Los obispos dejan a Estepona sin herencia

Los obispos dejan a Estepona sin herencia

Varios colectivos reclaman al Obispado que devuelva 16,8 millones de un legado destinado a una parroquia - El alcalde pide que se agote la vía de la negociación

El País. El dinero de la herencia de María Catalina Nadal debe quedarse en Estepona (Málaga). Varios colectivos de este municipio de la Costa del Sol, entre ellos una plataforma de vecinos, empresarios y partidos políticos, están dispuestos a plantar cara al Obispado de Málaga para asegurarse de que la millonaria herencia de María Catalina Nadal Guerrero se quede en el municipio, tal y como estableció esta en su testamento en 1973. Están preocupados porque el obispo Jesús Catalá, albacea del legado, transfirió 16,8 millones de la cuenta bancaria de la parroquia de Los Remedios -beneficiaria del testamento- a un Fondo Común Diocesano, cuyos movimientos no pueden controlar.

María Catalina Nadal, fallecida en 1978, dispuso en su testamento que un tercio aproximado de sus terrenos en Estepona -en torno a 780.000 metros cuadrados- se destinaran preferentemente para "obras de tipo cultural, social y religioso de la parroquia de Los Remedios de Estepona". Esos bienes, que fueron vendidos en 2005, debían ser gestionados por una fundación, que gestiona el Obispado de Málaga.

Todos los colectivos consultados inciden en que el testamento es muy claro en cuanto al uso que se debía dar al dinero y que el Obispado, designado albacea y no beneficiario, lo está ignorando deliberadamente. El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), les ha pedido tiempo para abordar el asunto en frío. El viernes pasado mantuvo un primer encuentro con el obispo. Según fuentes municipales, percibieron una "disposición absoluta" para aclarar el asunto. El regidor ha pedido que le dejen agotar las vías de la negociación, antes de ir a los juzgados.

La alarma saltó el pasado agosto, cuando el consejo pastoral de la parroquia de Los Remedios, hizo públicos sus temores. "Llevábamos un año notando las transmisiones de dinero de una cuenta a otra", relata un miembro de este organismo. El consejo está formado por 14 seglares vinculados a la parroquia y presidido por el párroco. Primero convocaron una reunión abierta, a la que acudió el ecónomo del Obispado. "Solo sacamos en claro que ese dinero lo iba a manejar el Obispado y que se iba a invertir en la Diócesis", añade.

Como la salida de fondos continuaba, "de forma unilateral y sin aviso a la parroquia", pidieron al cura de entonces, Francisco Baquero, que les gestionara una cita con el obispo, Jesús Catalá. Querían hacerle llegar su malestar por la salida del dinero y pedirle que, como consejo pastoral o bien creando una fundación, les dejara conocer y participar en la toma de decisiones con respecto a la gestión de la herencia.

No hubo forma de ver al obispo, pero en agosto consiguieron reunirse dos horas con un abogado y un gestor del Obispado en una asesoría de Málaga. La postura continuaba siendo la misma: que el obispo puede disponer libremente del dinero del legado para otras necesidades de la Diócesis o de otras iglesias de la provincia.

A la semana de la reunión, supieron que el cura de los Remedios había sido trasladado a la parroquia de Arriate. Los feligreses hablan de su papel en el conflicto en una cariñosa carta de despedida. "Apostó porque esa herencia no solo era de Estepona, sino que debía administrarse e invertirse en el pueblo", inciden. Según el escrito, se mantuvo "firme" en el apoyo a las ideas del consejo de su parroquia, "frente a las del Obispado", algo que, "ha desembocado en un traslado forzoso".

En el Obispado de Málaga defienden que la parroquia "no ha perdido la propiedad de los 16,8 millones". El ecónomo, Luis López de Sebastián, certifica que ese dinero continúa en el Fondo Común Diocesano, señalan. La solución al problema debe encontrarse, según estas mismas fuentes, en la propia parroquia, cuyo nuevo titular y representante del obispo, dio su primera misa el domingo pasado.

La plataforma vecinal de Estepona y la asociación de empresarios están dispuestas a reclamar este dinero ante cualquier instancia. "Queremos reunir firmas para que nos reciba el obispo, si no lo conseguimos, nos plantearemos manifestarnos frente a la Catedral, avanza el representante del colectivo, Miguel Quirós.

David Valadez, exalcalde de Estepona y portavoz de la oposición socialista, cree que las vías de negociación están agotadas y que el Obispado únicamente prevé acciones puntuales en el municipio, como la compra de unas casas para construir salones parroquiales o la gestión del colegio privado Juan XXIII, algo que solo supondría inversiones por cuatro millones.

Valadez asegura que existe un informe jurídico que considera legitimado al pueblo de Estepona para recurrir a la vía judicial y exigir el cumplimiento íntegro del testamento. "El PSOE está dispuesto a llegar a este extremo", asegura.

El PSOE califica los primeros cien días del gobierno local del PP como “decepcionantes”

El PSOE califica los primeros cien días del gobierno local del PP como “decepcionantes”



$El portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez, ha calificado los cien primeros días del actual gobierno local del PP, presidido por el alcalde José María García, como de “absolutamente decepcionantes”

Así, asegura que “pese a contar con mayoría absoluta en el pleno de la Corporación han sido incapaces de poner en marcha proyectos propios que permitan avanzar en la creación de puestos de trabajo”.

De esta manera Valadez puso como ejemplo la última sesión plenaria celebrada la pasada semana en la que tan sólo, pese a tratarse de una sesión ordinaria, había un punto en el orden del día, más allá de la aprobación de las actas, de asuntos urgentes o de ruegos y preguntas.

“Ya ha pasado tiempo suficiente como para que el alcalde empiece a poner sobre la mesa proyectos propios y deje de arrogarse méritos que no le corresponden o de hacer oposición a la oposición”, aseguró el también secretario general de los socialistas locales.

Valadez, en su comparecencia, aseguró que en estos tres últimos meses “lo único que se ha hecho en la ciudad ha sido recoger los frutos de la gestión del anterior gobierno local”. Así, enumeró la instalación de señales informativas en las principales calles del casco histórico y en los principales enclaves turísticos del municipio, la celebración de los primeros cursos de verano de la Universidad de Málaga, la inauguración de la lonja pesquera, de un nuevo hotel en la barriada de Isdabe, de la nueva escuela infantil en la barriada de Cancelada o incluso la exposición de fotografías en el Paseo Marítimo.

Por el contrario lamentó que una de las principales prioridades del actual gobierno del PP haya pasado por “desprestigiar a los empleados municipales”, alegando una difícil situación económica que no ha impedido “que los tenientes alcalde del municipio estén cobrando unos 65.000 euros anuales y que el resto del gobierno local cobra más que cualquier otro concejal del gobierno local anterior”.

“Desde que García Urbano es alcalde Estepona no ha tenido servicio de transporte urbano ni una sola mañana y si se disfruta por la tarde, es pese a que el PP no votó a favor de que la Diputación nos concediera una subvención para la adquisición del vehículo que presta el servicio”, aseguró.

Además, lamentó la “absoluta incoherencia del PP”. “Cuando estaban en la oposición, mayoritaria en el anterior mandato, retiraron las competencias a la Junta de Gobierno Local y ahora, en el gobierno, lo primero que hacen es recuperarlas”, manifestó.

En la misma línea aseguran “no entender los motivos por los que desde la oposición pedían la supresión de las tasas de apertura de establecimientos, alcantarillado y basura y ahora que están en el gobierno no hacen nada para remediarlo”.

“En la oposición denunciaron a la Inspección de Trabajo la situación en la que se encontraban los profesionales de los medios de comunicación públicos y eso forzó su inmediato traslado y acondicionamiento de algunas dependencias. Ahora, en el gobierno, olvidan lo que hacían y los obliga a volver a donde estuvieron inicialmente”.

Los socialistas tampoco comparten el hecho de que la delegación municipal de Juventud haya sido trasladada a los bajos del Francisco Muñoz Pérez “en una especie de destierro forzoso”.

Aseguran, por otro lado, que “los compromisos electorales adquiridos en campaña electoral y que, supuestamente, tenían un plazo de ejecución inmediato parecen estar guardados en los cajones. Este es el caso, por ejemplo, de la supresión de las áreas de reparto en el extrarradio”.

El verano cultural “ha sido inexistente”. “Ni tan siquiera han tenido voluntad de que la ciudad contase, como sí ocurrió el pasado año, con un cine de verano”.

“El estado de las playas ha sido realmente vergonzoso”, añadió.

En definitiva, Valadez asegura que el PP no ha puesto en marcha ni una sola iniciativa propia, más allá de la instalación del Museo Ángel Garó en la Casa de la Juventud de la Plaza de las Flores.

Por último, lamentó “la contumaz persistencia en acabar con la oposición. Nos suprimieron las retribuciones, nos bajaron hasta el ridículo las asignaciones de grupo, nos niegan hacernos copias de documentos públicos y lo último es que nos impiden hasta poder verlos”.

Valadez aseguró que el PSOE va a “permanecer expectante ante la labor que desarrolle en los próximos meses el gobierno local” y manifestó su convencimiento de que “vamos a empezar a ver el verdadero rostro del PP en Estepona: privatizaciones a diestros y siniestros, aumento de la presión fiscal y modelo urbanístico alejado de las necesidades presentes y futuras de la ciudad”, concluyó.

