Los denunciantes de ´Astapa´ vieron irregularidades durante tres años
Los denunciantes de ´Astapa´ vieron irregularidades durante tres años
El actual alcalde David Valádez y la concejala Cristina Rodríguez denunciaron la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona
La Opinión de Málaga. Los ediles denunciantes del caso Astapa descubrieron las presuntas irregularidades desde el principio de su mandato y estuvieron tres años y medio comprobando el funcionamiento administrativo, ya que en el Ayuntamiento presuntamente existían tres cajas de contabilidad.
Según el sumario del caso en su denuncia los ediles señalaban que "la corrupción estaba tan asumida e interiorizada, que todo se contemplaba desde la cotidianeidad y la inexistencia de pudor".
La jueza del Juzgado de Instrucción número uno de Estepona (Málaga) ha levantado el secreto de 6 de los 150 tomos de los que consta el sumario del caso "Astapa", que investiga la presunta trama de corrupción municipal y urbanística en el Ayuntamiento de Estepona.
En la denuncia, presentada por el actual alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, y su compañera de partido, la concejala Cristina Rodríguez, aportaron un dossier con 18 folios en los que realizan una exposición de hechos y destacan el funcionamiento de tres cajas de contabilidad.
La denominada caja A era donde estaba el dinero fiscalizado y destinado a los fines previstos en la ley.
La caja B se reservaba para las comisiones ilegales de las promotoras y en la C se ingresaba presuntamente el dinero destinado a cuentas particulares.
Además del citado dossier, Valadez y Rodríguez aportaron diversa documentación sobre convenios urbanísticos, cuyas valoraciones de suelo fueron realizadas en su mayoría por el ingeniero técnico Javier Wittmeur, que concurrió a las elecciones municipales de 2003 bajo las siglas del Partido Estepona y que no realizó ningún proceso selectivo para acceder a su plaza.
Wittmeur fue detenido en el inicio de la operación y permaneció mes y medio en prisión por los delitos de fraude, falsedad en documento público y malversación de caudales, aunque abandonó el centro penitenciario tras abonar una fianza de 60.000 euros.
En la denuncia de los ediles se relataba el organigrama del Ayuntamiento, en cuya cúspide situaba a José Flores, ex jefe de gabinete de Alcaldía, "muñidor de todos los asuntos que afectan a la Corporación".
Tal era su poder, aseguran los ediles en la denuncia, que no sólo elaboraba el orden del día de las Juntas de Gobierno y de los plenos, sino que además conseguía la financiación mediante "donaciones" a las delegaciones socialistas.
También trataban en la denuncia el caso de José Ignacio Crespo, líder del PES, que aparece, según el Tribunal de Cuentas, como uno de los responsables de la falta de justificación de importantes cantidades de dinero en el periodo 1995-1999, cuando era primer teniente de alcalde con el GIL.
Jose Ignacio Crespo también aparece vinculado a Juan Antonio Roca, ex gerente de Urbanismo de Marbella con el GIL y Pedro Román, ex primer teniente de alcalde con este grupo, en un anónimo que forma parte del sumario de la operación Malaya.
Sobre el ex alcalde, Antonio Barrientos, dicen que podría ser el "hombre de paja", mientras que del ex gerente de Urbanismo con el PES, Pedro López, decían que sería a quien las promotoras tendrían que abonar las comisiones, entre otros.
El actual alcalde David Valádez y la concejala Cristina Rodríguez denunciaron la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona
La Opinión de Málaga. Los ediles denunciantes del caso Astapa descubrieron las presuntas irregularidades desde el principio de su mandato y estuvieron tres años y medio comprobando el funcionamiento administrativo, ya que en el Ayuntamiento presuntamente existían tres cajas de contabilidad.
Según el sumario del caso en su denuncia los ediles señalaban que "la corrupción estaba tan asumida e interiorizada, que todo se contemplaba desde la cotidianeidad y la inexistencia de pudor".
La jueza del Juzgado de Instrucción número uno de Estepona (Málaga) ha levantado el secreto de 6 de los 150 tomos de los que consta el sumario del caso "Astapa", que investiga la presunta trama de corrupción municipal y urbanística en el Ayuntamiento de Estepona.
En la denuncia, presentada por el actual alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, y su compañera de partido, la concejala Cristina Rodríguez, aportaron un dossier con 18 folios en los que realizan una exposición de hechos y destacan el funcionamiento de tres cajas de contabilidad.
La denominada caja A era donde estaba el dinero fiscalizado y destinado a los fines previstos en la ley.
La caja B se reservaba para las comisiones ilegales de las promotoras y en la C se ingresaba presuntamente el dinero destinado a cuentas particulares.
Además del citado dossier, Valadez y Rodríguez aportaron diversa documentación sobre convenios urbanísticos, cuyas valoraciones de suelo fueron realizadas en su mayoría por el ingeniero técnico Javier Wittmeur, que concurrió a las elecciones municipales de 2003 bajo las siglas del Partido Estepona y que no realizó ningún proceso selectivo para acceder a su plaza.
Wittmeur fue detenido en el inicio de la operación y permaneció mes y medio en prisión por los delitos de fraude, falsedad en documento público y malversación de caudales, aunque abandonó el centro penitenciario tras abonar una fianza de 60.000 euros.
En la denuncia de los ediles se relataba el organigrama del Ayuntamiento, en cuya cúspide situaba a José Flores, ex jefe de gabinete de Alcaldía, "muñidor de todos los asuntos que afectan a la Corporación".
Tal era su poder, aseguran los ediles en la denuncia, que no sólo elaboraba el orden del día de las Juntas de Gobierno y de los plenos, sino que además conseguía la financiación mediante "donaciones" a las delegaciones socialistas.
También trataban en la denuncia el caso de José Ignacio Crespo, líder del PES, que aparece, según el Tribunal de Cuentas, como uno de los responsables de la falta de justificación de importantes cantidades de dinero en el periodo 1995-1999, cuando era primer teniente de alcalde con el GIL.
Jose Ignacio Crespo también aparece vinculado a Juan Antonio Roca, ex gerente de Urbanismo de Marbella con el GIL y Pedro Román, ex primer teniente de alcalde con este grupo, en un anónimo que forma parte del sumario de la operación Malaya.
Sobre el ex alcalde, Antonio Barrientos, dicen que podría ser el "hombre de paja", mientras que del ex gerente de Urbanismo con el PES, Pedro López, decían que sería a quien las promotoras tendrían que abonar las comisiones, entre otros.
posted by j.I @ 10:53 AM
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