Estepona en un callejón con pocas salidas

Estepona en un callejón con pocas salidas

Editorial Málaga Hoy. EL juez que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona ha resuelto esta semana levantar el secreto de sumario de media docena de los tomos instruye. Por fin después de casi dos años, podemos conocer algunos de los indicios en la causa que se sigue contra el ex alcalde socialista de Estepona, varios concejales de su grupo y del PES, así como técnicos municipales y otros imputados por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero. Lo primero que hay que hacer es una llamada a la prudencia y a la presunción de inocencia. Los trabajos policiales defienden que se han podido cometer hechos de suma gravedad. Pero al margen de las escuchas telefónicas, algunas de las cuales pueden tener distintas contextualizaciones, desconocemos todavía si hay posteriores pruebas para sustentar esas sospechas. Pero la imagen que se extrae de lo ocurrido es devastadora, con todo tipo de presuntas prácticas que denigrarían la gestión política en un ayuntamiento y alcanzarían unos niveles de corrupción complicados de superar. La Policía mantiene que en el Consistorio existía una dinámica de "extorsiones" que sufrían los promotores con asuntos pendientes y a los que se obligada a colaborar voluntariamente como patrocinadores de los distintos eventos del Consistorio dirigido por Antonio Barrientos. Donaciones que en algunos casos pudieron servir también de financiación irregular para el PSOE local y el PES en esa campaña de las municipales de 2007. Y responsabiliza de la trama urbanística, además de al supuesto gran muñidor, el entonces jefe de Alcaldía, José Flores, al ex concejal Rafael Duarte, llegado tras esos comicios desde una vocalía de la gestora de Marbella, que se creó tras disolverse el Ayuntamiento por la operación Malaya. Prácticas de enchufismo y mezcla entre lo partidista y lo institucional, incluso al negociar créditos financieros, también aparecen. El regidor actual, David Valadez, fue el catalizador que acabó con la supuesta red con su denuncia a la Policía en 2006. Ahora se sienta en el Pleno con ocho de los imputados. La situación, a falta de dos años para celebrar elecciones, no puede ser más descorazonadora y puede degradarse más. El PP exige votaciones anticipadas, el PSOE las rechaza. Un necesario acuerdo se antoja utópico por el interés partidista. Pero si la estrategia sólo es tensar la cuerda, enviaremos a los ciudadanos a militar en la abstención o a defender la objeción política.