Los empresarios hosteleros tendrán que cambiar el mobiliario de sus terrazas para evitar multas de hasta 1.500 euros

Los empresarios hosteleros tendrán que cambiar el mobiliario de sus terrazas para evitar multas de hasta 1.500 euros

La concejala socialista de Estepona, Cristina Rodríguez, ha denunciado que el equipo de gobierno del PP aprobará en la sesión plenaria que tendrá lugar el próximo miércoles una ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública que “establece la obligatoriedad de que todos los propietarios de establecimientos hosteleros del casco histórico tengan que homogeneizar su estética con el consiguiente desembolso económico que les va a ocasionar”

A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza todas las mesas y sillas del casco histórico deberán ser blancas y las sombrillas o parasoles azules y, además, sin ningún tipo de publicidad.

Así, en el artículo 37 de esta ordenanza, se establecen “condiciones especiales para las terrazas de la plaza de Las Flores, Dr. Arce y Sánchez Dragó, calles Carmen Sevilla, Gloria Fuertes, Luís Rosales, Damas, Raphael, Carlos Herrera, Adolfo Suárez de Figueroa, Correo y Viejo y Caridad”.

“Tanto los parasoles (sombrillas) como los toldos habrán de ser de color azul. Los parasoles no podrán contener publicidad alguna. Queda prohibida la impresión o utilización de muestras, publicidad o anuncios en estas zonas ya sea en vallas, escaparates, mesas, barriles/toneles, sillas o cualquier otro elemento que forma parte de la instalación”, recoge la ordenanza.

“Ni las mesas ni las sillas de las terrazas podrán incluir publicidad de ningún tipo. Las mesas y sillas habrán de estar de acuerdo con el entorno, en color blanco”.

Además se añade que “queda prohibida expresamente la publicidad o exhibición del nombre comercial de cualquier establecimiento en banderolas que vuelen sobre la vía pública en todo el ámbito del casco antiguo y calle Real”.

El incumplimiento de estos aspectos se consideran como faltas graves y esto supone “multas de setecientos cincuenta y un euros (751 euros) a mil quinientos euros (1.500 euros)”.

Además de esta sanción económica el “tener mesas, sillas o sombrillas de otros colores a lo establecido por el gobierno local del PP”, según Rodríguez, supondrá “la suspensión temporal de las licencias por un periodo de hasta dos años, la suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos por hasta dos años y la imposibilidad de realizar la misma actividad en que se cometió la infracción hasta por un año”.

En definitiva la concejala socialista, Cristina Rodríguez, asegura que “es imposible tener tan poca sensibilidad como la demostrada por el gobierno del alcalde, José María García Urbano, que en un periodo de crisis como el actual impone a los comerciantes del casco histórico un gasto económico tremendo y, además, la suspensión de la actividad hasta por dos años”.

“La imposición, la falta de diálogo, de acuerdo y entendimiento con los empresarios hosteleros de Estepona es impropia de un gobierno que debe estar preocupado por generar puestos de trabajo y fomentar la actividad empresarial y no por maniatarlos y empobrecerlos”, concluyó Cristina Rodríguez.

Suben los robos en el punto limpio de Estepona

Suben los robos en el punto limpio de Estepona

Los ladrones suelen llevarse objetos que tienen materiales como cobre o aluminio

La Opinión de Málaga. NOELIA ANDRADE. ESTEPONA.
Lavadoras, televisores o baterías de coches son algunos de los objetos que los ladrones se llevan del punto limpio de Estepona. Unos robos que se se producen en estas instalaciones casi desde su inauguración, pero que se han incrementado en el último año por la crisis.

La fragilidad de las vallas que protegen el recinto hacen que una y otra vez los amigos de lo ajeno las rompan para acceder al interior y allí poder llevarse todo aquello que pueden vender de segunda mano. «La mayoría de los ladrones son chatarreros que vienen aquí a buscar el género para poder salir adelante», afirma uno de los trabajadores del recinto.

Empleados que se ven impotentes ante estos robos ya que por muchas veces que arreglen las vallas, los ladrones siguen accediendo de igual manera a los contenedores. Estos empleados no ven ninguna solución al respecto ya que creen que los ladrones seguirán entrando para llevarse todo aquello que puedan.

