtel' antes de inhibirse en favor del TSJM, podrán ser recogidos por los interesados durante los días 6, 7 y 8 de octubre a partir de las 10H00 y en orden alfabético.

El juez de ‘Astapa’ augura más sorpresas en la trama


El juez de ‘Astapa’ augura más sorpresas en la trama

El Correo de Andalucía.
El juez que investiga la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona ha levantado parte del sumario pero mantiene otra en secreto porque contiene “datos relevantes” que han arrojado los últimos informes policiales. El magistrado quiere evitar “manipulaciones” que pudieran entorpecer la investigación.

El caso Astapa, que investiga la red corrupta del Ayuntamiento de Estepona, puede desvelar nuevas sorpresas. El juez, Jesús Torres, decretó ayer el levantamiento parcial del sumario, que afecta a unos 3.900 folios, pero ha decidido mantener en secreto otra parte porque asegura que los últimos informes policiales incluidos en la causa, de julio de 2009, “son trascendentales”. La importancia de esos documentos es uno de los argumentos para mantener aún en secreto la investigación, que, según dijo, va a arrojar “datos relevantes”.

En el auto del magistrado, al que tuvo acceso Europa Press, se justifica el levantamiento del sumario a que “ya no perjudica la investigación de la causa”. Por contra, prorroga el secreto al resto. Explica que esta medida no sólo es necesaria sino “indispensable”, teniendo en cuenta los informes emitidos, que “están arrojando datos relevantes para la investigación”, y la “gran cantidad” de documentación aprehendida en los registros, “más de un centenar de cajas”. El juez añade que quiere “impedir que el conocimiento e intervención de los imputados pueda ocasionar interferencias o manipulaciones que obstaculicen la investigación”.

Esta es la segunda vez que el juez decide levantar parte del secreto de las actuaciones. La anterior fue en junio y desveló que el caso se inició tras la denuncia del actual alcalde socialista, David Valadez, y la conceja Cristina Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Policía y Anticorrupción. Estaban convencidos de que se estaba cometiendo cohecho, malversación de caudales y blanqueo de dinero en el ayuntamiento.

En junio de 2008 fueron detenidas 25 personas, entre ellas el entonces alcalde del PSOE Antonio Barrientos, y hasta el momento se ha saldado con 63 imputados. Además fueron arrestados los concejales socialistas Asunción López, Francisco Zamorano, Mariví López y Marisa Rodríguez-Pino, además de los ediles del Partido de Estepona José Ignacio Crespo y Manuel Reina. También fueron arrestados empresarios, funcionarios y técnicos municipales y el que ejercía como jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores.