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Sunday, December 21, 2008

Entre la indignación y la incertidumbre

Entre la indignación y la incertidumbre

Los vecinos de Estepona viven con estupor la situación del municipio y critican que ocho concejales imputados en 'Astapa' sigan en la Corporación

Diario SUR.«Injusto», «inmerecido» y «preocupante». Así definen muchos vecinos lo que ha sucedido en el municipio en los últimos seis meses tras el inicio de la 'operación Astapa', que acabó con el ingreso en prisión del ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, desde la semana pasada en libertad bajo fianza. El varapalo judicial ha dejado a un tercio de los ediles de la Corporación imputados en la presunta trama de corrupción municipal y a un equipo de gobierno de coalición en minoría (PSOE, PA, IU y Estepona 2007) con fuertes dificultades para sacar adelante sus proyectos y que despierta inseguridad en los ciudadanos.
Este escenario ha levantado opiniones encontradas entre los vecinos acerca de las vías para encauzar el futuro del municipio y garantizar la estabilidad municipal. La Plataforma de Vecinos de Estepona, que aglutina a decenas de asociaciones y colectivos, se ha mostrado contundente desde que se inició la 'operación Astapa'. El próximo enero retomarán las movilizaciones para «pasar página» y «recuperar la dignidad» en el Ayuntamiento esteponero. Su fórmula es la disolución y la convocatoria de nuevas elecciones locales. «Una Corporación débil, agarrotada por litigios internos, atenazada por graves imputaciones a una parte de sus miembros, sustentada en apoyos interesados, incapaz de acometer la solución a los problemas de nuestro pueblo, no goza de la confianza de los ciudadanos y no tiene más salida que la de la regeneración radical e inmediata», esgrime el portavoz del colectivo, José Manuel Susino.
Para este colectivo, la paralización de la actividad municipal y de la vida económica es «patente» y «notoria». «Las soluciones de que se ha de dotar el pueblo y la acometida de los proyectos que nos pueden devolver la confianza en el futuro difícilmente se pueden emprender en la situación presente. La degeneración ha llegado a tal extremo que hace inviable el sostenimiento de la actual Corporación por más tiempo», añaden desde la plataforma de vecinos, que siguen sus protestas por la subida de impuestos.
Los empresarios no les acompañan en esta solicitud. «No me gustaría disolver el Consistorio porque eso lleva un plazo largo y el pueblo no está para eso», mantiene el presidente de la Asociación de Empresarios de Estepona (AEE), Gabriel Rubio, que se mostró convencido de capacidad del actual equipo de gobierno para garantizar la gobernabilidad del municipio sin necesidad de integrar a los concejales populares como ha intentado el equipo de gobierno. «No se necesitan pactos con el PP. Si las propuestas que se presentan son importantes van a salir adelante», agrega Rubio. Con él coincide la secretaria de la Asociación de Vecinos Pablo Picasso-Blas Infante, Nekane Garín: «El pueblo no va a perdonar que los políticos no colaboren para que Estepona salga adelante». Con todo, el representante de los comerciantes fija la crisis económica como el principal problema del municipio. «El problema de la ciudad no se debe a 'Astapa', sino a la situación financiera del país», asegura el presidente de la AEE.
A favor de la dimisión
La incorporación de dos ediles del PES, que se encontraban en prisión hasta hace una semana, ha reforzado el papel de la oposición. Tanto es así que el grupo con más miembros lo forman los concejales no adscritos, representados por ocho ediles. La postura de los colectivos es casi unánime y coinciden en que los imputados deberían dejar su acta. Los más vehementes en esta demanda son los integrantes de la plataforma socio-cultural Rosas Rojas. Éstos pretenden repartir 5.000 panfletos en los que se enumeran los concejales con los delitos que presuntamente le imputa la jueza que instruye el caso; así como el significado de los mismos. «Habría que hacer que las leyes se modificaran para que los ediles no se aferraran a sus actas», dijo el presidente de esta plataforma, José Martínez. «Queremos que se vayan y entren personas serias y honestas», agrega el presidente de Aldea Tropicana.
Las dificultades económicas heredadas han limitado los servicios que reciben los vecinos. El presidente de la Asociación San Cristóbal, en Nueva Atalaya, Eduardo Pachón, pone un ejemplo. «La Tenencia de Alcaldía lleva meses clausurada porque no tienen dinero para pagar los gastos, pese a que ellos les cedieron el local».
El Ayuntamiento tiene el reto de sanear en los próximos años las arcas municipales, que arrastran una deuda de más de 90 millones y desbloquear proyectos emblemáticos. La tarea no será fácil. «Es complicado y durísimo», comparten los vecinos, inseguros cuando se les pregunta por futuro. Eso sí, muchos echan mano del refán que dice que «después de la tempestad, viene la calma».


DIEGO REYES AA.VV. PEPE SERRANO
«Es una situación injusta. El pueblo no se merece lo que ha pasado a raíz de 'Astapa'»

JOSÉ MARTÍNEZ PLATAFORMA ROSAS ROJAS
«Habría que modificar las leyes para que los imputados no se aferraran a su acta»

LUIS PINTADO JUBILADO
«El Ayuntamiento se puede gestionar con buena voluntad y con personas serias y honestas»

CHELO RODRÍGUEZ ESTUDIANTE
«Los políticos han provocado una situación complicada contratando a gente para conseguir votos»

MIGUEL QUIRÓS PLATAFORMA DE VECINOS
«La degeneración ha llegado a un extremo que hace inviable la actual Corporación»

GABRIEL RUBIO ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
«El problema de la ciudad no se debe a 'Astapa' sino a la situación financiera del país»