Carrusel de facturas en Astapa

Carrusel de facturas en Astapa

El País

La instrucción del caso Astapa contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) se ha centrado en los últimos meses en los cohechos. Los investigadores de esta gran causa que suma 99 implicados tratan de descifrar un complejo engranaje por el que empresarios con intereses en el municipio pagaban las facturas que el Consistorio esteponero adeudaba a terceras empresas o contrataban los servicios de negocios vinculados a ediles, supuestamente para obtener trato de favor.

Entre los 21 nuevos imputados hay seis personas -entre empresarios y representantes de promotoras- investigados por pagar facturas o hacer aportaciones para eventos para beneficiarse en la negociación de convenios.

La policía también cree que algunas de las facturas asumidas en nombre del Ayuntamiento estaban falsedadas. Se investiga si los empresarios que las emitieron acordaron repartir beneficios con miembros de los equipos de gobierno del exalcalde Antonio Barrientos (PSOE).

Todos los nuevos implicados están acusados de cohecho, entre otros delitos como malversación, falsedad documental o fraude. Además de los empresarios, en la lista hay tres empleados municipales que, según el fiscal, se encargaban de "recaudar" o "presionar" a los promotores para que financiaran los gastos del Ayuntamiento o la exedil de la formación posgilista Partido de Estepona (PES) Marta Solís, entre otros.

El empresario Jaime Rico, uno de los testigos, ha declarado que el gerente del Área de Servicios del Consistorio, Alfonso Servia, también imputado en esta última fase, le pidió que entregara 150.000 euros a Marta Solís -entonces edil de Turismo- tras realizar unas obras de mejora del Palacio de Congresos de Estepona. Según Rico, dueño de la empresa Rimasa 2003, Servia le dijo que ese dinero tendría que salir "de sus beneficios" y lo reclamó cuando solo quedaba pendiente el pago de la última certificación de obra. La exedil Solís, implicada por malversación y cohecho, está retirada de la política desde 2005.

En esta supuesta red de sobornos también se estudia el papel de la empresa Proyectos Maribel 1950. Se trata de una gestoría administrada por el cuñado del exedil del PES, Manuel Reina, que multiplicó por 18 sus ingresos en los dos primeros años en los que Reina ocupó la concejalía de Hacienda. Según datos de la Agencia Tributaria, pasó de facturar 16.870 euros en 2003, a 291.831 euros en 2005.

El cuñado de Reina, Celestino del Pino, declaró como implicado en junio. Figura como administrador de la asesoría, pero los investigadores defienden que quien controlaba el negocio era el exedil. El testigo Jaime Rico aseguró que Reina ofrecía "un trato de favor" a todos los proveedores municipales que llevaban allí sus cuentas. Rico, adjudicatario del depósito de vehículos, contrató a la gestoría en 2003.

Según los informes policiales, hasta seis empresas con intereses urbaníticos o proveedoras de servicios trabajaron con la asesoría en fechas cercanas a la firma de convenios o mientras mantenían relaciones comerciales con el Consistorio. Ocurrió, por ejemplo, con Estesur, SL, a la que la gestoría realizó una venta de 232.742 euros en 2005. Ese mismo año la familia Bazán Ramos, propietaria de la empresa, firmó con el Ayuntamiento el convenio Cortijo Casareño.

En 2008, cuando Reina ya había salido del gobierno, cesó la relación comercial con cinco de estas empresas. Durante el registro de la casa del exedil, la policía encontró el libro de socios, el de actas y el libro diario de la gestoría, todo en blanco.

Últimos imputados
- Los empleados municipales José Antonio Macías y María Paz Andrades están imputados por formar parte del mecanismo para presionar a empresarios a financiar gastos del Ayuntamiento, según el fiscal del caso. La policía considera que Mariano Crespo, también trabajador municipal, constituía una "pieza clave" del engranaje de intereses creados en Estepona, "donde se confundía lo público con lo privado". Está implicado por utilizar su empresa, Crestasub, para financiar gastos de campaña del PSOE "por el procedimiento de simular y facturar servicios inexistentes a empresas del grupo Valle Romano".

- A la empresaria María Tábata González se le atribuye un trato de favor a partidos políticos desde un medio de comunicación para conseguir la adjudicación de obras municipales para la sociedad Nagore, de la que es responsable su hermano, David González Florentín, también imputado. La empresa Nagore también se investiga por "reconocimiento irregular de deudas". Según el fiscal, "pudieron pagar comisiones a políticos locales a través de sociedades".

- Los hermanos José María y Juan Antonio Pérez Torrecillas, dueños de una empresa de excavaciones, están implicados por el "supuesto pago de eventos municipales o comisiones a funcionarios por adjudicaciones de obras o reconocimiento de deudas".

A REPRESENTANTES DE EMPRESAS CON INTERESES URBANíSTICOS COMO JOSé ANDRéS SáNCHEZ GARCíA SE LES ATRIBUYEN PAGOS IRREGULARES DE FACTURAS ENTRE 2006 Y 2007 POR LOS QUE LA EMPRESA QUE LOS RECIBIó GENERó FACTURAS FALSAS. TODO ELLO RELACIONADO, SEGúN EL FISCAL, CON UN CONVENIO DE 2006 SOBRE LA EDIFICABILIDAD DE UN CAMPO DE GOLF. A FRANCISCO VáZQUEZ Y PEDRO YENES, TAMBIéN REPRESENTANTES DE PROMOTORAS, SE LES RELACIONA CON UN POSIBLE PAGO DE COMISIONES por la firma del convenio Cortijo La Teja a través del bufete S&B Abogados, para el que trabajaba Juan Simón, primo del jefe de gabinete de alcaldía, José Flores

El fiscal se extraña de que sólo Valadez y Rodríguez denunciaran «Astapa»

El fiscal se extraña de que sólo Valadez y Rodríguez denunciaran «Astapa»

Ve incomprensible que en un Consistorio con mil empleados únicamente dieran el paso dos ediles

La Opinión de Málaga. JOSÉ ANTONIO SAU

La Fiscalía Anticorrupción ha mostrado su extrañeza por que sólo los ediles socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez se atrevieran a denunciar ante la policía la supuesta trama de corrupción que gobernaba Estepona. Así lo asegura en un escrito en el que se opone a un recurso de apelación interpuesto por un imputado contra un auto en el que se solicitaba la nulidad del «caso Astapa». En el escrito, el acusador público encargado del proceso realiza un detallado análisis de las pesquisas, que defiende a ultranza, y se emplea con contundencia ante los ataques del encausado, que, entre otras cosas, pone a caer de un burro al exalcalde y a su compañera.
Sobran por tanto «las inútiles descalificaciones, tan injustas como infundadas, que la parte recurrente, rozando los límites del derecho de defensa, viene dirigiendo contra quienes se limitaron a cumplir con la obligación de denunciar el delito, aun a riesgo de comprometer no sólo su futuro político, sino también su seguridad personal; aquí, lo verdaderamente incomprensible es que en un Ayuntamiento plagado de irregularidades, donde trabajan más de mil personas, sólo ellos se atrevieran a cumplir con ese deber cívico».

Una denuncia muy sólida

Es más, el fiscal Valentín Bueno recuerda que nunca hubo intención «prospectiva» con la intervención de los teléfonos, ni se acordó para comprobar simples rumores, sino que la notitia criminis era muy sólida tras la comparecencia espontánea que el 16 de noviembre de 2006 efectuaron ante la policía judicial los entonces ediles socialistas Rodríguez y Valadez. Es más, desvela el fiscal que ambos hicieron una investigación propia en su entorno laboral y político, «posiblemente aprovechando la confianza de otros colegas y funcionarios para avanzar en las pesquisas».

Su relato «detallado y coherente» resistió «el análisis de la policía judicial, que no detectó fisuras». Entre los hechos acreditados indiciariamente quedó claro que Estepona, siempre según el fiscal, funcionaba con una triple caja: la de fondos fiscalizados; la de donaciones de promotores, no fiscalizada, y la tercera o «C», «nutrida de fondos directamente destinados a bolsillos de particulares».
Asimismo, considera el fiscal que se ha puesto de manifiesto la financiación irregular de los partidos mayoritarios, el PSOE y el PES, «que habían llegado a repartirse unos 600.000 euros» aportados por dos destacadísimas promotoras; además, quedó claro con su denuncia «la sistemática infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos enajenados en convenios». Es más, indica, se relegaba a técnicos municipales cualificados para encomendar las valoraciones a profesionales vinculados a responsables políticos del Consistorio. En diez convenios, aclara, el municipio habría sufrido un perjuicio de cuatro millones de euros.

Veinte millones de perjuicio

Además, Valadez y Rodríguez pusieron de manifiesto las adjudicaciones «arbitrarias» de obras y servicios en áreas controladas por el PES, «y la práctica generalizada de exigencias de dinero a particulares interesados en licencias». Por esos indicios «sólidos» se pincharon los teléfonos.
El hecho de que testigos posteriores no corroboraran esa versión no significa que mintieran, ya que las periciales han dado la razón a Valadez y Rodríguez: hay siete informes de un arquitecto de Hacienda en los que aflora la sistemática «infravaloración» de los aprovechamientos enajenados en los cuatro convenios de gestión urbanística. En concreto, el Ayuntamiento resulta perjudicado en 20 millones de euros con sólo esos cuatro expedientes.

