El País. Jueves 1 de noviembre de 2007

200 kilómetros de muralla de cemento

El Gobierno prevé demoler cinco urbanizaciones y un hotel en la Costa del Sol - Varapalo de Medio Ambiente a los planes urbanísticos de la Junta de Andalucía

La segunda entrega de la serie de reportajes de EL PAÍS sobre los atropellos urbanísticos en el litoral lleva a Málaga, donde Medio Ambiente actuará para paliar un auténtico catálogo de desmanes cometidos casi siempre antes de la Ley de Costas. Los derribos previstos afectan a toda la provincia.

Los 208 kilómetros del litoral malagueño, especialmente los situados entre la capital y Manilva, en el límite con Cádiz, son una muralla continua de cemento y cristal apenas interrumpida por la desembocadura de algunos ríos. En el conjunto de la provincia, el primer kilómetro desde el mar hacia el interior está urbanizado en un 50,8% y en multitud de puntos las edificaciones se sitúan casi encima del Mediterráneo.
El Ministerio de Medio Ambiente ha identificado numerosas invasiones, tanto de edificios, como de otro tipo de instalaciones, del dominio público marítimo terrestre, es decir, de la primera línea de litoral calificada de uso público por la Ley de Costas de 1988. Sin embargo, al contrario de provincias como Murcia, Cádiz y Almería, donde el Gobierno se ha centrado en proteger zonas todavía vírgenes, en Málaga las actuaciones de la Estrategia para la sostenibilidad de la costa buscan sobre todo paliar el daño que el desarrollo urbanístico -en un 80% anterior a la Ley de Costas- ha causado en las playas.
Las actuaciones que prevé para Málaga la Dirección General de Costas abarcan desde la demolición de desastres urbanísticos que han adquirido la categoría de símbolos, como el bloque de apartamentos Banana Beach en Marbella o el esqueleto del nonato hotel La Rada, en Estepona, hasta la reubicación de 600 chiringuitos levantados prácticamente sobre la arena. También se contempla la adquisición de las pocas grandes fincas cercanas al mar que quedan libres de ocupación, como el Playazo, en Nerja, o Arraijanal, en Málaga, y la "recuperación" del dominio público en zonas ocupadas por casas, campings, talleres y otras instalaciones como paso previo a su derribo y restauración. Uno de los elementos principales del plan de Costas para Málaga consiste en la aportación de arena para regenerar playas cuya recuperación natural se ha visto entorpecida por la presencia de espigones, puertos deportivos y otros obstáculos.
El ministerio sitúa el cambio climático como principal amenaza para el litoral malagueño, al que ha dividido en seis "áreas de gestión". Según la consultora que ha redactado la Estrategia, entre Nerja y Rincón de la Victoria, en la Costa del Sol oriental, es "probable" un aumento del nivel medio del mar de más de medio metro en 100 años, con el consiguiente riesgo de inundación. Las previsiones de Medio Ambiente dan un severo toque de atención a los planes urbanísticos y territoriales de la Junta de Andalucía en la Costa del Sol occidental que estiman que en la franja entre Fuengirola y Manilva la población se triplicará hasta los 1,7 millones de habitantes en una década. Una de las amenazas detectadas es "el crecimiento por encima de las necesidades reales" y el "entender la franja costera no como un enclave turístico sino como una conurbación".
En la actualidad sólo se ha terminado el 62% del deslinde del dominio público marítimo terrestre en el litoral malagueño. Sin embargo, el ingeniero jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Juan Carlos Fernández-Rañada, indica que "el resto del litoral ya tiene abiertos los expedientes en distintas fases de tramitación y en dos años estará completado". Además, muchas de las iniciativas contempladas en la Estrategia, como la adquisición de grandes fincas para evitar su urbanización, forman parte de actuaciones anteriores del ministerio, y ya están avanzadas. Costas está elaborando también un "inventario de ocupaciones" del dominio público con el que se podrán "iniciar las recuperaciones posesorias", asegura Fernández-Rañada.
Las tropelías urbanísticas en la costa malagueña comienzan ya en la misma frontera con Cádiz. En el municipio de Manilva (11.181 habitantes), Costas ha terminado el desmantelamiento del camping Chullera I y está negociando la salida del camping Chullera II para situarlo detrás de la llamada zona de servidumbre de protección, es decir la zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. "El criterio es realojar las instalaciones en los suelos más próximos posibles a la antigua ubicación", afirma Fernández-Rañada.
