La quiebra de una firma vinculada a la cúpula de los obispos puso en peligro la herencia Nadal
Levante El Mercantil Valenciano. Lunes 25 de febrero de 2008
La quiebra de una firma vinculada a la cúpula de los obispos puso en peligro la herencia Nadal
El próximo 23 de marzo se cumplirán 30 años de la muerte de María Catalina Nadal. Tres décadas después de su muerte, la multimillonaria herencia que legó a tres entidades de su Ontinyent natal, continúa siendo motivo de controversia, la misma que ha acompañado su gestión en los últimos diez años.
Ricard Gallego, Ontinyent
Ahora se ha sabido que la intervención, a mediados los años 90, del entonces obispo de Mallorca, Teodor Úbeda, nombrado albacea testamentario, evitó que acabaran subastados por los bancos la mayoría de los bienes atesorados en Estepona por la familia de la madre de las conocidas como les senyoretes de Nadal, que llegó con su padre, Antonio Guerrero, a Ontinyent a finales del siglo XIX, tras ser designado juez de la ciudad.
El obispo Úbeda, natural de Ontinyent y que en su etapa de sacerdote fue confesor de la familia Nadal, decidió afrontar la complejidad y magnitud de una herencia cuyos terrenos se encontraban en la denominada milla de oro de la Costa del Sol. María Nadal dejó escrito que el albacea del legado sería, en primer lugar, el párroco de Nuestra Señora de los Remedios, y que a su muerte o incapacidad sus atribuciones pasaran a Teodor Úbeda, como así sucedió a finales de los años ochenta, justo en plena expansión urbanística de la Costa del Sol malagueña.
Quienes más conocieron a Teodor Úbeda aseguran que el prelado valenciano "se dejó la vida" por conseguir que se cumpliera las últimas voluntades de les senyoretes de Nadal. Pero Úbeda, desde que recibió el testamento de manos del Obispo de Málaga, en 1988, se vio obligado a plegarse a las "sugerencias" del entonces vicesecretario de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, Bernardo Herráez, ex presidente de la cadena COPE, que le recomendó dejar la gestión urbanística y financiera del legado en manos de Corporación de Promotores Españoles, SA, que acababa de ser creada con un capital de 498 millones de pesetas. La mercantil Copresa, con domicilio en la calle Maldonado de Madrid, tenía entre sus accionistas -la mayoría personas de la alta sociedad madrileña- a nombres como Antonio Díez de Rivera, hermano de la que fue jefa de Gabinete de Adolfo Suárez; Marcial Campos Calvo-Sotelo, Pedro Basterrechea o empresas afines a la Conferencia Episcopal como Grupo Recoletos, 13. Al frente de la misma se situó a José Navarro López, que algunas fuentes sitúan como próximo a Joaquín Navarro Valls, ex portavoz del Vaticano.
A esta empresa se le encomendó negociar con los colonos de las tierras y desarrollar urbanísticamente los 2,5 millones de metros cuadrados que constituían la Herencia Nadal, que a su vez se dividió en dos partes: la Fundación José Nadal y los bienes de María y Carmen Nadal. Para hacer frente a todas estas gestiones, que necesitaban de la intervención municipal para reclasificar los terrenos, el obispo Teodor Úbeda estableció una línea crediticia con seis entidades financieras por valor de 9 millones de euros, unos 1.500 millones de las antiguas pesetas. Pero el contrato con Copresa venció en 1994 y los terrenos ni se habían desarrollado ni se cumplió con el requisito de aprovechar los mismos para construir una universidad católica en Estepona.
Un "agujero" de 12 millones
La declaración de quiebra de la empresa, que sólo devolvió tres de los cerca de 12 millones de euros de agujero creado, obligó al prelado valenciano a negociar la cesión a Unicaja del 50%del legado para evitar que se disgregara: "fue el peor momento, porque el prelado había dejado la herencia en manos de una empresa sugerida por la Conferencia Episcopal y ahora lo habían dejado solo y con seis bancos exigiendo el dinero prestado", recuerdan aún las personas que pasaron esos días junto a Úbeda. Algunos opinan que fue "una desafortunada jugada" de la propia jerarquía eclesiástica, ya entonces en manos de los obispos más conservadores, hacia un prelado próximo a las tesis de Tarancón. Pero todas las personas consultadas destacan "la entereza y el empeño de Úbeda por evitar que de la quiebra se aprovecharan los de siempre".Un hijo de Gil ocupó una finca
Entretanto se llegaba a un acuerdo con Unicaja, Teodor Úbeda se tuvo que enfrentar a una dificultad añadida: la usurpación, por parte del Ayuntamiento de Estepona -entonces en manos de uno de los hijos de Jesús Gil- de parte de una de las fincas de la herencia. Sobre El Ciprés, Gil Marín instaló La Carpa, un palacio de congresos desmontado de la Expo 92 que fue adquirido a bajo precio por Estepona. Tras años de pleitos, en 1998 la sección quinta de la Audiencia Provincial de Málaga obligó al ayuntamiento a devolver la posesión de la finca El Criprés, según publicó en su momento Santiago Sanchis en El Periòdic d'Ontinyent.
