Convocatoria Los Verdes se pronuncia en favor de la disolución de la Corporación y la convocatoria de nuevas elecciones

Diario Sol. Sábado 28 de junio de 2008

Convocatoria Los Verdes se pronuncia en favor de la disolución de la Corporación y la convocatoria de nuevas elecciones

Consideran que ninguno de los concejales imputados debería continuar en la Corporación

Convocatoria Los Verdes ha emitido un comunciado en el que fijan su postura respeto al caso -Astapa-. En primer lugar señalan que la actual operación judicial, con la intervención por parte de la policía de las oficinas municipales, la detención de 26 personas, el ingreso en prisión de 5 cargos públicos locales y la imputación de un número aún indeterminado de personas en delitos tan graves como el cohecho, el tráfico de influencias y la prevaricación no es más que la consecuencia natural de una política reiteradamente denunciada por Convocatoria Los Verdes y que rozaba permanentemente con la sospecha de corrupción en el entorno del Ayuntamiento. Consideran que todo ello es fruto de políticas continuadas de depredación urbanística, amiguismo, prácticas de nepotismo y clientelismo político que han sido puestas de manifiesto reiteradamente por nuestro partido. Ahora son los jueces, los legitimados para ello, los que califican esos actos como presuntos delitos y a sus responsables como presuntos delincuentes. Convocatoria Los Verdes considera que esta operación judicial no debe conllevar ningún deterioro en la imagen de la ciudad ni tampoco en la de sus ciudadanos de cara al exterior, sino que lejos de ello debe reconocerse como el inicio de una profunda regeneración que acabe con años de abusos, arbitrariedades y enriquecimientos ilegítimos de unos gobernantes defraudadores de la confianza de su pueblo. Los ciudadanos, lejos de estar preocupados respecto a la supuesta imagen que transmita la ciudad al exterior deben estar contentos con la actuación, por fin, de la Justicia en el esclarecimiento de estos graves hechos delictivos.
En segundo lugar señalan que todos los partidos políticos actualmente representados en el Ayuntamiento han participado, de forma más o menos activa, por acción o por omisión en esas prácticas políticas contrarias a los intereses generales de los ciudadanos del municipio. No estaría de más recordar que fueron todos estos partidos los que apadrinaron y otorgaron credenciales de demócratas a los concejales provenientes del grupo GIL, grupo cuyo perfil corrupto y semi-mafioso ha quedado evidenciado por los desmanes cometidos en la vecina localidad de Marbella. Que el PP de Rosa Díaz primero y el PSOE, IU y PA después acogiesen en su seno a miembros del citado grupo político fue siempre con la indecente intención de acaparar parcelas de poder con las que seguir contratando a sus militantes y practicando un modelo especulativo de urbanismo basado en el convenio pactado entre promotores y políticos a espaldas de los ciudadanos.
Continuan comentando que en la situación actual, con el ya exalcalde y dos concejales más en prisión, cuatro concejales en libertad provisional bajo fianza y un número aún indeterminado de concejales imputados, pertenecientes a casi todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento, se hace imprescindible adoptar medidas contundentes que permitan afrontar con garantías la gestión municipal. Las dudas que inevitablemente se ciernen sobre los cargos políticos encausados, sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia que todos tenemos, debería aparejar que ningún concejal imputado siguiese ostentando representación en el Ayuntamiento de Estepona. Ningún concejal imputado debería seguir representando a Estepona, pues ningún ciudadano les votó con esa condición. La legitimidad moral de los políticos imputados está absolutamente en entredicho. La complejidad de la situación, el número de imputaciones que queda por conocer, y la situación de incertidumbre y provisionalidad que un gobierno creado a partir de los restos de partidos gravemente implicados en estos hechos nos llevan a solicitar del Gobierno de la Nación la inmediata disolución del Ayuntamiento y la convocatoria de elecciones municipales anticipadas.
Todo ello deriba en la solicitu de un Gobierno nuevo, surgido de las urnas, que debe plantearse como objetivos irrenunciables la regeneración ética y democrática de un Ayuntamiento gobernado desde hace demasiado tiempo al arbitrio del que manda, con continuos abusos e impregnado de una atmósfera de corrupción generalizadaAsí, un Plan de Saneamiento de las Finanzas municipales incluyendo todas las medidas tendentes a la transparencia de la administración en materia de contratación de servicios o en la política de personal basada en los principios constitucionales debe ser compromiso adquirido por unos concejales que deberán demostrar, antes de presentarse ante su pueblo para ser elegidos, que están limpios de toda relación con la corrupción.
Concluyen su comunicado señalando que es necesario, por tanto, imprescindible, una profunda regeneración democrática en todos los ámbitos del ayuntamiento, incluyendo muy especialmente una nueva visión del urbanismo que destierre definitivamente el fantasma de la corrupción. Un urbanismo alejado de la especulación, del desarrollismo sin sentido y de la conveniación entre privilegiados y basado en una visión amplia y de futuro del territorio, donde principios de sostenibilidad serán los que primen frente a los intereses espureos de especuladores y corruptos.