Investigadores de 'Astapa' registraron más de 170.000 llamadas y mensajes de texto hasta 2008

Investigadores de 'Astapa' registraron más de 170.000 llamadas y mensajes de texto hasta 2008

También analizaron la información tributaria de más de 400 personas físicas y jurídicas

20 minutos. Los investigadores del caso 'Astapa' contra la corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) analizaron más de 170.000 llamadas telefónicas y mensajes de texto a lo largo de la investigación y hasta enero de 2008.

Además, según la parte del sumario cuyo secreto se levantó hoy y a la que tuvo acceso Europa Press, se estudió la información tributaria de más de 400 personas físicas y jurídicas. Igualmente, se realizaron "numerosos" seguimientos y vigilancias y se analizaron datos "abundantes" que procedían de las diferentes fuentes de investigación.

En este mismo sentido, el sumario especifica que la Policía encargada del caso remitió en marzo de 2007 un informe a la Fiscalía Anticorrupción en la que se solicitó, además de la apertura de las diligencias previas, diversas actuaciones, como la intervención de teléfonos móviles —entre los que se encontraba el del entonces alcalde, Antonio Barrientos, y de varios concejales— y peticiones de informes a cajas de ahorro y otros organismos.

Entre ellos se encontraba una solicitud a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para que designara un grupo de personas para formar un equipo de trabajo junto a los funcionarios policiales para analizar los datos tributarios vinculados de forma directa o indirecta con los investigados.

En este punto, el sumario indica que a pesar de que se reiteró en varias ocasiones no fue hasta finales de 2007 cuando la AEAT designó a las personas para componer el citado grupo de trabajo, que finalmente consistió en dos personas que facilitaron la información solicitada por los funcionarios, aunque fueron los propios funcionarios policiales los que realizaron el análisis de la información.

Posteriormente, en junio de 2008 se remitió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, que investiga el caso, un informe sobre todas las investigaciones desarrolladas hasta ese momento en el Ayuntamiento del municipio y en el que se incluía información tributaria y conversaciones telefónicas.

Además, se remitía la propuesta de actuación así como diversas medidas como una orden de detención para 26 personas, registro de 38 domicilios y sedes sociales y petición de información a las más de 80 entidades bancarias en las que tenían activos financieros las personas físicas y jurídicas investigadas.

También se trasladaba petición a 22 Registros de la Propiedad para la "anotación preventiva de prohibición de enajenación de los bienes" de los que eran titulares los investigados. En este punto, el sumario revela que algunos de ellos demoraron sus contestaciones "e incluso en algunos casos se han negado a facilitarlas a los funcionarios de la Policía Judicial".

En el ámbito político se requirió información al Partido Estepona (PES) y al PSOE de Estepona sobre "documentación relevante para la investigación".

Más de 2.500 EXPEDIENTES

Tras el operativo policial, que tuvo lugar el 17 de junio de 2008, se solicitaron al Juzgado poder realizar otra serie de actuaciones para continuar la investigación, como la declaración de dos testigos, la apertura de cajas de seguridad de diversas entidades bancarias —que supusieron la intervención de 72.500 euros en billetes de 500 euros en su mayoría—, el análisis de seis convenios urbanísticos, etcétera.

En septiembre de 2008 se procedió de nuevo a la entrada y registro por orden judicial del despacho del jefe de Gabinete de Barrientos, José Flores, interviniéndose una caja que tenía "información relevante". Ese mismo mes, el Juzgado entregó a la Policía 28 cajas que contenían "los más de 2.500 expedientes de Disciplina Urbanística tramitados entre los años 2003 y 2008", entregados por el actual alcalde, David Valadez, y el jefe de este servicio, "los cuales se encuentran en su mayoría caducados o prescritos".

De hecho, se está trabajando en los expedientes prescritos y los caducados "de los que podría derivarse una actuación irregular por parte del personal de Ayuntamiento encargado de su elaboración y, por ende, algún tipo de delito".

Carta de un párroco

El sumario cuyo secreto se levantó hoy incluye también la carta dirigida por un párroco de Estepona, aunque pertenece a una iglesia de Torremolinos (Málaga), a la primera instructora del caso, Isabel Conejo, en la que muestra preocupación por sus "paisanos" detenidos, concretamente por el ex alcalde, el que fuera jefe de Gabinete y los ex ediles José Ignacio Crespo y Manuel Reina.

El sacerdote, que además dirige una casa de acogida para reclusos y ex reclusos en Málaga, traslada a la jueza, en noviembre de 2008, esta misiva, en la que informa de que regularmente intenta visitar a los detenidos y a sus familias.

"Con la prolongación de su prisión provisional vengo percibiendo ciertas circunstancias que alientan en mí una grave preocupación", manifiesta, al tiempo que pide disculpas por su "intromisión" y aclara que su intención no es "entorpecer la labor" de la jueza "sino todo lo contrario".

Así, añade que entrará "en el lado humano": "no sólo se están investigando unos hechos sino que al final se están enjuiciando a unas personas. Usted sólo está investigando pero la calle y los medios ya están juzgando y ellos, en prisión, ya están pagando una condena muy dura, agravada por su sentimiento de confusión e indefensión".

"Podría decirles que a sus madres —de los detenidos— ya no les quedan ojos para llorar, sus mujeres están hundidas y consumidas por la lucha de sacar adelante sus casas y tampoco me gustaría pasar por alto a sus hijos, que no dejan de preguntar por sus padres", relata en la carta.

El párroco asegura a la jueza que el riesgo de fuga "es absurdo". "Ellos tienen aquí todo, su entorno, familias, amigos, posesiones", puntualiza, y agrega que en sus conversaciones con los detenidos "percibo una necesidad vital de retomar sus vidas" y, además, "ni la posible vergüenza ante un juicio social negativo les ha hecho plantearse la posibilidad de rehacer sus vidas fuera de Estepona".