Fiscal de 'Astapa': "Sobran las "inútiles descalificaciones" contra los denunciantes del caso, Valadez y Cristina Rodríguez

Fiscal de 'Astapa': "Sobran las "inútiles descalificaciones" contra los denunciantes del caso, Valadez y Cristina Rodríguez

Afirma que "Es incomprensible que en un Ayuntamiento plagado de irregularidades, donde trabajan más de mil personas, sólo ellos se atrevieran a cumplir con ese deber cívico"

El fiscal del caso Astapa, que investiga una presunta trama corrupta en el Ayuntamiento de Estepona, señala en un informe que "sólo en cuatro convenios urbanísticos" se detectó la pérdida de más de 20 millones de euros por la "sistemática infravaloración de aprovechamientos enajenados".


Así habla de los convenios de Arroyo Enmedio Este, con un desfase de 10,4 millones de euros; Valle Romano, de 7,2 millones de euros; el Camino del Cerrillar, de 3,7 millones, y el de El Ángel, de 649.000, según los informes periciales emitidos por un arquitecto de la Agencia Tributaria experto en valoraciones inmobiliarias.




En un documento de once páginas de junio de este año conocido tras el reciente levantamiento de la totalidad del secreto de sumario del caso y al que ha tenido acceso Efe, el fiscal Valentín Bueno argumenta la consistencia de la investigación en la gravedad de lo investigado y en numerosas irregularidades detectadas.


En respuesta al recurso de apelación de un imputado en la causa que pedía la nulidad de las actuaciones, el fiscal señala que a la infravaloración de convenios, "podría añadirse los contratos y facturas fraudulentas en perjuicio de Empladus y de la hacienda municipal descubiertos en una investigación de la Agencia Tributaria".


En el mismo sentido, añade que "los contratos y adjudicaciones irregulares que se vienen detectando en el análisis de la documentación intervenida en los registros o el hallazgo y bloqueo en Andorra de 10 millones de euros depositados en cuentas familiares de Pedro López, exgerente de Urbanismo del equipo de gobierno, cuya lícita procedencia no ha podido acreditar".



Sobran por tanto -según el ministerio público- las "inútiles descalificaciones" que la parte recurrente viene dirigiendo a los denunciantes del caso, los ediles David Valadez y Cristina Rodríguez, "quienes se limitaron a cumplir con la obligación de denunciar el delito aún a riesgo de comprometer no sólo su futuro político sino también su seguridad personal".


El fiscal añade en su escrito que "lo verdaderamente incomprensible es que en un Ayuntamiento plagado de irregularidades, donde trabajan más de mil personas, sólo ellos se atrevieran a cumplir con ese deber cívico".


Como el recurrente se empeña en afirmar que el juez sólo consideró y valoró en su auto meras sospechas no corroboradas, el ministerio público señala "que no sólo investigan delitos menores sino infracciones graves, relacionadas con la corrupción y que producen una gran alarma social".


Deja claro el fiscal que los investigadores no se limitaron, como sugiere el recurrente, a reproducir los hechos denunciados sino que en un trabajo que dura varios meses procesan, ordenan y analizan en cien folios toda la información disponible.


Simultáneamente, la Agencia Tributaria viene desarrollando una ingente investigación patrimonial que afecta a más de 120 personas y sociedades y ha generado comisiones rogatorias.

Ediles de Estepona exigían al empresario de la grúa repartir sus beneficios

Ediles de Estepona exigían al empresario de la grúa repartir sus beneficios


El responsable de la mercantil Rimasa 2003 S.L., que gestionó el depósito municipal de vehículos de Estepona entre 2003 y 2008, aseguró en su declaración como testigo ante los investigadores del caso 'Astapa' que concejales y abogados afines al gobierno local le exigían que repartiera sus beneficios empresariales con ellos.

Según recoge uno de los tomos del sumario, éste dijo a la Policía que cuando él le pidió al edil de Hacienda, Manuel Reina, imputado en el caso, que le pagase las deudas pendientes, éste contestó que "sería abonada por una mercantil colaboradora del Ayuntamiento de forma que a medida que fuera cobrando del Ayuntamiento tenía que ir entregándole el dinero en mano a él".

Aseguró que a medida que el Ayuntamiento le fue pagando las facturas "él le fue entregando a Reina el dinero en metálico a través de alguno de sus trabajadores". En el momento en el que solicitó un justificante del pago, señala que se le dio uno por 20.000 euros en concepto de deuda pendiente con una empresa vinculada a Reina con la que Rimasa no tenía ningún débito.

Según la declaración recogida en el sumario, el empresario manifestó a la Policía que Reina le indicó que "si quería que sus temas se agilizasen en el Ayuntamiento tenía que contratar los servicios" de la gestoría vinculada a él, "los cuales tenían un coste aproximado de 400 euros al mes".

Beneficios compartidos
Por otro lado, explicó que otro de los imputados, el abogado Juan Simón, primo del que fuera jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores, le dijo que si quería que se solucionaran "los problemas para cobrar la deuda que mantenía con el Ayuntamiento y seguir siendo contratado por éste tenía que acceder a repartir el 50% de su empresa con él y sus socios".

Entre los socios de Simón, siempre según esta declaración, se encontraban los imputados Manuel Barroso y el exconcejal Francisco Zamorano, "quién agilizaría los trámites en el Ayuntamiento al ser concejal de Hacienda", además del que fuera edil socialista, Antonio Sánchez quién, afirmó el empresario, colaboraría "en la nueva adjudicación del depósito de vehículos al ser concejal de Seguridad Ciudadana".

Según el adjudicatario de la grúa, "la idea consistía en crear una mercantil, Ausol Estepona 2000, que ganaría el concurso de adjudicación del depósito municipal de vehículos, subcontratando a Rimasa para que gestionara el Centro de Tratamiento de Automóviles". Los beneficios se repartirían al 50% entre ambas mercantiles.

También señaló a la Policía que Simón le ofreció "intermediar con el Ayuntamiento de Estepona en todo lo relativo a las deudas con Rimasa a cambio de cobrar aproximadamente un tercio de lo que se le pagara", cantidad que se le abonaba en metálico. Según dijo, "una vez que aceptó dicho acuerdo" el que fuera edil de Hacienda, Francisco Zamorano, "comenzó a ponerse en contacto con él, agilizándole el pago de las diferentes deudas".

Coches a bajo precio
Preguntado acerca de si había vendido vehículos del depósito municipal a algún miembro del Ayuntamiento, el empresario aseguró a los investigadores que vendió dos coches al secretario municipal "por debajo de su valor real", ya que éste le indicó que "si le trataba bien le agilizaría sus asuntos en el Ayuntamiento".

Según su declaración, le vendió al secretario municipal "un Peugeot 207 por 240 euros, si bien, a él le había costado 1.200 euros y un Nissan Micra por 2.000 euros pagados con cuatro billetes de 500 euros, aunque el precio de venta que se había pactado y que figuraría en la factura sería de 3.000, si bien a él le había costado 5.000".

Petición de dinero
La empresa Rimasa 2003 fue la que ejecutó las obras de mejora del Palacio de Congresos de Estepona. Según el empresario, cuando sólo quedaba pendiente el pago de la última certificación de unos 200.000 euros el que fuera gerente de Servicios en el Ayuntamiento le dijo "lo que te voy a hablar yo nunca te he dicho nada ni te he pedido nada, me han dicho que le tienes que dar 150.000 euros a Marta Solís -exconcejala de Turismo imputada en el caso- de tus beneficios de la obra".

Aseguró a la Policía que se negó a la propuesta, por lo que cuando le solicitó a Solís que firmase la última certificación "ésta se negó". A partir de ese momento, el empresario señala que se deterioró su relación con el Ayuntamiento "y más concretamente con los miembros del Partido Estepona, no adjudicándole la ejecución de más obras".

Obras pendientes
Asimismo, dijo, a preguntas de los investigadores sobre si conocía otras irregularidades cometidas en el Ayuntamiento, que todo lo referente a los convenios urbanísticos debía contar con el visto bueno del que fuera jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores.

En este último punto, añadió que la firma de los convenios urbanísticos se celebraba en "lugares de alterne en donde los miembros del Ayuntamiento gastaban grandes cantidades de dinero, estando invitados a esas celebraciones otros empresarios de la zona" según recoge el sumario.

Respecto al vicesecretario del Ayuntamiento, señaló que éste le pidió dinero en metálico en varias ocasiones porque "ya estaba cansado de que solo le invitase a comer y no coger dinero como hacía todo el mundo".

Según dijo, el vicesecretario "habría pedido 18.000 euros a un empresario que estaba construyendo un local de alterne para tramitarle la licencia de primera ocupación de forma que una vez le fuera concedida debía pagar 12.000 euros más".

