Las "tropelías" urbanísticas en España cuentan con la "connivencia" de las autoridades, asegura un catedrático

El Periodico de Estepona. Jueves 30 de agosto de 2007

Las "tropelías" urbanísticas en España cuentan con la "connivencia" de las autoridades, asegura un catedrático

Por Agencias
Del Rosal califica de "ridículo" que el Código Penal se emplee para castigar los delitos urbanísticos

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante Bernardo del Rosal sostiene que "es inimaginable pensar" que todas las "tropelías urbanísticas" que se han cometido en España "no hayan sido con la connivencia cómplice o con la tolerancia de las autoridades administrativas", en el desarrollo de uno de los cursos que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede Antonio Machado de Baeza (Jaén).

Así, afirmó que, en relación con el 'caso Malaya', la Junta de Andalucía "debería haber actuado antes" porque las leyes "le daban capacidad para hacerlo", asegurando al tiempo que "algo ha fallado" en el Ejecutivo andaluz. Por ello, aclaró que, a su entender, este caso de corrupción ha supuesto "un punto de inflexión" y "al margen de algunas actuaciones", ha sido también "un revulsivo".

De igual modo, Del Rosal, que disertó acerca de 'Corrupción y delincuencia urbanística', aclaró que "han fallado todos los escalones del sistema", concretando que, en primer lugar, lo ha hecho la Administración porque el urbanismo es "una función publica" y todas las potestades relacionadas con él "lo son también".

Al hilo, aseguró que la justicia contencioso-administrativa era, en algunas zonas de España y hasta hace unos años, "lenta, incapaz de ejecutar sus resoluciones y complaciente con el poder administrativo". Asimismo observó que la jurisdicción penal del Ministerio Fiscal "ha fracasado igualmente hasta hace poco tiempo". "También ha habido --continuó-- una cierta tolerancia social hacia este tipo de fenómenos porque han beneficiado, sobre todo, a las clases medias y altas que, con la especulación urbanística han visto incrementado el precio de sus viviendas, lo que les ha permitido acceder a otra calidad de vida".

Junto a esa "sensación de riqueza que se ha generado", del Rosal añadió que "también ha influido el que hayamos sido capaces de soportar el problema social de la inmigración gracias a los empleos" proporcionados por la construcción, replicando, no obstante, que "ahora el sistema empieza tímidamente a volver a funcionar".

Intromisión ridícula

Por otra parte y en lo que se refiere a la reforma del Código Penal, pendiente de aprobación por el Parlamento, el catedrático calificó de "ridículo" que el citado Código "se meta a castigar delitos como las construcciones ilegales, sin licencia o la invasión de espacios verdes".A su entender, "no tiene sentido" porque es misión del Derecho Administrativo y, "si éste no funciona habrá que tomar medidas pero no suplantar la función del Administrativo con el Penal". Por ello, recalcó que los delitos urbanísticos incluidos en el artículo 319 "debe desaparecer" y es necesario "mejorar técnicamente" los aspectos relativos a la lucha contra la corrupción administrativa.

De otro lado, matizó que la posible sensación de impunidad que tiene la ciudadanía en torno a la comisión de estos delitos "se centra en cómo funciona la regulación legal" y no en la propia regulación."Es cierto --explicó-- que cuanto mejor y más caro es el abogado, suele poner más en aprietos a la Justicia Penal porque la obliga a hacer las cosas mejor de lo que las hace". "Sin embargo, ésta debería actuar con toda diligencia en todos los casos, independientemente del abogado y si éste puede hacer que un cliente culpable salga impune, es que la justicia no ha hecho los deberes", aseveró.

A este respecto, criticó que a veces los sumarios "se tramitan con ligereza", haciendo cosas "incomprensibles más de cara a la galería que de cara a la realidad de cómo se deben de hacer las cosas". En esa línea, censuró que ha habido algunas actuaciones de la justicia "que parecen hechas para los programas del corazón".

Por último, el catedrático incidió en que "es cierto que el derecho penal encarcela a más gente pobre que poderosa" pero aclaró que "no es menos cierto que hace unos años era inimaginable que un banquero, un alcalde o un concejal entrara en prisión y ahora no lo es." De todos modos, "probablemente no es suficiente" ya que en ocasiones "queda la sensación de que ante determinadas "tropelías no pasa nada y nadie hace nada".