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Thursday, February 21, 2008

El ´caso Hidalgo´, en dique seco

La Opinión de Málaga. Jueves 21 de febrero de 2008

El ´caso Hidalgo´, en dique seco

Las defensas tratarían de invalidar el delito de blanqueo para reducir el caso a fraudes al fisco z La investigación policial está cerrada pero queda pendiente la apertura de piezas por otros delitos
M. A. REINA / J. A. SAU. MÁLAGA
La imputación por el TSJA del juez Francisco Javier de Urquía por los supuestos pagos de Juan Antonio Roca y por presuntos delitos cometidos en la causa de la que él mismo era instructor, la operación ´Hidalgo´, han sido dos cargas de profundidad contra este proceso, pero en modo alguno las únicas, según informaron a La Opinión fuentes de la investigación, que sospechan que la paralización que ha sufrido el caso desde julio de 2007 podría responder a "presiones procedentes tanto del ámbito político como de los tribunales".
Este colapso obedecería a dos estrategias; una dirigida a ralentizar la instrucción "para evitar que la investigación llegue a otras instancias", y otra dirigida desde el ámbito de las defensas de los principales procesados, que perseguiría evitar el ingreso en prisión mediante la nulidad de la causa por blanqueo; lo que reduciría el caso a meros delitos fiscales.Las citadas fuentes criticaron la interinidad de los jueces designados para sustituir a Urquía, de manera que la causa "conocerá seis instructores en menos de un año", así como el perfil de los jueces designados, más centrados en asuntos civiles que en causas penales.
Sustituciones. Primero fue el juez Gonzalo Dívar, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, de manera provisional; luego fue nombrado titular el magistrado Manuel Martín Hernández-Carrillo, cuyo nuevo traslado ha sido aprobado en fechas recientes, por lo que los investigadores están aún a la espera de conocer quién será el próximo instructor del caso.
Después de Manuel Martín, los jueces Francisco Valverde y Ricardo Pujol, ambos en comisión de servicios, tuvieron fugaces intervenciones en el caso. Ahora el sillón vuelve a estar vacante, "nadie quiere ir a ese juzgado", según fuentes judiciales, que señalaron que "ha sido ofertada a través de la Sala de Gobierno del TSJA". Pero los investigadores ven una "mano negra" en la designación de los instructores.
Además de la trama principal del ´caso Hidalgo´ y las dos causas abiertas en el TSJA, la presunta relación del juez Urquía con otros procesados en dicho sumario y su acceso a las diligencias una vez apartado del puesto por el CGPJ han dado lugar a la apertura de al menos otros dos sumarios en los juzgados de la capital. El juez Juan Antonio Barroso, titular del juzgado de Instrucción número 11, investiga un presunto intento de extorsión de 8 millones de euros al propietario de los hoteles Puente Romano y Marbella Club, a cambio del levantamiento de medidas cautelares contra el primero, que estaba embargado por el ´caso Hidalgo´.

Escuchas. Por otro lado, la magistrada Elena Sancho Mallorquín, titular del juzgado de Instrucción número 9, instruye una causa por el levantamiento de medidas cautelares contra otros dos procesados, uno de los cuales, el empresario Jan Nadir, habría pagado una gran suma de dinero por promover en Estepona.
De manera paralela, desde el ámbito de las defensas de los principales procesados se trataría de invalidar la acusación de blanqueo mediante la anulación de las escuchas telefónicas por "carencia de motivación"; un argumento que ya intentó utilizar sin éxito una de las procesadas, la decana de los notarios marbellíes, Amelia Berguillos, cuando recurrió el auto dictado para su detención. No obstante, las fuentes judiciales citadas recordaron que muchas de las escuchas practicadas en ´Hidalgo´, así como varios registros, ya fueron anuladas por el juez Martín Hernández-Carrillo por ese motivo.
Pero la policía sigue empeñada en mantener los cargos de blanqueo, que considera "sólidamente apoyados" en pruebas documentales al menos en los ocho casos citados por la Fiscalía Anticorrupción. Uno de ellos es el relacionado con el empresario Azan Khan, procesado por un fraude multimillonario a la hacienda belga en el impuesto sobre hidrocarburos. Según las fuentes, Cruz-Conde negó conocer la procedencia del dinero de Khan a pesar de que siguió operando con éste incluso después de prestar declaración en una comisión rogatoria sobre dicho fraude.