El sumario de 'Astapa' alerta de valoraciones de terrenos a la baja por casi 22 millones

El sumario de 'Astapa' alerta de valoraciones de terrenos a la baja por casi 22 millones

La Policía señala el "alto nivel de vida" de la familia del exedil Crespo y "la gran cantidad de dinero en metálico que utilizaban"

Investigadores del caso 'Astapa', contra la presunta corrupción en Estepona (Málaga), mantienen que en dicho Ayuntamiento se realizaban valoraciones de terrenos "a precios inferiores a los de mercado para poder exigir a posteriori a empresas cantidades destinadas a diferentes fines, sin el control de Intervención y Tesorería" y apuntan a que, según el análisis de cuatro convenios, las valoraciones supondrían una diferencia a la baja de casi 22 millones de euros.

Así se desprende del informe, fechado en marzo de 2011 y realizado para analizar los documentos intervenidos en la vivienda y despacho profesional del técnico del Ayuntamiento, Javier Wittmeur, imputado en la causa y persona que, según la Policía, "se encargaba de realizar las valoraciones de los aprovechamientos no susceptibles de apropiación privada para que el Ayuntamiento de Estepona pudiera conveniar con diferentes mercantiles propietarias de terrenos".

Según dicho documento, incluido en el sumario del caso y al que ha tenido acceso Europa Press, esas valoraciones "a petición de José Flores --ex jefe de gabinete de Alcaldía-- y de Manuel Reina --exedil de Hacienda, ambos imputados-- serían inferiores a los precios de mercado". En este punto, se precisa que en ese momento se habían analizado cuatro convenios por parte del perito arquitecto de la Agencia Tributaria.

Así, precisa que en el convenio 'El Ángel', de febrero de 2004, la valoración del técnico imputado fue de 977.508 euros "y la del perito arquitecto 1.626.840 euros", con lo que "existiría una diferencia de 649.932 euros". En el caso del convenio Valle Romano, la diferencia sería de 7,2 millones; en el de Arroyo de Enmedio Este alcanzaría supuestamente los 10,4 millones; mientras que en el del Camino del Cerrillar sería de 3,7 millones de euros.

Además, se añade que "muchas de las empresas que conveniaron con el Ayuntamiento de Estepona pagaron cantidades extra convenio". Así, se alude por parte del fiscal Anticorrupción encargado de este caso a la "sistemática infravaloración" de los aprovechamientos y a las "numerosas irregularidades en materia de disciplina urbanística reflejadas" en el informe de la Inspección Urbanística de la Junta de Andalucía.

PRESUNTOS PAGOS

En el informe anterior, se destacan los presuntos pagos "que han realizado a Wittmeur dos mercantiles con intereses urbanísticos", los cuales, según se apunta, "podrían deberse a pagos encubiertos para el partido al que pertenecía, el Partido Estepona (PES), o bien a pagos en compensación por sus resoluciones positivas en los informes emitidos", por lo que en ese momento de la investigación se consideró necesario hacer un seguimiento a dichos ingresos.

Respecto a presuntos pagos, en otro informe, se analizan los documentos intervenidos en el domicilio del que fuera primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo, cabeza de lista por el PES, aunque indican los investigadores que entre la documentación intervenida en su vivienda particular "no se ha encontrado documentación que lo vincule directamente con las actividades ilícitas investigadas", sí se han analizado documentos.

En este sentido, en ese informe, fechado también en marzo de 2011, se precisa que "sí se ha encontrado una prueba indiciaria que indicaría que José Ignacio Crespo, con la intermediación de su mujer, habría recibido un pago directo de una mercantil con intereses urbanísticos en Estepona", empresa que firmó en diciembre de 2004 el convenio Cortijo de Enmedio con el Ayuntamiento, iniciando el plan de sectorización de los terrenos en el año 2005.

Asimismo, se hace referencia al "alto nivel de vida que mantenía la familia" Crespo Conde y "la gran cantidad de dinero en metálico que utilizaba", instando la Policía a que se realice un estudio pormenorizado por parte de peritos de la Agencia Tributaria sobre las cuentas bancarias relacionadas con el matrimonio. En este punto, se considera necesario ver si han dejado rastro determinados movimientos como distintas compras.

También se muestra interés por la contratación de obras entre 2004 y 2005 por un importe de 100.000 euros "pagados en efectivo" o las compras de muebles a una empresa por distintas cantidades "todas ellas pagadas también en efectivo"; así como distintas estancias en un hotel de Ibiza. Al margen de esto, el juez instructor acordó a finales de junio que se emitiera una comisión rogatoria a la República Checa para determinar el patrimonio y activos financieros del matrimonio.

David Valadez nuevo secretario general de los socialistas de Estepona tras la celebración ayer de la asamblea extraordinaria

David Valadez nuevo secretario general de los socialistas de Estepona tras la celebración ayer de la asamblea extraordinaria

El PSOE de Estepona normaliza su vida orgánica tras la celebración en la tarde de ayer de la asamblea extraordinaria constituyente, que contó con la presencia de Francisco Conejo, secretario de organización del PSOE-A Málaga.

David Valadez es el nuevo secretario general de los socialistas locales. Capitanea una comisión ejecutiva municipal formada por 24 personas que mezcla veteranía y juventud a partes iguales y que se caracterizará por “el trabajo diario, la honradez y la capacidad de afrontar retos en esta nueva etapa”.

El PSOE de Estepona cuenta desde el día de ayer con una nueva comisión ejecutiva municipal que toma el testigo de la dirección local que hasta ahora ostentaba una gestora. Mezclando “veteranía y experiencia además de nuevos bríos de los más jóvenes y de las personas que por primera vez ostentan responsabilidades en el partido”.

El nuevo secretario general de los socialistas locales, David Valadez López, ha presentado hoy ante los medios de comunicación a las personas que formarán parte de la dirección local y que forman “personas vinculadas a colectivos sociales, asociaciones de vecinos y personas con profesiones liberales que vienen a enriquecer y a sumar en el proyecto socialista. La nueva comisión ejecutiva municipal la forman:

l Presidente: Miguel Castro.

l Secretario general: David Valadez.

l Vicesecretario general: Fernando Centeno.

l Secretaria de Organización: Leticia Teboul.

l Secretaria de Administración: Cristina Rodríguez.

l Secretaria de Política Municipal: Manuela Benítez.

l Secretario de Comunicación e Ideas: Francisco López.

l Secretario de Deportes: Javier Ferrer.

l Secretario de Extranjería: Alí Oumgari.

l Secretaria de Comercio y Consumo: Ana de la Serna.

l Secretaria de Educación y Cultura: Inmaculada Guerrero.

l Secretario de Redes Sociales y Medio Ambiente: Julián López.

l Secretario de Juventud: Antonio Aragón.

l Secretario de Salud: David Domínguez.

l Secretaria de Igualdad: Rosa Martínez.

l Secretaria de Política Social: Cristina Capablanca.

l Secretario de Polígono Industrial: José Antonio Guillén.

l Secretario de Casa del Pueblo: David Mercado.

l Secretaria de Extrarradio: Victoria Capablanca.

l Secretario de Promoción y Creación de Empleo: Luís Serrano.

l Secretaria ejecutiva adscrita a Deportes: Francisco Sánchez.

l Secretaria ejecutiva adscrita a Igualdad: Ana Arenas.

l Secretaria ejecutiva adscrita a la Secretaría General: Nekane Garín.

l Secretaría ejecutiva: Manuel Aragón.

Para el secretario general del PSOE local, entre los objetivos del partido a corto y medio plazo, destaca “la apertura de la sede a todas las personas que quieran trabajar por el partido sin pedir nada a cambio”, así como la necesidad de “crear un grupo de trabajo cohesionado con un mismo objetivo común que todos compartimos”. Valadez quiso indicar que “futuro nos pertenece y que no debemos repetir errores pasados”, a la vez que habla de la gran responsabilidad que tiene el partido con sus votantes y la gente de izquierda de Estepona, tras haber conseguido en las últimas elecciones municipales cerca de 5.000 votos. Y considera una puesta en marcha la constitución de la nueva comisión ejecutiva municipal.

Los próximos retos pasan también por trabajar de cara a las próximas y cercanas elecciones nacionales, regionales y europeas; así como de trabajar de cara a la celebración de los próximos congresos provinciales, regionales y federales. “Es el momento de pasar a la acción, trabajar y aumentar la familia socialista local”, según el secretario general de los socialistas locales, en busca de “una sociedad más justa, más integradora y más igualitaria”.

Y si ayer se constituía la asamblea, ya en la tarde de hoy se ha celebrado la primera reunión de la comisión ejecutiva municipal, que ha tratado en su orden del día asuntos como la puesta en marcha de los órganos internos, en clave orgánica, así como asuntos de total contenido político como lo que está ocurriendo con la Herencia Nadal.

El PSOE lamenta que el PP haya impedido que el pleno exija al obispo de Málaga la devolución de 16 millones de euros

El PSOE lamenta que el PP haya impedido que el pleno exija al obispo de Málaga la devolución de 16 millones de euro



El portavoz del PSOE de Estepona y Secretario General de los socialistas locales, David Valadez, lamenta que el alcalde, José María García, “haya recurrido a su mayoría absoluta” para impedir que el pleno de la corporación exija al obispo de Málaga a que reponga 16 millones de euros, transferidos en estos últimos meses, a la cuenta de la parroquia local de Los Remedios

Desde el PSOE “no se entiende que el alcalde no haya aprobado esta moción, pese a que lo han solicitado también varios colectivos sociales, sólo ha aprobado su urgencia para, después no secundar la propuesta con su aplastante mayoría absoluta”.

