Gil Marín atribuye a su padre la firma en la operación por la que está imputado
Gil Marín atribuye a su padre la firma en la operación por la que está imputado
Realizó una prueba caligráfica ante el juez instructor para comparar su rúbrica con la del documento
Sur. La firma no es suya, sino de su padre. Jesús Gil Marín, hijo del ex alcalde de Marbella Jesús Gil y Gil, ya fallecido, negó haber puesto rúbrica a uno de los documentos relacionados con una operación urbanística cuyas presuntas irregularidades se investigan en el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad. El ex regidor de Estepona, imputado en esta causa junto a su hermana Miriam Gil Marín y cerca de una veintena de personas, aseguró en su declaración ante el juez que la firma que supuestamente le vincula con la citada operación se corresponde en realidad con la de su progenitor.
El documento es una comunicación de la empresa Promociones del Guadalquivir SA, de la que entonces era administrador único Gil y Gil, informando a otra sociedad de un ingreso en su cuenta por valor de más de 1,2 millones de euros. La Udyco Costa del Sol atribuye la firma de la misiva a Gil Marín.
Cuerpo de escritura
En su comparecencia ante el instructor del caso el pasado miércoles, el imputado afirmó que no sabía «absolutamente nada» del citado ingreso económico y aseveró que no había firmado ningún documento relacionado con dicha operación, por lo que la afirmación de los investigadores «no se corresponde con la verdad».
Al mostrarle la misiva, Gil Marín manifestó que la rúbrica era de su padre, por lo que la Fiscalía Anticorrupción solicitó que una vez concluida la declaración se formara cuerpo de escritura, una prueba caligráfica que se realiza ante el juez por parte del imputado cuando éste no reconoce su letra o firma en un documento. En esta ocasión, el ex regidor de Estepona transcribió un texto jurídico y firmó media docena de ocasiones para completar la prueba antes de abandonar las dependencias judiciales.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, Ricardo Puyol investiga en esta causa la presunto comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, contra la ordenación del territorio, prevaricación y blanqueo de capitales en una operación urbanística y posterior venta de varias parcelas pertenecientes a la finca El Pinillo.
En este procedimiento, uno de los casi treinta derivados de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 en relación con convenios y permutas urbanísticas, se encuentran imputados más de una veintena de personas. Entre ellas, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca.
Los investigadores mantienen que los actos llevados a cabo en la operación urbanística tenían como único fin el enriquecimiento de las personas cercanas al Ayuntamiento y los empresarios que participaron en los mismos, lo que supuso un perjuicio para el patrimonio municipal. El Tribunal de Cuentas cifra dicho perjuicio en al menos un millón de euros, cuantía que podría multiplicarse por diez al contemplar los posteriores negocios de compraventa de los terrenos.
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