El juez frena a 19 imputados del 'caso Astapa' que pedían anular la causa
El juez frena a 19 imputados del 'caso Astapa' que pedían anular la causa
El País. El instructor defiende la "credibilidad" de la denuncia y el control de las escuchas
El juez Jesús Torres Núñez, instructor del caso Astapa contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), ha cortado de raíz las pretensiones de 19 implicados empeñados en dinamitar las actuaciones. El 27 de agosto Torres rechazó su petición de nulidad con un auto en el que defiende la "credibilidad" y seriedad de la denuncia que dio origen a las pesquisas, interpuesta por los ediles socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez, e incide en el "adecuado" control judicial de las escuchas telefónicas. "No fueron una autorización en blanco, sino todo lo contrario", mantiene.
Esta macrocausa ha acumulado 70 implicados en más de tres años de instrucción. En junio de 2008, provocó la detención del alcalde del municipio, el socialista Antonio Barrientos; concejales de su equipo de gobierno y de la oposición; técnicos municipales y empresarios. La actuación policial provocó una herida política que todavía sigue abierta. Ocho de los ediles imputados por corrupción (cinco provenientes del PSOE, un andalucista y dos posgilistas) siguen en la Corporación. El denunciante, David Valadez, gobierna con una frágil minoría. La oposición le acusa casi a diario de haber mentido a los investigadores para hacerse con el sillón.
El juez Torres, que en julio cumplió un año a cargo del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, asegura que la denuncia del caso Astapa no la puso un cualquiera. Fueron "personas pertenecientes al del círculo del Ayuntamiento" y la gran cantidad de detalles, junto con la documentación que aportaron, le dio verosimilitud, destaca en su auto. Según el instructor, los denunciantes narraron los hechos "de forma lineal y fragmentaria", dando gran cantidad de detalles, "lo cual implicaba que a mayor cantidad de detalles, mayores dosis de credibilidad".
La petición de nulidad de las actuaciones parte del abogado y empresario Manuel Barroso, implicado por blanqueo de capitales. A ella, se adhirieron otros imputados, como el ex alcalde Antonio Barrientos, el secretario municipal Gustavo Rubio, o los ediles José Ignacio Crespo y Manuel Reina (de la formación postgilista PES) y María Luis Rodríguez-Pino y Francisco Zamorano (expulsados del PSOE). También la apoyaron el arquitecto municipal Manuel Arturo Cebrián y los empresarios Antonio Bazán, Ángel Flórez González, Vicente Delgado y Jamal Satli, entre otros.
Los implicados mantienen que la denuncia de Valadez y Rodríguez fue "falsa e insuficiente", que no hubo investigación o comprobación previa de los datos que aportaron, y que, al escuchar sus teléfonos, se vulneró su derecho al secreto de las comunicaciones.
El juez destaca que los pinchazos telefónicos no fueron "autorizaciones en blanco", sino "todo lo contrario". "Se dijeron las líneas a intervenir, los delitos por los que se decretaba la intervención -cohecho, malversación... -, plazo de duración y la forma en la que el órgano jurisdiccional debía ser informado ante un control judicial adecuado", detalla. La medida fue "proporcionada", según Torres, porque se estaban investigando delitos contra la Administración Pública "de naturaleza grave".
El instructor aclara que fue la Fiscalía, y no la Policía quien solicitó las intervenciones telefónicas, y que, "se habría obstaculizado la investigación" si hubieran decidido tomar declaración primero a los testigos propuestos por los denunciantes.
Cuatro días antes de rechazar la nulidad, Torres acordó prolongar un mes más el secreto de las actuaciones. El juez destaca que la investigación sigue en "fase álgida" y que los resultados obtenidos hasta ahora "siguen justificando el secreto". Se refiere concretamente a dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, fechados el 13 y el 15 de julio, que han generado "gran cantidad de diligencias penales" y nuevas declaraciones de testigos e imputaciones.
"Conforme van pasando los meses, más resultados se van obteniendo, y todo ello sin olvidar informes de muy variada naturaleza que hacen necesaria esa preservación del secreto de cara a evitar interferencias de los imputados", explica.