Según la moción presentada por el PSOE ese dinero procede de la venta de los terrenos que la familia Nadal dejó al pueblo de Estepona dejando como albacea a la iglesia.

Entre 2004 y 2005 los socialistas recordamos que el entonces responsable de la gestión de la herencia, el obispo Antonio Dorado Soto, vendió a Unicaja y Globalia 1,5 millones de metros cuadrados de terreno pertenecientes a la citada herencia.

Los ingresos obtenidos se repartieron "a cada heredero o legatario" de modo que desde hace tres años "se ingresaron todos los pagos en una cuenta específica a nombre de la parroquia de Los Remedios".

Del total del importe ingresado, unos 18 millones de euros, "el obispado ha cobrado el canon parroquial que es del 10 por ciento". Del 90 por ciento restante, los socialistas aseguramos tener constancia de que el obispado "de forma unilateral, ha ido haciendo traspasos hacia el llamado fondo diocesano de ayuda, quedando actualmente en la cuenta de la parroquia de Los Remedios 1,8 millones de euros, aproximadamente el 10 por ciento del total".

Ante esta situación el portavoz del PSOE, David Valadez, anunció que desde el PSOE no vamos a cejar en el empeño de que el obispo "reponga de manera inmediata el dinero traspasado de la Parroquia de Los Remedios al Fondo Diocesano de Ayuda".

Del mismo modo, los socialistas exigimos "la inversión en la localidad, preferentemente en el proyecto universitario, del cien por cien del legado que aún se conserva de la testadora".

Desde el PSOE también solicitamos que "se cumpla la voluntad de la testadora para la Fundación Nadal, beneficiando a la parroquia de Los Remedios y a los residentes en Estepona".

La moción también recogía la solicitud de "emprender desde el Ayuntamiento de Estepona todas las actuaciones, incluidas las judiciales, para preservar el legado y la herencia que le corresponde al pueblo de Estepona".

El PSOE, además, apoyaba en su moción "la propuesta de creación de una fundación o cualquier otra entidad, como proponen los miembros del consejo pastoral de la parroquia de Los Remedios, que desde Estepona tome las decisiones acerca del legado de la Herencia Nadal que le corresponde a la parroquia".

Mesas de Turismo

Por otro lado, David Valadez informa que la segunda moción presentada por el PSOE en el capítulo de asuntos urgentes tampoco ha contado con el apoyo de la mayoría absoluta del PP. En esta segunda moción el PSOE pretendía crear una 'Mesa del Turismo' en el municipio. Sería una forma de “establecer un sistema de comunicación y de colaboración permanente con los profesionales y agentes que intervienen directa e indirectamente en este estratégico sector”, según explica Valadez.

El portavoz socialista recordó que este tipo de encuentros se han venido manteniendo en estos últimos tres años pero “desde que gobierna el PP se han abandonado”. “Queremos que se recuperen y, además, se institucionalicen”, manifiesta.

La 'Mesa del Turismo' consistiría en un foro permanente liderado por el Ayuntamiento de Estepona y que contaría con la participación de los representantes de los sectores empresariales, sindicales y sociales vinculados al sector. Su objetivo principal sería el de mejorar la competitividad del sector, establecer cauces de colaboración público-privada y desarrollar un plan estratégico de competitividad turística para Estepona.

Retroceso democrático

Retroceso democrático

Artículo de opinión de Gerardo Galán

Si todas las mayorías absolutas suponen en sí mismas un peligro para el devenir democrático de las instituciones tenemos que reafirmarnos en que esta que padecemos, la del PP y su Notario, no es precisamente la excepción que confirma la regla.
Ahora, cien días después de la entronización del Notario, podemos resumir su mandato como una sucesión de actos que nos acerca a un gobierno personalista y autocrático y nos aleja cada vez más de los ideales de democracia participativa, “real”, tan demandada por los ciudadanos en las calles y plazas de España.
Ya durante el acto de investidura se orquestó una tangana para abuchear al alcalde saliente que fue jaleada por la militancia popular, actitud que continuó con la violencia con la que el católico esposo de una de las concejales electas se lanzó contra los participantes del movimiento 15M que gritaron “que no nos representan”. Ellos, silenciosos y respetuosos durante el acto se creyeron legítimamente autorizados tras los gritos proferidos por la horda pepera contra un representante del pleno municipal.
En el siguiente pleno se consumó la persecución de la oposición mediante la asfixia económica de sus miembros, compatible al parecer con el incremento sustancial de los sueldos de la troupe notarial. Todos ganarían mucho dinero menos el millonario y prepotente empresario, con populista generosidad.
Y todo eso no era más que el anuncio de la verdadera política, la de las cesiones gratuitas a los amigos, la de los favores a los ideológicamente afines. El Sr. Garó y la tremebunda iglesia católica malagueña han sido los primeros afortunados. Como su amigo Pepe Flores “El Señor de los Hilillos”, dios les cría y ellos se juntan, que pese a disfrutar de la libertad condicional y seguir imputado por graves delitos contra nuestro Ayuntamiento vuelve a ser casi todopoderoso, como antes. Lamentablemente la lista de amigos del Notario es grande, así que no nos queda más que esperar sentados a que vaya agraciando aquí y allá a los que más cercanos al Señor están. Y todo por su santa voluntad y en cien días, casi nada.

La Subjefatura de Cancelada sin presencia policial y la plantilla de la Policía Local de Estepona se ha visto reducida en un tercio durante los meses

La Subjefatura de Cancelada sin presencia policial y la plantilla de la Policía Local de Estepona se ha visto reducida en un tercio durante los meses de julio y agosto

Según Ramet, estas y otras incoherencias del servicio, son las consecuencias de no haber invertido en la plantilla de la Policía Local de Estepona.

El Presidente del Partido Liberal Estepona habla y actual policía local de Estepona a través de una nota de prensa ha querido informar, que el plan de austeridad que hasta el momento se ha establecido en la plantilla de la policía, impide cubrir todas las necesidades que un pueblo como Estepona necesita en materia de seguridad, el cual está causando las quejas de los vecinos en distintos medios de comunicación por la falta de vigilancias en muchas barriadas.

El plan de vacaciones que está acordado por parte de la Jefatura, tiene como finalidad el intentar que en los meses de verano se vayan los menos agentes posibles de vacaciones, ya que son los meses que existen más población, por eso en verano se establece que solamente se pueden ir por cada turno 1/3 de la plantilla y en los restantes meses 2/3.

Para que la plantilla no se vea mermada incluso intentar aumentarla, algunos años se ha acordado por parte de la Jefatura, el incremento del número de agentes sobre todo en los fines de semanas a través de la realización de horas extras. Igualmente, para evitar que los policías apuren al máximo sus vacaciones en verano, se han negociados éstas con los agentes, y así aumentar la presencia policial en los turnos.

Pero este verano al no ver inversión alguna, los policías han aprovechado los meses de veranos para disfrutar sus vacaciones, reduciéndose el servicio en un tercio los efectivos.

Asimismo, Lorenzo Ramet quiere informar que mientras la alcaldesa de Marbella ha invertido 500.000€ este verano para reforzar la plantilla de la Policía Local de esta localidad, el dinero que el Señor alcalde de Estepona ha destinado solamente a dado para comprar una gorra a cada agente.

Igualmente decir, que los fines de semanas y por las noches que son cuando mas delitos se han cometido es cuando menos policías han estado trabajando, ya que estos turnos solamente se han cubierto por los policías que pertenecen a los grupos y la unidad canina.

Referente al servicio realizado en el extrarradio, Lorenzo ha querido informar que solamente ha existido una patrulla por cada turno para la vigilancia de todas las urbanizaciones, y la Subjefatura de Cancelada no ha tenido ninguna presencia policial, incluso asegura que actualmente no existe ningún policía destinado a estas instalaciones, tan solo hay un vigilante del ayuntamiento asignado por cada turno que presta su servicio en estas dependencias policiales.

Ramet dice que los agentes están poniendo todo el esfuerzo y profesionalidad posible, pero si no se invierte no se puede aumentar la efectividad de la seguridad ciudadana. De igual modo, advierte que las notas de prensas lanzadas por el ayuntamiento con medias verdades referentes a la Seguridad Ciudadana, tan solo perjudica al ciudadano de Estepona, ya que de esta forma no se cubre las necesidades del pueblo.

Estepona contará desde mañana lunes con una nueva escuela infantil en Cancelada gracias a las inversiones de los socialistas

Estepona contará desde mañana lunes con una nueva escuela infantil en Cancelada gracias a las inversiones de los socialistas

La financiación, adjudicación, ejecución, finalización y adquisición del mobiliario se hizo siendo David Valadez alcalde de Estepona



El PSOE de Estepona muestra su satisfacción porque para el inicio de este curso escolar, el municipio pasa a contar con una nueva Escuela Infantil en el núcleo urbano de Cancelada, que se convierte, desde mañana lunes, “en la mejor guardería de todo el municipio con muchísima diferencia”.

