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Saturday, November 10, 2007

El Ayuntamiento de Estepona investiga a la empresa de la grúa

Diario Málaga Hoy. Sábado 10 de noviembre de 2007

El Ayuntamiento de Estepona investiga a la empresa de la grúa

ESTEPONA. Peligra la prestación del servicio de retirada y depósito de vehículos de Estepona. La junta de gobierno local aprobó ayer abrir un expediente a la concesionaria, Rimasa 2003, debido a las "numerosas irregularidades detectadas en la prestación del servicio" según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Sánchez (PSOE).
El socialista aseguró que el servicio había sido interrumpido varias veces sin argumentos, a lo que añadió que los vehículos carecen de la autorización preceptiva de transporte y además prestan servicio en otros municipios.
En cuanto a las instalaciones en sí, Sánchez señaló que el Ayuntamiento tiene "varios escritos de Sevillana-Endesa en los que se informa del uso fraudulento que se está haciendo del servicio eléctrico que se ha enganchado sin contador" incluso después de que Endesa cortara el suministro tras detectar el fraude.
Se da la circunstancia de que, precisamente ayer, la adjudicataria de la grúa presentó un escrito en el Ayuntamiento anunciando la suspensión total del servicio alegando la mala situación que atraviesa la empresa, sobre todo por el impago del Consistorio que, según Sánchez, "dicen que lleva ocho meses sin pagarles".
A pesar de estos datos, el edil dice no entender estos argumentos porque "en noviembre de 2006 se concedió una subvención a la empresa por 211.000 euros y los pagos se han ido haciendo a la Seguridad Social ya que Rimasa no pagaba las cuotas correspondientes y arrastra ya una deuda de 36.000 euros con este organismo".
En el caso de que el servicio se suspenda tal y como se comunicaba en el escrito dirigido ayer al Ayuntamiento, "el Consistorio incautará el servicio y buscará a otra empresa que lo pueda prestar de manera inmediata y subsidiaria hasta que se convoque el concurso pertinente".
Sánchez se mostró sorprendido ante la presencia del concejal del PES, José Ignacio Crespo, en las inmediaciones del Ayuntamiento, acompañado por el propietario de la empresa concesionaria, Jaime Rico, y recordó que fue precisamente Crespo, cuando ejercía como concejal de Seguridad Ciudadana en el anterior mandato, quién "pretendía indemnizar a la empresa con 600.000 euros y ampliarle la concesión de cinco a 20 años". Finalmente la Junta de Gobierno decidió rebajar a 211.000 euros la indemnización y se opuso a la ampliación de la concesión.
Según explicó el portavoz del PES, "en el pliego de condiciones firmado con la citada sociedad se contemplaba que la concesionaria obtendría una serie de beneficios en concepto de rematriculación de vehículos, sin embargo, la legislación no permitía esta fuente de ingresos al considerar los coches como residuos sólidos, por lo que el servicio de grúa se convirtió en deficitario".