Zona poco frecuentada

La ubicación del punto limpio, a las afueras de Estepona y la ausencia de iluminación y vecinos hace que los ladrones tenga más facilidad aún para cometer estos robos. «Mientras uno entra dentro rompiendo las vallas o por algún agujero que haya anterior, el otro lo espera fuera con el coche para cargar la mercancía y salir del lugar cuanto antes», afirma el empleado.

Con la crisis los objetos que unos tiran son utilizados por otros como una fuente de ingresos para su familia. Y es que en el punto limpio se depositan entre otros residuos, electrodomésticos y objetos que llevan cobre, hierro o aluminio. Unos materiales muy apreciados y que tienen mucha salida en el mercado de la chatarra y los desguaces.

El punto limpio de Estepona está abierto de lunes a viernes en horario de mañana. A partir de las 3 de la tarde el recinto queda cerrado y a merced de los ladrones que esperan a la noche para entrar y buscar si hay algún objeto nuevo que pueda ser útil para la venta. Unos robos que suelen pasar desapercibidos para la mayoría de ciudadanos porque se llevan lo que la mayoría considera objetos inservibles.

Padres exigen más personal para la guardería El Nido

Padres exigen más personal para la guardería El Nido

Niños de dos años están a cargo de una sola profesora cuando antes eran dos, pero el Ayuntamiento afirma que cumple la normativa

Diario Sur. Un grupo de padres de la guardería municipal El Nido ha pedido al Ayuntamiento que refuerce la plantilla del centro porque sus hijos, de dos años, llevan varios días con una sola profesora, cuando antes eran dos las que se hacían cargo de los pequeños.
Según fuentes municipales, se ha dado esta circunstancia en una de las clases porque una profesora ha tenido que coger una baja. Sin embargo, desde el Ayuntamiento afirman que se están cubriendo las necesidades con el resto de la plantilla y que, en cualquier caso, se cumple con la normativa. «Al ser 20 niños cumplimos con lo que establece el decreto de la Junta que regula este aspecto», destacó el técnico municipal del área de Educación, José Esquivel, quien mencionó que esto también ocurre en otras guarderías.
Desde el Consistorio explicaron que en todos los departamentos las bajas se están intentando cubrir con el personal que hay, y que no se realizan nuevas contrataciones por la difícil situación económica que atraviesan las arcas municipales.
Por otra parte, los padres denuncian que otras profesores tampoco pueden prestar sus servicios porque les corresponden días de descanso de manera simultánea. Según confirmaron desde el Consistorio, no se está abonando a ningún trabajador de la plantilla el dinero extra de las productividades en sus nóminas por la falta de liquidez, y se les tienen que dar días libres como compensación. «Todos tienen que tomarse esos días antes del 28 de febrero, pero a este gremio es al único que se le ha ampliado el plazo hasta junio de 2010 para que no se cojan todos los días de golpe», manifestó Esquivel.
El Ayuntamiento ha mantenido diversas reuniones con los padres y ya trabaja en la búsqueda de una solución, como mandar a otro trabajador municipal capacitado.
En el centro hay diez profesores, dos clases con niños de un año y tres con niños de dos años. En las dos primeras sí hay siempre un par de cuidadores. Tres madres de niños de dos años se mostraron ayer muy preocupadas a las puertas de la escuela infantil por el hecho de que a sus hijos solo les atienda una persona. «Muchos de estos niños ya van al servicio, y si la profesora tiene que acompañarlos no puede atender a los demás», mantuvo Montse García. «Hace unos días mi hija se hizo sus necesidades encima porque coincidió con otros niños que tenían que ir al baño a la vez y la profesora estaba sola y desbordada», agregó otra de las progenitoras, Mariló Infante. Por último, otra madre, Elena González, opinó que no era conveniente que los pequeños notaran tanto los cambios de profesor. «También nos ha molestado la falta de información; nadie se ha dirigido a nosotros para decirnos si esto va a ser algo temporal o no», concluyó González.

PSOE:" El PP saca a la venta seis locales comerciales de titularidad municipal"

PSOE:" El PP saca a la venta seis locales comerciales de titularidad municipal"

El PSOE pide que ese dinero se destine a la construcción de nuevas viviendas sociales lo que permitirá crear puestos de trabajo

El concejal socialista de Estepona, Fernando Centeno, lamenta que el Boletín Oficial de la Provincia haya publicado en el día de hoy un edicto, firmado por la concejala Susana Arahuetes, por el que se anuncia la enajenación de seis locales comerciales que la Empresa Municipal de la Vivienda y Aparcamientos posee en las calles Carmen Laforet, Letonia y Miguel Clavijo del municipio.

