Los ayuntamientos malagueños deben 400 millones de euros

Los ayuntamientos malagueños deben 400 millones de euros

Unas 40.000 empresas locales trabaja con las administraciones públicas, pero la deuda empieza a ser "insostenible"

La Opinión de Málaga.
El secretario general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, anunció hoy que la deuda de los ayuntamientos de Málaga con las empresas alcanza alrededor de 400 millones, siendo en el conjunto de Andalucía de 2.300 millones de euros. Así, apuntó que de las aproximadamente 100.000 empresas, entre empresarios, pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos de la provincia; en torno al 40 por ciento trabaja con la administración.

Ello significa, continuó, "que nuestras empresas locales están ahora mismo soportando una situación que empieza a ser insostenible y muy complicada", pues la morosidad está siendo "muy preocupante" ya que existen administraciones --puesto que no sólo afecta a consistorios-- que pagan "tarde, mal y nunca".

En cuanto a la media del plazo de pago por parte de las distintas administraciones, González aseguró que se sitúa ya en más del año. Así, precisó que las administraciones que tienen más dificultad para hacer frente a los pagos son los consistorios por la proximidad que tienen a los ciudadanos, pymes y contratación. Concretamente, la media para hacer frente al pago se sitúa en los 370 días.

En Málaga, este problema está más focalizado en la Costa del Sol, fundamentalmente, en la Occidental --Benalmádena, Mijas, Fuengirola o Estepona--, ya que su modelo de financiación local está basado en el ladrillo, en el sector inmobiliario, y esta zona es en la que más se han concedido licencias urbanísticas y donde más se ha dinamizado el desarrollo del sector de la construcción.

González hizo estas declaraciones antes del inicio de la jornada 'Cómo cobrar a la Administración... y no morir en el intento' que se desarrollan hoy y que están organizada por la CEM y por el despacho Gómez Acebo & Pombo Abogados, con la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio de Málaga y la entidad financiera Unicaja. Junto a González, comparecieron en rueda de prensa el socio director de Acebo & Pombo Abogados, José Luis Palma, y el abogado del Estado en excedencia y socio de este bufete, Alejandro Hernández del Castillo.

Por otra parte, Hernández del Castillo y Palma destacaron que, aunque el problema de la morosidad afecta a todas las empresas, hay diferencia entre las grandes y el pequeño y mediano empresario ya que, por su estructura, la gran empresa puede diversificar más su negocio, mientras que para el pequeño empresario, la falta de cobro de la administración, puede suponer "la muerte civil de la empresa".

Soluciones

La comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados ya ha aprobado el inicio de una reforma legal que fijará en 30 días el plazo máximo del pago a proveedores --cobro exprés--, que actualmente se sitúa en 60 días. Tanto empresarios como abogados consideraron que esta medida no va a cambiar la situación "excepcionalmente", pudiendo, incluso, llegar a conseguir el efecto inverso.

Lo necesario, aseguró González, es una reforma "profunda" del sistema de financiación local que en los últimos tiempos ha estado basado en el sector inmobiliario y en la construcción, "los cuales han hecho tambalear la economía de los ayuntamientos malagueños cayendo sus ingresos y, como consecuencia, no pudiendo hacer frente a los pagos".

Por todo ello, "pedimos --continuó-- seguir impulsando instrumentos de apoyo financiero, ya que el acceso a una financiación alternativa está muy restringida; estimular fiscalmente la actividad, reforzar la seguridad jurídica, agilizar la simplificación de trámites, promover la iniciativa emprendedora y adoptar medidas en el ámbito sociolaboral". Además, añadió que la administraciones tendrán que reducir los costes de funcionamiento y optimizar sus propios recursos agilizando los pagos a las empresas.

Por último, el abogado Hernández del Castillo aclaró que la solución judicial al problema en la demora del pago por parte de las administraciones "no es satisfactoria" debido a los tiempo que se manejan en la justicia.