Las obras, que dieron inicio en septiembre pasado, supusieron una inversión de 552.160,00 euros cifra a la que hay que sumar el suministro de material, por importe de 44.942,46 €, IVA incluido, con las mejoras consignadas en su oferta, por lo que la inversión total ha ascendido a 597.102,46 €, con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local para la Dinamización del Empleo y la Sostenibilidad Local.

Según la concejala socialista, Yolanda Aranda, la nueva Escuela Infantil “fue un compromiso personal de David Valadez ante las históricas peticiones de los vecinos de la zona este del municipio y va a permitir sustituir las actuales instalaciones infantiles de la Tenencia de Alcaldía, con capacidad para 61 alumnos”.

La edificación es de 1.828 metros cuadrados útiles, se ha desarrollado totalmente en planta baja, con capacidad para 78 alumnos. Consta de un total de cuatro aulas, divididas en dos aulas de 1 a 2 años y otras dos de 2 a 3 años, dos módulos de servicios que comunican las aulas con dos aseos para cada grupo de aulas, otro aseo adaptado, office, un espacio administrativo y un patio exterior y otro interior. Esta actuación viene precedida por la urbanización de la parcela de 3.517,03 metros cuadrados en la que se ha instalado la guardería y un parque infantil, con un coste 364.012,60 €, también con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.

“Para los socialistas la educación siempre ha supuesto una prioridad absoluta y siempre hemos defendido un sistema de gestión público alejado de las privatizaciones, a diferencia de los modelos que sostiene el PP allá donde gobierna”, aseguró Aranda.

Viajes de lujo para el 'señor de los Hilillos' de Estepona

Viajes de lujo para el 'señor de los Hilillos' de Estepona

El Páis.

El sumario del caso Astapa sobre corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) se abrió en el noviembre de 2006. Casi cinco años después, cuando la acción judicial y la dinámica política han barrido del salón de plenos todo rastro de imputados -no así en los cuadros técnicos municipales, donde permanecen varios de los encausados-, se siguen conociendo detalles de los protagonistas de la trama.

El último y definitivo levantamiento del secreto sumarial ha desvelado un nuevo informe de la policía sobre José Flores, ex jefe de gabinete de Alcaldía con Antonio Barrientos (PSOE), y considerado como uno de los principales cerebros de la corrupción esteponera. Los agentes antiblanqueo interrogaron en septiembre de 2009 a diversos imputados y testigos que habían tenido relación con quien se autodenominaba "El Señor de los Hilillos".

En el informe que remitieron al juez instructor con las conclusiones de los interrogatorios, los policías ponían de manifiesto un tren de vida que casaba mal con sus ingresos.

Entre los documentos hallados en el domicilio de Flores cuando este fue detenido en junio de 2008, los investigadores hallaron facturas de varios viajes de lujo realizados con su familia el año anterior. En febrero de 2007, los Flores pasaron cuatro días en Milán y Venecia. En la capital piamontesa se alojaron en el hotel Príncipe de Saboya, de cinco estrellas gran lujo y en la ciudad de los canales optaron por el Danieli, uno de los más exclusivos, junto a la Plaza de San Marcos. Este viaje, de siete personas, costó 23.177 euros, que fueron abonados en efectivo, subrayan los investigadores.

En el verano de ese mismo año, la mano derecha de Barrientos y según la policía "alcalde en la sombra" de Estepona, realizó dos escapadas breves. La primera, entre el 4 y el 8 de julio, les llevó a hotel Meliá Sancti Petri, de Chiclana (Cádiz), también de gran lujo. El alojamiento y la comida de las cinco personas que formaban la comitiva costaron 5.039 euros. De ellos 4.539 se pagaron en billetes y el resto con cargo a una tarjeta de crédito, según las facturas que recoge el sumario.

El tercer viaje, entre el 21 y el 25 de agosto de 2007, tuvo como destino el hotel Fenicia Prestige, de Ibiza, y costó 7.544 euros. En total, durante 2007, José Flores realizó viajes por valor de 35.761 euros, de los que 27.716 se pagaron en efectivo. La policía pidió al juez instructor que solicitara a la esposa de Flores, Rosa María Guardabrazo, que presentara facturas de los viajes y documentos que justifiquen la procedencia del dinero pagado por ellos.

En el registro domiciliario los agentes hallaron un reloj de la marca Cartier. En su declaración, Flores admitió que se trataba de un regalo de Jamal Satli Iglesias, un promotor con intereses en Estepona y que se refería al asesor como "ángel de la guarda" de su familia. Sin embargo, la esposa del ex alto cargo municipal, al ser preguntada por este objeto suntuario, afirmó que su marido lo tenía desde hacía años, cuando hicieron un viaje a Canarias.

También llamó la atención de los agentes una conversación telefónica de Flores en la que este señalaba a su interlocutor que quería comprarse un coche Mercedes de 35.000 euros y que quería pagarlo en metálico. Esta compra finalmente no se llevó a cabo. Según María Rosario Guardabrazo, su esposo desistió de ella porque "no tenía dinero suficiente en la cuenta y no quería liberar el dinero que tenía invertido".

El caso Astapa, que lleva casi cinco años en investigación desde que el ex alcalde David Valadez (PSOE) denunciara ante la policía una larga lista de prácticas corruptas. Las pesquisas, que acumulan 99 imputados, han desvelado multitud de irregularidades. Entre ellas destacan pagos de empresarios a funcionarios y políticos a cambio de resoluciones favorables; adjudicaciones a dedo de obras y servicios; cobro de comisiones a cambio de que avanzaran los expedientes. También se han detectado tasaciones de terrenos a precios inferiores a los de mercado en convenios urbanísticos, con el consiguiente perjuicio para la arcas públicas.

Un empresario pagó una deuda municipal para lograr una licencia

Un empresario pagó una deuda municipal para lograr una licencia

La Opinión de Málaga.El constructor Vladimiro Merino declaró ante la jueza del "caso Astapa", que investiga una presunta trama de corrupción político-urbanística en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), que pagó la deuda de una empresa municipal para tener la licencia de primera ocupación de casas de una urbanización.

Según el sumario de esta causa, cuyo secreto se ha levantado en su totalidad y al que ha tenido acceso Efe, Merino señaló que el que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, "le dijo que debía hacer una aportación para pagar una deuda con la sociedad municipal Radio Televisión Estepona para que le dieran la licencia".

Merino, máximo responsable de la constructora y promotora "Yeregui", confesó en su declaración que actúo "bajo coacciones" y temía que las pérdidas económicas para su empresa fueran importantes.

La operación del caso Astapa, que suma 99 imputados, se destapó el 17 de junio del 2008 con 25 detenciones, entre otras, del entonces alcalde del PSOE, Antonio Barrientos; el que era su jefe de gabinete, José Flores; los concejales del PES Ignacio Crespo y Manuel Reina y un técnico municipal.

Fueron imputados por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y blanqueo de capitales y también fueron arrestados empresarios.

El sumario también reveló "pagos irregulares" del grupo político local Partido Estepona (PES) a la empresa que contrató para su campaña publicitaria en las elecciones de 2007, según un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona.

La denuncia sobre tales pagos la interpuso la empresa AD-VOLUTION S.L., contratada por el grupo PES para la gestión de la referida campaña.

Según Anticorrupción, "los responsables del Partido Estepona (PES) realizaron a esta empresa determinados pagos irregulares, tales como 40.722,96 euros en dinero negro, y 62.384,51 euros por medio de las empresas AGROJARDIN GUADALMANSA, NAVARRO PUBLICIDAD y CRONWAGEN IBERICA".

Entre otras imputaciones del caso también figuran las de los delitos de prevaricación y falsedad.

El caso Astapa mantiene con imputaciones además a otros seis ediles de la anterior corporación municipal, en total son 19 las personas en libertad bajo fianza en esta causa y su cifra global de imputados se asemeja a la de procesados en el "caso Malaya" sobre corrupción en el cercano consistorio de Marbella.

Investigan en el caso 'Astapa' valoraciones de aprovechamientos urbanísticos en Estepona

Investigan en el caso 'Astapa' valoraciones de aprovechamientos urbanísticos en Estepona

20 minutos.
Los investigadores del caso 'Astapa', contra la presunta trama de corrupción de Estepona (Málaga), han analizado determinados convenios urbanísticos y las valoraciones realizadas, entre otros aspectos, sobre los aprovechamientos correspondientes al Ayuntamiento. De hecho, se han peritado siete convenios, faltando por estudiar "un mayor número", según el auto del levantamiento del secreto.

Los investigadores del caso 'Astapa', contra la presunta trama de corrupción de Estepona (Málaga), han analizado determinados convenios urbanísticos y las valoraciones realizadas, entre otros aspectos, sobre los aprovechamientos correspondientes al Ayuntamiento. De hecho, se han peritado siete convenios, faltando por estudiar "un mayor número", según el auto del levantamiento del secreto.

A este respecto, la Agencia Tributaria emitió en abril de 2009 un dictamen, a solicitud del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, que investiga el caso, sobre las valoraciones efectuadas en el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y el Grupo Prasa referente a la finca conocida como El Ángel, informe recogido en uno de los tomos del sumario y al que ha tenido acceso Europa Press.

El objeto de esta pericial es analizar el grado de idoneidad de ciertos aspectos técnicos de la valoración realizada por los servicios técnicos municipales, con trascedencia en el resultado final de la misma, analizándose la idoneidad de los aprovechamientos y edificaciones utilizados, así como de los métodos de valoración y de los valores de mercado.

