Estepona exigía donaciones urgentes por convenios a los promotores
Estepona exigía donaciones urgentes por convenios a los promotores
El empleado de una promotora afirma que pagaron 830.000 euros extra por un convenio
La policía asegura, en un informe remitido al juez Jesús Torres, que el Ayuntamiento de Estepona exigía donaciones «urgentes» a los empresarios «en situación de necesidad» con intereses de cualquier tipo, principalmente urbanísticos, en el municipio.
El levantamiento del secreto de sumario en el «caso Astapa» revela que los agentes se incautaron de numerosos documentos en el despacho del ex jefe de gabinete de alcaldía, José Flores, mano derecha del antiguo alcalde Antonio Barrientos (PSOE). El asesor era conocido en la localidad como El Señor de los Hilillos.
Así, en un documento con membrete del Ayuntamiento –localizado en su despacho– remitido al arquitecto de una promotora, puede leerse: «Le ruego me remita urgentemente las transferencias pendientes en concepto de donación cuyas cantidades se tendrán en cuenta dentro de los acuerdos previstos», afirma la policía, que tilda de «significativo» que se solicite a un tercero la transferencia de unas cantidades que, como donaciones, «deberían ser voluntarias», y, más aún, «urgentemente».
Las intervenciones telefónicas dejan claro que Flores, y otros encausados, «utilizaban presuntamente los términos donación y esponsorización para encubrir o justificar el pago de deudas institucionales por terceros, los cuales tenían algún asunto o negocio pendiente de ser concedido por el Consistorio». Esas donaciones eran solicitadas a destinatarios «concretos, aprovechando la situación de necesidad –de respuesta institucional– por la que podía pasar el interesado».
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) impide usar el dinero ingresado por un convenio con otro fin que no sea reurbanizar la parcela, pero en el Ayuntamiento de Estepona era habitual destinar esas sumas a sufragar servicios municipales y actos. También se investiga si parte del dinero, que se ingresaba en tres cajas, se dirigía a la financiación irregular del PSOE y del Partido de Estepona (PES), socio de gobierno.
Los documentos hallados en los registros del domicilio y del despacho de Flores «refrendarían una parte relevante de las funciones que desempeñaba en el Ayuntamiento», algo que ya pusieron de manifiesto los denunciantes, el actual alcalde David Valadez y la concejal Cristina Rodríguez.
«Entre los efectos, se han hallado numerosos currículos de personas, fichas de afiliaciones al PSOE de Andalucía, abundante documentación relacionada con expedientes y convenios urbanísticos, y una miríada de anotaciones manuscritas referentes a estos últimos y a pagos de y a empresas con actividad en Estepona, así como regalos recibidos por Flores de empresarios con intereses urbanísticos en el municipio» que accedieron a pagar lo que se les exigió.
Muchas anotaciones están relacionadas con personas físicas y jurídicas, ligadas a su vez a eventos y actos y, en algunos casos, con delegaciones del PSOE. «Hacían referencia a deudas municipales», aclaran los agentes, en lo que definen como una contabilidad ad hoc.
Se localizaron facturas extendidas por proveedores del Consistorio pagadas por constructores o escritos dirigidos al propio Flores o al alcalde en los que se les informaba de que «determinadas empresas han realizado aportaciones voluntarias o donaciones de dinero para el Ayuntamiento».
Lo normal era que se les solicitase un fijo por el convenio y una aportación extra-convenio, en terminología policial. Hay cartas pidiendo a la mano derecha de Barrientos que hable con empresarios para que patrocinen sus causas. «Flores es la persona que reconoció telefónicamente haberle metido al Ayuntamiento miles de millones en la negociación de convenios», indican los investigadores.
El jefe de gabinete de alcaldía manejaba currículos del PSOE y fichas de afiliación, ya que «era objeto de muchas peticiones para que ayudara o favoreciera la contratación de familiares y amigos, principalmente» afiliados.
Incluso, un sobre contenía anotaciones sobre el pelotazo urbanístico dado en Marbella por Pedro Román, Juan Hoffman, José Ávila Rojas y Juan Antonio Roca, objeto de discusión en el juicio del «caso Malaya».
El empleado de una promotora le explica al juez en su declaración que, por un convenio, se pagaron más de 900.000 euros, pero fuera del acuerdo entregaron 830.000, «una aportación voluntaria». «Es lo que me obligaron a decir», le explicó al instructor.
Otras líneas de investigación
Asimismo, la policía investiga la supuesta venta de una parcela de los padres del ex jefe de gabinete de alcaldía a una empresa que la revendió ese mismo día a otra sociedad por un millón de euros más que en la primera operación.
Llama la atención, además, que un tomo se destina prácticamente a analizar la relación de amistad entre Barrientos y el periodista José Ramón de la Morena. Los agentes destacan que «cada uno de ellos utilizaría su cargo para realizar tratos de favor al otro». De la Morena declaró como testigo.
