Carrusel de facturas en Astapa
Carrusel de facturas en Astapa
El País
La instrucción del caso Astapa contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) se ha centrado en los últimos meses en los cohechos. Los investigadores de esta gran causa que suma 99 implicados tratan de descifrar un complejo engranaje por el que empresarios con intereses en el municipio pagaban las facturas que el Consistorio esteponero adeudaba a terceras empresas o contrataban los servicios de negocios vinculados a ediles, supuestamente para obtener trato de favor.
Entre los 21 nuevos imputados hay seis personas -entre empresarios y representantes de promotoras- investigados por pagar facturas o hacer aportaciones para eventos para beneficiarse en la negociación de convenios.
La policía también cree que algunas de las facturas asumidas en nombre del Ayuntamiento estaban falsedadas. Se investiga si los empresarios que las emitieron acordaron repartir beneficios con miembros de los equipos de gobierno del exalcalde Antonio Barrientos (PSOE).
Todos los nuevos implicados están acusados de cohecho, entre otros delitos como malversación, falsedad documental o fraude. Además de los empresarios, en la lista hay tres empleados municipales que, según el fiscal, se encargaban de "recaudar" o "presionar" a los promotores para que financiaran los gastos del Ayuntamiento o la exedil de la formación posgilista Partido de Estepona (PES) Marta Solís, entre otros.
El empresario Jaime Rico, uno de los testigos, ha declarado que el gerente del Área de Servicios del Consistorio, Alfonso Servia, también imputado en esta última fase, le pidió que entregara 150.000 euros a Marta Solís -entonces edil de Turismo- tras realizar unas obras de mejora del Palacio de Congresos de Estepona. Según Rico, dueño de la empresa Rimasa 2003, Servia le dijo que ese dinero tendría que salir "de sus beneficios" y lo reclamó cuando solo quedaba pendiente el pago de la última certificación de obra. La exedil Solís, implicada por malversación y cohecho, está retirada de la política desde 2005.
En esta supuesta red de sobornos también se estudia el papel de la empresa Proyectos Maribel 1950. Se trata de una gestoría administrada por el cuñado del exedil del PES, Manuel Reina, que multiplicó por 18 sus ingresos en los dos primeros años en los que Reina ocupó la concejalía de Hacienda. Según datos de la Agencia Tributaria, pasó de facturar 16.870 euros en 2003, a 291.831 euros en 2005.
El cuñado de Reina, Celestino del Pino, declaró como implicado en junio. Figura como administrador de la asesoría, pero los investigadores defienden que quien controlaba el negocio era el exedil. El testigo Jaime Rico aseguró que Reina ofrecía "un trato de favor" a todos los proveedores municipales que llevaban allí sus cuentas. Rico, adjudicatario del depósito de vehículos, contrató a la gestoría en 2003.
Según los informes policiales, hasta seis empresas con intereses urbaníticos o proveedoras de servicios trabajaron con la asesoría en fechas cercanas a la firma de convenios o mientras mantenían relaciones comerciales con el Consistorio. Ocurrió, por ejemplo, con Estesur, SL, a la que la gestoría realizó una venta de 232.742 euros en 2005. Ese mismo año la familia Bazán Ramos, propietaria de la empresa, firmó con el Ayuntamiento el convenio Cortijo Casareño.
En 2008, cuando Reina ya había salido del gobierno, cesó la relación comercial con cinco de estas empresas. Durante el registro de la casa del exedil, la policía encontró el libro de socios, el de actas y el libro diario de la gestoría, todo en blanco.
Últimos imputados
- Los empleados municipales José Antonio Macías y María Paz Andrades están imputados por formar parte del mecanismo para presionar a empresarios a financiar gastos del Ayuntamiento, según el fiscal del caso. La policía considera que Mariano Crespo, también trabajador municipal, constituía una "pieza clave" del engranaje de intereses creados en Estepona, "donde se confundía lo público con lo privado". Está implicado por utilizar su empresa, Crestasub, para financiar gastos de campaña del PSOE "por el procedimiento de simular y facturar servicios inexistentes a empresas del grupo Valle Romano".
- A la empresaria María Tábata González se le atribuye un trato de favor a partidos políticos desde un medio de comunicación para conseguir la adjudicación de obras municipales para la sociedad Nagore, de la que es responsable su hermano, David González Florentín, también imputado. La empresa Nagore también se investiga por "reconocimiento irregular de deudas". Según el fiscal, "pudieron pagar comisiones a políticos locales a través de sociedades".
- Los hermanos José María y Juan Antonio Pérez Torrecillas, dueños de una empresa de excavaciones, están implicados por el "supuesto pago de eventos municipales o comisiones a funcionarios por adjudicaciones de obras o reconocimiento de deudas".
A REPRESENTANTES DE EMPRESAS CON INTERESES URBANíSTICOS COMO JOSé ANDRéS SáNCHEZ GARCíA SE LES ATRIBUYEN PAGOS IRREGULARES DE FACTURAS ENTRE 2006 Y 2007 POR LOS QUE LA EMPRESA QUE LOS RECIBIó GENERó FACTURAS FALSAS. TODO ELLO RELACIONADO, SEGúN EL FISCAL, CON UN CONVENIO DE 2006 SOBRE LA EDIFICABILIDAD DE UN CAMPO DE GOLF. A FRANCISCO VáZQUEZ Y PEDRO YENES, TAMBIéN REPRESENTANTES DE PROMOTORAS, SE LES RELACIONA CON UN POSIBLE PAGO DE COMISIONES por la firma del convenio Cortijo La Teja a través del bufete S&B Abogados, para el que trabajaba Juan Simón, primo del jefe de gabinete de alcaldía, José Flores
El País
La instrucción del caso Astapa contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) se ha centrado en los últimos meses en los cohechos. Los investigadores de esta gran causa que suma 99 implicados tratan de descifrar un complejo engranaje por el que empresarios con intereses en el municipio pagaban las facturas que el Consistorio esteponero adeudaba a terceras empresas o contrataban los servicios de negocios vinculados a ediles, supuestamente para obtener trato de favor.