Una de las conclusiones del dictamen sobre la valoración realizada en dicha pericia es que el valor del suelo obtenido finalmente por ellos "es cercano al 40 por ciento del valor en venta del producto inmobiliario, porcentaje mucho más ajustado al mercado que el cercano al 25 por ciento propuesto por los servicios técnicos municipales".

El técnico de la Agencia Tributaria encargado del informe destaca en su pericia que han tenido en cuenta a la hora de hacer sus valoraciones "la inmejorable localización" del terreno, "muy cercano al centro urbano de Estepona y de servicios y su exclusividad por ser en ese momento de los escasos suelos vacantes en primera línea de playa".

El objeto de la valoración incluida en el convenio, y cuyo estudio es el objeto de la pericia, es la valoración del suelo correspondiente al 10 por ciento del aprovechamiento de la finca. TESTIGOS

Respecto a las valoraciones de terrenos, el entonces concejal del PP Ricardo Galeote, declaró como testigo y aseguró, en relación a la venta de aprovechamientos durante el mandato del exalcalde socialista Antonio Barrientos que el valor asignado a esos suelos "era muy inferior al valor real del mercado, lo que suponía un grave perjuicio para el Ayuntamiento y un gran margen para la especulación".

Galeote, además, dijo a la Policía que "en el caso de los convenios firmados a cuenta de revisión del PGOU, en los que también ha habido entregas de dinero en contraprestación por las importantes plusvalías de valor de esos suelos, las cantidades a pagar por los promotores eran en la mayoría de los casos irrisorias en relación a las plusvalías generadas".

Los investigadores también tomaron declaración, en calidad de testigo, al director del equipo redactor de la revisión del PGOU, Enrique Bardají, quién en su comparecencia aseguró que en uno de los convenios las valoraciones "no se hicieron bien", lo que hizo "constar por escrito", según se desprende de su declaración recogida en el sumario.

A preguntas de los investigadores, Enrique Bardají reconoció haber recibido presiones "en algunas ocasiones muy fuertes" sobre todo del que fuera gerente de Urbanismo del PES, Pedro López, y de Barrientos, pero también indicaciones del que fuera jefe del gabinete de alcaldía, José Flores.

Delito fiscal

Por otro lado, la Agencia Tributaria también remitió a la Fiscalía un expediente seguido contra el Ayuntamiento, que contempla un posible delito fiscal por "deducciones indebida o ausencia de liquidación" en los ejercicios 2003 y 2004 del IVA devengado a partir de determinadas operaciones del Consistorio, analizándose actuaciones "aparentemente anómalas" de autoridades municipales.

De ese dictamen de Hacienda, según recoge el documento del fiscal Anticorrupción, solicitando que se incorpore el informe, destaca la firma de un contrato en mayo de 2004 "mediante el que la sociedad municipal Empladus adquiere de la empresa Aedon por casi ocho millones de euros unos trabajos urbanísticos que databan de 1999 y que ya habían sido entregados en su día al Ayuntamiento".

El ministerio público precisa en su escrito, recogido en el sumario al que tuvo acceso Europa Press, que los representantes municipales indicaron cuando la inspección que con esa operación se canceló una deuda de Planeamientos Estepona, sociedad que había sido reemplazada por Empladus, pero añade que "a juicio de lo actuado lo que se pretendía era imputar al año 2004 unos trabajos ya facturados en 1999".

El fiscal considera "llamativo" que los entonces alcalde y edil de Hacienda firmaran el contrato "pese a que el vicesecretario del Ayuntamiento había emitido un informe negativo", argumentando que el anterior contrato se hizo "vulnerando los principios de publicidad y concurrencia y que determinadas facturas no estaban justificadas a criterio del Tribunal de Cuentas".

Al margen de estas operaciones, el informe de la AEAT relata determinadas "contingencias tributarias" sobre los aprovechamientos urbanísticos, habiendo "diferencias entre los importes contabilizados en concepto de transmisión de los excesos y las autoliquidaciones presentadas", o sobre enajenaciones de suelo, que generaron ingresos y no fueron autoliquidadas.

El tesorero municipal relata el uso habitual de pagos por parte de empresas

El tesorero municipal relata el uso habitual de pagos por parte de empresas

La Opinión de Málaga. MIGUEL FERRARY
El que fuera tesorero del Ayuntamiento de Estepona, Félix Domínguez Pimienta, prestó una reveladora declaración ante el juez, en calidad de testigo. En su declaración, señala que las «aportaciones voluntarias» de algunas empresas se destinaron a financiar las actividades municipales. Así, señala que Prasa «entregó un dinero y le envió un fax a José Flores para que ingresara ese dinero en el capítulo de personal». También se refiere a otro pago de «Arenal 2000, que ingresó una cantidad y refería que 2.000 eran para jardines y diversas cantidades para otros conceptos».

El delegado de Aquagest Sur en la zona, Jesús San José, ahonda en esta tesis. De hecho, el sumario recoge cómo reconoció en su declaración que colaboró económicamente, a requerimiento de José Flores, en el Congreso Mundial de Agencias de Noticias, celebrado en Estepona en octubre de 2007, aportando 50.000 euros. Así, Jesús San José subraya que la empresa se presentó a un concurso en 2008 para la gestión del alcantarillado, aunque dijo no recordar la conversación telefónica que mantuvo con José Flores (28 de noviembre de 2007) en la que le aseguraba la adjudicación del concurso.

No obstante, sí reconoce que Flores le llamó para pedirle la contratación de Gloria Barrientos, hermana del que era alcalde de Estepona por el PSOE, Antonio Barrientos. Sin embargo, afirma que no se quiso contratar hasta que se resolviese la adjudicación del concurso al que aspiraba.

La investigación de 'Astapa' confirma las irregularidades en la etapa de Barrientos

La investigación de 'Astapa' confirma las irregularidades en la etapa de Barrientos

Sur.
El caso 'Astapa' ya no tiene secretos. Ayer el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona levantó por completo el sumario de la investigación sobre la presunta trama de corrupción en el municipio en la etapa de mandato del exalcalde del PSOE, Antonio Barrientos. Uno de los autos conocidos ayer revela que, según la primera juez instructora, están «implicados indiciariamente» cargos políticos del Ayuntamiento del equipo de aquel entonces, ya que la causa fue destapada el 17 de junio de 2008.
Así, indica que presuntamente desde el Ayuntamiento se ofrecían «contraprestaciones económicas efectuadas por distintos empresarios para la obtención de licencias urbanísticas o por firma de convenios urbanísticos», así como «adjudicaciones a dedo y tratos de favor a determinadas personas». También se resaltan la «exigencia de pago de comisiones por parte de los responsables del Consistorio como contraprestación por llevar a cabo actuaciones municipales como licencias o similares», y «valoraciones en Convenios urbanísticos que podrían haber sido en su mayoría, valorados a precio inferior al de mercado», entre otras irregularidades.
De esta forma, en el citado auto se asegura que los responsables del Consistorio tenían «un margen de dinero procedente de empresarios», entre los que se destaca al grupo Valle Romano. Se especifica que esos fondos no eran «controlados por nadie» y con ellos se podrían efectuar «distintos pagos de las Concejalías, la financiación de los distintos partidos políticos gobernantes, facturaciones a distintas empresas directamente relacionadas con el personal vinculado al Ayuntamiento, y el manejo de grandes cantidades de efectivo».
Entre esas presuntas actividades delictivas resalta la financiación irregular de los partidos. Ejemplo de ello se encuentra en la parte del sumario que recoge pagos del grupo político local Partido Estepona (PES) a la empresa AD- VOLUTION S. L., a la que contrató para su campaña publicitaria en las elecciones de 2007.

Problemas para pagar
La misma mercantil fue la que denunció los pagos. Uno de los socios de la empresa que declaró como testigo, al ser preguntado por si conocía alguna forma de pago de las que utilizó el PES para esta campaña, respondió que inicialmente firmaron un contrato en el que se establecía «30.000 euros por la creatividad» y que a partir de ahí, presentaron presupuestos de todo lo que pedían.
Posteriormente y según se recoge en la declaración, los componentes del PES, Manuel Reina -el exconcejal imputado y en libertad bajo fianza-, Pedro López -el exgerente de Urbanismo también imputado-, y Alfonso Servia, les dijeron que «ya el PES no podía hacer frente a esas facturas por lo que tenían que pagarle a través de otras empresas, lo que llegaron a hacer efectivamente». Sin embargo, las personas de esas empresas les planteaban problemas para pagar esas facturas, diciéndoles, a su vez, que tenían que hablar con el PES, según el testimonio, que resume que en total facturaron 170.000 euros, pero que cree que la campaña «superó el medio millón de euros» porque se contrataron a otras empresas.
El caso cuya investigación fue motivada por la denuncia de los concejales socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez suma ya 99 imputados, cifra similar a los procesados en el 'caso Malaya' en Marbella. Los cinco últimos se conocieron el mes pasado.