Centeno lamenta que el alcalde de la ciudad José María García Urbano esté mucho más preocupado en "deshacerse de los inmuebles que posee el ayuntamiento y no en dotar al municipio de nuevos equipamientos que permitan mejorar la prestación de servicios que se ofrecen en el municipio".

Así, el concejal socialista recuerda que "uno de esos locales fue comprometido a la delegación de Bienestar Social para su posterior puesta a disposición del principal colectivo que trabaja a favor de los enfermos mentales de la comarca, AFESOL".

"Es más que evidente que al PP le importa muy poco la política social y todos sus esfuerzos se centran en subir los impuestos, las tasas y los precios públicos y ahora descubrimos que también vendiendo todo lo que puedan tras años de gestión municipal".

Así, los seis inmuebles que se van a enajenar se dividen en cinco lotes y sus precios oscilan entre los 180.221,01 euros y los 395.176,40 euros, sin IVA.

Además el edil socialista indica que "esta iniciativa del PP no haya sido dictaminada previamente en ninguna comisión informativa y nos hayamos tenido que enterar hoy tras ver cómo el edicto se publica en el BOP de la provincia".

Por último, Centeno solicita que "todo el dinero que recaude por la venta de los seis inmuebles municipales se destine a la construcción de nuevas viviendas sociales que permitan crear puestos de trabajos en el sector de la construcción y, al mismo tiempo, seguir apostando por la construcción de viviendas sociales".

Taxistas piden protección municipal contra los 'piratas'

Taxistas piden protección municipal contra los 'piratas'

El Consistorio afirma que un reglamento que está en proceso de aprobación contempla que un policía compruebe las licencias

Diario Sur. Saben exactamente quienes son sus compañeros no deseados, pero no pueden hacer nada contra ellos. Los taxistas de Estepona conocen hasta las matrículas de los 26 vehículos de transporte 'piratas' que hay en el municipio, y el año pasado mandaron un listado con ellas a la Junta para que tomara medidas contra quienes les quitan el trabajo; la administración autonómica respondió que verificaría la situación y la pondría en conocimiento del Ayuntamiento para que controlase la actividad en el ámbito de competencia local. Ahora, los taxistas instan al Consistorio a que les preste su apoyo y actúe con celeridad.
La competencia desleal de estos conductores sin licencia es un problema que viene desde hace muchos años, pero ahora lo acusan más por la crisis, según explicó ayer el presidente de la Unión Local de Autoturismos de Estepona, Cristóbal Contreras. «Necesitamos que la policía y el Ayuntamiento trabajen para erradicar el problema porque estamos dejando de facturar en torno a un 20%», mencionó. Así, el representante de los taxistas lamentó: «los piratas se anuncian en internet y con publicidad en los coches y en las farolas; lo único que podemos hacer contra ellos es quitar los folletos».
Es tal la crispación entre los que tienen licencia y los que no, que el presidente de la Unión Local de Autoturisos teme que haya enfrentamientos. Contreras ha llamado a los números de estos vehículos sin licencia y aseveró que cobraban en algunos casos la mitad que los profesionales del sector, y que los más grandes lo hacen en función del número de pasajeros que lleven. «No tienen reparo ni en anunciar sus precios en internet», subrayó.
Solución
La concejala de Presidencia, Ana Velasco, comentó ayer que un reglamento regulador del sector que recibió alegaciones y que está pendiente de aprobarse contempla una solución para el problema. Desde el Ayuntamiento proponen que un policía realice labores de inspección de las licencias de aquellos vehículos que ofrezcan sus servicios.
Por otra parte, dos taxistas siguen a la espera del dinero de una subvención de la ONCE para adaptar sus vehículos a minusválidos.

