Dimisión
Artículo de opinión del concejal David Valadez publicado en Estepona Información y en su blog http://www.elblogdedavidvaladez.blogspot.com
Dimisión
Ante la nueva polémica suscitada en nuestra ciudad, en esta ocasión con respecto a las sentencias del Tribunal de Cuentas, tan sólo cabe afirmar que, más allá de las controvertidas opiniones políticas, hay una única realidad, objetiva e incuestionable: José Ignacio Crespo, Antolín González Quintana y Víctor Sánchez Pinacho, han sido condenados por el Tribunal de Cuentas a abonar unos 900.000 euros injustificados en nueve sociedades municipales creadas por el GIL entre 1995 y 1999.
Esto es lo realmente importante, más allá de los intentos absurdos por tratar de aprovechar estas sentencias para arremeter contra unos y tratar de obtener unos futuribles réditos políticos a base de otros. No voy a ser yo el que recuerde, aunque bien que podría hacerlo, las vinculaciones de algunos de los condenados con el Partido Popular, tras la moción de censura perpetrada en el año 2001.
Las resoluciones del Tribunal de Cuentas, es mi honda convicción, deben ser analizadas desde una premisa básica y de obligado cumplimiento, al menos en el plano ético y moral, para cualquier responsable político y representante municipal. Sigo creyendo, sigo estando fírmemente convencido, de que los que ostentamos responsabilidades institucionales no sólo debemos ser honrados y honestos sino que, además, debemos parecerlo. Creo que la ejemplaridad en todas nuestras actuaciones deben estar fuera de duda. Sólo de esta manera podemos aspirar a que nuestros conciudadanos empiecen a poner freno al cada vez más evidente desafecto que sigue produciéndose de la vida pública y que, en cada comicio electoral, podemos detectar en forma de elevadísima abstención.
Éste no es un planteamiento caprichoso o guiado por el odio; es el resultado de una fuerte creencia basada en la noble tarea de servir a los demás, a la colectividad, desde lo mejor de cada uno.
Ahora mantengo esta postura, del mismo modo que antes he sostenido lo mismo y en un futuro seguiré, le pese a quién le pese y caiga quién caiga, expresándome en los mismos términos. Todo el mundo tiene el absoluto derecho a demostrar su inocencia, por supuesto que sí. Del mismo modo que los ciudadanos de Estepona, tienen también el derecho a exigir que sus principales instituciones no aparezcan vinculadas a asuntos turbios y poco gratificantes.
Dimisión
Ante la nueva polémica suscitada en nuestra ciudad, en esta ocasión con respecto a las sentencias del Tribunal de Cuentas, tan sólo cabe afirmar que, más allá de las controvertidas opiniones políticas, hay una única realidad, objetiva e incuestionable: José Ignacio Crespo, Antolín González Quintana y Víctor Sánchez Pinacho, han sido condenados por el Tribunal de Cuentas a abonar unos 900.000 euros injustificados en nueve sociedades municipales creadas por el GIL entre 1995 y 1999.
Esto es lo realmente importante, más allá de los intentos absurdos por tratar de aprovechar estas sentencias para arremeter contra unos y tratar de obtener unos futuribles réditos políticos a base de otros. No voy a ser yo el que recuerde, aunque bien que podría hacerlo, las vinculaciones de algunos de los condenados con el Partido Popular, tras la moción de censura perpetrada en el año 2001.
Las resoluciones del Tribunal de Cuentas, es mi honda convicción, deben ser analizadas desde una premisa básica y de obligado cumplimiento, al menos en el plano ético y moral, para cualquier responsable político y representante municipal. Sigo creyendo, sigo estando fírmemente convencido, de que los que ostentamos responsabilidades institucionales no sólo debemos ser honrados y honestos sino que, además, debemos parecerlo. Creo que la ejemplaridad en todas nuestras actuaciones deben estar fuera de duda. Sólo de esta manera podemos aspirar a que nuestros conciudadanos empiecen a poner freno al cada vez más evidente desafecto que sigue produciéndose de la vida pública y que, en cada comicio electoral, podemos detectar en forma de elevadísima abstención.
Éste no es un planteamiento caprichoso o guiado por el odio; es el resultado de una fuerte creencia basada en la noble tarea de servir a los demás, a la colectividad, desde lo mejor de cada uno.
Ahora mantengo esta postura, del mismo modo que antes he sostenido lo mismo y en un futuro seguiré, le pese a quién le pese y caiga quién caiga, expresándome en los mismos términos. Todo el mundo tiene el absoluto derecho a demostrar su inocencia, por supuesto que sí. Del mismo modo que los ciudadanos de Estepona, tienen también el derecho a exigir que sus principales instituciones no aparezcan vinculadas a asuntos turbios y poco gratificantes.
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