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Sunday, August 17, 2008

Estepona trata de enterrar la imagen de la corrupción

Público. Lunes 18 de agosto de 2008

Estepona trata de enterrar la imagen de la corrupción

El nuevo alcalde llena su primer mes de gestos contra la anterior etapa

Cada día, el correo electrónico de este periodista recibe al menos dos e-mails del Ayuntamiento de Estepona con tres o cuatro documentos adjuntos. ¿Será algo jugoso sobre el caso Astapa de corrupción urbanística y blanqueo de dinero? Para nada. Simples convocatorias y notas banales, enviadas para “transmitir una imagen de normalidad y regeneración”, admiten fuentes municipales. Ésa es la tónica general: enterrar la era de corrupción empezando de cero. Y limpiar a fondo toda la casa.
La consigna proviene del alcalde, David Valadez (PSOE), que este domingo cumple un mes desde que ocupó el cargo en sustitución de su antiguo compañero Antonio Barrientos, encarcelado junto a dos concejales ex gilistas, José Ignacio Crespo y Manuel Reina, el jefe de Alcaldía, José Flores, y el ingeniero Javier Wittmeur, en el marco de una investigación que se ha cobrado una treintena de imputados. “Lo primero es devolver la confianza a los ciudadanos. Es lo básico”, afirma Valadez.
“David sabe que todo el pueblo conoce su historia de oposición a Barrientos”, explican fuentes socialistas. “Él aprovecha esa inercia para legitimar su política agresiva”. Valadez, además, no era el favorito del PSOE para la Alcaldía, sino Rafael Duarte, el concejal de Urbanismo, que no salió porque fue imputado. Ello contribuye ahora a envolver al joven regidor, de 31 años, en un aura de outsider alejado de los aparatos de partido. Esa imagen de frescura preocupa, y mucho, a la oposición. “No olvidemos que él era portavoz mientras se firmaban convenios bajo sospecha”, protesta el portavoz del PP, David Mena.
La pretensión regeneradora subyace en el paquete de medidas que, en menos de un mes, ha puesto en marcha Valadez. Tras construir un equipo de gobierno que da satisfacción a todas las partes de su variopinta coalición de gobierno, única fórmula posible para llegar al poder sin el apoyo de los concejales del PSOE imputados, lo primero que hizo fue bajarse en un 20% el sueldo, que Barrientos había fijado en 97.210 euros al año.

Mano dura con los altos cargos
Más llamativa resultó su decisión de cesar a 25 altos cargos, entre ellos Patricia Rojo (sobrina de Javier Rojo, presidente del Senado), imputada por prevaricación y cohecho. Este caso ilustra bien el modo en que Valadez ha cortado con la era Barrientos. Rojo entró en prácticas en Estepona con el ex alcalde Antonio Caba, amigo del presidente del Senado. Nada más llegar Barrientos, la fichó como coordinadora de Urbanismo con un sueldo de 47.386,36 euros brutos al año. En 2007 la ascendió a gerente de Urbanismo, con un sueldo previsto de 57.750 para 2008.
Ahora hasta los más próximos a Valadez se asombran de la frialdad con que se ha desprendido de una persona con el ascendiente en el partido que tiene Rojo, que se había afincado en el pueblo, casándose con un esteponero y teniendo dos hijos. “Cada alcalde tiene su política de altos cargos. Barrientos tenía una. Yo, otra”, zanja Valadez, que también ha acabado con la carrera como técnica de Yolanda Franco, sobrina de José Bono, presidente del Congreso, que a partir de su estrecha relación con Estepona llegó a tratar con familiaridad con Barrientos. Franco, nombrada coordinadora de Juventud tras no salir elegida en las municipales, ocupará el acta de edil que ha dejado libre Rafael Duarte.
El alcalde, que ha revelado que la deuda de Estepona asciende a 90 millones, ha purgado también las empresas municipales. Ha suprimido en el Ayuntamiento todos los pluses no recogidos por convenio, que permitían que las mensualidades de los altos cargos superasen los 5.000 euros. También ha anulado 40 de los 90 teléfonos móviles de estos cargos.
Más de un centenar de empleados municipales han pedido regularizarse para cumplir con el régimen de incompatibilidades, ya que compaginaban sus empleos con tareas privadas que colisionaban con el interés público. Es la prueba de que el mensaje de firmeza ha calado.