El CIE siembra la duda sobre la integración de los 800 empleados

El CIE siembra la duda sobre la integración de los 800 empleados

El partido considera que el procedimiento que se ha seguido en el Consistorio es similar a otro impugnado por el TSJA

Málaga Hoy.
El portavoz de Ciudadanos Independientes de Estepona (CIE), Juan Manuel Rodríguez, extendió ayer la incertidumbre sobre el proceso de integración de los casi 800 empleados de las empresas municipales en la plantilla laboral del Consistorio, que el equipo de gobierno culminó a finales de septiembre. El edil aseguró que el procedimiento es "similar" al que se realizó para incorporar a los trabajadores del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras a un ente cultural de la Junta de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJA) declaró nula esta adhesión hace una semana. En la sentencia se califica al procedimiento de "desprecio al Estado de Derecho". La asociación que recurrió la integración alegó que se conculcaban los derechos para acceder a la función pública en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de convocatoria.

"¿Qué pasaría con los empleados si en Estepona se impugna la integración? La sentencia del TSJA es bastante peligrosa. Confío en que el Consistorio no haya tomado la iniciativa sin saber cómo podría acabar", señaló el edil. Rodríguez baraja la posibilidad de solicitar al equipo de gobierno que no liquide las empresas municipales para que los empleados "no se queden en tierra de nadie" en el caso de que se recurra la integración.

La concejal del área de Personal, Pilar Fernández-Fígares, aseguró que la sentencia del TSJA "no tiene nada que ver" con la incorporación de los empleados. "Aquí hemos convertido al personal de las empresas municipales en trabajadores del Ayuntamiento. El fallo de la Sala se refiere al intento de convertir cargos de confianza en personal funcionario de la Junta", explicó la concejal. Fernández-Fígares recordó que el portavoz de CIE formó parte del equipo de gobierno que aprobó el inicio del proceso de integración en 2007. "Con estas declaraciones, Rodríguez intenta confundir y enturbiar la gestión municipal. La adhesión de los empleados se ha realizado cumpliendo en todo momento las exigencias que establece la ley", concluyó.

La Junta destina 140 millones al año en Estepona a educación, empleo y sanidad

La Junta destina 140 millones al año en Estepona a educación, empleo y sanidad

La administración regional va a destinar 300.000 euros a remodelar el colegio público Federico García Lorca

La Opinión de Málaga. La Junta de Andalucía destina "a la maquinaria social educativa y de empleo más de 140 millones de euros en Estepona" según ha explicado este martes en rueda de prensa la delegada del gobierno andaluz en Málaga, Remedios Martel.

Según Martel, en materia sanitaria, el gobierno autonómico "destina 17 millones de euros anuales a financiar el gasto farmacéutico solo en Estepona" a lo que se suman los 168 millones de euros anuales "que cuesta el hospital comarcal de Marbella, los 60,4 millones de euros invertidos en el Distrito Sanitario y los 69,4 millones de euros que supone el servicio de emergencias 061 en toda la provincia".

En materia educativa, Martel ha señalado que la Junta de Andalucía contempla en sus presupuestos un incremento del 2,5 por ciento de las partidas destinadas a este fin y ha indicado que el gobierno autonómico invierte 43 millones de euros anuales solo en Estepona.

Según ha apuntado, además de las becas, libros de texto gratuitos, comedores, aulas matinales y actividades extraescolares, a través del Plan OLA, la Junta va a destinar 300.000 euros a obras de remodelación del colegio público Federico García Lorca de Estepona.

Respecto a otras inversiones, Martel ha explicado que el gobierno autonómico tiene previsto continuar con el desarrollo del Plan Qualifica así como ejecutar "el dragado del puerto de Estepona que hemos modernizado en los últimos tiempos de manera palpable".

La delegada ha avanzado que la Junta seguirá ejecutando "las obras de la depuradora de Guadalmansa, que tienen un importe de 30 millones de euros", a lo que ha añadido que se continuará trabajando "en el Centro Hospitalario que queremos para Estepona".

Martel ha añadido también que "no renunciamos a que Estepona tenga su campus universitario centrado en grados y estudios relacionados con la Educación Física y el Deporte. Para ello, según ha explicado, "necesitamos ineludiblemente la colaboración del Ayuntamiento".

Bienestar Social

Por su parte, la delegada provincial para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Málaga, Ana Navarro, ha explicado que en la localidad existe un total de 8.737 personas mayores de 65 años de las que 769 se benefician del servicio de teleasistencia y 4.964 de la Tarjeta Andalucía Junta Verde y 1.092, en la modalidad Oro.

