Prisión sin fianza para el edil Crespo y un ingeniero municipal
La Opinión de Málaga. Viernes 20 de junio de 2008
Prisión sin fianza para el edil Crespo y un ingeniero municipal
La juez imputa al ex concejal del GIL y actual representante del PES los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y malversación, mientras que Javier Wittmeur está acusado de los supuestos ilícitos de falsedad en documento público y fraude
N. ANDRADE / J. A. SAU. MÁLAGA
La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, decretó ayer prisión incondicional y sin fianza para el ex concejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) y actual portavoz municipal del Partido de Estepona (PES), José Ignacio Crespo, y para el técnico de urbanismo Javier Wittmeur. Ambos declararon en la mañana de ayer ante la magistrada en el marco de la operación ´Astapa´ contra la corrupción urbanística y política en el municipio.Crespo fue detenido en la madrugada del miércoles y ayer la jueza lo envió a prisión por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. A Wittmeur se le achacan los ilícitos de falsedad en documento público, fraude a la Hacienda Pública y malversación de caudales.
Por otro lado, el ex coordinador de Urbanismo con el PES, Pedro López, quedó en libertad bajo fianza de 300.000 euros. No podrá salir de España y deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. Está imputado por cohecho y malversación.
Manuel Barroso, empresario cuya entidad es la encargada de gestionar el depósito de vehículos retirados de la vía pública -Ausol-, podrá eludir la prisión si abona 15.000 euros. Se le imputa un delito de blanqueo de capitales y las medidas cautelares adoptadas contra él son idénticas a las decididas sobre López.
Ayer también declararon la edil de Educación, María Victoria López, y la responsable de Cultura, Asunción López. Según las familias, ambas quedaron en libertad bajo fianza de 30.000 euros, mientras que Marisa Rodríguez, delegada de Playas, deberá abonar 50.000 euros.
Al cierre de esta edición, no se conocían los cargos que la juez les imputaba ni las medidas cautelares, al igual que ocurría con el arquitecto municipal Arturo Cebrián. Todos ellos comparecieron ayer ante la juez Isabel Conejo.
Junto a Manuel Barroso, fue traslado ayer también ante la autoridad judicial el socio de éste, Juan Simón, aunque finalmente éste no declaró y se ha prorrogado su periodo de detención. Ambos están ligados a la concesionaria de la grúa.
La mesa de contratación del servicio de retirada de coches de la vía pública fue presidida por el concejal de Hacienda de Estepona, Francisco Zamorano, también detenido en el marco de la operación ´Astapa´ y que podría prestar hoy declaración junto a otros compañeros de Corporación y el alcalde de la villa, Antonio Barrientos. El número de arrestados asciende ya a 26, aunque la operación contra la corrupción urbanística continúa abierta y en las próximas horas se producirán nuevas detenciones con seguridad. Anteriores declaraciones. Asimismo, otros trece de los detenidos han quedado en libertad con cargos, algunos de ellos con importantes de fianzas a satisfacer, en los dos primeros días de declaraciones judiciales. El miércoles pasado quedaron libres el ex consejero delegado de Valle Romano, Luis Fernando Linares, quien tendrá que hacer frente a una fianza de 500.000 euros, así como dos abogados de la empresa, que tendrán que pagar 100.000 euros para eludir la cárcel. Todos ellos están imputados por fraude y malversación, aunque los letrados suman a estos cargos el de tráfico influencias.
El empresario local Enrique González Ceano también se libró de la cárcel al quedar en libertad con cargos, mientras que los hermanos Félix y Vicente Delgado, dueños de la constructora Codelsa, se librarán de la cárcel si abonan sendas fianzas de 100.000 euros. El empresario Antonio Bazán eludirá las rejas si paga al juzgado 300.000 euros, al tiempo que el arquitecto Ignacio de la Hoz debe abonar 50.000 euros. A estos ocho se suman los que declararon el pasado martes: el presidente del grupo cordobés Prasa, José Romero, que ayer abonó una fianza de 300.000 euros; Ana María Crespo, que debe hacer lo propio con 30.000, al igual que ocurre con el detenido J. L. C. A. En este sentido, M. C. H. y Andrés Flores, jefe del servicio jurídico de Urbanismo, quedaron libres con cargos.
Entre los delitos que se imputan a los detenidos se encuentran malversación, falsedad, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y fraude a la Hacienda Pública. A medida que continúen las declaraciones, es posible que se añadan a estos ilícitos los de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios públicos y contra la ordenación del territorio.Inicio.
Un fleco de la operación ´Malaya´, en virtud de un convenio ilegal ratificado por la Corporación esteponera, precipitó la investigación. En concreto, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han realizado 32 registros en empresas y domicilios de cinco provincias (Málaga, Madrid, Córdoba, Vizcaya y Guipúzcoa), y se incautaron de abundante documentación y ordenadores. En la sede de Urbanismo de Estepona, por ejemplo, se hicieron con todos los expedientes urbanísticos de los últimos cinco años.
