El juez apunta a tres empresas como las "vértebras" del 'caso Astapa'

El juez apunta a tres empresas como las "vértebras" del 'caso Astapa'

El juez que instruye el caso Astapa sobre la trama de corrupción institucional en Estepona (Málaga), Jesús Torres, ha levantado por quinta vez el secreto del sumario y centrado su atención en tres empresas, una pública y dos privadas, a las que considera "vértebras" en la investigación. Se trata de la sociedad pública Empladus, dedicada al planeamiento urbanístico, y de las entidades privadas Aedon y Ad Volution. En el caso de Aedon, el portavoz municipal del PP, Ignacio Mena, ex concejal de Urbanismo y testigo en la causa, se la describió al fiscal como una sociedad a la que el Grupo Independiente Liberal (GIL) adjudicó "la redacción global de todas las figuras de planeamiento de todo el término municipal". Es decir, por esa oficina pasaban todos los proyectos urbanísticos de la ciudad.

Eran los años 1995-1999 en los que el gilismo controlaba la ciudad y pretendía hacer el mayor negocio posible con los suelos del municipio desde el Ayuntamiento. Cuando en 1999 un gobierno cuatripartito expulsó al GIL de la alcaldía, el nuevo Ayuntamiento rechazó los proyectos presentados por Aedon al municipio a través de la sociedad Empladus, al considerar su precio desorbitado. Sin embargo, la empresa privada reclamó sus honorarios, cercanos a cinco millones de euros. Según la opinión de Mena, Aedon "redactaba sus proyectos a espaldas de los propietarios de los suelos y buscaban que estos "tuvieran altos costes para que así los márgenes de beneficios fuera mayores".

En 2003, recuerda Mena, el gobierno de coalición PSOE-PES (posgilistas) trató de solucionar la deuda con Aedon. Un arquitecto municipal tasó el valor de los proyectos que seguían siendo útiles en unos tres millones de euros, pero el gobierno local, presidido por Antonio Barrientos, ahora expulsado del PSOE, optó por seguir el consejo de un arquitecto externo y pagar a Aedon una cifra "cercana a cinco millones". Los suelos que se desarrollaron con los proyectos de Aedon tuvieron un sobrecoste que repercutió en los promotores y, muy probablemente, en los compradores finales.

El levantamiento parcial de 20 tomos del sumario ha dejado nuevas pinceladas de las supuestas prácticas corruptas en el consistorio esteponero entre 2003 y junio de 2008, cuando se inició el caso Astapa, que suma alrededor de 70 imputados.

Uno de ellos es el abogado y empresario Ramón Marrero Gómez, que fue consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 1994 y 1996. En el tomo XI de las actuaciones figura la declaración como imputado por cohecho de Marrero. Al juez Torres le ha llamado la atención las donaciones efectuadas por la sociedad Arcai Inmuebles, una filial inmobiliaria de Caja Inmaculada de Zaragoza, a la que estuvo asociado el ex consejero hasta el pasado febrero. Arcai pagó 47.000 euros en agosto de 2007 para pagar los recibos de electricidad pendientes de la residencia de ancianos Virgen del Carmen, de titularidad municipal. Según la fiscalía y la policía, a cambio de esta prestación, se desbloqueó una licencia de primera ocupación para una promoción de Arcai.

Un socio de Arcai en esa urbanización, Vladimiro Merino, declaró que el que fue jefe de gabinete del ex alcalde Barrientos, José Flores, uno de los cerebros de la trama, les pidió que sufragaran la deuda de la televisión municipal a cambio de la licencia de primera ocupación. "Pagué bajo coacción, sin libertad. Tenía a los compradores presionando y temía pérdidas importantes si no pagaba", admitió.