La investigación de 'Astapa' confirma las irregularidades en la etapa de Barrientos

La investigación de 'Astapa' confirma las irregularidades en la etapa de Barrientos

Sur.
El caso 'Astapa' ya no tiene secretos. Ayer el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona levantó por completo el sumario de la investigación sobre la presunta trama de corrupción en el municipio en la etapa de mandato del exalcalde del PSOE, Antonio Barrientos. Uno de los autos conocidos ayer revela que, según la primera juez instructora, están «implicados indiciariamente» cargos políticos del Ayuntamiento del equipo de aquel entonces, ya que la causa fue destapada el 17 de junio de 2008.
Así, indica que presuntamente desde el Ayuntamiento se ofrecían «contraprestaciones económicas efectuadas por distintos empresarios para la obtención de licencias urbanísticas o por firma de convenios urbanísticos», así como «adjudicaciones a dedo y tratos de favor a determinadas personas». También se resaltan la «exigencia de pago de comisiones por parte de los responsables del Consistorio como contraprestación por llevar a cabo actuaciones municipales como licencias o similares», y «valoraciones en Convenios urbanísticos que podrían haber sido en su mayoría, valorados a precio inferior al de mercado», entre otras irregularidades.
De esta forma, en el citado auto se asegura que los responsables del Consistorio tenían «un margen de dinero procedente de empresarios», entre los que se destaca al grupo Valle Romano. Se especifica que esos fondos no eran «controlados por nadie» y con ellos se podrían efectuar «distintos pagos de las Concejalías, la financiación de los distintos partidos políticos gobernantes, facturaciones a distintas empresas directamente relacionadas con el personal vinculado al Ayuntamiento, y el manejo de grandes cantidades de efectivo».
Entre esas presuntas actividades delictivas resalta la financiación irregular de los partidos. Ejemplo de ello se encuentra en la parte del sumario que recoge pagos del grupo político local Partido Estepona (PES) a la empresa AD- VOLUTION S. L., a la que contrató para su campaña publicitaria en las elecciones de 2007.

Problemas para pagar
La misma mercantil fue la que denunció los pagos. Uno de los socios de la empresa que declaró como testigo, al ser preguntado por si conocía alguna forma de pago de las que utilizó el PES para esta campaña, respondió que inicialmente firmaron un contrato en el que se establecía «30.000 euros por la creatividad» y que a partir de ahí, presentaron presupuestos de todo lo que pedían.
Posteriormente y según se recoge en la declaración, los componentes del PES, Manuel Reina -el exconcejal imputado y en libertad bajo fianza-, Pedro López -el exgerente de Urbanismo también imputado-, y Alfonso Servia, les dijeron que «ya el PES no podía hacer frente a esas facturas por lo que tenían que pagarle a través de otras empresas, lo que llegaron a hacer efectivamente». Sin embargo, las personas de esas empresas les planteaban problemas para pagar esas facturas, diciéndoles, a su vez, que tenían que hablar con el PES, según el testimonio, que resume que en total facturaron 170.000 euros, pero que cree que la campaña «superó el medio millón de euros» porque se contrataron a otras empresas.
El caso cuya investigación fue motivada por la denuncia de los concejales socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez suma ya 99 imputados, cifra similar a los procesados en el 'caso Malaya' en Marbella. Los cinco últimos se conocieron el mes pasado.