Finalmente, en 2002, la caja de ahorros malagueña anunció que había hecho efectivo a los bancos el dinero prestado a Corporación de Promotores Europeos, SA. A cambio, se quedó con el control del 50% del total de los terrenos de la herencia. Posteriormente, el empresario Juan José Hidalgo, propietario del grupo turístico Globalia, que incluye a empresas como Viajes Halcón, adquirió las fincas en agosto de 2005 por 60 millones de euros. Hidalgo pagó esta cantidad después de asegurarse que el Ayuntamiento de Estepona había iniciado los trámites para aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que iba a convertir estos terrenos en suelo residencial.
Tres años después, la polémica sobre el destino de la otra mitad de la herencia, ha emergido tras las quejas de un grupo de feligreses de Ontinyent molestos porque el Arzobispado de Valencia ha acabado teniendo el control de los 23,3 millones que se debían haber repartido entre tres entidades religiosas de la capital de la Vall d'Albaida que, como ha venido contando Levante-EMV, esperan desde hace dos años que el dinero sea ingresado en sus cuentas.
El testamento establecía que un 10% (5,8 millones) de su herencia debía ser destinada a Cáritas Interparroquial de Ontinyent, un 20% (11,7 millones) para obras parroquiales de Santa María de Ontinyent y otro 10% (5,8 millones) para la Casa de Ejercicios Espirituales de Santa Anna, también de Ontinyent. Una vez vendidos los terrenos, y aunque en ninguna cláusula de las últimas voluntades de María Nadal se propusiera esta opción, el Arzobispado de Valencia decidió crear tres pías memorias.
La quiebra de una firma vinculada a la cúpula de los obispos puso en peligro la herencia Nadal
El próximo 23 de marzo se cumplirán 30 años de la muerte de María Catalina Nadal. Tres décadas después de su muerte, la multimillonaria herencia que legó a tres entidades de su Ontinyent natal, continúa siendo motivo de controversia, la misma que ha acompañado su gestión en los últimos diez años.
Ricard Gallego, Ontinyent
Ahora se ha sabido que la intervención, a mediados los años 90, del entonces obispo de Mallorca, Teodor Úbeda, nombrado albacea testamentario, evitó que acabaran subastados por los bancos la mayoría de los bienes atesorados en Estepona por la familia de la madre de las conocidas como les senyoretes de Nadal, que llegó con su padre, Antonio Guerrero, a Ontinyent a finales del siglo XIX, tras ser designado juez de la ciudad.
El obispo Úbeda, natural de Ontinyent y que en su etapa de sacerdote fue confesor de la familia Nadal, decidió afrontar la complejidad y magnitud de una herencia cuyos terrenos se encontraban en la denominada milla de oro de la Costa del Sol. María Nadal dejó escrito que el albacea del legado sería, en primer lugar, el párroco de Nuestra Señora de los Remedios, y que a su muerte o incapacidad sus atribuciones pasaran a Teodor Úbeda, como así sucedió a finales de los años ochenta, justo en plena expansión urbanística de la Costa del Sol malagueña.
Quienes más conocieron a Teodor Úbeda aseguran que el prelado valenciano "se dejó la vida" por conseguir que se cumpliera las últimas voluntades de les senyoretes de Nadal. Pero Úbeda, desde que recibió el testamento de manos del Obispo de Málaga, en 1988, se vio obligado a plegarse a las "sugerencias" del entonces vicesecretario de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, Bernardo Herráez, ex presidente de la cadena COPE, que le recomendó dejar la gestión urbanística y financiera del legado en manos de Corporación de Promotores Españoles, SA, que acababa de ser creada con un capital de 498 millones de pesetas. La mercantil Copresa, con domicilio en la calle Maldonado de Madrid, tenía entre sus accionistas -la mayoría personas de la alta sociedad madrileña- a nombres como Antonio Díez de Rivera, hermano de la que fue jefa de Gabinete de Adolfo Suárez; Marcial Campos Calvo-Sotelo, Pedro Basterrechea o empresas afines a la Conferencia Episcopal como Grupo Recoletos, 13. Al frente de la misma se situó a José Navarro López, que algunas fuentes sitúan como próximo a Joaquín Navarro Valls, ex portavoz del Vaticano.
