La jueza de 'Astapa' ve indicios de pagos de hasta 1,5 millones por favores urbanísticos

La jueza de 'Astapa' ve indicios de pagos de hasta 1,5 millones por favores urbanísticos

El sumario recoge el testimonio de funcionarios que dicen que los patrocinios no pasaban por la intervención municipal

Sur. Contraprestaciones económicas a cambio de condiciones «muy ventajosas» en la suscripción de convenios urbanísticos. Un empresario abonó más de un millón y medio de euros bajo el concepto de donación, según se recoge en un auto judicial incluido en el levantamiento parcial que se realizó ayer sobre seis tomos del sumario de la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona. En la declaración que este imputado realizó ante la primera jueza instructora, Isabel Conejo (tras su detención en junio de 2008) aseguró que «había financiado y esponsorizado conciertos y otras actividades de manera pública y permanente» y que había entregado «muchísimo dinero -unos ocho o diez millones de euros- mediante una promotora».
Precisamente, en relación a este empresario, la Policía recoge en un informe que durante el registro practicado en su despacho se halló una carta dirigida al Ayuntamiento en la que se hacía mención a la entrega de 700.000 euros «para que los gestionara de la manera más adecuada».
«Numerosas mercantiles»
La jueza considera en otro de sus autos que «se estarían produciendo entregas de dinero procedentes de numerosas mercantiles y empresarios que han conseguido sus propósitos en periodos cercanos a la realización de dichas aportaciones en relación a los convenios urbanísticos». En concreto, la que fuera instructora del caso señala que «constan en el informe policial 35 en los que se reflejan los distintos intereses de dudosa legalidad que concurren en su celebración».
En este sentido, el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, negó en su declaración en el juzgado que exigiera dinero a empresarios y dijo que las aportaciones de mercantiles para eventos «eran voluntarias y altruistas». Según Barrientos, cuando el Consistorio tenía problemas económicos no se dirigía a ellos para financiar el Ayuntamiento. Sobre la valoración de los aprovechamientos urbanísticos, el ex regidor de Estepona declaró que ésta venía determinada por el jefe de servicios técnicos y que «el tema de los convenios lo llevaba el jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores».
Sobre esto, Flores declaró que «no tenía capacidad de decisión en la negociación de los convenios», aunque dijo que participaba en la negociación de «algunos» porque así se lo pedía el ex alcalde.
Los investigadores señalan que el urbanismo podía considerarse «el pilar económico» alrededor del cual giraba el Ayuntamiento de Estepona. Consideran además, que gran parte del personal técnico realizaba asesoramiento externo a empresas con interés urbanístico en el municipio.
Varios funcionarios municipales declararon en la Comisaría como testigos y aportaron información sobre estos asuntos. Así, el tesorero municipal, Félix Domínguez, manifestó que «todos los convenios han sido consecuencia de la venta de aprovechamientos urbanísticos a precio inferior al de mercado». Preguntado sobre su tenía conocimiento de que en determinados convenios se han generado plusvalías millonarias a beneficio de determinados individuos de manera ilegal, el alto funcionario responde: «Si se supone que las valoraciones de los aprovechamientos se hacen a precio inferior al de mercado, es presumible que estas plusvalías se generaran».
El que fuera interventor municipal en comisión de servicio, Miguel Ángel Gutiérrez, manifestó que cuando llegó al Ayuntamiento de Estepona observó ingresos «por una cuantía importante» precedentes de aportaciones voluntarias en el marco de convenios urbanísticos. Sobre el patrocinio de empresas, el funcionario indicó que «el dinero no pasa por las arcas municipales», por lo que el Tribunal de Cuentas no tendría «ninguna oportunidad» de ejercer un control, según el testimonio prestado ante la policía.
Miguel Ángel Gutiérrez subrayó además en su declaración que «en infinidad de veces» se han desarrollado obras, servicios o suministros sin la existencia previa de concurso de adjudicación. «En ocasiones, se ha recabado informes de precios de mercado una vez realizada la obra o servicio», añadió el interventor.