La Cámara de Cuentas avisa que los PGOU tardan 12 años en elaborarse

La Cámara de Cuentas avisa que los PGOU tardan 12 años en elaborarse

Diario Jaén. Una de las asignaturas pendientes más importantes que la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, ha heredado es completar la adaptación de los planes generales a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA). Ese proceso debería haber culminado hace tres años, según marca la ley de 2002, pero hoy sólo 287 municipios andaluces (el 37%) tienen hechos sus deberes.

La Cámara de Cuentas advierte de que el procedimiento de adaptación a la norma urbanística es “complejo y laborioso” y que esa dificultad hace que se “prolongue excesivamente en el tiempo. La institución, en una resolución del 22 de febrero publicada en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), avisa de que los ayuntamientos tardan de media “como mínimo 12 años y tres meses” en aprobar la revisión de sus PGOU. La consecuencia: “Los planes generales están más tiempo redactándose y revisándose que en ejecución”, añade. Este retraso en la tramitación conlleva que el planeamiento andaluz sea “bastante antiguo” y que en algunos casos esté “desfasado”. Según datos del informe de fiscalización de la adaptación de los PGOU a la LOUA de los municipios de más de 50.000 habitantes, el 27% de los planes generales de la comunidad tiene más de 18 años y otro 50% tiene entre 9 y 18 años. La Cámara de Cuentas alerta de que un documento urbanístico que se demore más de ocho años en el tiempo va “perdiendo efectividad” y obliga a modificarlo puntualmente para poder seguir urbanizando el municipio. Los PGOU más antiguos y que recientemente se han adecuado ya a la LOUA eran los de La Línea de la Concepción (Cádiz) y Marbella, que acumulaban 23 y 24 años respectivamente. Antes de que la localidad malagueña estrenara su flamante planeamiento, los distintos consistorios han suscrito hasta 900 convenios para no paralizar la ciudad.
De las 28 grandes ciudades que la Cámara de Cuentas ha fiscalizado, 18 tienen su plan general ajustado a la ley urbanística. Unas han llevado a cabo este proceso por la vía de la revisión –es decir, elaborando un nuevo PGOU– y otras mediante la adaptación parcial, una fórmula que la Junta habilitó en 2008 para agilizar que los ayuntamientos liberen suelo destinado a VPO. El Gobierno andaluz también puso en marcha oficinas para asesorar y tutelar a los municipios y ayudas económicas para que éstos pudieran cumplir con sus obligaciones urbanísticas. El órgano de fiscalización avisa de que muy pocos consistorios llevan las cuentas de lo que les cuesta redactar y adaptar sus PGOU. De las grandes urbes, sólo El Puerto de Santa María, Estepona y Sevilla crearon un proyecto específico de gasto para controlarlo.En definitiva, para evitar que el ajuste urbanístico se dilate demasiado, la Cámara de Cuentas aboga por agilizar la burocracia para que el papeleo no entorpezcan un procedimiento que se ha demostrado enrevesado.