La Cámara de Cuentas fiscalizará este año los convenios firmados en el último mandato

Diario Sur. Domingo 20 de enero de 2008

La Cámara de Cuentas fiscalizará este año los convenios firmados en el último mandato

Este órgano revisará los acuerdos que hayan modificado el PGOU, la venta de aprovechamientos y si ésta se ha adaptado a los fines establecidos El informe sobre 1997-1998 detectó un perjuicio para las arcas de 4,7 millones

La Cámara de Cuentas de Andalucía analizará durante este año los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Estepona en los últimos cinco años. La comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz aprobó esta propuesta, que ya está incluida en la lista de actuaciones de la Cámara de Cuentas; si bien, aún no se ha fijado el calendario, según explicó a este periódico el representante de Izquierda Unida (IU) en este órgano de control, Rafael Rodríguez.

El pleno de la corporación municipal aprobó por unanimidad esta propuesta en diciembre de 2006. El portavoz de la coalición de izquierdas, Eduardo Alarcón, justificó entonces la urgencia de la moción en la necesidad de incluir este acuerdo plenario en el plan de actuaciones de la Cámara de Cuentas para el ejercicio de 2007. Si bien, un error del Ayuntamiento en la tramitación de esta petición retrasó este procedimiento.

Y es que el Consistorio esteponero remitió directamente la solicitud de fiscalización a la Cámara de Cuentas sin pasar previamente por el Parlamento andaluz.

Análisis

En la petición de la coalición de izquierdas -ahora en el equipo de gobierno, junto a PSOE y PA- se propone el análisis de los acuerdos urbanísticos que se hayan promovido para la modificación o inclusión en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); así como la fiscalización de los aprovechamientos enajenados y si éstos se han adaptado a los fines establecidos para el patrimonio municipal del suelo.

Para defender la urgencia de esta propuesta, Alarcón se basó en la alarma social en materia de urbanismo que se creó tras la decisión a finales del anterior mandato del alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, de no firmar convenios de planeamiento durante lo que restaba de legislatura.

«Ante los efectos negativos que transmiten los casos de presunta corrupción urbanística, la medida dará una respuesta efectiva a una demanda ciudadana que constituya una medida de transparencia y elimine cualquier duda sobre la gestión del urbanismo», esgrimió entonces Alarcón.

Gobierno del GIL

No será la primera vez que los acuerdos urbanísticos firmados por el Consistorio esteponero se sometan a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, órgano técnico dependiente del Parlamento andaluz.

El informe llevado a cabo en referencia al periodo 1997-1998, correspondiente al gobierno de GIL, puso de manifiesto irregularidades en el Ayuntamiento con un perjuicio económico para las arcas municipales de unos 4,7 millones de euros.