El empleado de una promotora afirma que pagaron 830.000 euros extra por un convenio
La policía asegura, en un informe remitido al juez Jesús Torres, que el Ayuntamiento de Estepona exigía donaciones «urgentes» a los empresarios «en situación de necesidad» con intereses de cualquier tipo, principalmente urbanísticos, en el municipio.
El levantamiento del secreto de sumario en el «caso Astapa» revela que los agentes se incautaron de numerosos documentos en el despacho del ex jefe de gabinete de alcaldía, José Flores, mano derecha del antiguo alcalde Antonio Barrientos (PSOE). El asesor era conocido en la localidad como El Señor de los Hilillos.
Así, en un documento con membrete del Ayuntamiento –localizado en su despacho– remitido al arquitecto de una promotora, puede leerse: «Le ruego me remita urgentemente las transferencias pendientes en concepto de donación cuyas cantidades se tendrán en cuenta dentro de los acuerdos previstos», afirma la policía, que tilda de «significativo» que se solicite a un tercero la transferencia de unas cantidades que, como donaciones, «deberían ser voluntarias», y, más aún, «urgentemente».
Las intervenciones telefónicas dejan claro que Flores, y otros encausados, «utilizaban presuntamente los términos donación y esponsorización para encubrir o justificar el pago de deudas institucionales por terceros, los cuales tenían algún asunto o negocio pendiente de ser concedido por el Consistorio». Esas donaciones eran solicitadas a destinatarios «concretos, aprovechando la situación de necesidad –de respuesta institucional– por la que podía pasar el interesado».
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) impide usar el dinero ingresado por un convenio con otro fin que no sea reurbanizar la parcela, pero en el Ayuntamiento de Estepona era habitual destinar esas sumas a sufragar servicios municipales y actos. También se investiga si parte del dinero, que se ingresaba en tres cajas, se dirigía a la financiación irregular del PSOE y del Partido de Estepona (PES), socio de gobierno.
Los documentos hallados en los registros del domicilio y del despacho de Flores «refrendarían una parte relevante de las funciones que desempeñaba en el Ayuntamiento», algo que ya pusieron de manifiesto los denunciantes, el actual alcalde David Valadez y la concejal Cristina Rodríguez.
«Entre los efectos, se han hallado numerosos currículos de personas, fichas de afiliaciones al PSOE de Andalucía, abundante documentación relacionada con expedientes y convenios urbanísticos, y una miríada de anotaciones manuscritas referentes a estos últimos y a pagos de y a empresas con actividad en Estepona, así como regalos recibidos por Flores de empresarios con intereses urbanísticos en el municipio» que accedieron a pagar lo que se les exigió.
Muchas anotaciones están relacionadas con personas físicas y jurídicas, ligadas a su vez a eventos y actos y, en algunos casos, con delegaciones del PSOE. «Hacían referencia a deudas municipales», aclaran los agentes, en lo que definen como una contabilidad ad hoc.
Se localizaron facturas extendidas por proveedores del Consistorio pagadas por constructores o escritos dirigidos al propio Flores o al alcalde en los que se les informaba de que «determinadas empresas han realizado aportaciones voluntarias o donaciones de dinero para el Ayuntamiento».
Lo normal era que se les solicitase un fijo por el convenio y una aportación extra-convenio, en terminología policial. Hay cartas pidiendo a la mano derecha de Barrientos que hable con empresarios para que patrocinen sus causas. «Flores es la persona que reconoció telefónicamente haberle metido al Ayuntamiento miles de millones en la negociación de convenios», indican los investigadores.
El jefe de gabinete de alcaldía manejaba currículos del PSOE y fichas de afiliación, ya que «era objeto de muchas peticiones para que ayudara o favoreciera la contratación de familiares y amigos, principalmente» afiliados.
Incluso, un sobre contenía anotaciones sobre el pelotazo urbanístico dado en Marbella por Pedro Román, Juan Hoffman, José Ávila Rojas y Juan Antonio Roca, objeto de discusión en el juicio del «caso Malaya».
El empleado de una promotora le explica al juez en su declaración que, por un convenio, se pagaron más de 900.000 euros, pero fuera del acuerdo entregaron 830.000, «una aportación voluntaria». «Es lo que me obligaron a decir», le explicó al instructor.
Otras líneas de investigación
Asimismo, la policía investiga la supuesta venta de una parcela de los padres del ex jefe de gabinete de alcaldía a una empresa que la revendió ese mismo día a otra sociedad por un millón de euros más que en la primera operación.
Llama la atención, además, que un tomo se destina prácticamente a analizar la relación de amistad entre Barrientos y el periodista José Ramón de la Morena. Los agentes destacan que «cada uno de ellos utilizaría su cargo para realizar tratos de favor al otro». De la Morena declaró como testigo.
posted by j.I @ 10:48 AM
<< Home