Una sociedad participada por un edil recibió 794.000 euros de empresarios

Una sociedad participada por un edil recibió 794.000 euros de empresarios

ADN. Una sociedad participada por el edil no adscrito y ex responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de Estepona, Francisco Zamorano, recibió casi 794.000 euros de empresarios con intereses urbanísticos en dos años, a pesar de que éste lo negó tras ser detenido en el marco de la operación "Astapa".

Según recoge la Policía en un informe incluido en el sumario que investiga esta causa y al que ha tenido acceso Efe, la sociedad, denominada Lauzavi y participada en un ocho por ciento por Zamorano y el resto a partes iguales por su mujer y dos de sus hijas, tiene como objeto social el asesoramiento y prestación de servicios en materia de diseño de espacios interiores y decoración.

Según declaró Zamorano, la sociedad es familiar y tiene que ver con las actividades de sus hijos, "pero no con la promoción y construcción de inmuebles".

En 2005 Lauzavi recibió ingresos por importe de 453.676 euros procedentes de mercantiles con intereses urbanísticos como Aedificat 2002 S.A, Proincosta y Proyectos Kroll, y también de despachos de abogados gestionados por ex militantes del PSOE, uno de los cuales está imputado en la trama.

En 2006 la cifra ingresada en Lauzavi ascendió a 340.323,59 y también procedía de empresas con intereses urbanísticos y de despachos de abogados.

A Zamorano, que fue expulsado del PSOE tras su detención en la trama, se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

Su mujer, imputada en la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales, dijo ante la juez desconocer esos ingresos y los gastos de la sociedad ya que "su marido y los abogados contratados llevan la contabilidad de la empresa".

Además, según le consta a ella, los únicos ingresos que tiene la sociedad son los referidos a la actividad artística realizada por ella y las dos hijas de su marido.

Añadió que su marido "en muchas ocasiones" le traía cheques y facturas "en blanco, sin que sepa el destino de las mismas, ni la cuantía".

El "caso Astapa" se inició tras la denuncia interpuesta por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Dirección General de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción, al entender que podrían estar cometiéndose los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el Ayuntamiento.

De los 68 imputados que suma, 40 se encuentran en libertad sin fianza, 23 en libertad bajo fianza y sobre los cinco restantes no ha trascendido ninguna decisión judicial.