Hacienda conecta por primera vez a la familia Gil con el caso Malaya

Hacienda conecta por primera vez a la familia Gil con el caso Malaya

Los técnicos de la Agencia Tributaria desvelan en un informe operaciones inmobiliarias y financieras que supuestamente permitieron blanquear más de 40 millones de euros

Diario de Sevilla. La Agencia Tributaria ha hallado un cabo suelto en el que por primera vez en una investigación que comenzó hace cinco años se vincula al fallecido Jesús Gil y a su familia con la trama de corrupción política y urbanística de la operación Malaya. El informe fue aportado al juez instructor en julio del año pasado y, a meses vista de que un centenar de acusados se sienten en el banquillo de los acusados por este caso, la autoridad judicial aún no ha tomado ninguna decisión al respecto.

Los expertos de la Agencia Tributaria observan la existencia de operaciones de sociedades de la familia Gil con otras seis firmas coparticipadas por el ex alcalde de Marbella y sus herederos junto al supuesto cerebro de Malaya, Juan Antonio Roca, y el fallecido gerente de Contratas 2000, José Luis Jiménez y su familia. De acuerdo con el informe elaborado por los técnicos en estos negocios se pudieron blanquear fondos de procedencia ilícita por un valor próximo a los 43 millones de euros. Se trata de operaciones que ya figuraban en el sumario de Malaya, pero sin relacionarse con las familias Gil y Jiménez.

La Agencia Tributaria alude a una subred de blanqueo proporcionada por el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, el mismo despacho de abogados de Madrid que supuestamente creó la principal tramoya societaria utilizada por Roca para incorporar al curso legal fondos que se creen de origen ilícito. En conjunto, los investigadores creen que el supuesto cerebro de Malaya blanqueó cerca de 700 millones de euros.

La vinculación de Jesús Gil y sus herederos se articuló en primer término a través de Gestión Inmobiliaria Mizar, una mercantil creada en diciembre de 1995 con un capital social de 10 millones de pesetas, de los que 9,9 millones fueron aportados por María Ángeles Gil Marín, hija del ex alcalde de Marbella, y 100.000 pesetas formalmente entregadas por una empleada del despacho Sánchez Zubizarreta.

Los intereses del también fallecido José Luis Jiménez, gerente de Contratas 2000, firma principal utilizada para el desfalco del Ayuntamiento de Marbella en el caso Saqueo I, se gestionaron a través de Gestión Saciso, constituida en 1995 por su hija, Marta Jiménez Notario, hermana del ex concejal de Marbella Mario Jiménez, con una participación minoritaria de otro empleado del bufete. No obstante, un año más tarde el capital se reorganizó para dar entrada en la sociedad al propio Mario Jiménez y a su madre, Purificación Notario.

Cuando ambas familias llegaron al despacho de abogados, Roca hacía ya un año que operaba con estos profesionales. En 1995, o sea, el mismo ejercicio en el que se constituyeron, Mizar y Saciso entraron en el capital de al menos otras siete sociedades, en las que los Gil ostentan el 50%, mientras que Roca y los Jiménez se reparten a partes iguales la mitad restante.

Para la Agencia Tributaria Mizar y Saciso fueron "instrumentos de legitimación del reparto de beneficios" de operaciones realizadas por Cumana, Carburantes Alhama, Spanish Learning Friends, Corimbo, Paracaima, Aragonesa de Inversiones Jacetanas y Rafly, "mientras se mantuvo su participación en las mismas, ocultadas bajo el velo".

Entre las principales actuaciones que se realizaron a través de estas sociedades figuran un presunto pago de 270 millones de pesetas efectuado por el promotor Tomás Olivo a cambio de los parabienes municipales para levantar el centro comercial La Cañada. De esa cantidad, 50 millones de pesetas se emplearon en comprar a precio de ganga, a través de Spanish Learning Friends, una finca de 18.000 metros cuadrados en primera línea de playa en Estepona, donde en ese momento ya gobernaba Jesús Gil Marín. Ese suelo fue vendido en 1998 por 1,7 millones de euros, generando unas ganancias de 1,3 millones de euros. No obstante, si a estas cantidades se le agregan las procedentes de las operaciones financieras realizadas por Spanish Learning Friends, el montante que la Agencia Tributaria cree que se blanqueó se aproxima a los tres millones de euros.
La segunda operación destapada por la Agencia Tributaria en este informe alude a un negocio financiero realizado en 1997 a través de Rafly, también coparticipada por los Gil al 50% con la familia Jiménez y Roca. En este caso, la firma compró al Banco Exterior un crédito cuyo capital principal se elevaba en aquel momento a 1,5 millones de euros y del que era deudor el Ayuntamiento de Marbella, que había presentado como garantía hipotecaria unos terrenos en El Pinillo que se había expropiado años antes.

El convenio con el banco se formalizó por 2,1 millones de euros (360 millones de pesetas). En el informe se precisa que en la compra del 50% de Rafly por parte de la familia Gil en julio de 1997, la administradora María Ángeles Gil Marín "actuaría presuntamente como testaferro de su padre, Jesús Gil, y bajo el velo societario de Gestión Inmobiliaria Mizar. A continuación se evidenciará que también se utiliza en esta operación el velo societario de otra de las empresas vinculadas al ex alcalde de Marbella, Promociones Guadalquivir".

Como Rafly era "una mera pantalla, sin actividad ni activos ni empleados, necesitaba para la adquisición del crédito de alguna fuente de financiación". Por esta razón, María Ángeles Gil Marín "en calidad de socia mayoritaria y ante las necesidades de financiación de Rafly" se comprometió a "prestar durante 1997 la cantidad requerida por la sociedad hasta el límite máximo de 2,4 millones de euros".

