Investigan la reventa de un solar por un millón más el mismo día de la compra

Investigan la reventa de un solar por un millón más el mismo día de la compra

La Policía Nacional investiga en el marco del 'caso Astapa' la venta de una parcela de los padres del ex jefe de gabinete de Alcaldía de Estepona (Málaga) José Flores, a una empresa que la revendió ese día a otra sociedad por aproximadamente un millón de euros más que en la primera operación.

Según desvela el tomo XXXII del sumario del caso Astapa, al que ha tenido acceso Efe y donde se investiga la presunta corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona, el hermano de Flores declaró que desconocía que se hubiera producido una segunda venta de los terrenos.

Por su parte, el adquiriente indicó que "la primera y segunda compra-venta fueron consecutivas, estando todas las personas participantes de las mismas en la notaría".

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional estima necesario que el juzgado emita una Comisión Rogatoria Internacional al Reino Unido para que localice a los compradores, dos ciudadanos británicos y se les tome declaración.

El objetivo es esclarecer los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales que podrían haber cometido a raíz de dichas compras y determinar la implicación en las mismas de las personas participantes.

En el 'caso Astapa', iniciado el 17 de junio de 2008, hay 70 imputados, entre los que figuran el ex alcalde, Antonio Barrientos; el que fuera su jefe de Gabinete, José Flores; y los ediles del Partido Estepona, José Ignacio Crespo y Manuel Reina.

Crespo y Reina continúan formando parte de la Corporación, al igual que otros seis ediles no adscritos, cinco de los cuales fueron expulsados del PSOE a raíz de su imputación en esta trama.

Los delitos que se imputan van desde el blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias, entre otros.

El caso se inició tras la denuncia interpuesta por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Dirección General de la Policía al entender que en el Ayuntamiento se podrían estar cometiendo los presuntos delitos de malversación o cohecho, entre otros.