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Tuesday, August 07, 2007

Dinastías


Artículo de opinión de Gerardo Galán publicado en el semanario Estepona Información

Dinastías

Anda toda el pueblo escandalizado con la contratación de la hija del Sr. Montesinos como personal de confianza en su delegación . La verdad, no es para tanto, de sobras es conocida la afición dinástica de nuestros gobernantes. En este mismo gobierno, sin ir más lejos, hay otro fichaje por vía "genital". La concejala de Educación ha colocado a su marido en la Delegación de Playas. Un cargo político sin duda legal, aunque igual de inoportuno a mi parecer.Y si nos remontamos un poquitín al pasado hablaríamos del hermano de nuestro ínclito alcalde, que accedió a un puesto de trabajo en las empresas municipales cuando Antonio Barrientos era concejal sin haber pasado por las que deberían ser preceptivas pruebas de acceso. En este caso la cosa es más grave, no sólo ha consolidado un puesto de trabajo para el que no opositó sino que además se le pretende convertir ahora, vía subrogación, en personal del propio ayuntamiento.No hay que escandalizarse, por tanto, de que Rafael Montesinos ponga su confianza en alguien que sin duda no le traicionará. Carne de su carne y sangre de su sangre, trabajará codo con codo y con absoluta fidelidad al lado de su padre. La de cosas que aprenderá esa muchacha al lado de tan insigne intelectual.El problema es que se ha ignorado una cuestión que a mi parecer es la más importante. La contratación de Baby Montesinos debió haber sido a través de la figura legal oportuna, la de Personal Funcionario Eventual, el legítimo "cargo de confianza político".Montesinos y los firmantes del contrato han utilizado la fórmula de "personal de alta dirección" de una de las empresas que ... mire usted por donde, está destinada a desaparecer en próximas fechas. ¿O no va a pasar eso?. Si el irregular proceso de subrogación de los trabajadores de las empresas municipales se produce conllevará, entre otras cosas, la liquidación de esas empresas que actualmente están en quiebra técnica según todos los informes económicos y jurídicos. Una vez más, el gobierno da muestras de que dice una cosa y hace justo la contraria.