Prisión sin fianza para el edil Crespo y un ingeniero municipal
La juez imputa al ex concejal del GIL y actual representante del PES los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y malversación, mientras que Javier Wittmeur está acusado de los supuestos ilícitos de falsedad en documento público y fraude
N. ANDRADE / J. A. SAU. MÁLAGA
La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, decretó ayer prisión incondicional y sin fianza para el ex concejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) y actual portavoz municipal del Partido de Estepona (PES), José Ignacio Crespo, y para el técnico de urbanismo Javier Wittmeur. Ambos declararon en la mañana de ayer ante la magistrada en el marco de la operación ´Astapa´ contra la corrupción urbanística y política en el municipio.Crespo fue detenido en la madrugada del miércoles y ayer la jueza lo envió a prisión por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. A Wittmeur se le achacan los ilícitos de falsedad en documento público, fraude a la Hacienda Pública y malversación de caudales.
Por otro lado, el ex coordinador de Urbanismo con el PES, Pedro López, quedó en libertad bajo fianza de 300.000 euros. No podrá salir de España y deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. Está imputado por cohecho y malversación.
Manuel Barroso, empresario cuya entidad es la encargada de gestionar el depósito de vehículos retirados de la vía pública -Ausol-, podrá eludir la prisión si abona 15.000 euros. Se le imputa un delito de blanqueo de capitales y las medidas cautelares adoptadas contra él son idénticas a las decididas sobre López.
Ayer también declararon la edil de Educación, María Victoria López, y la responsable de Cultura, Asunción López. Según las familias, ambas quedaron en libertad bajo fianza de 30.000 euros, mientras que Marisa Rodríguez, delegada de Playas, deberá abonar 50.000 euros.
Al cierre de esta edición, no se conocían los cargos que la juez les imputaba ni las medidas cautelares, al igual que ocurría con el arquitecto municipal Arturo Cebrián. Todos ellos comparecieron ayer ante la juez Isabel Conejo.
Junto a Manuel Barroso, fue traslado ayer también ante la autoridad judicial el socio de éste, Juan Simón, aunque finalmente éste no declaró y se ha prorrogado su periodo de detención. Ambos están ligados a la concesionaria de la grúa.
La mesa de contratación del servicio de retirada de coches de la vía pública fue presidida por el concejal de Hacienda de Estepona, Francisco Zamorano, también detenido en el marco de la operación ´Astapa´ y que podría prestar hoy declaración junto a otros compañeros de Corporación y el alcalde de la villa, Antonio Barrientos. El número de arrestados asciende ya a 26, aunque la operación contra la corrupción urbanística continúa abierta y en las próximas horas se producirán nuevas detenciones con seguridad. Anteriores declaraciones. Asimismo, otros trece de los detenidos han quedado en libertad con cargos, algunos de ellos con importantes de fianzas a satisfacer, en los dos primeros días de declaraciones judiciales. El miércoles pasado quedaron libres el ex consejero delegado de Valle Romano, Luis Fernando Linares, quien tendrá que hacer frente a una fianza de 500.000 euros, así como dos abogados de la empresa, que tendrán que pagar 100.000 euros para eludir la cárcel. Todos ellos están imputados por fraude y malversación, aunque los letrados suman a estos cargos el de tráfico influencias.
El empresario local Enrique González Ceano también se libró de la cárcel al quedar en libertad con cargos, mientras que los hermanos Félix y Vicente Delgado, dueños de la constructora Codelsa, se librarán de la cárcel si abonan sendas fianzas de 100.000 euros. El empresario Antonio Bazán eludirá las rejas si paga al juzgado 300.000 euros, al tiempo que el arquitecto Ignacio de la Hoz debe abonar 50.000 euros. A estos ocho se suman los que declararon el pasado martes: el presidente del grupo cordobés Prasa, José Romero, que ayer abonó una fianza de 300.000 euros; Ana María Crespo, que debe hacer lo propio con 30.000, al igual que ocurre con el detenido J. L. C. A. En este sentido, M. C. H. y Andrés Flores, jefe del servicio jurídico de Urbanismo, quedaron libres con cargos.
Entre los delitos que se imputan a los detenidos se encuentran malversación, falsedad, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y fraude a la Hacienda Pública. A medida que continúen las declaraciones, es posible que se añadan a estos ilícitos los de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios públicos y contra la ordenación del territorio.Inicio.
Un fleco de la operación ´Malaya´, en virtud de un convenio ilegal ratificado por la Corporación esteponera, precipitó la investigación. En concreto, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han realizado 32 registros en empresas y domicilios de cinco provincias (Málaga, Madrid, Córdoba, Vizcaya y Guipúzcoa), y se incautaron de abundante documentación y ordenadores. En la sede de Urbanismo de Estepona, por ejemplo, se hicieron con todos los expedientes urbanísticos de los últimos cinco años.
posted by j.I @ 11:22 PM
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