El País. El instructor defiende la "credibilidad" de la denuncia y el control de las escuchas
El juez Jesús Torres Núñez, instructor del caso Astapa contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), ha cortado de raíz las pretensiones de 19 implicados empeñados en dinamitar las actuaciones. El 27 de agosto Torres rechazó su petición de nulidad con un auto en el que defiende la "credibilidad" y seriedad de la denuncia que dio origen a las pesquisas, interpuesta por los ediles socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez, e incide en el "adecuado" control judicial de las escuchas telefónicas. "No fueron una autorización en blanco, sino todo lo contrario", mantiene.
Esta macrocausa ha acumulado 70 implicados en más de tres años de instrucción. En junio de 2008, provocó la detención del alcalde del municipio, el socialista Antonio Barrientos; concejales de su equipo de gobierno y de la oposición; técnicos municipales y empresarios. La actuación policial provocó una herida política que todavía sigue abierta. Ocho de los ediles imputados por corrupción (cinco provenientes del PSOE, un andalucista y dos posgilistas) siguen en la Corporación. El denunciante, David Valadez, gobierna con una frágil minoría. La oposición le acusa casi a diario de haber mentido a los investigadores para hacerse con el sillón.
El juez Torres, que en julio cumplió un año a cargo del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, asegura que la denuncia del caso Astapa no la puso un cualquiera. Fueron "personas pertenecientes al del círculo del Ayuntamiento" y la gran cantidad de detalles, junto con la documentación que aportaron, le dio verosimilitud, destaca en su auto. Según el instructor, los denunciantes narraron los hechos "de forma lineal y fragmentaria", dando gran cantidad de detalles, "lo cual implicaba que a mayor cantidad de detalles, mayores dosis de credibilidad".
La petición de nulidad de las actuaciones parte del abogado y empresario Manuel Barroso, implicado por blanqueo de capitales. A ella, se adhirieron otros imputados, como el ex alcalde Antonio Barrientos, el secretario municipal Gustavo Rubio, o los ediles José Ignacio Crespo y Manuel Reina (de la formación postgilista PES) y María Luis Rodríguez-Pino y Francisco Zamorano (expulsados del PSOE). También la apoyaron el arquitecto municipal Manuel Arturo Cebrián y los empresarios Antonio Bazán, Ángel Flórez González, Vicente Delgado y Jamal Satli, entre otros.
Los implicados mantienen que la denuncia de Valadez y Rodríguez fue "falsa e insuficiente", que no hubo investigación o comprobación previa de los datos que aportaron, y que, al escuchar sus teléfonos, se vulneró su derecho al secreto de las comunicaciones.
El juez destaca que los pinchazos telefónicos no fueron "autorizaciones en blanco", sino "todo lo contrario". "Se dijeron las líneas a intervenir, los delitos por los que se decretaba la intervención -cohecho, malversación... -, plazo de duración y la forma en la que el órgano jurisdiccional debía ser informado ante un control judicial adecuado", detalla. La medida fue "proporcionada", según Torres, porque se estaban investigando delitos contra la Administración Pública "de naturaleza grave".
El instructor aclara que fue la Fiscalía, y no la Policía quien solicitó las intervenciones telefónicas, y que, "se habría obstaculizado la investigación" si hubieran decidido tomar declaración primero a los testigos propuestos por los denunciantes.
Cuatro días antes de rechazar la nulidad, Torres acordó prolongar un mes más el secreto de las actuaciones. El juez destaca que la investigación sigue en "fase álgida" y que los resultados obtenidos hasta ahora "siguen justificando el secreto". Se refiere concretamente a dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, fechados el 13 y el 15 de julio, que han generado "gran cantidad de diligencias penales" y nuevas declaraciones de testigos e imputaciones.
"Conforme van pasando los meses, más resultados se van obteniendo, y todo ello sin olvidar informes de muy variada naturaleza que hacen necesaria esa preservación del secreto de cara a evitar interferencias de los imputados", explica.
posted by j.I @ 9:54 AM
<< Home