Sin crédito para las VPO
Sin crédito para las VPO
Un centenar de adjudicatarios renuncian a su casa por falta de financiación
Sur. La suerte les sonrió y lograron hacerse con la adjudiación de una Vivienda de Protección Oficial (VPO), pero el sueño les ha durado poco. Al llegar el momento de formalizar un préstamo o una hipoteca para poder financiar el coste de la vivienda, sus ilusiones se vienen abajo. El grifo de los créditos bancarios parece estar casi cerrado para los beneficiarios de estas viviendas. En Estepona, un centenar de adjudicatarios y aspirantes en lista de espera para acceder a estas casas han tenido que renunciar a ellas por el rechazo de las entidades financieras a ofrecerles un préstamo, según datos municipales. Como ejemplo, para cubrir las renuncias de estas personas de las últimas promociones (Las Mesas, La Lobilla y Cancelada), el Ayuntamiento está ya ofertando las casas a las personas que se encuentran en la posición 60 de la lista de reservas.
La financiación es el principal escollo con el que se encuentran los adjudicatarios de estos inmuebles. Se trata de unidades familiares con limitados ingresos económicos o colectivos desfavorecidos. Los bancos estudian con lupa la viabilidad de cada operación y en muchos casos exigen mayores garantías a los compradores, como la presencia de un nuevo avalista. En algunos casos, quienes se ven obligados a renunciar han abonado hasta el 20% del precio de la vivienda.
La gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Aparcamientos del Ayuntamiento de Estepona (Emmvies), Victoria Domínguez, calificó esta situación de «injusta», al considerar que son las entidades financieras las que, en última instancia, deciden a quienes se les adjudican estas viviendas.
«De nada sirve todo el proceso de selección, la creación de cupos para garantizar que determinados sectores menos favorecidos como los minusválidos, mayores de 65 años o mujeres maltratadas tengan una vivienda, si cuando llega el momento de formalizar el préstamo, la entidad financiera da un no rotundo», señaló Domínguez.
En este sentido, la gerente de Emmvies criticó que no se está llevando a cabo ninguna política por parte de las administraciones regional y central para «obligar a los bancos a 'mojarse' en materia de financiación de vivienda protegida». «No cesan de firmar convenios y de anunciar medidas para garantizar el tan preciado derecho constitucional a una vivienda digna, pero no se han dado cuenta de cuál es el principal problema», agregó la gerente de la empresa pública.
Las promociones de las 26 VPO de La Lobilla y las 12 de la barriada de Cancelada han sido las últimas en ponerse en marcha en el municipio esteponero. La ejecución de ambas obras ya está terminada y sólo resta concluir los trámites administrativos para poder entregar las llaves a sus propietarios. Eso sí, algunas de ellas tendrán que esperar todavía para encontrar dueño.
Un centenar de adjudicatarios renuncian a su casa por falta de financiación
Sur. La suerte les sonrió y lograron hacerse con la adjudiación de una Vivienda de Protección Oficial (VPO), pero el sueño les ha durado poco. Al llegar el momento de formalizar un préstamo o una hipoteca para poder financiar el coste de la vivienda, sus ilusiones se vienen abajo. El grifo de los créditos bancarios parece estar casi cerrado para los beneficiarios de estas viviendas. En Estepona, un centenar de adjudicatarios y aspirantes en lista de espera para acceder a estas casas han tenido que renunciar a ellas por el rechazo de las entidades financieras a ofrecerles un préstamo, según datos municipales. Como ejemplo, para cubrir las renuncias de estas personas de las últimas promociones (Las Mesas, La Lobilla y Cancelada), el Ayuntamiento está ya ofertando las casas a las personas que se encuentran en la posición 60 de la lista de reservas.
La financiación es el principal escollo con el que se encuentran los adjudicatarios de estos inmuebles. Se trata de unidades familiares con limitados ingresos económicos o colectivos desfavorecidos. Los bancos estudian con lupa la viabilidad de cada operación y en muchos casos exigen mayores garantías a los compradores, como la presencia de un nuevo avalista. En algunos casos, quienes se ven obligados a renunciar han abonado hasta el 20% del precio de la vivienda.
La gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Aparcamientos del Ayuntamiento de Estepona (Emmvies), Victoria Domínguez, calificó esta situación de «injusta», al considerar que son las entidades financieras las que, en última instancia, deciden a quienes se les adjudican estas viviendas.
«De nada sirve todo el proceso de selección, la creación de cupos para garantizar que determinados sectores menos favorecidos como los minusválidos, mayores de 65 años o mujeres maltratadas tengan una vivienda, si cuando llega el momento de formalizar el préstamo, la entidad financiera da un no rotundo», señaló Domínguez.
En este sentido, la gerente de Emmvies criticó que no se está llevando a cabo ninguna política por parte de las administraciones regional y central para «obligar a los bancos a 'mojarse' en materia de financiación de vivienda protegida». «No cesan de firmar convenios y de anunciar medidas para garantizar el tan preciado derecho constitucional a una vivienda digna, pero no se han dado cuenta de cuál es el principal problema», agregó la gerente de la empresa pública.
Las promociones de las 26 VPO de La Lobilla y las 12 de la barriada de Cancelada han sido las últimas en ponerse en marcha en el municipio esteponero. La ejecución de ambas obras ya está terminada y sólo resta concluir los trámites administrativos para poder entregar las llaves a sus propietarios. Eso sí, algunas de ellas tendrán que esperar todavía para encontrar dueño.
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