El fiscal se extraña de que sólo Valadez y Rodríguez denunciaran «Astapa»
El fiscal se extraña de que sólo Valadez y Rodríguez denunciaran «Astapa»
Ve incomprensible que en un Consistorio con mil empleados únicamente dieran el paso dos ediles
La Opinión de Málaga. JOSÉ ANTONIO SAU
La Fiscalía Anticorrupción ha mostrado su extrañeza por que sólo los ediles socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez se atrevieran a denunciar ante la policía la supuesta trama de corrupción que gobernaba Estepona. Así lo asegura en un escrito en el que se opone a un recurso de apelación interpuesto por un imputado contra un auto en el que se solicitaba la nulidad del «caso Astapa». En el escrito, el acusador público encargado del proceso realiza un detallado análisis de las pesquisas, que defiende a ultranza, y se emplea con contundencia ante los ataques del encausado, que, entre otras cosas, pone a caer de un burro al exalcalde y a su compañera.
Sobran por tanto «las inútiles descalificaciones, tan injustas como infundadas, que la parte recurrente, rozando los límites del derecho de defensa, viene dirigiendo contra quienes se limitaron a cumplir con la obligación de denunciar el delito, aun a riesgo de comprometer no sólo su futuro político, sino también su seguridad personal; aquí, lo verdaderamente incomprensible es que en un Ayuntamiento plagado de irregularidades, donde trabajan más de mil personas, sólo ellos se atrevieran a cumplir con ese deber cívico».
Una denuncia muy sólida
Es más, el fiscal Valentín Bueno recuerda que nunca hubo intención «prospectiva» con la intervención de los teléfonos, ni se acordó para comprobar simples rumores, sino que la notitia criminis era muy sólida tras la comparecencia espontánea que el 16 de noviembre de 2006 efectuaron ante la policía judicial los entonces ediles socialistas Rodríguez y Valadez. Es más, desvela el fiscal que ambos hicieron una investigación propia en su entorno laboral y político, «posiblemente aprovechando la confianza de otros colegas y funcionarios para avanzar en las pesquisas».
Su relato «detallado y coherente» resistió «el análisis de la policía judicial, que no detectó fisuras». Entre los hechos acreditados indiciariamente quedó claro que Estepona, siempre según el fiscal, funcionaba con una triple caja: la de fondos fiscalizados; la de donaciones de promotores, no fiscalizada, y la tercera o «C», «nutrida de fondos directamente destinados a bolsillos de particulares».
Asimismo, considera el fiscal que se ha puesto de manifiesto la financiación irregular de los partidos mayoritarios, el PSOE y el PES, «que habían llegado a repartirse unos 600.000 euros» aportados por dos destacadísimas promotoras; además, quedó claro con su denuncia «la sistemática infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos enajenados en convenios». Es más, indica, se relegaba a técnicos municipales cualificados para encomendar las valoraciones a profesionales vinculados a responsables políticos del Consistorio. En diez convenios, aclara, el municipio habría sufrido un perjuicio de cuatro millones de euros.
Veinte millones de perjuicio
Además, Valadez y Rodríguez pusieron de manifiesto las adjudicaciones «arbitrarias» de obras y servicios en áreas controladas por el PES, «y la práctica generalizada de exigencias de dinero a particulares interesados en licencias». Por esos indicios «sólidos» se pincharon los teléfonos.
El hecho de que testigos posteriores no corroboraran esa versión no significa que mintieran, ya que las periciales han dado la razón a Valadez y Rodríguez: hay siete informes de un arquitecto de Hacienda en los que aflora la sistemática «infravaloración» de los aprovechamientos enajenados en los cuatro convenios de gestión urbanística. En concreto, el Ayuntamiento resulta perjudicado en 20 millones de euros con sólo esos cuatro expedientes.
Ve incomprensible que en un Consistorio con mil empleados únicamente dieran el paso dos ediles
La Opinión de Málaga. JOSÉ ANTONIO SAU
La Fiscalía Anticorrupción ha mostrado su extrañeza por que sólo los ediles socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez se atrevieran a denunciar ante la policía la supuesta trama de corrupción que gobernaba Estepona. Así lo asegura en un escrito en el que se opone a un recurso de apelación interpuesto por un imputado contra un auto en el que se solicitaba la nulidad del «caso Astapa». En el escrito, el acusador público encargado del proceso realiza un detallado análisis de las pesquisas, que defiende a ultranza, y se emplea con contundencia ante los ataques del encausado, que, entre otras cosas, pone a caer de un burro al exalcalde y a su compañera.
Sobran por tanto «las inútiles descalificaciones, tan injustas como infundadas, que la parte recurrente, rozando los límites del derecho de defensa, viene dirigiendo contra quienes se limitaron a cumplir con la obligación de denunciar el delito, aun a riesgo de comprometer no sólo su futuro político, sino también su seguridad personal; aquí, lo verdaderamente incomprensible es que en un Ayuntamiento plagado de irregularidades, donde trabajan más de mil personas, sólo ellos se atrevieran a cumplir con ese deber cívico».
Una denuncia muy sólida
Es más, el fiscal Valentín Bueno recuerda que nunca hubo intención «prospectiva» con la intervención de los teléfonos, ni se acordó para comprobar simples rumores, sino que la notitia criminis era muy sólida tras la comparecencia espontánea que el 16 de noviembre de 2006 efectuaron ante la policía judicial los entonces ediles socialistas Rodríguez y Valadez. Es más, desvela el fiscal que ambos hicieron una investigación propia en su entorno laboral y político, «posiblemente aprovechando la confianza de otros colegas y funcionarios para avanzar en las pesquisas».
Su relato «detallado y coherente» resistió «el análisis de la policía judicial, que no detectó fisuras». Entre los hechos acreditados indiciariamente quedó claro que Estepona, siempre según el fiscal, funcionaba con una triple caja: la de fondos fiscalizados; la de donaciones de promotores, no fiscalizada, y la tercera o «C», «nutrida de fondos directamente destinados a bolsillos de particulares».
Asimismo, considera el fiscal que se ha puesto de manifiesto la financiación irregular de los partidos mayoritarios, el PSOE y el PES, «que habían llegado a repartirse unos 600.000 euros» aportados por dos destacadísimas promotoras; además, quedó claro con su denuncia «la sistemática infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos enajenados en convenios». Es más, indica, se relegaba a técnicos municipales cualificados para encomendar las valoraciones a profesionales vinculados a responsables políticos del Consistorio. En diez convenios, aclara, el municipio habría sufrido un perjuicio de cuatro millones de euros.
Veinte millones de perjuicio
Además, Valadez y Rodríguez pusieron de manifiesto las adjudicaciones «arbitrarias» de obras y servicios en áreas controladas por el PES, «y la práctica generalizada de exigencias de dinero a particulares interesados en licencias». Por esos indicios «sólidos» se pincharon los teléfonos.
El hecho de que testigos posteriores no corroboraran esa versión no significa que mintieran, ya que las periciales han dado la razón a Valadez y Rodríguez: hay siete informes de un arquitecto de Hacienda en los que aflora la sistemática «infravaloración» de los aprovechamientos enajenados en los cuatro convenios de gestión urbanística. En concreto, el Ayuntamiento resulta perjudicado en 20 millones de euros con sólo esos cuatro expedientes.
posted by j.I @ 9:16 PM
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