El juez envía al fiscal el caso de supuestos pagos ilegales por productividad

FOTOS: ÁNGEL MONTERO PEÑA (ENTREGANDO UN TROFEO) Y MARISA RODRÍGUEZ EX DELEGADOS SINDICALES DE UGT EN ESTEPONA E IMPUTADOS EN LA OPERACIÓN ASTAPA
El juez envía al fiscal el caso de supuestos pagos ilegales por productividad

ADN. Una juez de Estepona (Málaga) ha remitido testimonio al fiscal de las manifestaciones sobre posibles irregularidades al aplicarse el convenio laboral del Ayuntamiento esteponero, en cuanto al complemento de productividad, por si considera ejercitar acusación pública contra unos delegados de UGT.

Estos "presuntos pagos ilegales en productividades" los denunció otro sindicato, Comisiones Obreras (CCOO), en noviembre de 2003, bajo mandato del ex alcalde socialista Antonio Barrientos, ahora en libertad bajo fianza tras su encarcelamiento por el caso "Astapa" contra la corrupción en este consistorio.

CCOO criticó que "todos los representantes de UGT, sin excepción, habían sido favorecidos y beneficiados por el complemento de productividad repartido de forma discrecional y arbitraria" y ello suscitó una querella de delegados sindicales de UGT, entre ellos María Luisa Rodríguez-Pino y Ángel Montero.

Ambos están precisamente imputados por el mismo juzgado en el referido caso Astapa, ella es ahora concejala no adscrita expulsada del PSOE y él trabajador municipal.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de la causa, aunque insta a que se libre testimonio al ministerio público "por si del resultado de las mismas considerase pertinente ejercitar acusación pública contra los querellantes por los hechos que constan en el escrito del querellado del 27 de mayo de 2008".

Este auto, contra el que se puede presentar un recurso de reforma y subsidiaria o directamente recurso de apelación, considera que "se aprecian indicios de veracidad en las manifestaciones vertidas por el querellado José Carrasco".

Este asumió "la total responsabilidad del comunicado a prensa objeto de querella, en lo relativo a posibles irregularidades en la aplicación del convenio en cuanto al complemento de productividad, al no haberse planificado previamente los objetivos", añade la resolución, que precisa que por ello la jueza sobresee la causa.

Según CCOO, UGT interpuso la querella al creer que la mencionada información sindical le estaría imputando "la realización de un delito, consistente en la apropiación maliciosa de caudales públicos, concretamente con la obtención de sobresueldos, a espaldas de toda legalidad".

Comisiones Obreras abogaba por la transparencia del "enorme gasto de dinero público que se ha venido abonando irregularmente en concepto de productividades sin planificación previa de objetivos" y ahora trasladará este auto al Ayuntamiento para los efectos que proceda en Derecho.