Varapalo del Parlamento Europeo por el urbanismo descontrolado

Varapalo del Parlamento Europeo por el urbanismo descontrolado

La Eurocámara aprueba un informe demoledor que propone la congelación de fondos comunitarios para España · El documento responsabiliza a todas las administraciones y a la Justicia de los "abusos"

Diario de Sevilla. Con 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones aprobó ayer el Parlamento Europeo el informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del derecho comunitario defendido por la parlamentaria de Los Verdes Margrete Auken. En el documento se solicita la congelación de los fondos comunitarios que se destinan a España en el caso de que no se resuelvan los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por los ciudadanos.

De las 12 peticiones remitidas desde Andalucía, 6 hacían referencia a la Costa del Sol, y más concretamente a Marbella y Estepona, mientras que Almería congrega una cuarta parte de los casos andaluces denunciados. En cuanto a Marbella se pone en entredicho la legalización de "decenas de miles de viviendas irregulares a través de un nuevo PGOU que no brinda seguridad jurídica ni garantías a los compradores, los propietarios y los ciudadanos en general", mientras que en Estepona, las denuncias versan sobre el cobro de cargas urbanísticas "excesivas". También en la provincia de Málaga se señala que en Ronda se produce una "violación de los derechos de propiedad". En Almería, el informe Auken denuncia la "construcción abusiva en el río Adra sobre una zona protegida", así como el proyecto de urbanización ilegal en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la "violación de áreas protegidas en Bédar". Por último, hace referencia también a la localidad gaditana de San Roque, donde según el documento hay un "cobro de cargas abusivas" , además de una denuncia más genérica por la "apropiación de terreno por parte del Gobierno regional".

A pesar de que el documento aprobado ayer solicita la congelación de los fondos europeos para España, tanto el PSOE como el PP se muestran escépticos con la puesta en marcha de esta medida. El europarlamentario del PP José Manuel García-Margallo, aseguró que "la privación de fondos es radicalmente imposible", si bien señaló que, aunque no habrá consecuencias legales para España, se daña la imagen del país al presentarlo como "una especie de república bananera en la que la gente puede robar su propiedad sin posibilidad de un recurso judicial efectivo".

Frente al voto en contra de los populares españoles, los eurodiputados del PSOE se abstuvieron en la votación de este punto "por respeto a las opiniones críticas" de los ciudadanos a partir de las cuales se ha realizado el informe, según explicó la eurodiputada socialista Inés Ayala, que lanzó un mensaje de tranquilidad respecto a la congelación de fondos ya que, según explicó, "en otras ocasiones en las que el Parlamento ha intentado congelar fondos a algún país, la comisión de Presupuestos de la institución "lo ha rechazado".

La de ayer fue la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. En el informe sometido a votación se hace referencia a la Ley de Costas, de la que dicen "afecta desproporcionadamente a los propietarios particulares de bienes mientras que no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción costera, responsables, en muchos casos, de unos desarrollos urbanísticos excesivos en las costas". El texto propone "suspender y revisar" todos los planes urbanísticos nuevos que no garanticen el respeto por la propiedad y el medio ambiente. Además, denuncia que "todas las administraciones -central, autonómica y local- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias" medioambientales, sociales y económicas.

El rosario de críticas incluye también a la justicia, ya que según el informe, las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que la "laxitud" en los procedimientos judiciales "ha generado una forma de corrupción endémica".