PP y PSOE negocian repetir elecciones cuando se encarcele a la mayor parte de un Ayuntamiento
PP y PSOE negocian repetir elecciones cuando se encarcele a la mayor parte de un Ayuntamiento
El Confidencial.
El Partido Popular confía en que durante este periodo de sesiones se pueda alumbrar junto con el PSOE un gran pacto anticorrupción que ponga coto a los cada vez más frecuentes casos de corrupción que afectan, sobre todo, a los ayuntamientos. Las negociaciones están ya muy avanzadas, a falta de que se concrete una última ronda de entrevistas que sirva como punto final a varios meses de trabajo. Sobre la mesa, PP y PSOE ya han llegado a un amplio consenso en medidas concretas como la de repetir parcialmente las elecciones cuando un alcalde y buena parte de su corporación sea encarcelado por un caso de corrupción y la situación se vuelva ingobernable.
El objetivo es evitar que se sucedan de nuevo situaciones como el expolio de Marbella, o los casos de Estepona y El Ejido. El acuerdo prevé también que un cargo en prisión provisional no pueda desempeñar responsabilidades ejecutivas y que se obligue a devolver a los municipios los bienes incautados por los malhechores.
El pacto se tramitará, probablemente, como iniciativa de ley para no cerrar la puerta a que otras formaciones minoritarias puedan adherirse también al gran acuerdo. Aunque, de momento, ninguna de ellas ha manifestado el menor interés. Y es que, aunque en público y de cara a la galería, PP y PSOE se reprochen mutuamente sus correspondientes casos de corrupción, en privado ambas formaciones llevan desde enero negociando medidas de choque contra estos escándalos. La batería de propuestas obligará a modificar hasta tres textos legales: la ley de financiación de partidos, la ley electoral y la nueva ley del gobierno local.
Los populares han accedió también a regular un asunto tan sensible para ellos en estos momentos como el de los regalos a los cargos públicos. Quedarán prohibidos taxativamente todos aquellos que no se ajusten a los “usos y costumbres sociales”, lo que, en ningún caso, amparará nuevos casos como el de Franscico Camps y sus trajes cortesía de “El Bigotes”.
Más control sobre los Ayuntamientos
Mariano Rajoy fue el impulsor del pacto el pasado mes de noviembre, con el caso Gürtel y el Palma Arena ya descubiertos, en la reunión intermunicipal de alcaldes que el Partido Popular celebró en Sevilla. Posteriormente, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal acordó con el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, abrir la ronda de conversaciones entre ambos partidos.
Se reforzará especialmente el control sobre la gestión interna de los ayuntamientos fortaleciendo el papel de los secretarios y los interventores municipales, limitando la interinidad y garantizado la cobertura de todas las plazas por oposición. Se buscaría así que estos cargos puedan ser nombrados por el alcalde de turno. Se potenciará también la vía telemática en todo lo relacionado con los procedimientos urbanísticos para que el ciudadano pueda conocer de primera mano en qué punto se encuentra el proceso y qué grupos políticos han intervenido en él.
PP y PSOE también están de acuerdo en impedir que los promotores inmobiliarios puedan financiar a los partidos políticos o que un partido tenga en propiedad un medio de comunicación local. Por esta última vía, muchos partidos minúsculos logran arrancar un puñado de votos suficientes como para convertirse en la llave de gobierno de muchos ayuntamientos
Mociones de censura
Se estudia también regular que durante el primer y el último año de la legislatura no se pueda plantear una moción de censura contra un alcalde. Argumentan desde fuentes de la negociación que el 80% de las mociones que no están motivadas por cuestiones políticas se producen en esos periodos. De igual manera, se regularía por ley que un tránsfuga no pudiera ser incluido en las listas de otro partido o que no pueda tener “un papel ejecutivo” tras la moción.
El acuerdo entre las partes negociadoras, encabezadas por Antonio Hernando (PSOE) y Juan Manuel Moreno (PP), está muy avanzado y, en todo caso, entrará en vigor con las próximas elecciones municipales. La previsión es poder presentarlo oficialmente en la Cámara Baja durante este periodo de sesiones, antes del mes de junio.
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