Un promotor de Estepona denunció extorsiones del entorno de Barrientos

Un promotor de Estepona denunció extorsiones del entorno de Barrientos

El empresario afirmó que la novia del ex alcalde le exigió un descuento del 50%

El País. El 24 de septiembre de 2008, el promotor Juan Carlos Escribano Cárcel, de 44 años, aportó su tesela al gran mosaico de la corrupción del caso Astapa. Escribano, pequeño promotor, detalló a dos inspectores del Cuerpo Nacional de Policía los supuestos intentos de extorsión que sufrió entre 2003 y 2007 por personas vinculadas al Ayuntamiento durante la construcción de Mirador de La Cala, una promoción de 96 viviendas en primera línea de playa frente al paseo marítimo de Estepona.

Los problemas que relató Escribano en la comisaría esteponera se iniciaron antes incluso de poner los ladrillos, en el año 2003. "A través de una amiga conocí a Ana Belén Flores, que se me presentó como la novia del alcalde, Antonio Barrientos [actualmente ambos están casados] y que trabajaba en un hotel de Estepona (...) Por teléfono me preguntó los precios de las viviendas, que le parecieron exagerados, y me pidió un descuento del 50% porque esos pisos iban a ser para el alcalde", contó Escribano a los agentes. "Me dijo que al ser un constructor nuevo en Estepona debía llevarme bien con la corporación local", añadió el promotor.

Según Escribano, tras la conversación telefónica, se vio con la pareja de Barrientos. "Me volvió a pedir el descuento; como me negué, Ana Belén dejó caer con mala educación que ella podía influir en que me dieran la licencia de obras", contó el empresario a la policía, en una declaración que ratificó el 1 de octubre de 2008 ante la primera juez instructora del caso Astapa, Isabel Conejo.

A través del ex alcalde Antonio Barrientos, Ana Belén Flores aseguró ayer a este periódico que lo relatado por Escribano es "absolutamente falso" y que la prueba está en que no ha sido citada como imputada en el caso de corrupción destapado en junio de 2008 y por el que su esposo pasó medio año en prisión preventiva.

En el verano de 2007, cuando las obras de Mirador de La Cala ya estaban finalizadas, volvieron las supuestas presiones para vender los apartamentos por debajo de su precio. Según Escribano, el actual edil del Partido Estepona (PES, posgilistas) se mostró interesado en "todos los locales comerciales" y en algunas viviendas. "Me dijo que me pagaría en billetes grandes si le hacía un descuento de más del 50%", afirmó Escribano en comisaría.

El promotor se negó a este trato, y le dijo que los precios eran ajustados al mercado y que ya los había ofertado anteriormente a la Seguridad Social y a Fremap. "Reina me insinuó que ese no era un buen sitio para una sede de la Seguridad Social, y que como se iba a reunir con un alto cargo de ese organismo le recomendaría que no comprara los locales", recuerda Escribano.

En su denuncia, el empresario también contó que José Flores, jefe de gabinete de Alcaldía, le exigió, a través del arquitecto José María Aragón, un apartamento en la promoción a cambio de concederle la licencia de primera ocupación.

Escribano afirmó que fue contactado posteriormente por el coordinador de Urbanismo Juan Manuel Ramos. "Me dijo que había un problema con la licencia porque a la promoción le faltaban garajes. Como no podía hacer plazas nuevas, ofrecí comprar plazas en un parking próximo y unirlas a la promoción. Ramos lo rechazó y me dijo que la mejor solución para el tema de los garajes era una compensación económica, pero que era mejor no hablarlo por teléfono". Según Escribano, el técnico le "amenazó" con no dar la licencia si no se avenía a pagar la "compensación económica".

La licencia de primera ocupación de Mirador de La Cala estuvo paralizada hasta el 31 de octubre de 2008, un mes después de que Escribano ratificara su denuncia ante la juez Isabel Conejo.

Por otro lado, en los tomos desclasificados del caso Astapa, un financiero local señaló que recibió "presiones" por parte del Ayuntamiento para que colaborase en la solución del pago de la deuda de 600.000 euros que mantenía el Ayuntamiento con la empresa Iluminaciones Rivas, que amenazaba con no instalar la iluminación de Navidad si no se abonaba la deuda que se venía arrastrando desde 2005.