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Wednesday, September 30, 2009

Estepona dejó de ingresar 49 millones al valorarse sus suelos a la baja

Estepona dejó de ingresar 49 millones al valorarse sus suelos a la baja

La Policía desgrana el entramado de intereses en el Ayuntamiento que beneficiaba a las promotoras a cambio de aportaciones económicas para distintos fines

El Ayuntamiento de Estepona habría dejado de ingresar hasta 49 millones de euros por valorar a la baja los terrenos objeto de nueve convenios urbanísticos con promotoras inmobiliarias, según consta en la denuncia realizada a la Policía por el actual alcalde y entonces edil socialista, David Valadez, que desencadenó la operación Astapa contra la corrupción el Consistorio malagueño y llevó a la cárcel a Antonio Barrientos y gran parte de su equipo de gobierno.

En la parte del sumario del caso cuyo secreto fue levantado por el juez instructor, se incluye un informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se pone de relieve que "por medio de esas irregulares valoraciones a favor del empresario se estaría obviando una gran cantidad de ingresos, que revertirían en beneficio del municipio, de haberse cobrado. Estas operaciones, lejos de ser el resultado de una cierta desidia o altruismo por parte de los ediles y técnicos implicados, tendrían como consecuencia el pago a los mismos de cantidades de dinero camufladas bajo las más diversas formas, véase patrocinio, pagos en especie, etc., que sin embargo encajarían en la tipología del cohecho".

Los investigadores constatan que "muchas de las valoraciones de los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Estepona se han realizado a precio inferior al de mercado". El caso más flagrante de ello, aunque afortunadamente no llegó a ser aprobado en el pleno, sería el del convenio de 'Mundo Estudio' de Cancelada, en el que habría habido un perjuicio para las arcas del Consistorio de 15,9 millones de euros. De hecho, según los denunciantes, el concejal de Infraestructuras Rafael Montesinos habría incluso manifestado que la empresa le había llamado para que votara a favor "porque estaban hartos de soltar dinero".

Pero otros muchos convenios sí llegaron a concretarse, siendo 9,5 millones de euros el máximo quebranto sufrido por el Consistorio. Es el caso del convenio Arroyo Vaquero, firmado con la sociedad Chamartín Sur.

Pero no sólo la información aportada por los denunciantes hace referencia a la infravaloración de los terrenos, sino que el que fuera concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, en una conversación con el ex alcalde, Antonio Barrientos, intervenida por la Policía asegura que "como se pongan a levantar las valoraciones, va a caer todo Dios, se va a demostrar que esto es un escándalo, y más ahora con la nueva ley del suelo".

Según otras informaciones aportadas por los denunciantes y recogidas en el sumario, Duarte les habría asegurado que "lo más fuerte" que ha venido pasando en el Ayuntamiento de Estepona han sido las valoraciones de los aprovechamientos urbanísticos.

Según la información de los denunciantes, Duarte llegó a asegurar que hay gente que se ha hecho multimillonaria con esto, pues según dice "se ha llegado a vender el metro cuadrado a 250 euros, cuando el precio de mercado era de 1.000 euros".

En el sumario se recoge que "a pesar de esto las promotoras realmente pagaban a valor de mercado, pero la diferencia, y por tanto el perjuicio para el Ayuntamiento, iba para el bolsillo de unos pocos", poniendo Duarte como ejemplo el caso de Azata, según los denunciantes.

Los agentes de la UDEF aseguran en su informe que si se atiende "a las conversaciones telefónicas observadas, a las informaciones aportadas por los denunciantes y a las balanzas de pago de las mercantiles con intereses urbanísticos en Estepona podemos pensar que dicha infravaloración permite al Ayuntamiento, y más concretamente a algunos de sus miembros, solicitar aportaciones económicas a dichos empresarios destinadas a diferentes usos, dinero que no quedaría reflejado en ningún sitio".

De este modo, según se desprende del sumario, se pediría dinero "para los gastos de ciertas concejalías". "Los distintos empresarios con intereses urbanísticos en Estepona realizan contraprestaciones económicas para distintos fines como son los pagos relacionados con las distintas concejalías, eventos deportivos, conciertos, eventos culturales, pagos a Cruz Roja, aportaciones para financiar a los distintos partidos políticos (PES, PSOE, PA), ya sea para campañas electorales u otras cuestiones". La Policía tiene claro que las aportaciones son una contraprestación a la firma de convenios urbanísticos, licencias de primera ocupación, de apertura de establecimientos o por adjudicaciones de obras.

Los agentes apuntan a Xavier Witmeur, imputado en el caso, ingeniero técnico de Obras Públicas y trabajador de las empresas municipales de Estepona, como el autor de gran parte de las valoraciones a la baja de los terrenos, sus aprovechamientos y plusvalías: "Existiendo en el Ayuntamiento personal técnico capacitado para efectuar las valoraciones de los bienes y de los aprovechamientos urbanísticos, sin embargo son efectuadas por Xavier Witmeur sin que funcionario alguno participe. Xavier Witmeur es una persona que no ha realizado ningún proceso selectivo para acceder a su plaza en la empresa municipal y el único mérito alegado es su pertenencia a un partido político. Concurrió a las elecciones municipales de 2003 bajo las siglas del Partido de Estepona (PES)".

La propia directora del área de Urbanismo, Patricia Rojo, habría manifestado a los denunciantes, según aseguran estos, que muchas de las valoraciones efectuadas por Witmeur no se correspondían con los precios de mercado de las fincas o de los aprovechamientos tasados.

La Policía también apunta la presunta responsabilidad del arquitecto municipal Ignacio de la Hoz, quien redacta la mayoría de los informes de viabilidad urbanística con que se acometen los convenios, y subraya que en algunos casos, las promotoras supuestamente beneficiadas, abonaron cantidades económicas a empresas participadas o propiedad del referido técnico municipal o a otras mercantiles para las que éste prestó servicio.