El derecho al pataleo

Editorial Estepona Información. Sábado 19 de enero de 2008

El derecho al pataleo

Era de esperar. El pleno extraordinario celebrado por la Corporación Municipal a instancias de los grupos de la oposición, Partido Estepona y Partido Popular, no ha servido más que para que éstos, los solicitantes, se hayan dejado notar ante la opinión pública y, de alguna manera, justificar su existencia. Desde hace unos años, con la entrada en vigor de la reforma legal que afecta a las normas de funcionamiento de los ayuntamientos, la oposición ha ganado en derechos y se les ha reconocido uno fundamental e imprescindible para una sociedad democrática moderna, el de poder solicitar, con un veinticinco por ciento de concejales firmando la petición, una sesión plenaria para que se debatan los asuntos que ellos, desde su orilla, consideran importantes para la actividad municipal y, de paso, fiscalizar la acción del gobierno. Es un derecho que el alcalde está obligado a cumplir, no es una concesión fruto de su benevolencia y, en su defecto, se les concede a los solicitantes, por imperativo legal, amparándoles ante los alcaldes, que los hay, prepotentes y endiosados. La celebración de este pleno extraordinario ha levantado más polvareda, por la novedad, que por lo efectivo que haya podido resultar. Desde el primer momento las posturas estaban muy claras. De un lado los peticionarios, queriendo arrancar algún compromiso del gobierno y de otro, el gobierno, sin ánimo de ceder un ápice a esas pretensiones. En los días previos se destacó por los solicitantes que no se les había entregado la documentación requerida y que el orden del día establecido respondía a una interpretación libre de sus peticiones. Llegados al momento del debate, el asunto se convirtió en la estrella del acto, tanto que incluso Partido Estepona y Partido Popular votaban en contra de sus propuestas, a modo de protesta, aludiendo a esa falta de información. La gracieta de la jornada venía de la mano del portavoz del principal grupo de gobierno, que se permitió la licencia de llamar indocumentados a los concejales de la oposición por no tener o aportar la documentación, una salida fuera de tono cuando él, aunque sólo sea por los kilómetros recorridos en el mundo político, sabe perfectamente que es el gobierno, el que tiene que aportar documentación porque, entre sus obligaciones, se incluye la responsabilidad de custodiar de los documentos, algo sobre lo que la oposición no tiene ninguna potestad y, especialmente, porque ese era el objetivo de la petición de pleno, tener una documentación en su poder que les hubiese permitido, quizá, poner en evidencia algunas actuaciones. El pleno ya es historia, ha sido el primero de estas características celebrado en Estepona, y todo hace presagiar que se producirán algunos más, para que la oposición tenga voz propia y pueda plantear cuestiones que, hasta la fecha, parecían exclusivas del gobierno y, como cualquier otro gobierno, sea del carácter o color que sea, practica la máxima de que al adversario, ni agua.Si PES y PP querían llamar la atención, lo han conseguido, pese a las sordinas que tan bien maneja el equipo de gobierno. Es su derecho al pataleo, un derecho reconocido pero que, a la postre, sólo ha servido para eso, patalear, y poco más.