En total se prestaron 2,2 millones de euros a través de Promociones Guadalquivir, de la que era administrador único desde mayo de 1997 Jesús Gil, condición que mantuvo hasta febrero de 2007, pese a que falleció en mayo de 2004. El dinero se devolvió mediante solicitudes de reembolso formuladas por la hija del ex alcalde que coincidieron en el tiempo con desembolsos realizados por Proinsa, una sociedad vinculada a Francisco Javier Arteche, también procesado en Malaya.

En conjunto, la Agencia Tributaria estipula en 5,9 millones de euros el dinero blanqueado por esta subred a través de esta operación de cesión de crédito.

La tercera operación que los técnicos de Hacienda consideran presuntamente constitutiva de blanqueo de capitales se llevó a cabo con Cumana, otra mercantil de la que los Gil poseían el 50%, mientras que el capital social restante se lo repartían a partes iguales Juan Antonio Roca, a través de Direla, y la familia de José Luis Jiménez, mediante Saciso.

En este caso se compró en 1995 un local en el edificio Generalife de la céntrica avenida Ricardo Soriano por 378.000 euros (63 millones de pesetas de la época). El origen de estos fondos es "desconocido" según la Agencia Tributaria que lo vincula a "las tramas de corrupción, vía cohechos y malversaciones públicas" del Ayuntamiento de Marbella.

El 17 de octubre de 1996, es decir, año y medio después, el local fue vendido a Proinsa por 714.000 euros, generando unas ganancias de 336.359 euros. Se da la circunstancia de que ese mismo día Proinsa cerró un convenio con el Ayuntamiento para permutarle el local, que no reunía condiciones para ser utilizado como comercio ni oficina, según la Agencia Tributaria, por un solar en la zona conocida como Francisco Norte, así como otro convenio para permutar un solar municipal en el paseo marítimo por un conjunto de viviendas a construir. "El mínimo blanqueado", según los expertos de Hacienda alcanzó los 2,6 millones de euros.

Una de las operaciones de supuesto blanqueo que presumiblemente alcanzaron mayor envergadura fue la que se realizó a través de Aragonesa de Finanzas Jacetanas. La Agencia Tributaria sitúa en 28,4 millones de euros la cantidad que supuestamente se reintrodujo en los canales legales. La sociedad se había creado en 1991, aunque Mizar, con el 50%, Direla y Saciso no se hicieron con ella hasta 1995. Unos meses antes la sociedad había recibido un ingreso en metálico de 62.000 euros, además de cheques que sumaban otros 228.000 euros, cantidades que se formalizaron como "un supuesto préstamo hecho por Gracia y Noguera", una de las firmas con la que solía operar Roca.

Este dinero se utilizó para formalizar una opción de compra sobre dos fincas en Río Verde. En 1998 ingresó de nuevo fondos en efectivo y realizó una transferencia a Vanda Agropecuaria, también de la esfera de Roca, por importe de 360.000 euros, mientras que en 1998 recibió en metálico 2,8 millones y 119.270 euros que supuestamente se utilizaron para pagar los dos solares y devolver a Promociones Guadalquivir un préstamo.

En 1998 Saciso salió de Finanzas Jacetanas que desdobló y reestructuró su capital quedando en manos de Roca unas participaciones privilegiadas que le daban opción a obtener un dividendo de 20 millones de euros, una operación inexplicable para los autores del informe, que llegan a la conclusión de que el presunto cerebro de Malaya actuó bajo el velo de Direla con el supuesto objetivo de ejercer de "fiduciario de los herederos de Gil y Gil en el reparto futuro de los beneficios del desarrollo inmobiliario vinculado a Aragonesas de Inversiones Jacetanas".

Las parcelas en la finca La Concepción se vendieron después a otros a través de préstamos participativos por valor de 4,8 millones de dólares con el fin de promover un campo de golf.

Finalmente, el informe de la Agencia Tributaria alude a otro negocio realizado por Corimbo, propiedad de los Gil (50%), Roca y el ex primer teniente de alcalde de Marbella en la primera etapa del GIL, Pedro Román. En este caso, un inversor compró a Patricia Hohenloe en 1995 los terrenos conocidos como Huerta del Nacimiento de Marbella por 1,2 millones de dólares, aportando en el momento 120.000 dólares, pero designó a Corimbo como la sociedad con la que se debía formalizar la venta.

Corimbo acordó con la sociedad británica Centa un préstamo por valor de 1,2 millones de dólares, aunque sólo existe constancia de que se aportaran 950.000, al tiempo que los técnicos de la Agencia Tributaria precisan que no tienen conocimiento de que el inversor reclamara nunca a Corimbo el dinero de la señal, una circunstancia que relacionan con los cuatro convenios firmados por este hombre, Ali Taefi, con el Ayuntamiento de Marbella que comprendían recalificaciones de suelo o aumentos del techo edificable.

Incluso apuntan que Corimbo retuvo a Patricia Hohenloe el 10% correspondiente a cargas fiscales, cuando la retención fiscal en el caso de suelos rústicos, como es el caso, es únicamente del 5%. Las parcelas fueron agrupadas y segregadas para, a partir de ahí, transmitir a Internacional Pachinko 28.750 metros, mientras que el resto hasta alcanzar los 59.328 metros quedaron en manos de Development Projet, una firma vinculada a Pedro Román. La Agencia Tributaria tasa el importe presuntamente blanqueado en 1,8 millones de euros.