Un letrado declaró que pagó a un edil 30.000 por informarle sobre unos terrenos

Un letrado declaró que pagó a un edil 30.000 por informarle sobre unos terrenos

El Mundo. Un abogado de Estepona imputado por blanqueo y cohecho en el caso 'Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento esteponero, declaró ante el juez instructor que pagó 30.000 euros al edil Francisco Zamorano, también imputado, como comisión por informarle sobre unos terrenos.

Zamorano, que en el año en el que se produjo la compra del suelo, era director económico para la revisión del PGOU, "solicitó una comisión de 30.000 euros", que fue pagada mediante una factura a nombre de la sociedad Lauzavi S. L., cuya administradora es su mujer, y que tiene un objeto social relacionado con el mundo de la decoración y la fotografía, según declaró el letrado y revela la parte del sumario cuyo secreto se levantó este miércoles.

Según este abogado, Zamorano le recomendó a él y a otros dos empresarios, con los que mantiene vínculos familiares, que compraran dos fincas en la unidad de Atalaya Park, suelo que adquirieron en diciembre de 2004 por un importe de 751.260 euros.

Casi dos años después, en septiembre de 2006, las dos fincas se vendieron por más "del triple de valor de compra", según el letrado, por un importe de 3.660.163,71 euros.

Las parcelas se revendieron nuevamente el 7 de noviembre de 2006 a otra sociedad por un importe de 6.163.952,32 euros por lo que en menos de dos años "los terrenos multiplicaron su valor casi diez veces", según el informe policial, que añade que la sociedad en la que participaba el abogado "dispondría de información privilegiada sobre los terrenos que posteriormente serían objeto de convenio y, por tanto, "el miembro del Ayuntamiento obtendría algún tipo de beneficio con ello".

Según un informe policial incluido en el sumario de Astapa, la empresa en la que participa Zamorano y que es familiar, Lauzavi S.L., recibió en dos años un total de 794.000 euros de empresarios con intereses urbanísticos en la localidad.

A Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros, se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

Lauzavi S. L. está participada en un 8% por Zamorano, y el resto de la sociedad a partes iguales entre su mujer y otros dos familiares.