Entre los 21 nuevos imputados hay seis personas -entre empresarios y representantes de promotoras- investigados por pagar facturas o hacer aportaciones para eventos para beneficiarse en la negociación de convenios.
La policía también cree que algunas de las facturas asumidas en nombre del Ayuntamiento estaban falsedadas. Se investiga si los empresarios que las emitieron acordaron repartir beneficios con miembros de los equipos de gobierno del exalcalde Antonio Barrientos (PSOE).
Todos los nuevos implicados están acusados de cohecho, entre otros delitos como malversación, falsedad documental o fraude. Además de los empresarios, en la lista hay tres empleados municipales que, según el fiscal, se encargaban de "recaudar" o "presionar" a los promotores para que financiaran los gastos del Ayuntamiento o la exedil de la formación posgilista Partido de Estepona (PES) Marta Solís, entre otros.
El empresario Jaime Rico, uno de los testigos, ha declarado que el gerente del Área de Servicios del Consistorio, Alfonso Servia, también imputado en esta última fase, le pidió que entregara 150.000 euros a Marta Solís -entonces edil de Turismo- tras realizar unas obras de mejora del Palacio de Congresos de Estepona. Según Rico, dueño de la empresa Rimasa 2003, Servia le dijo que ese dinero tendría que salir "de sus beneficios" y lo reclamó cuando solo quedaba pendiente el pago de la última certificación de obra. La exedil Solís, implicada por malversación y cohecho, está retirada de la política desde 2005.
En esta supuesta red de sobornos también se estudia el papel de la empresa Proyectos Maribel 1950. Se trata de una gestoría administrada por el cuñado del exedil del PES, Manuel Reina, que multiplicó por 18 sus ingresos en los dos primeros años en los que Reina ocupó la concejalía de Hacienda. Según datos de la Agencia Tributaria, pasó de facturar 16.870 euros en 2003, a 291.831 euros en 2005.
El cuñado de Reina, Celestino del Pino, declaró como implicado en junio. Figura como administrador de la asesoría, pero los investigadores defienden que quien controlaba el negocio era el exedil. El testigo Jaime Rico aseguró que Reina ofrecía "un trato de favor" a todos los proveedores municipales que llevaban allí sus cuentas. Rico, adjudicatario del depósito de vehículos, contrató a la gestoría en 2003.
Según los informes policiales, hasta seis empresas con intereses urbaníticos o proveedoras de servicios trabajaron con la asesoría en fechas cercanas a la firma de convenios o mientras mantenían relaciones comerciales con el Consistorio. Ocurrió, por ejemplo, con Estesur, SL, a la que la gestoría realizó una venta de 232.742 euros en 2005. Ese mismo año la familia Bazán Ramos, propietaria de la empresa, firmó con el Ayuntamiento el convenio Cortijo Casareño.
En 2008, cuando Reina ya había salido del gobierno, cesó la relación comercial con cinco de estas empresas. Durante el registro de la casa del exedil, la policía encontró el libro de socios, el de actas y el libro diario de la gestoría, todo en blanco.
Últimos imputados
- Los empleados municipales José Antonio Macías y María Paz Andrades están imputados por formar parte del mecanismo para presionar a empresarios a financiar gastos del Ayuntamiento, según el fiscal del caso. La policía considera que Mariano Crespo, también trabajador municipal, constituía una "pieza clave" del engranaje de intereses creados en Estepona, "donde se confundía lo público con lo privado". Está implicado por utilizar su empresa, Crestasub, para financiar gastos de campaña del PSOE "por el procedimiento de simular y facturar servicios inexistentes a empresas del grupo Valle Romano".
- A la empresaria María Tábata González se le atribuye un trato de favor a partidos políticos desde un medio de comunicación para conseguir la adjudicación de obras municipales para la sociedad Nagore, de la que es responsable su hermano, David González Florentín, también imputado. La empresa Nagore también se investiga por "reconocimiento irregular de deudas". Según el fiscal, "pudieron pagar comisiones a políticos locales a través de sociedades".
- Los hermanos José María y Juan Antonio Pérez Torrecillas, dueños de una empresa de excavaciones, están implicados por el "supuesto pago de eventos municipales o comisiones a funcionarios por adjudicaciones de obras o reconocimiento de deudas".
A REPRESENTANTES DE EMPRESAS CON INTERESES URBANíSTICOS COMO JOSé ANDRéS SáNCHEZ GARCíA SE LES ATRIBUYEN PAGOS IRREGULARES DE FACTURAS ENTRE 2006 Y 2007 POR LOS QUE LA EMPRESA QUE LOS RECIBIó GENERó FACTURAS FALSAS. TODO ELLO RELACIONADO, SEGúN EL FISCAL, CON UN CONVENIO DE 2006 SOBRE LA EDIFICABILIDAD DE UN CAMPO DE GOLF. A FRANCISCO VáZQUEZ Y PEDRO YENES, TAMBIéN REPRESENTANTES DE PROMOTORAS, SE LES RELACIONA CON UN POSIBLE PAGO DE COMISIONES por la firma del convenio Cortijo La Teja a través del bufete S&B Abogados, para el que trabajaba Juan Simón, primo del jefe de gabinete de alcaldía, José Flores
posted by j.I @ 3:50 AM
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