En el mismo Manilva, municipio que ha duplicado su población en cinco años, Costas propone demoler las viviendas situadas en dominio público. "Es una operación combinada con el Ayuntamiento. Ya hemos acordado el desalojo de 7 u 8 viviendas", asevera el jefe de Costas. Otra estrategia consiste en incorporar, por compra o por expropiación, 25.000 metros cuadrados de terreno en la playa del Negro, todavía poco explotada.
En la vecina Estepona, los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) y sus continuadores dejaron un edificio -el hotel La Rada- que se ha convertido en símbolo de los atropellos urbanísticos. El inmueble, que no llegó a terminarse, está ubicado entre el puerto de la localidad y la playa de La Rada, y Costas ya cuenta con una partida presupuestaria para demolerlo "de aquí a final de año". El principal problema que ha tenido este expediente, que "ocupa una habitación entera", afirma Rañada, es que el promotor del edificio se lo vendió a un "comprador de buena fe", que ignoraba que estuviera situado en una zona prohibida.
En ministerio se plantea recuperar el suelo costero ocupado por la urbanización Bahía Dorada, en la que algunos jardines e incluso las esquinas de varios chalés entra directamente en la playa. Poco más hacia el este, en el puerto de Estepona, se pretende adquirir una explanada anexa a las instalaciones portuarias para incorporarla al dominio público y evitar que sea pasto de la voracidad urbanística.
Al igual que ha sucedido con los planes urbanísticos tierra adentro, Marbella recoge algunas de las actuaciones más significativas de la estrategia de Costas. Sus 26 kilómetros de litoral son algunos de los más maltratados de la provincia y el desarrollo inmobiliario de las últimas décadas ha castigado sobremanera a sus playas, verdadero motor del turismo malagueño.
La actuación más emblemática en Marbella tiene nombre propio: Banana Beach. Medio Ambiente se suma a las voces que reclaman la demolición de este bloque de 238 apartamentos, calificado por el juez como "crimen urbanístico" y que supuso la primera condena de prisión al ex alcalde gilista Julián Muñoz. Además del derribo del inmueble, que sigue a la venta en Internet, Costas quiere incorporar al dominio público 120.000 metros cuadrados de suelo litoral entre Banana Beach y la urbanización Río Real, cuatro de cuyos nueve bloques están sujetos a una orden de derribo.
Medio Ambiente está dispuesto a recuperar las "servidumbres de tránsito" en las playas del Alicate, Costa Bella y Pinomar, en las que algunas viviendas de lujo han hecho de la playa prácticamente un coto privado. Entre las viviendas afectadas por esta medida se encuentra la polémica residencia del actor Antonio Banderas, y que anteriormente perteneció a la periodista Encarna Sánchez. Los jardines y la piscina de la casa se internan notablemente en la arena de la playa del Alicate.
En el casco urbano de Marbella, las actuaciones previstas buscan restaurar la continuidad de la playa y favorecer su regeneración natural. Para ello Costas desmantelará el puerto deportivo y lo realojará en el actual puerto pesquero. Esto permitirá rehabilitar y estabilizar los arenales, que prácticamente desaparecen cada vez que hay un temporal. "Con la presencia de edificios y paseos marítimos es casi imposible corregir la inestabilidad de los arenales. Al interrumpir las playas altera toda la dinámica litoral", asegura Fernández-Rañada. Además, el enladrillamiento costero ha enterrado las arenas con las que se podrían rehabilitar más fácilmente las playas, con lo que Costas debe recurrir al caro método de buscar material de relleno en obras públicas que precisan extracciones masivas de tierra, como aparcamientos o túneles de metro y AVE.
Siguiendo hacia el este, la principal preocupación de Costas en Mijas y Fuengirola consiste en la reubicación de los chiringuitos. La inmensa mayoría de los cerca de 600 establecimientos de este tipo se encuentran ubicados directamente sobre la arena. En Benalmádena, localidad gran explosión urbanística. Costas derribará la residencia de ancianos de Unicaja en cuyos bajos se sitúa el Aula del Mar.
En la capital malagueña se concentran algunas de las actuaciones más espectaculares y que afectan a barrios enteros. Costas insiste en su vieja idea de "esponjar" -léase derribar algunas partes- las casas que impiden el acceso a las playas de Pedregalejo y El Palo, así como las situadas prácticamente sobre la arena en La Araña.
En la Costa del Sol oriental, donde todavía quedan zonas libres de origen agrícola, los derribos se concentran en las casas situadas junto al puerto de Caleta de Vélez, además de las viviendas situadas bajo la línea de la N-340 en las playas de Lagos y Mezquitilla, que deberán ser realojadas en urbanizaciones cercanas. Una de las principales actuaciones consiste en comprar los terrenos detrás de la playa del Playazo en Nerja.