A esta empresa se le encomendó negociar con los colonos de las tierras y desarrollar urbanísticamente los 2,5 millones de metros cuadrados que constituían la Herencia Nadal, que a su vez se dividió en dos partes: la Fundación José Nadal y los bienes de María y Carmen Nadal. Para hacer frente a todas estas gestiones, que necesitaban de la intervención municipal para reclasificar los terrenos, el obispo Teodor Úbeda estableció una línea crediticia con seis entidades financieras por valor de 9 millones de euros, unos 1.500 millones de las antiguas pesetas. Pero el contrato con Copresa venció en 1994 y los terrenos ni se habían desarrollado ni se cumplió con el requisito de aprovechar los mismos para construir una universidad católica en Estepona.
Un "agujero" de 12 millones
La declaración de quiebra de la empresa, que sólo devolvió tres de los cerca de 12 millones de euros de agujero creado, obligó al prelado valenciano a negociar la cesión a Unicaja del 50%del legado para evitar que se disgregara: "fue el peor momento, porque el prelado había dejado la herencia en manos de una empresa sugerida por la Conferencia Episcopal y ahora lo habían dejado solo y con seis bancos exigiendo el dinero prestado", recuerdan aún las personas que pasaron esos días junto a Úbeda. Algunos opinan que fue "una desafortunada jugada" de la propia jerarquía eclesiástica, ya entonces en manos de los obispos más conservadores, hacia un prelado próximo a las tesis de Tarancón. Pero todas las personas consultadas destacan "la entereza y el empeño de Úbeda por evitar que de la quiebra se aprovecharan los de siempre".Un hijo de Gil ocupó una finca
Entretanto se llegaba a un acuerdo con Unicaja, Teodor Úbeda se tuvo que enfrentar a una dificultad añadida: la usurpación, por parte del Ayuntamiento de Estepona -entonces en manos de uno de los hijos de Jesús Gil- de parte de una de las fincas de la herencia. Sobre El Ciprés, Gil Marín instaló La Carpa, un palacio de congresos desmontado de la Expo 92 que fue adquirido a bajo precio por Estepona. Tras años de pleitos, en 1998 la sección quinta de la Audiencia Provincial de Málaga obligó al ayuntamiento a devolver la posesión de la finca El Criprés, según publicó en su momento Santiago Sanchis en El Periòdic d'Ontinyent.
Finalmente, en 2002, la caja de ahorros malagueña anunció que había hecho efectivo a los bancos el dinero prestado a Corporación de Promotores Europeos, SA. A cambio, se quedó con el control del 50% del total de los terrenos de la herencia. Posteriormente, el empresario Juan José Hidalgo, propietario del grupo turístico Globalia, que incluye a empresas como Viajes Halcón, adquirió las fincas en agosto de 2005 por 60 millones de euros. Hidalgo pagó esta cantidad después de asegurarse que el Ayuntamiento de Estepona había iniciado los trámites para aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que iba a convertir estos terrenos en suelo residencial.
Tres años después, la polémica sobre el destino de la otra mitad de la herencia, ha emergido tras las quejas de un grupo de feligreses de Ontinyent molestos porque el Arzobispado de Valencia ha acabado teniendo el control de los 23,3 millones que se debían haber repartido entre tres entidades religiosas de la capital de la Vall d'Albaida que, como ha venido contando Levante-EMV, esperan desde hace dos años que el dinero sea ingresado en sus cuentas.
El testamento establecía que un 10% (5,8 millones) de su herencia debía ser destinada a Cáritas Interparroquial de Ontinyent, un 20% (11,7 millones) para obras parroquiales de Santa María de Ontinyent y otro 10% (5,8 millones) para la Casa de Ejercicios Espirituales de Santa Anna, también de Ontinyent. Una vez vendidos los terrenos, y aunque en ninguna cláusula de las últimas voluntades de María Nadal se propusiera esta opción, el Arzobispado de Valencia decidió crear tres pías memorias.
posted by j.I @ 4:36 AM
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