Disciplina urbanística decreta la retirada o demolición en el plazo de un mes de las vallas de encauzamiento instaladas en el municipio

El Periódico de Estepona. Martes 15 de enero de 2008

Disciplina urbanística decreta la retirada o demolición en el plazo de un mes de las vallas de encauzamiento instaladas en el municipio

Responsables de la empresa afirmaron que, a pesar de desconocer el contenido del decreto, tienen previsto emprender acciones legales

El Ayuntamiento de Estepona ha decretado la retirada o demolición en el plazo de un mes de las 101 vallas que la empresa Publiluna hace meses colocó en distintas zonas del municipio, al considerar que no posee licencia para la instalación de dichos elementos y que los informes técnicos alertan del peligro que éstos pueden causar en los conductores, por posibles distracciones, así como en los niños que podrían caer a la vía si las escalaran.
El concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, firmó el decreto que no sólo insta a la retirada de las vallas, sino que también ordena a la mercantil a restituir la vía pública de manera que quede como antes de la instalación de las mismas.
El Periódico de Estepona se puso en contacto con responsables de la empresa, quienes afirmaron que, a pesar de desconocer el contenido del decreto, tienen previsto emprender acciones legales para paralizar la retirada de las vallas, amparándose en la documentación que poseen, entre la que cabría destacar un contrato firmado con el entonces concejal de Servicios, Jose Ignacio Crespo (PES). Desde la empresa se defiende la legalidad de los elementos de encauzamiento.

Las irregularidades
A primeros del mes de diciembre, tras evaluar las irregularidades contenidas en los informes técnicos elaborados, disciplina urbanística decidía paralizar la instalación de las vallas por parte de la citada empresa esteponera. Este hecho provocó que desde la empresa responsable de la colocación de las vallas se asegurara que hasta donde ellos conocían todo estaba dentro de la legalidad, afirmando además que en su día ya habían enviado al Consistorio toda la documentación que les había sido requerida y que avalaba la seguridad de los elementos.
Sin embargo, el edil responsable de Urbanismo ya adelantó entonces que el contrato firmado entre la empresa e Ignacio Crespo (PES) era defectuoso tanto en la forma como en el contenido, ya que no se había hecho una concesión administrativa que hubiera sido lo habitual en estos casos. Duarte además afirmó que no existían ni informes técnicos ni jurídicos necesarios para la concesión y que la adjudicación no se había realizado a través de una licitación pública, que sería la forma habitual de adjudicar este tipo de servicios, según palabras del concejal, quien quiso hacer hincapié en que un contrato no exime de la obligación de solicitar licencia, desmontando así uno de los argumentos principales sostenidos por la empresas.
Finalmente el decreto para la retirada está firmado y el contenido del contrato está siendo analizado en estos momentos por técnicos municipales. El asunto de las vallas además podría salpicar a otra empresa del municipio a instancias de la oposición, ya que tras la paralización se denunció la ilegalidad de otras vallas.