Al municipio se han destinado un total de 417.975 euros para el Plan Concertado, en política social, y 130.655 euros al Programa de Solidaridad (Salario Social) que benefició a un total de 68 familias.

En cuanto a la Ley de Dependencia la Junta destinó a convenios de ayuda a domicilio un total de 245.515 euros durante el 2010 y en el primer semestre de este año la cantidad transferida ascendió a 163.976 euros.

Según Navarro, un total de 137.345 euros se destinó a convenios de refuerzo de personal mientras que a plazas públicas en centros residenciales la Junta destinó, para personas mayores, "un total de 1.835.627 euros, que han supuesto 770 plazas y para personas con discapacidad, 899.733, lo que supone 101 plazas".

Navarro aseguró que, en cuanto a la convocatoria pública anual de subvenciones, la delegación provincial destinó al Ayuntamiento un total de 90.834,81 euros y a asociaciones de la localidad un total de 92.490,17 euros mientras que para el mantenimiento del Centro de Tratamiento Ambulatorio la Junta destinó 70.507 euros y para ayudas económicas familiares 7.235,77 euros.

La Junta recela del plan de Estepona para liquidar las empresas municipales

La Junta recela del plan de Estepona para liquidar las empresas municipales

El País. El Gobierno pide información sobre el proceso, que afecta a 760 trabajadores

La incorporación de 760 empleados de sociedades municipales al Ayuntamiento de Estepona será examinada al detalle por la Junta de Andalucía para ver si se ha cumplido con todos los requisitos legales. La delegación del Gobierno andaluz en Málaga ha solicitado al gobierno de José María García Urbano (PP), que le facilite toda la documentación utilizada para adoptar esta decisión, aprobada el 30 de septiembre en un pleno extraordinario. La medida salió adelante a pesar de que el secretario municipal, José Manuel Duarte, mostró ciertas reservas. El portavoz del PSOE de Estepona, David Valadez, advirtió de que se estaban incumpliendo hasta 10 requisitos legales.

El alcalde defendió la moción y justificó la absorción de los empleados por motivos "económicos y organizativos". Apenas 20 días después, se inició la privatización de los servicios de limpieza de playas, zonas verdes y dependencias municipales, de modo que una parte importante de los empleados recién llegados a la plantilla del Consistorio volverán a salir rumbo a la empresa privada en las próximas semanas o meses.

El apresurado proceso de absorción de la plantilla de las empresas municipales, refugio de decenas de contratados a dedo, como ha quedado de manifiesto en el caso Astapacontra la corrupción, no ha sido bendecido íntegramente por los funcionarios de habilitación nacional. El secretario accidental incidió en su informe en una serie de limitaciones, como que no se habían demostrado las ventajas de otras modalidades de gestión de los servicios municipales o que se fuesen a cumplir con los recortes que la Ley de Presupuestos Generales de 2011 impone para la creación de nuevas plazas en el sector público.

Por su parte, la secretaría general del Ayuntamiento también especificaba que las seis sociedades municipales implicadas en la absorción deberían presentar informes "pormenorizados y específicos" de las actividades que realizan, del personal y los cometidos, para que el Ayuntamiento se pronunciara sobre la forma de gestión más conveniente; o que en la votación debían de abstenerse quienes tuvieran parentesco de consanguinidad hasta cuarto grado.

La liquidación forzosa de las sociedades municipales y la incorporación de sus trabajadores a la plantilla municipal fue objeto de una sonada batalla sindical el verano pasado. El recién elegido alcalde, José María García Urbano, retuvo los salarios de los empleados de las empresas hasta que estos se avinieron a firmar su traslado.

El acuerdo, rubricado finalmente a mediados de agosto, suponía un ahorro de unos siete millones de euros anuales en los costes laborales de la plantilla municipal. El llamado plan de ajuste pasaba por la liquidación de las principales sociedades municipales previa declaración en concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos-. Los empleados de las sociedades aceptaron también la congelación de sus salarios durante dos años, así como la renuncia por el mismo periodo a una serie de beneficios. Entre otras, se suprimieron las ayudas escolares y sanitarias de la plantilla, las bajas por incapacidad temporal de menos de 60 días y el programa de incentivos por puntualidad y bajo absentismo.

Los empleados de las sociedades pasaron a ser empleados indefinidos no fijos del Ayuntamiento y las plazas que no sean privatizadas deberán ocuparse por oposición.