El "caso Astapa" desvela la concesión irregular de un chiringuito en la playa

El "caso Astapa" desvela la concesión irregular de un chiringuito en la playa

ABC. El sumario del "caso Astapa" desvela las conversaciones entre la entonces concejala de Playas de Estepona (Málaga), Marisa Rodríguez-Pino, y el abogado Juan Simón, quien está interesado "en la concesión irregular de una licencia para la instalación de un chiringuito en la playa".

En una conversación telefónica mantenida el 6 de septiembre de 2007, Simón le muestra su interés en una parcela de la playa de El Padrón para instalar allí un chiringuito, según recoge un informe policial incluido en el sumario del "caso Astapa", que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona.

La edil le informa de que tiene que ver la titularidad de la parcela y el Plan General, así como la posibilidad de sacarla a licitación y plantearlo en la Demarcación de Costas, y de que todo ello lo abordará con el arquitecto Arturo Cebrián, también imputado en la causa.

Rodríguez-Pino le pregunta si él consta "como socio, como administrador" de la sociedad que va a concurrir a la licitación, a lo que Simón le responde que no, y la concejala afirma en ese momento "perfecto, mucho mejor así".

La conversación continúa con Rodríguez-Pino preguntándole a Simón sobre "lo del crédito" y quién le va a hacer la transferencia del dinero, a lo que Simón responde que "eso te lo daremos en efectivo para que no conste ni transferencia ni nada".

La concejala de Playas le dice que eso mismo le iba a proponer ella, "porque, por ejemplo, cada seis meses yo lo guardo en casa, lo voy metiendo cada mes y a nadie le canta" y añade que "si se hace una transferencia, siempre deja huellas y siempre va a cantar".

Según la Policía, dichas actuaciones podrían ser constitutivas de un delito de cohecho, porque la concejala se aprovecha de su condición de funcionaria pública para tramitar la licitación de parcelas en la playa.

Además, añade el informe, "estaría clara la dádiva en el tipo delictivo correspondiendo a la entrega de dinero en efectivo" y que a cambio de ese dinero "la concejala va a hacer un acto irregular en el ejercicio de su cargo".

A Rodríguez-Pino se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, mientras que a Simón se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.