Los principales alcaldes del PSOE en la provincia rinden cuentas en la Red

Los principales alcaldes del PSOE en la provincia rinden cuentas en la Red

La web regional del partido publica por el momento los bienes de 36 de los 53 regidores en Málaga · Los datos muestran la posesión de 40 viviendas, valoradas en unos 2 millones · 19 regidores no tienen préstamos

Málaga Hoy. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. La promesa realizada por el PSOE-A de colgar en la página web de la organización las declaraciones de bienes de los cargos municipales de la formación empieza a cumplirse, aunque lo hace con un retraso de un año y de manera progresiva. Según ha podido constatar este periódico, en este momento, la web socialista incluye la información de posesiones y posibles incompatibilidades de 36 de los 53 alcaldes que tiene el partido del puño y la rosa en la provincia de Málaga, así como de, aproximadamente, el 80% de sus concejales. No obstante, es de reseñar que algunos de los documentos tienen fecha de 2007.

Entre ellos no se incluye, por ejemplo, el regidor de Ronda, Antonio María Marín Lara, militante socialista, pero al que, según informaron desde la dirección provincial, no se ha pedido esta información al formar parte del grupo de ediles no adscritos. Sí están en este listado provisional los máximos mandatarios de Estepona, Vélez-Málaga, Mijas, Antequera y Rincón de la Victoria, que a día de hoy (junto a Marín Lara) asumen buena parte del protagonismo que el PSOE tiene en los ayuntamientos malagueños.

Grosso modo, del análisis de las declaraciones ya publicadas, este periódico ha podido corroborar que hay 29 regidores que dicen poseer 40 viviendas, con un valor catastral global que ronda los 2 millones de euros. Sin embargo, no todos los dirigentes municipales aparecen como titular de un inmueble, puesto que hay siete en cuyas declaraciones no consta piso o casa alguna.

Frente a esta carencia, destaca el alcalde de Viñuela, Juan Millán, con tres viviendas (una heredada de sus padres, de 72 metros y valorada en 80.000 euros; otra de 150 metros, de 300.000 euros, y una tercera, en estructura, de 360 metros, de 120.000 euros). Millán, además, es propietario de tres fincas rústicas, que suman 27.500 metros y valoradas en 129.000 euros.

Otro detalle curioso de las declaraciones de bienes hasta ahora conocidas es que se cuentan 19 alcaldes socialistas que no tiene deudas bancarias. Los 17 restantes aseguran padecer préstamos por un montante que supera los 1,2 millones de euros. Cabe resaltar el caso de José Garrido, alcalde de Cártama, que declara hasta tres créditos por un montante próximo a los 67.500 euros. La mayor deuda, no obstante, aparece vinculada a David Valadez, alcalde de Estepona, con dos créditos por una cuantía total de 220.000 euros.

En cuanto a los vehículos, hay registrados 47, la inmensa mayoría coches, aunque aparecen también dos motos. No obstante, el valor económico de estas posesiones únicamente se menciona en 17 casos. Hay, además, siete alcaldes que no posee ninguno, en contraste con el máximo mandatario del Ayuntamiento de Alpandeire, Gabriel Jiménez, que tiene cuatro. En el escrito oficial rellenado a mano por este regidor, se puede leer cómo hace constar que posee "otros diez vehículos", sin precisar de qué tipo son. Otro caso llamativo es el de Viñuela, que tiene tres, dos a nombre de su hija y otro, al de su esposa.

En estas 36 declaraciones de bienes no se observa la titularidad de los alcaldes ni de yates, ni de obras de arte ni siquiera de objetos de ajuar reseñables. Aunque sí se da el caso de un alcalde, el de Alpandeire, Gabriel Jiménez, que sí precisa ser propietario de cinco cabezas porcinas y de dos caballos.

Desde el PSOE precisaron a este periódico que en las próximas fechas se completarán las declaraciones que aún no están registradas en la web de la organización a nivel regional, dando cumplimiento al compromiso asumido. A diferencia de lo que sucede con la formación socialista, la página web del PP-A no incluye dato alguno sobre las posesiones de sus cargos públicos y no parece que exista intención de hacerlo. En las filas populares es de reseñar la decisión del Ayuntamiento de Málaga, de publicar esta información, aunque tal extremo se produjo dos años después de que se aprobase la ley que en la que se planteaba esta exigencia.