El ex alcalde de Estepona utilizó a su madre en una venta millonaria

El ex alcalde de Estepona utilizó a su madre en una venta millonaria

Diario de Sevilla. La madre de Antonio Barrientos cobró 7,5 millones por una parcela y su hijo firmó meses después un convenio con la empresa compradora · El Ayuntamiento dejó de ingresar 49 millones por valorar suelos a la baja

La madre del ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, vendió por 7,5 millones de euros una parcela en la zona conocida como Arroyo en Medio, seis meses antes de que se firmara el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la empresa Criber, que fue la que adquirió los suelos y que incluso llegó a instalar los carteles anunciadores sobre los terrenos antes de rubricarse el acuerdo. Los investigadores del caso Astapa contra la presunta trama de corrupción municipal, afirman en el tomo 8 del sumario, cuyo secreto se levantó el pasado lunes, que la venta de los terrenos a Criber S. A.

"se realizó teniéndose conocimiento de la firma del futuro convenio, motivo por el cual el precio de venta habría sido superior al que se hubiera pagado si no se tuviera conocimiento de tal extremo, siendo el papel del alcalde, Antonio Barrientos, fundamental para el buen fin de la operación".

En el sumario los agentes consideran sospechoso que la compra de los terrenos la efectuara la única mercantil de las tres que forman parte del convenio, que aparentemente no tienen ningún tipo de vinculación con el Ayuntamiento. En las otras desempeñan los principales cargos los cuñados del que fuera concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, junto al abogado Ignacio Pérez de Vargas, todos ellos imputados en la operación. Además, una de las mercantiles, Aquitania, estuvo participada entre 2003 y 2004 por la sociedad Exclusivas Caba con un porcentaje del 10 por ciento. En dicha sociedad el que fuera alcalde de Estepona y amigo de Barrientos, Antonio Caba, ostenta los cargos de secretario, consejero y consejero delegado solidario según se desprende del sumario.

Según el informe policial, "es notorio el auge que toda la zona ha sufrido en los últimos años, siendo propietarios de los terrenos, casualmente, personas muy cercanas al círculo de Antonio Barrientos". También consideran sospechoso los investigadores que durante todo el proceso Antonio Barrientos no apareciera, ya que el convenio fue suscrito por José Ignacio Crespo (PES) el 25 de agosto de 2004, en su calidad de alcalde en funciones.

Tan solo cuatro meses después de la celebración del pleno en el que se dio cuenta del convenio, y según recoge el sumario, se produce un acto de permuta entre las citadas empresas y el Ayuntamiento. La prontitud con la que se produce la permuta hace pensar a los miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) que "el fin último no sería una inversión en los terrenos del convenio, sino en los permutados".

Al margen de la operación urbanística, se da la circunstancia de que estos terrenos pasaron a manos de la madre del ex alcalde cuatro años después del fallecimiento de su madre, por lo que los agentes de la UDEF entienden que la demora en el cambio de titularidad se debe a la intención "de eludir el pago de los impuestos que se devengan por las sucesiones, impuestos que prescriben pasados cuatro años del fallecimiento de la transmitente". A la madre del alcalde se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El sumario refleja además que el Ayuntamiento de Estepona habría dejado de ingresar hasta 49 millones de euros por valorar a la baja los terrenos objeto de nueve convenios urbanísticos con promotoras inmobiliarias, según consta en la denuncia realizada a la Policía por el actual alcalde y entonces edil socialista, David Valadez. Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) revela que "por medio de esas irregulares valoraciones a favor del empresario se estaría obviando una gran cantidad de ingresos, que revertirían en beneficio del municipio, de haberse cobrado. Estas operaciones, lejos de ser el resultado de una cierta desidia o altruismo por parte de los ediles y técnicos implicados, tendrían como consecuencia el pago a los mismos de cantidades de dinero camufladas bajo las más diversas formas, véase patrocinio, pagos en especie, etc., que sin embargo encajarían en la tipología del cohecho".

Los investigadores constatan que "muchas de las valoraciones de los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Estepona se han realizado a precio inferior al de mercado". El caso más flagrante de ello, aunque afortunadamente no llegó a ser aprobado en el pleno, sería el del convenio de Mundo Estudio de Cancelada, en el que habría habido un perjuicio para las arcas del Consistorio de 15,9 millones de euros. El concejal de Infraestructuras Rafael Montesinos habría incluso manifestado que la empresa le había llamado para que votara a favor "porque estaban hartos de soltar dinero".

Pero otros muchos convenios sí llegaron a concretarse, siendo 9,5 millones de euros el máximo quebranto sufrido por el Consistorio. Es el caso del convenio Arroyo Vaquero, firmado con la sociedad Chamartín Sur.

Pero no sólo la información aportada por los denunciantes hace referencia a la infravaloración de los terrenos, sino que el que fuera concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, en una conversación con el ex alcalde, Antonio Barrientos, intervenida por la Policía asegura que "como se pongan a levantar las valoraciones, va a caer todo Dios, se va a demostrar que esto es un escándalo, y más ahora con la nueva Ley del Suelo".

Según otras informaciones aportadas por los denunciantes y recogidas en el sumario, Duarte les habría asegurado que "lo más fuerte" que ha venido pasando en el Ayuntamiento de Estepona han sido las valoraciones de los aprovechamientos urbanísticos.