Sumario Astapa revela confusión entre lo público y privado en el Ayuntamiento

Sumario Astapa revela confusión entre lo público y privado en el Ayuntamiento

ADN. El sumario del "caso Astapa", que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), revela "una gran confusión entre el interés público y el interés privado" en el consistorio "motivada por una relajación en la aplicación de las reglas de incompatibilidad".

Según un informe policial contenido en la parte del sumario cuyo secreto se ha levantado hoy, al que ha tenido acceso Efe, esa "relajación" se producía "fundamentalmente en el área de Urbanismo".

Gran parte del personal técnico realizaba asesoramiento externo a empresas con interés urbanístico en el municipio, indica el sumario, que cita los casos de Valle Romano y Codelsa.

La Policía destaca en su informe, elaborado tras las declaraciones de ex concejal de Urbanismo Rafael Duarte, que la que era coordinadora de este departamento, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, "firmó las previsiones presupuestarias de Urbanismo" que el entonces edil de ese área se negó a firmar.

Añade que el jefe del Gabinete de la Alcaldía, José Flores, que estuvo encarcelado por este caso, "propició el encuentro" de Rafael Duarte con un empresario "con el objetivo de influir y presionarle para que se pronunciara de manera favorable" a sus intereses en relación a la paralización de unas obras.

Según el sumario, el concejal "no recuerda los casos concretos, pero puede ser, como hipótesis, que haya transmitido a personal técnico que se encuentra bajo su responsabilidad directrices procedentes de José Flores o de Antonio Barrientos (el ex alcalde socialista), para agilizar trámites que afectaban a intereses de particulares".

Precisa que tuvo conocimiento de algunos aspectos de la gestión de Francisco Zamorano, que era concejal de Hacienda, "que pueden estar en entredicho desde el punto de vista legal como los reconocimientos extrajudiciales de deuda a terceros o la externalización de servicios y concursos".

El "caso Astapa", con 68 imputados -23 de ellos en libertad bajo fianza-, se inició al denunciar el actual alcalde socialista, David Valadez, y la edil Cristina Rodríguez ante la Fiscalía Anticorrupción que podrían estar cometiéndose delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el Ayuntamiento.