El 'caso Astapa' investiga el pago de 7,8 millones por proyectos sin concurso

El 'caso Astapa' investiga el pago de 7,8 millones por proyectos sin concurso

El contrato se adjudicó a la empresa Aedon en 1997 pese a informes negativos

El País.
El caso Astapa contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) tiene entre sus principales líneas de investigación el pago de 7,8 millones a la empresa Aedon por proyectos urbanísticos adjudicados sin ningún tipo de concurso en 1997. Los investigadores tratan de desentrañar el calendario de pagos que el Ayuntamiento pactó con la empresa en 2004, a pesar de que el vicesecretario municipal había emitido informes negativos, y si esos trabajos se ajustaron a los precios de mercado de la época.

El juez Jesús Torres, instructor de esta causa que acumula 99 imputados, ha acordado levantar el secreto total de las actuaciones después de cuatro años de instrucción. Los implicados tendrán acceso a la documentación por entregas, ya que, según fuentes judiciales, no está escaneada por completo. La primera tanda, notificada ayer, desvela detalles sobre las tres empresas que el instructor considera "vértebras" del caso de corrupción: la sociedad municipal Empladus y las privadas Aedon y Ad-Volution.

Los trabajos adjudicados a Aedon tenían como finalidad desarrollar el Plan Urbanístico de la ciudad y se contrataron a través de la sociedad municipal Planeamiento Estepona XXI. El fiscal del caso, Valentin Bueno, explica en uno de sus informes, que el Ayuntamiento canceló en 2004 la deuda que Planeamiento Estepona XXI, en liquidación, tenía con Aedon y la asumió a través de Empladus. "Resulta llamativo que el alcalde y el concejal de Hacienda firmen un contrato pese a que el vicesecretario del Ayuntamiento había emitido un informe negativo", recoge.

Los supuestos pagos irregulares a Aedon eran una prioridad absoluta para los exconcejales imputados Manuel Reina (PES) y Francisco Zamorano (PSOE), sucesivos responsables de Hacienda en Estepona. En una conversación telefónica grabada por la policía se escucha cómo Zamorano sugiere a Reina en abril de 2007, justo antes de las elecciones, que "se equivoque en las nóminas en 150.000 euros", para pagar a Aedon, ante el temor de que un hipotético cambio de gobierno impidiera seguir con los abonos.

Otra de las "vértebras" del caso es la empresa de publicidad Ad-Volution, cuyos gestores denunciaron tanto ante el Tribunal de Cuentas como posteriormente ante el juez que el Partido Estepona (PES), la formación posgilista liderada por José Ignacio Crespo, cometió diversas irregularidades en su financiación de la campaña para las elecciones de 2007.

Según Víctor Manuel Sánchez Gómez, administrador de esta agencia de publicidad y relaciones públicas, el PES le adeudaba un total de 170.000 euros por la campaña. Parte de esta cantidad, 62.841 euros, se abonó directamente por diversas empresas que tenían contratos de obras y servicios con el Ayuntamiento de Estepona, como Agrojardín Guadalmansa, del empresario Antonio Bazán, o Navarro Publicidad, que explotaba vallas publicitarias en la localidad. Además, otros 40.722 euros se pagaron en billetes de banco en la propia sede del partido y sin que se abonara el IVA correspondiente.

La familia de un ex gerente amasó 10 millones en un mes

La familia de un ex gerente amasó 10 millones en un mes

La madre y el hermano del ex responsable de Urbanismo, Pedroo López, detenido en la operación, abrieron una cuenta en Andorra días antes de estallar el escándalo

Málaga Hoy. Semanas antes de que estallara el caso Astapa contra la corrupción política y urbanística en Estepona (Málaga), familiares del ex gerente de Urbanismo, Pedro López Fernández, abrieron una cuenta en Andorra en la que ingresaron en efectivo 10,2 millones de euros a lo largo de poco más de un mes. La documentación remitida por la Policía del principado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona que instruye el caso Astapa recoge que la cuenta en la firma Andbac de la sociedad Sibella Investment, de la que eran representantes un hermano y la madre del ex gerente de urbanismo, registró los tres primeros ingresos en metálico el 18 de abril de 2008 por importe de 600.000, 250.000 y 350.000 euros. Siete días después se efectuaron seis ingresos en efectivo más por un valor total de 1,8 millones de euros.

La documentación incorporada al caso Astapa y sobre la que ayer se liberó el secreto de sumario da cuenta de 51 imposiciones en metálico realizadas en nueve días comprendidos entre el 18 de abril y el 29 de mayo. Sólo 20 días después fueron detenidos, entre otros, el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, y parte de su equipo de gobierno.

La sociedad titular de la cuenta tiene sede en el paraíso fiscal de Belice. Los representantes de la entidad son la madre de López Fernández que, según la soliciutd de apertura de la cuenta tiene como profesión sus labores, y su hermano Juan Jesús, en aquellas fechas director del museo etnográfico de Estepona. De acuerdo con el movimiento de esta cuenta, los ingresos en metálico convivían con salidas periódicas a un fondo (act/moneymarket fund premium). De esta manera el 2 de junio de 2008, o sea 16 días antes de que explotara Astapa, salieron de la cuenta 600.000 euros, de modo que el saldo quedó reducido a exclusivamente a 392 euros.

Justo coincidiendo con el ingreso de estos 10,2 millones de euros en metálico en la cuenta andorrana, la Policía de este principado detectó la salida, también en efectivo, de importes idénticos y en las mismas fechas de otra cuenta también del Andbanc de la que eran titulares los padres de López y su hermano Juan Jesús. La unidad de delitos fiscales y blanqueo de la Policía Nacional requirió, entre otras, que se librara una comisión rogatoria a Andorra. Los investigadores recordaban que el gerente de Urbanismo en de Barrientos era conocido como "el cobrador del frac" y que Juan Antonio Roca, supuesto cerebro de la corrupción en Marbella, lo llamaba "mi chico de Estepona". Los agentes también precisan que López Fernández fue gerente de Urbanismo entre 2003 y 2007 y que este puesto lo desempeñó "bajo las órdenes directamente del alcalde, ya que en dicha legislatura las funciones de concejal de Urbanismo recaían directamente sobre la figura del alcalde".

Al margen de "las funciones propias de su cargo", López presumiblemente también había sido designado por el Partido de Estepona, creado por ex concejales del GIL, para "cobrar una serie de comsiones a las distintas personas físicas o jurídicas que tuvieran intereses en Estepona" para hacer frente "a las facturas generadas por el PES e, incluso, para repartir entre los bolsillos de los particulares".

El sumario del "caso Astapa" revela pagos irregulares

El sumario del "caso Astapa" revela pagos irregulares

Canal Sur.

El sumario del "caso Astapa", que investiga una presunta trama de corrupción político-urbanística en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), revela "pagos irregulares" del grupo político local Partido Estepona (PES) a la empresa que contrató para su campaña publicitaria en las elecciones de 2007.

Así lo indica un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, tras el levantamiento del secreto de sumario respecto a la totalidad de esta causa, que suma 99 imputados.

La denuncia sobre tales pagos la interpuso la empresa AD-VOLUTION S.L., contratada por el grupo PES para la gestión de la referida campaña.

Según cita el informe de Anticorrupción, "los responsables del Partido Estepona (PES) realizaron a esta empresa determinados pagos irregulares, tales como 40.722,96 euros en dinero negro, y 62.384,51 euros por medio de las empresas

Agrojardin Guadalmansa, Navarro Publicidad y Cronwagen Iberica"
El responsable de AD-VOLUTION, Víctor Manuel Sánchez Gómez, informó además, en su declaración en calidad de testigo ante los investigadores del caso, que algunas partidas le fueron abonadas a su entidad en la propia sede del PES y que tanto él como algunos de sus empleados fueron testigos de pagos realizados en "B" a terceros.

Según el responsable de la citada sociedad, el coste total de la campaña del PES en 2007 pudo superar el medio millón de euros porque también contrataron otros soportes de publicidad.

La operación del caso Astapa se destapó el 17 de junio de 2008 con 25 detenciones, entre otras, del entonces alcalde del PSOE, Antonio Barrientos; el que era su jefe de gabinete, José Flores; los concejales del PES Ignacio Crespo y Manuel Reina y un técnico municipal.

Ellos fueron imputados por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y blanqueo de capitales, y también se arrestó a empresarios.

El secreto de sumario de Astapa se ha levantado parcialmente hasta en cinco ocasiones, la última vez en noviembre pasado sobre diez tomos de esta causa y entre otras imputaciones del caso también figuran las de los delitos de prevaricación y falsedad.

El caso Astapa mantiene con imputaciones además a otros seis ediles de la anterior corporación municipal, en total son 19 las personas en libertad bajo fianza en esta causa y su cifra global de imputados se asemeja a la de procesados en el "caso Malaya" sobre corrupción en el cercano consistorio de Marbella.

Un informe policial contenido en el sumario de Astapa y conocido ya hace tiempo reveló "una gran confusión entre el interés público y el interés privado" en el Ayuntamiento de Estepona "motivada por una relajación en la aplicación de las reglas de incompatibilidad", fundamentalmente en el área de Urbanismo.

Cinco de los arrestados al principio fueron enviados a prisión de manera provisional y sin fianza, entre ellos Barrientos, Flores y los entonces concejales del grupo político PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina, quienes dejaron la cárcel casi seis meses después tras pagar cada uno una fianza de 150.000 euros.